Escribe Reynaldo Saccone

La gravedad de la segunda ola pone en primer plano la crisis del sistema de salud: la saturación de camas, el desborde de los servicios, la escasez de personal y la falta de insumos. Los sistemas pre pagos y las obras sociales sindicales que no pueden dar respuesta a sus afiliados, lejos de ampliar sus prestaciones buscan recostarse en el Estado para mantener sus ganancias. Insumos críticos como el oxígeno y los medicamentos aumentan sideralmente sus precios. La intervención del Estado es cada vez más necesaria para centralizar todos los recursos públicos y privados al servicio de la lucha contra la pandemia.

Las salas de terapia intensiva (UTI) son un sector crítico. El pico de internación en UTI en la primera ola se alcanzó el 26/10/2020 y fue de 5119 pacientes. El pico en la segunda ola actual fue el 3/5/2021 que, superando a la anterior, llegó a 5369. Un estudio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva muestra que las UTI tienen una ocupación de casi 90%, prácticamente a saturación. De cada diez internados, seis lo son por Covid-19 y de éstos, cinco están con respirador. En cuanto al equipamiento, solo uno de cada cinco UTI lo tienen completo. El resto tiene algún insumo faltante.

En los últimos días se añadió un nuevo problema: la falta de un insumo crítico, el oxígeno. El consumo de este vital recurso se triplicó en las últimas semanas sobre una base que ya venía elevada: el año pasado, la demanda de ese insumo se había duplicado. Esto obligó hace unos días a que el gobierno congelara su precio por noventa días (había aumentado un 1000%) y exigiera a las fábricas a producir al 100% de su capacidad.
No se trata solo de falta de camas de internación e insumos, también está el déficit de recursos humanos capacitados causado por la falta de nombramientos y el empleo precario. Toda esta situación muestra cuán necesario es centralizar en el Estado los recursos humanos y físicos de salud, los hospitales y camas, sean estatales o privados y la producción y distribución de insumos para fortalecer el sistema y poder volcarlo a la lucha contra la pandemia. Para lo cual es necesario financiarlo con un verdadero impuesto a las fortunas y el no pago de la deuda externa.               

El gobierno de Alberto Fernández anunció un aumento de tarifas eléctricas a partir de este mes. A pesar de que el incremento había sido previamente aceptado por la totalidad de los sectores del Frente de Todos, inesperadamente desató una crisis entre el kirchnerismo y el ministro Guzmán.

Escribe José Castillo

La noticia estalló el fin de semana en todos los medios. El ministro de Economía, Martín Guzmán, tras reunirse con el presidente Alberto Fernández decidió aumentar las tarifas eléctricas del área de Capital y Gran Buenos Aires (correspondiente a las empresas Edenor, Edesur y Edelap) 9 por ciento. Primer paso de un tarifazo que seguiría con otro incremento, en el futuro próximo, de 15 por ciento. A la vez, el ministro le pidió la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que responde directamente al kirchnerismo y supuestamente se venía negando a los aumentos tarifarios mayores al 9 por ciento en este año electoral.

El tema adquirió ribetes de escándalo político cuando desde el Instituto Patria, bastión del kirchnerismo, salieron a decir que “Basualdo no se iba”, desautorizando al ministro y abriendo así una crisis política. Más allá de que en los días siguientes el gobierno haya salido a poner paños fríos y buscar una salida salomónica (el aumento se lleva a cabo, pero Basualdo permanece por ahora en su cargo, naturalmente) se abrió un debate en muchos lugares de trabajo y barrios populares: ¿Cristina y el kirchnerismo son el ala “progresista”, o incluso “de izquierda”, del gobierno, y se opondría a los tarifazos para “cuidar el bolsillo popular”?

Esto no es así. Comencemos por el principio. El incremento de las tarifas fue reclamado casi “de urgencia” por Martín Guzmán, que venía de una gira europea, parte de sus negociaciones con el FMI. Era una de las exigencias del organismo un mayor ajuste, ya plasmado en el presupuesto 2021, votado por absolutamente todo el bloque del Frente de Todos, presidido, cabe recordarlo, en la Cámara de Diputados por Máximo Kirchner, y en el Senado controlado férreamente por la propia Cristina. La misma vicepresidenta que, desde el primer día de gobierno, bendijo una y mil veces las negociaciones que se llevaban adelante con los pulpos acreedores privados y con el propio Fondo. Incluso cuando en marzo pasado dijo que “no se podía pagar la deuda con el FMI”, inmediatamente aclaró que su posición era cumplir con este organismo y solo estaba planteando mejores plazos y una rebaja de los intereses.

Pero continuemos con la historia. Guzmán propone la suba de tarifas porque, de lo contrario, tiene que incrementar los subsidios a las privatizadas. ¿Por qué?, porque es un hecho que todos, absolutamente todos en el gobierno, están de acuerdo en que estas empresas no pierdan un centavo. Y sus superganancias las paga el pueblo trabajador con la reaparición de los tarifazos, o las paga, más mediadamente, el mismo pueblo trabajador con sus impuestos o con la reducción de otras partidas, por ejemplo las sociales, para así financiar el aumento de los subsidios a estas empresas. Capítulo aparte de todo esto es que parte del “costo” que es cubierto con tarifazos y subsidios proviene del escandaloso precio del gas que se le reconoce a los pulpos multinacionales del sector, proveedores del principal insumo de la energía eléctrica. Y, nuevamente, uno de los campeones de estos precios dolarizados que son un verdadero regalo a gasíferas y petroleras, es el propio kirchnerismo.

En síntesis, no hay “alas” ni sectores “progres” en el gobierno. Por supuesto que el Frente de Todos es una coalición que, reflejando la propia crisis histórica del peronismo, tiene constantemente peleas de aparato y cada facción defiende sus sillones. Esto sucede entre los sectores más “albertistas”, el kirchnerismo, los funcionarios que responden a Sergio Massa, e incluso, las porciones de poder en manos de los gobernadores e intendentes del conurbano. Pero no nos debemos confundir, todos confluyen en fijar como prioridad la renegociación de la deuda y el acuerdo con el FMI para seguirle pagando a los pulpos acreedores y en garantizarles sus negocios a las privatizadas.

Del otro lado solo se presenta una propuesta alternativa, la que postulamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda. Terminar con los tarifazos y los subsidios a las privatizadas sólo es posible si se procede a reestatizarlas y ponerlas a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios. Única forma de garantizar servicios de calidad con tarifas sociales para quienes los necesiten. Y con respecto a las exigencias del FMI, que sin duda van a continuar y se van profundizar, como lo dijimos una y mil veces, la única salida es suspender inmediatamente los pagos de la deuda externa, romper los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe José Castillo

Finalmente se dio luz verde para la reanudación de los tarifazos en las facturas de distribución eléctrica. Sería incorrecto decir que es el primer tarifazo. Ya desde el gobierno se viene autorizando, vía YPF, enormes incrementos en el precio de los combustibles. Sin contar todas la otras “autorizaciones” que salen día a día (prepagas, cuotas de colegios privados) e incluso modificaciones de precios de primera necesidad en los productos de la canasta familiar de los listados de “precios máximos” o “precios cuidados”.
En este caso, el aumento de la tarifa eléctrica para Capital y Gran Buenos Aires, será de 9% a partir del mes de abril. Pero se espera un nuevo incremento, de 15%, en los próximos meses. Que, como todos sabemos, dará lugar a una nueva ronda de suba de precios, alimentando una inflación que, día a día, sigue pulverizando salarios y jubilaciones.

Desde el gobierno se insiste que el aumento es necesario porque la actual tarifa cobre apenas una porción menor de los “costos” de las empresas privatizadas. Primero y principal, recordemos que estas empresas nunca pierden, ya que cualquier diferencia la cubre el propio gobierno con subsidios, que, sólo en este primer trimestre del año, han crecido más que todas las partidas sociales. Pero, yendo un poco más a fondo, aclaremos en qué consisten esos “costos que las empresas no llegan a cubrir”. El principal de ellos es el precio que Edenor, Edesur y Edelap pagan por el principal insumo que produce la electricidad que ellos distribuyen: el gas usado en las centrales térmicas. Es verdad que el precio de este insumo ha crecido muchísimo. La pregunta es porqué. Sucede que está dolarizado y el gobierno le reconoce a las empresas transnacionales (los pulpos del complejo gasífero-petrolero) un valor absolutamente por encima de sus costos. Esto no es nuevo. Viene desde los acuerdos del kirchnerismo en la época de la estatización parcial de YPF y los acuerdos con Chevrón. Luego fue mantenido por el macrismo y ahora nuevamente por el gobierno del Frente de Todos.
Recapitulemos entonces que hay detrás del tarifazo eléctrico: primero la garantía de las superganancias de los monopolios del gas y del petróleo. y luego las propias ganancias de las privatizadas Edenor, Edesur y Edelap. El que paga, siempre, es el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández, ya desde la campaña electoral de 2019 y aun en su discurso de inauguración de las sesiones legislativas de este año, viene batiendo el parche acerca de que el préstamo concedido por el FMI fue ilegal y solo sirvió para financiar la fuga de capitales.
Pero sucede que, a pesar de toda esta catarata de palabras, desde el primer día se comprometió a pagarlo. No es un valor menor; se trata de un número récord, 44.000 millones de dólares, que con los intereses acumulados llega a 49.000.
Para esto el ministro Guzmán se comprometió a llevar adelante un plan de ajuste, ofrecido como prueba de buena voluntad a los propios funcionarios del Fondo mientras se avanza con las negociaciones. Este ajuste es el que hace que este año no haya IFE, y que todas las medidas para atender la segunda ola de la pandemia sean sustancialmente menores que en 2020. O que los jubilados hayan sido robados con un “reajuste” absolutamente por detrás de la inflación.

Pero lo peor es que, mientras sigue la negociación, el gobierno viene cumpliendo a rajatabla todo el cronograma de pago de intereses con el Fondo. Así, en febrero pasado, ya pagó 300 millones de dólares. Ahora, el 2 de mayo procedió a abonar otros 300 millones. Precisemos, 600 millones de dólares son 90.000 millones de pesos: ¡una cuota de IFE entera a los 9 millones de personas que las recibían el año pasado! Acá está el secreto de porqué Alberto Fernández insiste en que no se pagará un nuevo IFE. Ya se pagó, sólo que al FMI.
Si a todo esto le sumamos otros pagos de deuda, en lo que va de 2021, ya llevamos acumulados 1.100 millones. Que, agregados a los 6.000 millones de dólares que se abonó en 2020, suman 7.100 millones. ¡Un billón de pesos! Más de todo lo que se puso para atender en Covid-19 el año pasado. Un ejemplo concreto de por qué planteamos que no hay salida sino dejamos de pagar la deuda y rompemos con el FMI.

Finalmente, la Corte Suprema dio su fallo sobre la potestad del gobierno de la ciudad para rechazar el DNU de Fernández sobre la virtualidad educativa en el AMBA. Es un claro respaldo a la política criminal “aperturista” de Cambiemos, su sumisión a los mercaderes de la educación privada y la Iglesia, y al ataque a la docencia porteña.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

No se podía esperar otra cosa de una Corte Suprema que siempre está al servicio de los poderosos y de los gobiernos patronales, cuando atacan a los trabajadores y al pueblo. Más allá del debate sobre el grado de “autonomía” de la Ciudad de Buenos Aires, lo que todos esperaban era su pronunciamiento sobre el DNU de la virtualidad educativa en el AMBA, epicentro del pico del contagio de Covid-19. Si se “ilegalizaba” el reclamo de la docencia para sostener los descuentos extorsivos de Larreta contra los paros.
La Corte avaló a Larreta, que ahora tiene “las manos libres” para seguir atacando a la docencia y a las familias que luchan en defensa de la salud y la vida. No importan los 3000 contagios y 100 muertes diarias en CABA. No importa que el índice epidemiológico en la ciudad (contagios diarios cada 100.000 personas) esté 400% por encima de lo que se recomienda para cerrar las escuelas. La Corte respaldó a esa política criminal.

El gobierno y el kirchnerismo peronista, sin ponerse colorados, salieron a denunciar que este fallo es “un golpe de estado” y un aval a la “peligrosa e insensible” política sanitaria de Cambiemos. Lo que no dijeron es que hasta hace sólo dos semanas, esa criminal política de Larreta era la misma de Fernández, Kicillof y Trotta. Que sólo dieron el DNU de la “virtualidad educativa” en el AMBA, el 14/04, donde un enorme paro de los Suteba Multicolores y de Ademys, lo reclamaba. Ese mismo día los ministros Trotta y Vizzotti dijeron “las escuelas será lo último que se cierre”. ¿Les suena?
Además, los gobernadores peronistas y de Cambiemos, como Schiaretti (Córdoba), o Cornejo (Mendoza), pese al índice epidemiológico altísimo, se niegan a la virtualidad educativa. Y no repartieron aun computadoras para millones de estudiantes pobres ni decretado la gratuidad de conectividad. ¿A quién le quieren hacer creer que “se preocupan por la educación”?

Ni hablar de la vacunación, en la docencia del AMBA es insignificante la cantidad de docentes y auxiliares vacunados. ¿Dónde está la preocupación por la salud? Ambos, Larreta, Cambiemos, Fernández y el peronismo, priorizan las ganancias empresariales, los pagos de la deuda externa y su demagogia electoralista.
Contra esta política y estos fallos que la avalan, los docentes de Ademys siguen en lucha exigiendo la virtualidad, conectividad gratuita y computadoras para garantizar la continuidad pedagógica y la vacunación masiva, incautando las vacunas del laboratorio de Garín, mAbxience.