Escribe Daniel Vera, docente, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina

El 30 de abril pasado fue un día histórico en la lucha por la separación de la Iglesia del Estado. En la conservadora y religiosa Catamarca se condenó a doce años de prisión efectiva al cura abusador Juan de Dios Gutiérrez, que había manipulado y abusado de una joven de 16 años.

Las desesperadas artimañas usadas para postergar y obstruir el juicio por parte de la defensa del cura dan una muestra acabada de los “recursos” de que dispone esta institución para defender y encubrir sistemáticamente los abusos de sus miembros. Recursos que salen de nuestros propios bolsillos. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales le otorgan a la Iglesia subsidios, privilegios y exenciones de impuestos a los cuantiosos inmuebles que destinan al “mantenimiento del culto”.

En esta misma línea, el lunes comenzó en Mendoza el tercer juicio por abusos en el instituto Antonio Próvolo, un colegio católico que “albergaba” niñas y niños hipoacúsicos y con otras discapacidades. Ya fueron condenados por la misma causa dos curas, a más de cuarenta años de prisión, y el jardinero. Ahora hay nueve mujeres imputadas, entre ellas dos monjas. El albergue se transformó en un lugar de abusos. Los relatos de las niñas y los niños son terroríficos.

Estos privilegios que encubren la impunidad de la Iglesia fueron ratificados por la última dictadura militar. Mediante el “decreto ley” 21.540, firmado por Videla, el Estado debe pagar con fondos del presupuesto general “una asignación mensual vitalicia” a los miembros de la “alta jerarquía católica, apostólica y romana” que se jubilen “por razones de edad o de invalidez”. Vale aclarar que jamás hicieron un aporte. Y lo más grave en esta connivencia entre Estado e Iglesia es que ningún gobierno, desde la vuelta a la “democracia” en 1983 hasta ahora, propuso derogar este y muchísimos decretos leyes que vienen de esa época nefasta.

Hoy, las instituciones educativas católicas no solo reciben cuantiosos subsidios del Estado, que deberían estar destinados a la educación pública, sino que cuentan con una “excepcionalidad” donde el mismo Estado permite que se viole la ley al no incluir en los programas la educación sexual integral (ESI), o que se la modifique de tal modo que los contenidos desaparezcan. Contenidos que, objetivamente comprobado, colaboran para evitar el abuso de niñas y niños en las escuelas.

Por eso hoy, con la fuerza incontenible de la marea verde de las mujeres y continuando esa lucha que ellas comenzaron, es el momento oportuno para luchar contra una institución que “predica” el patriarcalismo y utiliza su poder en contra de los derechos de los más vulnerables. Debemos exigir la separación ya de la Iglesia del Estado y la quita de todos los beneficios económicos que se le otorgan a la Iglesia Católica. Que los cultos sean mantenidos por sus seguidores, no por el Estado.

La pandemia del Covid-19 se sigue agravando. Las estadísticas marcan, al martes 4 de mayo, una nueva suba que desmiente a aquellos que decían que en estos quince días, con las nuevas restricciones, empezaban a bajar los casos: 26.238 contagiados en un día y 412 muertes. La ocupación de camas de terapia intensiva sigue altísima, 76,5% en el AMBA y 68,6% a nivel nacional. Y ya se habla de que faltan tubos de oxígeno.

Al colapso sanitario se le suma el agravamiento de la crisis social. El espeluznante 42% de pobreza que registró el Indec a finales de 2020 ha seguido creciendo de la mano de la inflación, los bajos salarios y jubilaciones y los despidos. Millones se hunden en el hambre y la desesperación.

Frente a esta realidad, el gobierno de Alberto Fernández hace conferencias de prensa, ofrece reportajes en los medios y realiza discursos casi todos los días. Pero lo que se suele vender como “grandes anuncios” es completamente insuficiente. No sirven para combatir la pobreza ni para atacar de verdad a la pandemia.

El presidente afirma que su prioridad es “cuidar la salud de la población” y que nos encontramos ante el mayor plan de vacunación de la historia. Pero la realidad es que, al día de hoy, solo ha recibido las dos dosis el 2% de la población. Y semana a semana nos encontramos ante el riesgo cierto de que “se corte” el suministro y nos quedemos sin vacunas. Mientras tanto, e increíblemente, el gobierno de Alberto Fernández deja que se vayan del país veinticuatro millones de dosis por mes. Son las que se producen en Garín, en la planta propiedad de Hugo Sigman, el empresario amigo del gobierno. Vacunas que son elaboradas por la multinacional AstraZeneca y enviadas al exterior con el falso argumento de que no se pueden envasar en el país, cosa absolutamente falsa, como quedó demostrado con el propio planteo del gobierno de recibir y envasar en los próximos meses el reactivo de la vacuna Sputnik. ¿Entonces, en qué quedamos? ¿Tenemos o no tecnología para envasar? Lo de AstraZeneca es un escándalo, el gobierno  peronista ya pagó por adelantado 22 millones de dosis y es la propia multinacional la que incumple el contrato.
Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad exigimos que se incauten ya mismo las vacunas y se garanticen dosis para que todas y todos podamos estar protegidos contra el Covid-19.
Al mismo tiempo, ante el evidente colapso del sistema sanitario, hay que poner plata para que haya más recursos y más trabajadores de la salud disponibles, centralizando todo el sistema para combatir de conjunto la segunda ola de la pandemia.

Los trabajadores de la salud son un ejemplo de su dedicación y sacrificio, estando en la primera línea de la lucha contra el coronavirus. Pero lamentablemente también de la insuficiencia de las medidas, ni siquiera están todos vacunados y la mayoría trabaja absolutamente colapsada en su capacidad y con salarios miserables.

Esto último es lo que salió a la luz con fuerza a partir de la pelea ejemplar que dieron las trabajadoras y los trabajadores de la salud de Neuquén que, autoorganizados, pasando por arriba de los acuerdos de una burocracia sindical que, en todas sus líneas, deja pasar el ajuste de los gobiernos, nacional y provincial, lograron un enorme triunfo. Un ejemplo de que peleando, parando, manifestándose y cortando rutas se puede ganar y conseguir aumentos salariales que permitan empezar a recuperar todo lo que se perdió en estos últimos años. El ejemplo de las trabajadoras y los trabajadores de la salud neuquinos, como el del sindicalismo combativo en el Sutna, es el que hay que seguir. Por eso es fundamental apoyar las luchas que se vienen dando en estos últimos días, como las del ámbito de la salud en varios establecimientos del AMBA, la de los docentes de CABA, o los cosecheros de Tucumán, entre otras. Llenarlas de solidaridad y llamar a coordinarlas, como venimos planteando desde el Plenario Sindical Combativo.

La pandemia exige, más que nunca, pelear por un programa de emergencia alternativo, obrero y popular, que comienza por suspender inmediatamente los pagos de la deuda externa y romper los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI y sus ajustes y que requiere que se implemente un auténtico impuesto a las grandes riquezas y las superganancias de bancos y multinacionales. Para así, con todos esos recursos, atacar las dos pandemias, la sanitaria y la social. Con un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculada por los trabajadores de ATE Indec en 92.000 pesos. Por un incremento a los jubilados que lleve la mínima a la canasta de la tercera edad, hoy de 64.000 pesos. Por un IFE de 40.000 pesos para todo el que lo necesite. Por asistencias financieras a los pequeños comerciantes, talleres y kioscos. Y, obviamente, por más recursos para el presupuesto de salud destinado a atacar la pandemia.
Estas son las medidas que venimos exigiendo hace meses desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Sumate para imponerlas.

El gran triunfo de las trabajadoras y los trabajadores de la salud de Neuquén retumbó en todo el país. El aumento al básico obtenido, de 53,1%, el pase a planta de 1.350 eventuales y dos pagos de 20.000 pesos en concepto de ropa, son producto de la fuerza de los autoconvocados, ya que la burocracia de ATE ignoró la huelga desde el principio.

Escribe Gastón Rivero

El conflicto estalló en marzo, pero la bronca contra la dirección del sindicato viene desde el comienzo de la pandemia, cuando Quintriqueo, secretario general de ATE, junto con la burocracia kirchnerista de ATEN (docentes), pactaron el congelamiento salarial con el gobierno del MPN, eliminando el aumento trimestral por IPC conseguido en 2018 con el conflicto docente. El 26 de febrero ATE firmó 12% de “recuperación salarial”, que se convirtió en 15% por un “enganche” con el acuerdo salarial docente. Lo hizo afirmando que era “el mejor acuerdo” ya que “no hay plata en la provincia”, mientras tanto, los diputados provinciales se aumentaban sus dietas 70.000 pesos. Pero el burócrata se olvidó de un detalle, la propuesta había sido rechazada por unanimidad en todos los hospitales de la provincia. Y estalló la rebelión.

De la rebelión surgió la interhospitalaria

Su base sólida de organización se sustentó en asambleas autoconvocadas por hospital donde se eligieron dos delegados por establecimiento, en total casi cincuenta, a quienes les daban los mandatos y se coordinaban en la interhospitalaria. El nuevo organismo, democrático y centralizador fue la dirección real de la huelga en todos los aspectos. De allí salieron las marchas, como las de los jueves, con antorchas, caravanas de coches y acciones en la Casa de Gobierno, en municipalidades y plazas de la provincia. Ante la falta de respuesta del gobernador Gutiérrez (MPN), el 17 de marzo se realizó el primer corte de ruta en Chañar, lugar donde comienza la ruta del petróleo. Al día siguiente, el burócrata Quintriqueo calificó a los autoconvocados de “elefantes” porque no sabía por dónde agarrarlos, si por la trompa o por la cola. Así nació el símbolo de esta lucha, se fueron transformando en manada y pisaron más fuerte que nunca para hacer historia.

Las medidas se fueron radicalizando con cortes de puentes, bloqueos en la Casa de Gobierno y en Semana Santa, con el apoyo de las organizaciones cortaron la ruta turística en Arroyito y la lucha se reflejó en medios nacionales cuando un grupo de punteros del MPN le prohibió el paso a una ambulancia demostrando que al gobierno poco le importaba la salud, solo buscaba deslegitimar el conflicto. Encima Gutiérrez aplicó descuentos de hasta 40.000 pesos en los salarios de los autoconvocados. Entretanto, comenzó a llegar la solidaridad de sindicatos combativos y la comunidad con fondos de huelga y cajas de alimentos. Militantes, dirigentes gremiales de Izquierda Socialista y el diputado Giordano aportaron importantes sumas.

En la segunda semana de abril la interhospitalaria inició cortes en la ruta petrolera que fueron creciendo hasta llegar a ser veintiocho en toda la provincia. Comenzó el desabastecimiento de nafta, repuestos e insumos petroleros. El gobierno amenazó con la policía y la gendarmería; usó al burócrata Guillermo Pereyra, de petroleros privados, que anunció que llevaría 30.000 petroleros a desalojar a palos los cortes; se reunió con la CGT regional, que pidió que se abandonen los cortes y atacó a los convocados diciendo que ocho de cada diez participantes eran militantes. Nada funcionó y el apoyo de la comunidad aumentó. En esta gigantesca lucha confluyeron hechos fundamentales, el método democrático del personal de la salud, su prestigio y abnegación ante la pandemia y la justeza del reclamo, ya que desde 2019 no recibían recomposición salarial alguna. Y el apoyo masivo de la población a su lucha. El gobierno local y el nacional quedaron solos.

El desenlace

Esta fortaleza obligó al gobierno a ofrecer 30.000 pesos en negro y en cuotas, la negativa fue contundente. El 14 y el 15 de abril enormes movilizaciones obligaron al gobierno a mejorar esa cifra a 40.000 pesos. Creció el rechazo con más cortes y la noticia fue nacional por los 13 millones de dólares diarios que dejaban de recaudar las multinacionales petroleras y gasíferas.  
Con el gobierno debilitado, intervino la burocracia de ATE convocando a un paro por tiempo indeterminado el 22 de abril, dándole una salida “legal” al Ejecutivo provincial. En los siguientes días, con los cortes aún de pie, la burocracia acordó 53,1% de aumento al básico en cuotas hasta diciembre y el resto de las conquistas. Las asambleas de los hospitales y las seccionales del interior de ATE rechazaron el acuerdo porque exigían que sea en dos cuotas y hasta junio. Solo la asamblea de Neuquén Capital, realizada por el núcleo duro de Quintriqueo y controlada por matones, aceptó la propuesta y el convenio se firmó.

Para lograr la devolución de los descuentos, que se levanten los sumarios y se achiquen a dos las cuotas de la recomposición salarial, la interhospitalaria el lunes 3 tomó el Ministerio de Salud y, al cierre de esta edición, se mantiene el corte de ruta en el paso internacional Cardenal Samoré.
El camino trazado por los elefantes de salud, con democracia sindical y la conformación de la interhospitalaria como una nueva dirección que surgió en la lucha y en los hechos actuó como un doble poder sindical, es un ejemplo a ser tomado por los trabajadores del país y una demostración de que, con el apoyo de la comunidad, la izquierda y el sindicalismo combativo, se puede frenar el ajuste del gobierno nacional y el provincial. Su lucha ha dado frutos y convirtió en real la consigna “si gana salud, ganamos todos”. Ahora, la interhospitalaria se plantea recuperar las juntas internas de los hospitales y ATE para conquistar una nueva dirección sindical combativa y democrática que enfrente al gobierno del MPN.
Desde Izquierda Socialista aportamos a su fondo de huelga, nos hicimos presentes en las movilizaciones y piquetes y pasamos varias noches en los fogones. Tenemos motivos para festejar lo conquistado. No es todo lo que pedían, pero es mucho y es histórico.

Apostillas de la pelea

En la asamblea de la interhospitalaria realizada en el emblemático corte de Fortín de Piedra, cuando se votó levantar los piquetes y marchar en caravana hacia la capital se escucharon curiosidades:

En el piquete de Rincón de los Sauces los obreros petroleros colaboraron llevando baños químicos y un motor home, lo opuesto que hizo el intendente, que persiguió a los contratados municipales que apoyaron a salud. Al final de la lucha un vecino donó una vaquillona para compartir con salud.

La delegada del hospital Zapala resaltó que nos vamos victoriosos porque reabrimos las paritarias para todos los gremios de la provincia y planteó que la negociación de Quintriqueo al final del conflicto fue una “pantomima” organizada con el gobierno.

El delegado del hospital Centenario dijo que terminó un ciclo de la lucha y empieza otro para los trabajadores de la salud en relación con la dirigencia gremial y remató que con la unidad lograda con la interhospitalaria parecíamos todos del mismo hospital.

La delegada del hospital de Picún Leufú envió un audio público agradeciendo a todo el pueblo que bancó diariamente el corte en la ruta, afirmando que la lucha había unido al personal de salud con todo el pueblo en defensa de la salud pública.

Escribe Guido Poletti

Los precios de los productos de la canasta familiar siguen aumentando, semana a semana. Sólo en los últimos seis meses, según las propias estadísticas oficiales, los salarios perdieron el 7%. Que se suma al 25% perdido en los tres años anteriores. Lo mismo pasa con las jubilaciones, la mayoría en el nivel de la indigencia y con una fórmula de reajuste inaugurada en marzo donde ya los precios le ganaron de lejos al aumento.
Mientras esto sucede, el pacto de la CGT y las CTA con el gobierno ya asume características vergonzosas. El salario mínimo fue ajustado a apenas 29.000 pesos, ¡a los que se llegaría el año que viene! Este monto ya hoy representa apenas un tercio de los 92.000 que requiere una familia tipo como mínimo para vivir, según calculan los trabajadores de ATE-Indec.

Los burócratas de los grandes gremios van cerrando sus paritarias con porcentajes de “aumento” que van entre un 30 y un 35%, a pagar por las patronales en cómodas cuotas. Y ya ni siquiera existe lo que formalmente se firmaba en años anteriores, una cláusula gatillo que obligara automáticamente a reabrir la negociación si los salarios quedan retrasados con la inflación. Ahora eso es reemplazado por etéreas “cláusulas de revisión”,de imposible cumplimiento
Los burócratas siguen al pie de la letra el camino trazado por el gobierno: el doble discurso de que los salarios se “recuperarían” este año porque la inflación oficial fue presupuestada en 29%. ¡Cuando en sólo los primeros tres meses del año ya acumula el 13% y se calcula que va a terminar arriba del 50 por ciento!

Pero en las últimas semanas algo empezó a cambiar. Los trabajadores de la salud de Neuquén marcaron el camino. Rebelándose ante la traición de la burocracia de ATE que había pactado un aumento de apenas el 15%, se autoconvocaron, pararon, se movilizaron, hicieron cortes de rutas y, tras una lucha durísima, lograron un incremento de 53% y el pase a planta de 1.350 trabajadores eventuales y precarizados. Surgió la Interhospitalaria, un nuevo organismo de lucha, que permitió alcanzar un triunfo enorme, ya que el aumento se traslada a todos los trabajadores de la provincia.
Es un ejemplo importantísimo de que luchando se puede ganar. Lo demuestra también el sindicalismo combativo con los trabajadores del Neumático del Sutna, que lograron un 54% de aumento. Por eso hoy, más que nunca, hay que apoyar y coordinar todas las luchas. Las que vienen dando los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, la de los docentes universitarios; las luchas enormes de los trabajadores de la Salud de los hospitales Larcade, Malvinas Argentinas o la clínica Constituyentes, entre otras. También la dura pelea que están dando  los trabajadores del citrus en Tucumán, los vitivinícolas de Mendoza, los portuarios de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires, los trabajadores de Ambassador de Ushuaia y los empleados de los servicios fúnebres.

Es la reacción, que recién comienza, contra el gobierno de Alberto Fernández que no otorgó ninguna medida para combatir la pobreza en medio de la segunda ola de la pandemia. Ni en salarios, ni en jubilaciones. Y que incluso se niega a pagar un nuevo IFE. Mientras, como contrapartida, ya lleva pagados desde que gobierna 7.100 millones de dólares a los pulpos acreedores.
¡Se va más plata para la deuda y el FMI que en ayuda social a los efectos de la pandemia!
Por eso, desde la izquierda y el sindicalismo combativo le exigimos a la CGT y las CTAs que rompan el pacto con el gobierno y convoquen a un auténtico plan de lucha por un aumento salarial de emergencia y por la reapertura de todas las paritarias. Porque, como el ejemplo de Neuquén nos lo demuestra, si se pelea, se organiza a las compañeras y compañeros y se debate y vota en asambleas, se unifica y coordina las luchas se puede ganar.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El escándalo de las vacunas que se producen para AstraZeneca por millones de dosis en Garín, provincia de Buenos Aires, sigue comprometiendo al gobierno nacional. Mientras, por otro lado, crecen los reclamos de trabajadores esenciales y adultos mayores por la vacuna, que no aparece.
El canciller Felipe Solá, quien no venía abriendo la boca sobre el tema, dijo: “Es un gran problema porque tenemos poca información de lo que pasó”. Más que problema o desinformación, Solá intenta tapar la complicidad del Frente de Todos en esto. Y de paso, sigue protegiendo las ganancias privadas del laboratorio mAbxience de Hugo Sigman (que produce aquí millones de dosis), las del magnate Carlos Slim de México (que las tenía que envasar a través del laboratorio Liomont y no lo hizo) y las de la multinacional británica AstraZeneca, que lucra con ello gracias a las patentes. La única verdad es que se producen millones de vacunas que se van de nuestro país.

¿Qué es lo que pasó? Alberto Fernández y el presidente mexicano, López Obrador, anunciaron la vacuna de AstraZeneca producida en Garín como salvadora para nuestros países y Latinoamérica. Dijeron que era una gran iniciativa “pública-privada”. Pero terminó en un fiasco. Ahora se sabe con más detalle lo que firmó el gobierno argentino al revelarse el contrato firmado con esa multinacional.
En noviembre del año pasado el Ministerio de Salud de la Nación compró 22,4 millones de dosis de esa vacuna. El compromiso de AstraZeneca consistía en que iba a entregar 2.300.000 dosis en marzo, 4 millones en abril, otro tanto en junio y 8,5 millones en julio. Pero al día de hoy no ha enviado ninguna, a pesar de que el gobierno ya le pagó 60% de esa compra por 55 millones de dólares.
AstraZeneca también se comprometió a destinar entre 150 y 250 millones de dosis a América latina en el primer semestre de 2021, tampoco cumplió. Se trata lisa y llanamente de una clara estafa. Un incumplimiento de contrato ante el cual el gobierno debería actuar en defensa del país, pero no lo hace.

Además, el contrato entre el gobierno y AstraZeneca fijó cláusulas a favor de la farmacéutica, como que el comprador, el gobierno, “renuncia a cualquier reclamo que surja por la falta de seguridad o eficacia de la vacuna” o que “AstraZeneca será el propietario único de todos los derechos de propiedad intelectual generados durante el desarrollo, fabricación y suministro de la vacuna”, o sea, el gobierno valida la patente de AstraZeneca.
La ministra Vizzotti, por su parte, embretada ante la no aparición de la vacuna, salió a hacer otra promesa. Dijo que el gobierno le propuso al Reino Unido “que la Argentina sea parte de la cadena de producción de la vacuna AstraZeneca desarrollada por la Universidad de Oxford”. Pero a renglón seguido, fuentes oficiales aclararon: “Como gobierno no podemos hacer la vacuna completa, pero podemos gestionar con otros privados para que se pongan de acuerdo en hacer la vacuna” (clarin.com/politica, 3/5/2021). Es decir, el gobierno estaría buscando “un actor privado” que haga el envasado, no apelando a los laboratorios públicos que ya lo hacen, o unificando a los públicos y privados para tal fin como proponemos desde la izquierda y los profesionales de la salud de Fesprosa o los directivos de Cicop. Un nuevo engaño.
Lo concreto es que la Argentina sigue produciendo millones de dosis de la vacuna en Garín y se siguen yendo del país. Por eso apoyamos y somos parte de las luchas del movimiento obrero y popular que reclama las vacunas. Y para que aparezcan, los convocamos a seguir impulsando la campaña unitaria para que se frene su exportación, se incauten, se envasen acá y se destinen a la vacunación de todas y todos de manera inmediata.