Latinoamérica se encuentra sacudida por una nueva rebelión popular contra los planes de ajuste, la miseria popular y la entrega. Otra vez los pueblos se levantan contra las recetas, que son las de siempre, del FMI y el imperialismo, las de someter al hambre, la desocupación y la marginación social a millones para garantizar las superganancias de unos pocos, las multinacionales, los pulpos acreedores y los grandes bancos. Ahora es Colombia, como antes fue Perú y, un poco más atrás, Ecuador y Chile.

Mientras tanto, en una Argentina sumida en plena segunda ola de la pandemia, con muertos que se cuentan de a cientos por día, con terapias intensivas colapsadas y, a la vez, con salarios y jubilaciones que se siguen cayendo cada vez con mayor velocidad frente a la inflación, corren ríos de tinta sobre la pelea de Alberto Fernández con Cristina. Conflicto que existe, es cierto, como parte de las disputas por espacios de poder dentro de la coalición del Frente de Todos. Pero al final lo que prima es la “foto de la unidad”, como se vio esta semana.

¿Pero existe una salida de fondo distinta entre Alberto Fernández, que con su ministro Martín Guzmán priorizan por enésima vez las negociaciones con el FMI y los acreedores, ahora en una nueva gira europea, y Cristina? ¿Realmente el peronismo kirchnerista está a favor de romper el acuerdo con el FMI?

Como la propia vicepresidenta se encargó de aclararlo muchas veces, no es esto lo que plantea. “Somos pagadores seriales” (los kirchneristas) es una de sus frases favoritas. “No decimos no pagar”, otra de sus aclaraciones, que acompañan y matizan sus discursos más radicalizados. Evidentemente hay diferencias tácticas acerca de cómo el peronismo debe encarar la ya inmediata campaña electoral, si se debe tratar de firmar el acuerdo con el Fondo ahora o patearlo para después de las elecciones. Temerosos, es cierto, de las consecuencias electorales del actual ajuste en curso. Y mirando de reojo lo que sucede cuando se quiere aplicar estos planes a fondo, como actualmente pasa en Colombia.

Sin embargo, y lo que queremos debatir con todos aquellos compañeros de trabajo, de estudio o vecinos de los barrios populares, es que no hay diferencias entre Alberto y Cristina en lo fundamental, los dos garantizan pagarle la deuda a los pulpos acreedores. Ninguno plantea un programa alternativo basado en aumentos de salarios o jubilaciones y ambos les siguen garantizando las superganancias a las empresas públicas privatizadas.

Del lado de la oposición patronal de Cambiemos, por su parte, no hay ningún planteo que le sirva al pueblo trabajador. Siguen atacando a los docentes enfrascados en una interna donde cada uno juega a diferenciarse colocándose “más a la derecha” mientras ajustan en los distritos donde gobiernan. Y, por si algo faltaba, Mauricio Macri vacunándose en Miami agrega un nuevo repudio popular a su figura.

Mientras tanto, sigue creciendo la bronca entre el pueblo trabajador. Nuevamente, tenemos que mirarnos en el espejo de Colombia. Por supuesto que, sin llegar a los niveles explosivos que se están dando allí, vemos que en nuestro país crecen los conflictos, se sale a pelear a pesar incluso de la traición de las burocracias de la CGT y las CTA, que dejan aisladas todas las luchas. El reciente conflicto de las trabajadoras y los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén, donde todavía está planteado fortalecer el fondo de huelga ante los descuentos realizados por el gobierno, marcó que, con la lucha y organizados con nuevos dirigentes, se puede ganar. En Neuquén, producto de un largo conflicto por fuera de la dirección de ATE y de la CGT, surgió la Interhospitalaria, un nuevo organismo. También marcó el crecimiento de los reclamos a distintos niveles. Desde aquellos que están exigiendo aumento de salarios o defendiéndose de abusos de las patronales, como los conflictos desatados una vez más en el sector de salud (clínicas San Andrés y Constituyente, Hospital de Niños y Policlínico de San Justo, Hospital Gutiérrez de la capital, entre otros). O por trabajadores que exigen algo tan elemental como ser vacunados ante su exposición diaria al contagio, que es, junto con la recomposición salarial, lo que están reclamando los choferes autoconvocados de la UTA. También entran en conflicto los estatales nacionales con sus salarios pulverizados, o los trabajadores de Garbarino en defensa de sus fuentes de empleo. Solo recibiendo el apoyo del sindicalismo combativo, que integran los ferroviarios que encabeza el Pollo Sobrero, el Sutna, Ademys o los Suteba multicolor, mientras la CGT sigue en plena tregua, preocupada únicamente por su caja de las obras sociales.

Vemos entonces que el gobierno de Fernández y la oposición patronal de Cambiemos no ofrecen ninguna salida a los más urgentes reclamos del pueblo trabajador. Solo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos insistiendo en la necesidad de un plan económico de emergencia. Que otorgue un aumento de salarios para que nadie gane menos que la canasta familiar (estimada por los trabajadores de ATE Indec en 92.500 pesos), que le aumente a los jubilados para que todos alcancen la canasta de la tercera edad de 64.000 pesos, que otorgue un IFE de 40.000 a todo el que lo necesite. Que se incauten las dosis que se están produciendo en Garín y se garanticen así vacunas para todos y todas. Que ponga más recursos en salarios, puestos de trabajo e infraestructura sanitaria. Todo esto es posible, la plata está. Solo que para poderla aplicar a estos fines hay que dejar de pagar ya mismo la deuda externa y romper con el FMI, a la vez que implementar un impuesto de verdad a las grandes fortunas y a las superganancias de transnacionales y bancos.

Esta es, en síntesis, la propuesta que levantamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, mientras apoyamos todas las luchas y nos jugamos a fortalecer al sindicalismo combativo frente a la traición de la burocracia. Es el desafío de construir una nueva dirección, política y sindical, para las trabajadoras y los trabajadores, tarea a la que te invitamos a sumarte.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

La noticia circuló la semana pasada. Fue sobre las tratativas para elaborar en la Argentina las dosis de Sinopharm, una de las vacunas chinas. Dice así: “Según pudo averiguar Página/12, la parte china hizo saber que puede enviar los antígenos en junio. Eso daría la chance para terminar la producción -descongelar, formular, filtrar, embotellar- de forma rápida porque la planta de Garín lo hace con la vacuna de la gripe y está validada internacionalmente […] Sinergium Biotech es una empresa de las familias Bagó, Sielecki, Gold y Sigman” (Página/12, 6/5/2021).

La novedad de la información es que Hugo Sigman, dueño y propietario del laboratorio mAbxience que produce millones de dosis de la vacuna AstraZeneca que se van al exterior, es el mismo que, junto con la multinacional Bagó, envasaría la vacuna china. ¿Por qué la novedad? Porque el mismo Sigman, y el gobierno del Frente de Todos, vienen diciendo, ante nuestra campaña, que la vacuna que se produce en Garín para AstraZeneca se tenía que enviar a México sí o sí para que otro laboratorio, Liomont, patrocinado por el magnate Carlos Slim, la envase, ya que acá no hay posibilidades de hacerlo. ¡Pero sucede que la vacuna china se envasaría acá en una empresa del propio Sigman! La ministra Vizzotti me contestó, cuando la interpelé en el Congreso, que en nuestro país no se podía poner “el frasquito”. Una mentira total.

Directivos de la organización nacional de los profesionales de la salud nucleados en Fesprosa y médicos, como el doctor Ávila Vázquez, también vienen señalando que acá se pueden fraccionar y envasar esas vacunas porque el Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba, o el Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”, de La Plata, entre otros, lo hacen todos los días.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad vamos a seguir impulsando la pelea para que se incauten las vacunas que se producen en Garín, se envasen acá y se empiece a vacunar a los millones que las necesitan. Más cuando el gobierno compró veintidós millones de dosis y pagó 60% por adelantado.

El gobierno sigue protegiendo las ganancias de Sigman, un negocio que hay que desmantelar.

Escribe Claudio Funes

El pasado jueves 6 de mayo, el presidente Alberto Fernández y los miembros del consejo directivo de la CGT se reunieron, asado de por medio, en la Quinta de Olivos. Participaron los conocidos de siempre: Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Roberto Fernández (UTA). Por el Ejecutivo, junto con Fernández estuvieron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Salud y de Trabajo, Carla Vizzotti y Claudio Moroni, entre otros.

Al finalizar la reunión la CGT difundió un documento con la firma del consejo directivo en el que informó que en el almuerzo “se abordaron temas que preocupan al movimiento obrero en el actual contexto y crisis provocada por la pandemia de coronavirus” y consignó que otro de los temas conversados fue el de “la actualidad de las actividades estratégicas en las áreas de la salud, la educación y el transporte”. Una generalidad incomprensible.

Nada dice sobre la exigencia de tomar urgentes medidas por un aumento de salarios, por el incremento de las miserables jubilaciones, ni de combatir la inflación desenfrenada que cada día empuja a miles de familias trabajadoras a la pobreza. No hay atisbo ni de un tímido reclamo. Queda claro. Son los mismos que firman paritarias a la baja, acuerdan un miserable salario mínimo, vital y móvil y permiten que las patronales continúen haciendo fortunas sin cumplir con los protocolos que exige la pandemia.

Por ello, al término del cónclave el burócrata Caló calificó la charla con el presidente como “positiva” y, sin ponerse colorado, respaldó las medidas económicas del gobierno. Subrayó que la CGT “continuará defendiendo la economía, como lo hace el ministro Martín Guzmán”. Son traidores confesos.

¿Para qué fue entonces la reunión? Para defender sus privilegios y sus sillones en la interna del peronismo. Se aseguraron el ingreso del dinero de las obras sociales y la sucesión del fallecido Eugenio Zanarini, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que administra los fondos de las obras sociales. Por su parte, Alberto Fernández les confirmó la entrega de 11.000 millones de pesos para que continúen con su política de dejar aislados los conflictos, como sucedió con el de los trabajadores de la salud de Neuquén, y otros que se están dando por la bronca y la fuerza de la base. 

Como vemos, a los burócratas sindicales peronistas solo les interesa la defensa de sus intereses. Por eso siempre están con los gobiernos de turno y al servicio de la gran patronal.

En estas semanas se vienen desarrollando conflictos parciales por fuera de la burocracia donde surgen nuevos activistas y organismos como la interhospitalaria de Neuquén. El sindicalismo combativo impulsa y es parte de esta pelea por nuevos dirigentes y le exige a la CGT y a las CTA que rompan el pacto con el gobierno y convoquen a un verdadero plan de lucha por un aumento de salarios de emergencia ya, por la reapertura de las paritarias y vacunas para todas y todos.

Escribe Diego Martínez

Hace algunos días el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunció un discurso con motivo de los primeros cien días de su mandato. Llamó a promover el trabajo, aumentar el gasto social y la obra pública e incrementar los salarios.

Tanto Cristina como Alberto Fernández se deshicieron en elogios con el presidente yanqui. Alberto lo rebautizó  como “Juan Domingo Biden”, comparándolo con Perón.

No creemos que Biden se convirtió “de la noche a la mañana” en un férreo defensor de los intereses de la clase trabajadora ni que Alberto Fernández lleve adelante en nuestro país una política que estimule el empleo y la asistencia social, aspectos del discurso de Biden que él elogia.

El imperialismo yanqui intenta reacomodarse frente a la movilización en su país

A raíz del asesinato racista de George Floyd en 2020, el pueblo trabajador estadounidense salió a manifestarse con fuerza en las calles. La derrota de Trump es producto de ese proceso y en 2021 la movilización continúa entre los trabajadores por la situación económica y social. En los Estados Unidos hay 10 millones de desocupados y su economía tuvo una contracción de 3,5% en 2020. La peor en setenta años.

En este contexto, los anuncios de Biden buscan contener la conflictividad social para que no vuelvan a ocurrir enormes manifestaciones como las de 2020, las movilizaciones más importantes desde la guerra de Vietnam a la fecha.

La intención de Biden es controlar las luchas del pueblo yanqui para garantizar las superganancias de las patronales de su país y cumplir con la promesa que hizo el “demócrata” cuando asumió, restaurar el imperialismo yanqui a su antigua gloria. El mismo anhelo que había expresado Trump y que desvela al sector más concentrado del empresariado del país del Norte.

Una vez más, el doble discurso de Alberto y Cristina

Para lograr ese objetivo, el imperialismo yanqui no solo quiere controlar a la clase trabajadora de su país sino también avanzar en el sometimiento de países oprimidos como el nuestro a través del mecanismo de la deuda externa. Estas cuestiones fueron soslayadas por Alberto y Cristina. Lejos de denunciar y desenmascarar al imperialismo salieron a alabar a su principal jefe político.

Ante el pronunciamiento de Alberto y Cristina sobre Biden, compañeras y compañeros que tienen expectativas en el gobierno del Frente de Todos esperan que impulse políticas similares a las anunciadas por él en nuestro país, a las que asimilan con el “peronismo de Perón”. Además de que, como ya explicamos, Biden no es ningún defensor de los intereses de los trabajadores, tenemos que decir a esas compañeras y compañeros que lejos está Alberto Fernández de impulsar políticas de ese tipo. Habla de “revertir la desigualdad social” y de que habría un “Estado presente que soluciona los problemas de la gente”, pero esto no se expresa en su política real.

En la Argentina los salarios son de miseria. Hace dos semanas el gobierno fijó el salario mínimo en 29.000 pesos mientras que la canasta familiar ronda los 60.000 pesos, según datos oficiales, y 92.500 pesos según los trabajadores de ATE Indec. En el mejor de los casos, el salario mínimo ni siquiera alcanza para cubrir media canasta. Como si esto fuera poco, los trabajadores de la salud que dejan su vida para combatir a la pandemia siguen teniendo sueldos miserables.

El 42% de los argentinos vive debajo de la línea de pobreza, cifra que se eleva a 47% si analizamos la pobreza de manera multidimensional. Mientras esto ocurre, el gobierno ni siquiera restituye el insuficiente IFE que se otorgó el año pasado. El presupuesto en asistencia social, lejos de crecer, disminuye. Hace pocos días las organizaciones sociales denunciaron la baja de 50.000 programas.

El presidente hizo referencia a “esos pocos que ganan mientras pierden millones”. Sin embargo, siguen aumentando las tarifas de los servicios públicos privatizados al servicio del FMI y no toca los intereses de multimillonarios como Sigman, que se enriquece a costa de la pandemia produciendo millones de dosis de vacunas en el país que se van al exterior.

Para revertir en serio la desigualdad social, en lugar de practicar el doble discurso como hace Fernández emulando a Biden, hay que tomar medidas de fondo que, lejos de lavarle la cara al imperialismo yanqui, lo enfrenten. Hace varias décadas que el peronismo, más allá de su discurso, dejó atrás sus roces, así sea parciales, que había tenido en sus primeros años contra el imperialismo yanqui. Desde entonces el imperialismo norteamericano penetró con todo en el país y, junto con él el FMI, que pasó a digitar la política económica de todos los gobiernos, incluidos los peronistas, quienes además promovieron históricamente la conciliación entre los trabajadores con distintos sectores patronales.

Esta política sólo sirvió para que se enriquezcan unos pocos y que una gran mayoría de trabajadores y sectores populares se hundan en la miseria. Para combatir esta realidad hay que luchar por terminar con el saqueo imperialista, por una Segunda Independencia y por un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores.

Se trata, en concreto, de, al mismo tiempo que apoyamos todas las luchas que llevan adelante los trabajadores y demás sectores populares y construimos un partido de trabajadores, postulemos otro modelo de fondo, que incluya medidas de emergencia que permitan paliar de inmediato la crisis social. Hay que suspender inmediatamente el pago de la deuda externa e imponer un verdadero impuesto a las riquezas que toque en serio los intereses de los más poderosos. Sobre la base de estas medidas se podría otorgar un ingreso familiar de emergencia de 40.000 pesos para todo aquel que lo necesite, subsidios para los pequeños comerciantes, un aumento salarial de emergencia y un presupuesto de salud suficiente para combatir en serio la pandemia.

Escribe José Castillo

Mientras el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán recorren Europa en el marco de la negociación con el FMI, la vicepresidenta Cristina y varios líderes kirchneristas hacen declaraciones y gestos que podrían leerse como en contra de tal acuerdo. Sin embargo, más allá de matices, el conjunto del gobierno del Frente de Todos está por cumplir con los pulpos acreedores.

En estos días arreciaron los análisis de distintos periodistas acerca de si hay dos posiciones distintas en el gobierno, la de Martín Guzmán, apoyada por Alberto Fernández, de negociar a toda costa el acuerdo con el FMI. Y la de la vicepresidenta y el kirchnerismo, que estarían planteando “romper” con el organismo. La realidad es que no existen tales discusiones más allá de que sí hay disputas por espacios de poder entre los integrantes del Frente de Todos.

En estos días Alberto Fernández y Martín Guzmán están otra vez en Europa negociando, casi contra reloj, no caer en default con el Club de París y buscando que los países europeos sean “lo más suaves posibles” con el durísimo ajuste que, sin lugar a dudas, el FMI le exigirá a nuestro país una vez que se firme el nuevo acuerdo. En ningún plan, A, B, ni C, se le cruza por la cabeza al gobierno repudiar al organismo y dejar de pagar. Esto es, sin lugar a dudas, la posición oficial.

¿Y el kirchnerismo? Desde fines del año pasado se escuchan declaraciones, e incluso algunas acciones de Cristina y sus dirigentes más cercanos, que podrían hacer creer que este sector del gobierno presiona por romper con el Fondo o dejar de pagar la deuda.

Veamos. En noviembre pasado, el bloque del Frente de Todos en el Senado, con hegemonía kirchnerista, le envió una carta a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, solicitándole al organismo que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”. El 24 de marzo pasado,  la propia vicepresidenta, Cristina Fernández, afirmó que “no podemos pagar la deuda, no tenemos plata”. Ahora, el senador kirchnerista Oscar Parrilli presentó un proyecto para que el dinero que el FMI girará a la Argentina como parte del monto total que el organismo envía a los países miembros en el marco del Covid-19 (aproximadamente 4.300 millones de dólares), se destine a la atención sanitaria o social de la pandemia y no, como había esbozado Martín Guzmán, a compensar con ello parte de los vencimientos de deuda de este año. A esto le podemos sumar declaraciones retóricas anti-FMI del diputado kirchnerista Leopoldo Moureau.

Sin embargo, cuando hilamos un poco más fino, las cosas son diferentes. En aquel discurso del 24 de marzo la frase siguiente de Cristina Fernández, que completó el párrafo, fue: “No estamos diciendo de no pagar, qué vamos a decir de no pagar si nuestro espacio fue el que pagó las deudas de otros gobiernos [...] Deberíamos insistir para que nos den menor tasa de interés”. En el caso de lo presentado por Parrilli, como han reconocido los propios autores de la propuesta, se trata de apenas un “proyecto de declaración” que no obliga a nada al ministro de Economía. Si hubieran querido de verdad que ese monto se destine a los perjudicados por el coronavirus hubieran propuesto una ley de cumplimiento forzoso, lo que no fue el caso.

¿Entonces, hay realmente diferencias con respecto a negociar o no un plan de ajuste para pagarle la deuda al FMI? Es evidente que existen internas y luchas de poder en el interior del Frente de Todos y las tensiones entre Alberto y Cristina expresan de alguna forma esos roces. Sin embargo, como hemos citado, en ambos hay un punto en común, continuar pagando la deuda y pactando ajustes con el FMI. Tanto es así que el mismo día en que más arreciaban los comentarios periodísticos sobre las diferencias entre Cristina y Alberto y que incluso se ponía en duda la continuidad del ministro Guzmán, fue promovida una “foto de la unidad” entre el presidente y su vice, inmediatamente previa a la actual gira europea.

Por eso le decimos a las compañeras y los compañeros que, con ciertas expectativas e ilusiones siguen las idas y venidas de los tironeos entre Cristina y Alberto, no se confundan. En ambos, lamentablemente, hay un acuerdo profundo, cumplir con los pagos de la deuda, como siempre lo han hecho, incluyendo el vergonzoso préstamo con el FMI. 

Solo el Frente de Izquierda Unidad dice las cosas sin dobleces, no hay salida si no dejamos inmediatamente de pagar la deuda externa, rompemos todos los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI y ponemos todos los recursos que hoy y siempre se llevaron los pulpos acreedores al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares, que, en la emergencia, pasan por atender las dos pandemias que nos azotan, la sanitaria y la social.