Escribe Claudio Funes

Desde que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de Amado Boudou a cinco años y diez meses por la causa Ciccone Calcográfica se está discutiendo si debe volver o no a la cárcel. Mientras tanto, el ex vicepresidente de Cristina sigue en su casa, con todos los lujos, en “prisión domiciliaria”.

En este lapso, Boudou consiguió que se le redujera diez meses el tiempo que debería pasar encerrado. Así, ya estaría cumpliendo la mitad de su condena y podría pedir permiso para salidas transitorias.  Reforzando la posibilidad de no volver a prisión.

La condena a Boudou, dictada en su contra el 7 de agosto de 2018 fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal y el ya mencionado fallo de la Corte. Las pruebas son contundentes: Boudou es un corrupto.

Pero el kirchnerismo desarrolla una intensa campaña por su libertad a través de una solicitada que se publicó en distintos medios periodísticos y en redes sociales. En ella se advierte una “persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia Kirchnerista”. Lleva la firma de, entre otros, el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva  y del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. La solicitada agrega: “estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población”.

El kirchnerismo habla de “presos políticos”, ubicando en esa categoría a Boudou. Obviamente que detrás de todo esto está la búsqueda de impunidad para la propia Cristina Fernández, involucrada como cabeza en innumerables causas de corrupción durante su gestión.

Mientras tanto el macrismo se mantiene expectante ante los vaivenes de la situación. Ellos también llevaron adelante grandes negociados cuando fueron gobierno, fueron tan corruptos como los kirchneristas y tienen abiertos innumerables juicios, destapados por la misma justicia patronal que va y viene de acuerdo a los distintos momentos políticos.

Para nosotros la discusión es bien concreta: Amado Boudou no es un preso político, es un político corrupto condenado, es un hombre educado que utilizó sus cargos en el gobierno para hacerse de dinero sucio. Como corrupto debe cumplir en la cárcel su condena a prisión efectiva y devolver todo el dinero robado al pueblo. Lo mismo le cabe a todos los políticos patronales, del signo político que sean, que se vienen enriqueciendo a costa de robarle al pueblo trabajador.

Escribe Martín Fu

El gobierno está analizando en este año electoral la posibilidad de suspender las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) programadas para agosto, previa a las generales de octubre, postergarlos o unificarlas con las generales. Un sector de los gobernadores peronistas (y algunos que responden al macrismo) le habría acercado este pedido a Alberto Fernández como un gesto de “austeridad” en medio de la pandemia, para que supuestamente se prioricen los gastos en vacunación y evitar la afluencia masiva de gente en las escuelas para sufragar. ¡Debate en paralelo cuando los mismos actores están alentando la vuelta a las clases presenciales!

Con el pedido de suspensión de las PASO se pone sobre el tapete la crisis política y las peleas internas de los partidos patronales, tanto del oficialista Frente de Todos oficial, como de la oposición de Juntos por el Cambio. En el kirchnerismo esto es más que evidente, teniendo en la voz de Máximo Kirchner uno de quienes está a favor de realizar las PASO y las generales en el mismo día para “dirimir” los lugares en la lista y así poder ganar espacio en la provincia de Buenos Aires para su sector en competencia con caciques que responden al albertismo o al massismo.

Más allá de las especulaciones que se puedan hacer, desde la izquierda siempre hemos rechazado las PASO desde su implementación. Y lo seguimos haciendo. Fueron creadas por el kirchnerismo en 2009 (votada con el aval de los radicales) diciendo que iban a “transparentar la política”.

Denunciábamos entonces: lejos de democratizar la vida partidaria tratan de imponer una alternancia en el poder de los partidos patronales proscribiendo a la izquierda y a la centroizquierda. Las internas abiertas nada tienen que ver con mayor democracia, transparencia y participación. Por el contrario, la obligatoriedad a presentarse en ellas supone una mayor intromisión del Estado en la vida interna de los partidos. La ley impide que los afiliados de un partido decidan el mecanismo que democráticamente determine cuáles serán sus candidatos. Su carácter “abierto” genera la posibilidad de que sean los aparatos clientelares tradicionales, no “la ciudadanía” ni los afiliados, quienes diriman las internas de otros partidos de acuerdo a sus propias especulaciones. Y fundamentalmente repudiamos las PASO porque fijan un piso (filtro) del 1,5 % de los votantes como condición para tener derecho a presentar candidatos a presidente, diputados y senadores nacionales. Es decir, vulnera el derecho democrático a presentar candidatos y a ser elegido.

Este piso proscriptivo sólo buscan mantener en la “competencia” electoral a los partidos tradicionales, aquellos que cuentan con más recursos, son financiados por las grandes patronales y que pueden bancar costosas campañas en los grandes medios pagando hasta a periodistas para que sean sus voceros. Muchas veces, a pesar de una gran campaña militante y el apoyo de los votantes, en algunas provincias la izquierda no ha superado el piso exigido.

No superar el piso de las PASO niega el derecho a que nos puedan acompañar con su voto quienes no se sienten representados por los partidos patronales y ven en la izquierda y sus propuestas una alternativa. Las PASO buscan borrar a la izquierda revolucionaria y a sus propuestas para los trabajadores y los sectores populares de la puja electoral. No quieren que los luchadores que conforman las listas del Frente de Izquierda puedan ocupar las bancas en las legislaturas y el Congreso para denunciar las políticas patronales a favor del FMI, las jubilaciones de miseria, los ajustes o los acuerdos a espaldas del pueblo trabajador y mucho menos toleran que nuestros diputados acompañen las luchas y sean voceros de las mismas en las palestras legislativas donde los políticos patronales se dedican a elaborar y votar leyes a favor de los grandes intereses económicos.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad denunciamos que las PASO son un engaño y una traba más para que la izquierda tenga una voz en las elecciones y se postule como una alternativa en el proceso electoral, postulando una salida de fondo para el pueblo trabajador. Por eso no nos movemos por ninguna especulación electoral: ante el debate de qué hacer con las PASO proponemos que lisa y llanamente se eliminen.

Eliminar las PASO, a su vez, debe ser parte de una reforma política que comprenda, entre otras cosas, la eliminación también de todos los mecanismos tramposos, como las colectoras, sumatorias de votos y otras variantes; terminar con los pisos que se usan como causales de caducidad de las personerías políticas partidarias (como no sacar el 2% de los votos en dos elecciones consecutivas o no mantener un piso de afiliaciones, lo que obliga a afiliar todos los años); eliminar el piso del 3% del padrón electoral para tener acceso a la representación parlamentaria en la Cámara de Diputados, entre otras reformas que sí se deberían implementar.

Arrancó el año y crece la preocupación entre los trabajadores y demás sectores populares. Porque los problemas no se resuelven. Es más, muchos se agudizan.

Los salarios y las jubilaciones se siguen deteriorando en medio de una acelerada suba de los precios de los productos de la canasta familiar. Todos los días la noticia es cuál producto aumentó, si fue la carne, el pan, la verdura, la fruta o la nafta. Millones que han perdido sus empleos o su fuente de ingresos viven con el dramatismo diario de no saber cómo hacer para conseguir lo mínimo para sobrevivir. En un país donde crecen la pobreza y la indigencia el gobierno peronista de Alberto Fernández, el que sigue diciendo que “gobierna para los más vulnerables”, ha eliminado hasta el insuficiente IFE que existía el año pasado.

La otra gran preocupación es la situación sanitaria. Las promesas de vacunación masiva que el gobierno de Fernández pomposamente anunció hace casi dos meses siguen en veremos. Pasó diciembre, ya casi termina enero, y ni siquiera se ha terminado de vacunar a todos los trabajadores de la salud. El resto de la población sigue esperando, sin claridad de fechas. Mientras tanto, ante el evidente aumento de los contagios, el gobierno del Frente de Todos y los medios masivos de comunicación hacen foco en “las fiestas clandestinas” o las aglomeraciones en algún balneario, mientras esconden la realidad cotidiana de millones de trabajadores que viajan hacinados en trenes y colectivos. O que pasan largas horas del día con riesgo de contagio sin que las patronales se preocupen por cumplir los más mínimos requisitos sanitarios en los lugares de trabajo.

A todo esto, fogoneado tanto por el gobierno nacional como por la oposición patronal de Juntos por el Cambio, ha entrado con todo el planteo de la vuelta a las clases presenciales. Puro doble discurso que busca un impacto electoral, desde la Nación, desde ningún distrito provincial, y menos que menos en la Ciudad de Buenos Aires, los gobiernos no han hecho absolutamente nada para garantizar las condiciones mínimas para hacer posible la presencialidad. Ni en la infraestructura física de las escuelas, ni en la cobertura de los miles de puestos de docentes y auxiliares necesarios para garantizar las medidas sanitarias ante el Covid-19.

El presidente Alberto Fernández, que cuando asumió hace un año hablaba de “llenar la heladera de los trabajadores” y de que los jubilados iban a ser prioridad antes que los banqueros, inició el año continuando con lo que vienen siendo sus reales prioridades: las reuniones y comunicaciones con el FMI para avanzar en el acuerdo con el organismo y así garantizar el pago de la deuda externa. A cambio, claro, del plan de ajuste que exige el Fondo. Esta realidad, aunque se la quiera esconder, es lo que sucedió en todos los acuerdos firmados desde que existe este organismo, y lo que nuevamente reclama como condición para firmar el pacto con el gobierno del Frente de Todos.

Como vemos, ni el gobierno de Alberto Fernández ni la oposición de Cambiemos están preocupados por resolver los reales problemas del pueblo trabajador. Todo lo que hay son medidas discursivas que se derriten casi inmediatamente, puro doble discurso de políticos patronales que ya han empezado a pensar qué rédito pueden sacar en un año electoral. Y, en la política “en serio”, garantías para las patronales detrás del acuerdo con el Fondo.

En los lugares de trabajo, en los barrios, en las reuniones familiares la preocupación es creciente. ¿Qué va a pasar este año? Nosotros, desde Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo decimos que la única salida es empezar a organizarnos para exigir respuestas y soluciones concretas. Frente a las direcciones burocráticas sindicales, de la CGT o de las CTA, que mantienen su pacto con el gobierno y los acuerdos salariales a la baja y solo aparecen preocupadas por sus propias cajas de las obras sociales, tenemos que reclamar que se salga a pelear por un aumento salarial de emergencia. Para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculado por la junta interna de ATE-Indec en 82.000 pesos. Y al mismo tiempo, frente a los planes de ajuste que surgen del acuerdo con el FMI, insistimos en la necesidad de un plan económico alternativo de emergencia que comience por no pagar la deuda externa y romper los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI y que continúe con un auténtico impuesto a las grandes riquezas y con la nacionalización de la banca y el comercio exterior para así poder contar con los recursos que permitan atender las dos pandemias, la sanitaria y la social, y responder así a las más urgentes necesidades de trabajo, salud, educación y vivienda. 

Escribe José Castillo

Empezó 2021 y la carrera entre precios y salarios es cada vez más desigual. En nuestro país –con una inflación proyectada para este año cercana a 50%, una de las más altas del mundo y en la región solo superada por Venezuela– se han venido pulverizando desde hace años los ingresos de los trabajadores y demás sectores populares. La perspectiva para este año es que esto continúe. La única forma de evitarlo es dando duras peleas por la recomposición salarial para romper los techos que buscan imponer el gobierno del Frente de Todos y las patronales con el guiño cómplice de la burocracia sindical.

2020 fue un año terrible para el pueblo trabajador. La inflación, medida por el índice de precios al consumidor, cerró en 36,1 por ciento. Comparada con ese mismo índice oficial, la inmensa mayoría de los trabajadores en blanco terminaron perdiendo. Solo zafaron unos pocos gremios que lograron “empatar” tras durísimas medidas de lucha, el caso paradigmático fue el de los aceiteros. Si los trabajadores en blanco bajo convenio terminaron por debajo del costo de vida oficial, mucho peor le fue a los que están tercerizados o en negro. Algunos llegaron a perder hasta 15% contra la inflación oficial. Lo mismo le pasó a los jubilados, pese al doble discurso del gobierno, absolutamente todos, hasta los de la mínima, quedaron retrasados frente al 36,1% de inflación oficial. 

Pero el tema se torna mucho más dramático cuando vemos que en la canasta básica alimentaria, que compone la inmensa mayoría de bienes que compran los trabajadores, el aumento fue mucho mayor. La suba de esta canasta en 2020 fue de 45,5 por ciento. Dentro de ella, los alimentos frescos (carne y verdura) se incrementaron más aún, 56 por ciento. 

De hecho, si comparamos la inflación de los más pobres (medida por los productos de consumo masivo), el año pasado promedió el 48%, mientras que la canasta de los ricos (medida en los productos de lujo) promedió 30 por ciento.

¿Qué va a pasar este año?

En el último trimestre de 2020 la inflación se aceleró, con promedios mensuales de entre 3% y 4 por ciento. Ahora, en lo que va de enero, los aumentos continuaron. Solo en la primera quincena de este mes la canasta alimentaria acumula otro 2,1% de aumento, con incrementos astronómicos en la carne y el pan. Los combustibles volvieron a subir. Con estos niveles de aumentos de precios la inflación proyectada para 2021 será cercana a 50%, con aumentos aun mayores en los productos de consumo popular. 

Y esto va a continuar. Ya hay proyecciones que aseguran que la canasta escolar básica (solo tomando en cuenta los útiles) será 48% más cara que el año pasado, ascendiendo a 5.099 pesos (datos de Focus Market). Y, de una forma u otra, el gobierno está negociando el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

¿Por qué aumentan los precios? Los economistas del establishment liberal dicen que se debe a “la excesiva emisión monetaria”, como si cuando no se emitió, como en todo 2019, todavía con Macri, la inflación no hubiera sido récord, llegando a 50% (dicho sea de paso, el mismo número que se alcanzaría este año con Alberto y Cristina). El gobierno del Frente de Todos, por medio de un estudio del Banco Central, dice que el motivo del aumento de precios es …la puja salarial, como si los trabajadores no estuvieran perdiendo. La realidad está lejos de unos y otros argumentos. La causa central del incremento de los precios está en los abusos que cometen todos los días las patronales monopólicas, en particular en la producción de alimentos. Ahí están metidos todos, desde las transnacionales exportadoras que aumentan el precio del maíz y el trigo para acoplarlo al valor internacional (provocando subas como la del pan), pasando por las empresas monopólicas de alimentos como Arcor o Molinos Río de la Plata, los grandes frigoríficos o las propias cadenas de hipermercados y supermercados que agregan “su propio margen” de superganancia. Todo con la complicidad del gobierno, que está desarmando el programa de precios máximos creado en marzo pasado y los ha reemplazado por un nuevo “precios cuidados” donde, con la excusa de “congelarlos hasta abril”, autorizó subas promedio de 6% en la mayoría de los productos de la canasta básica. Digamos además que dichos “precios cuidados” sólo están en las grandes cadenas de supermercados y no en los negocios de proximidad (chinos y almacenes), que es donde realizan las compras diarias millones de trabajadores.

¿Acuerdo de precios y salarios para qué?

El gobierno lanzó algunas medidas ineficaces que ya fracasaron en el pasado, típicas de su doble discurso. Así, dice que va a reducir el precio de algunos cortes populares de carne 30% con respecto a los valores de diciembre, cuando dichos cortes subieron 74% en todo 2020. Hoy, con el salario promedio, se compra 20% menos de carne que hace un año.

El gobierno de Alberto Fernández ahora vuelve a hablar de un acuerdo de precios y salarios. Se trata de una vulgar trampa. Con la excusa de que la inflación proyectada en el presupuesto para este año será de 29%, busca que la burocracia sindical le garantice que ningún incremento paritario sea superior a 32 por ciento. ¡Encima diciendo que así habría una suba del salario real! Cuando todos los economistas y patronales, como hemos dicho, proyectan una inflación real de 50 por ciento.

Así, sin duda, los números no cierran para los trabajadores. Según la consultora PxQ, con el supuesto de una inflación de 40% y tarifas aumentando al 30%, los salarios deberían subir como mínimo 45% para no perder poder de compra. La junta interna de ATE Indec afirma que la canasta básica de una familia trabajadora hoy asciende a 82.085,9 pesos.

Es necesario un aumento salarial de emergencia para que ningún trabajador gane menos que ese monto, que se tendría que actualizar mensualmente de acuerdo con el incremento de dicha canasta. Esta medida elemental, junto con la reapertura de todas las negociaciones paritarias sin ningún techo restrictivo, es lo que hay que reclamar para poder recuperar el poder adquisitivo y así vivir dignamente.

Escribe Claudio Funes

El gobierno de Alberto Fernández prorrogó la prohibición de despidos y suspensiones vigente desde marzo del año pasado. 

A través del DNU 39/2021, publicado el sábado 23 de enero en el Boletín Oficial, el gobierno peronista extendió por noventa días la vigencia de la prohibición de despidos sin causa, por falta de trabajo o fuerza mayor, y de las suspensiones por iguales motivos, salvo las “acordadas con la burocracia sindical”. También amplió hasta fin de año el pago de la doble indemnización, pero con un tope de 500.000 pesos para el plus o duplicación indemnizatoria. La Unión Industrial Argentina (UIA) de inmediato manifestó su rechazo buscando nuevas ventajas.

Este aplazamiento parece ser favorable a los trabajadores, pero no lo es. ¿Por qué afirmamos esto? Porque es un decreto que jamás se cumplió. De hecho el año pasado se perdieron 300.000 puestos de trabajo en blanco bajo convenio, justamente los “protegidos” por el decreto en cuestión. Esto terminó generando que en el tercer trimestre de 2020 las cifras de desempleo subieron, según un informe de la Universidad Católica Argentina, de 10,6% a 14,2%, y se elevan a más del doble si se agrega el “efecto desaliento” al buscar trabajo. En cantidad de habitantes, significa pasar de casi 2,1 millones de desocupados a más de 2,7 millones.

En total son 5,5 millones los trabajadores que han sufrido algún tipo de ataque a sus condiciones de vida. Esta catástrofe social se produce en plena vigencia de la “prohibición de despidos y suspensiones”. 

¿Cómo es posible que se den los despidos si de hecho “están prohibidos”? Muy simple. Por un lado porque el decreto permite que sucedan si hay “acuerdo con la dirigencia sindical”. Por el otro porque muchas patronales hacen caso omiso a la reglamentación, con la convicción que, a posteriori, el propio Ministerio de Trabajo, terminará avalando las cesantías. Esto fue lo que sucedió en innumerables casos el año pasado.

Los más de 600.000 nuevos desocupados muestran que esta “prohibición” nunca impidió las suspensiones ni los despidos que las patronales se propusieron, ya sean directos o encubiertos (forzando al trabajador a aceptar el retiro voluntario). Recordemos los 1.450 despidos de Techint, que fueron homologados el 6 de abril de 2020 entre la Uocra y la patronal en el Ministerio de Trabajo invocando, como un chiste de mal gusto, “razones de fuerza mayor que paralizaron las obras”; los de Latam y Aerolíneas Argentinas, los de la multinacional Acindar, Falabella, Sodimac, Coto, Penta y tantas otras.

A esto agreguemos que es el propio gobierno nacional el que desconoce su DNU y despide en Pami a cientos en el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat que encabeza Jorge Ferraresi, que antes, como intendente de Avellaneda, echó también a docentes. Los gobiernos provinciales hacen lo mismo, como el de Chubut, cuyo gobernador, Mariano Arcioni,  despidió a dos mil docentes.

La doble indemnización también es una trampa. Si a un trabajador le corresponde una indemnización de 800.000 pesos, la doble tiene que ser de 1.600.000 pesos. Pero como el tope del plus se estableció en 500.000 pesos, recibirá solo 1.300.000. Otro guiño de Alberto Fernández a los grandes capitalistas, que ni siquiera pagan la simple indemnización jugando con la desesperación del trabajador que no puede soportar un juicio, que lleva años, para cobrar lo que le corresponde, como sucede en el call center Hey Latam de Rosario, donde la empresa ya avisa que no piensa pagar la doble indemnización a los despedidos. 

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad proponemos que se prohíban de verdad los despidos y las suspensiones. Y ante la violación de esta disposición, que se estatice inmediatamente la empresa para ponerla en funcionamiento bajo gestión de sus trabajadores. Que se rebajen las horas de la jornada laboral sin afectar el salario para incrementar los puestos de trabajo y la puesta en marcha de un plan de obras públicas para generar trabajo genuino, financiado con los fondos de un impuesto a la riqueza, como lo planteamos en el Frente de Izquierda Unidad, y del no pago de la deuda externa.