Escribe Martín Fú

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley para implementar la educación ambiental integral (EAI). Su propósito es la “promoción de la conciencia y responsabilidad ambiental”.

Desde nuestra banca, Juan Carlos Giordano acompañó el proyecto, pero no sin antes desnudar el doble discurso del gobierno que lo impulsa de manera consensuada con Juntos por el Cambio, todos ellos aliados de la megaminería, las petroleras, el biocombustible y demás multinacionales saqueadoras y contaminantes.

Giordano denunció que “buscan quedar bien con las nuevas generaciones que se movilizan en el mundo y en Argentina por la defensa del ambiente”, pero gobiernan para estas multinacionales y el agronegocio. Pero la salida de fondo para ir contra el calentamiento global es terminar con las cien multinacionales que lo generan. “¿Van a enseñar esto en las escuelas?”, le preguntó al ministro Cabandié que estaba presente en la sesión.

Escribe Adolfo Santos

Como si no bastara con los fuertes subsidios otorgados por el Estado, las empresas de servicios están volviendo a la carga para aumentar las tarifas. En vez de mandarlos a mejorar los servicios, el gobierno de Fernández les va a conceder los aumentos. Así lo confirmó el ministro de Economía Martín Guzmán en relación con la luz y el gas. En vez de cuestionar los tarifazos, que en los servicios públicos subieron más de 2.000% en la era Macri, el gobierno acepta favorecer una vez más a estas empresas privatizadas. En 2019, Edenor tuvo ganancias por 12.134 millones de pesos y Edesur, 12.681 millones. ¡Caraduras! Son cifras absurdas para seguir pidiendo aumento a una población que se debate en una situación de pobreza creciente. En el gobierno peronista de Alberto Fernández los únicos privilegiados son los empresarios.

Hace pocas semanas, la discusión era con las tarifas de las gasíferas. Ahora es el turno de las distribuidoras de electricidad que están bajo el ámbito nacional, Edenor y Edesur. El gobierno acepta las reglas de juego: o tarifazo o millonadas de subsidios. En ningún caso, estos buitres están dispuestos a ceder un centavo de sus superganancias.

La salida no es ni más subsidios, ni tarifazos. Después de 30 años de saqueo, cada día va quedando más claro que la única salida para que de verdad haya servicios de calidad y con tarifas populares para quienes la necesiten pasa por la reestatización de estas empresas, para que pasen a ser gestionadas por sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios.

¿Usted sabía que en Argentina se producen 24 millones de dosis mensuales de la vacuna AstraZeneca y se van a Estados Unidos? ¿Y que ninguna de esas dosis se usó en el país ni en Latinoamérica, como prometía el gobierno?

Las vacunas se producen en el laboratorio mAbxience de Garín, provincia de Buenos Aires, perteneciente al empresario Hugo Sigman del grupo Insud-Pharma. Esas dosis fueron a México donde un laboratorio del empresario Carlos Slim tenía que envasarlas y reenviarlas, pero al día de hoy no ha enviado ni una sola dosis y no se sabe cuándo lo hará. Argumenta problemas de insumos, por eso ahora las están enviando a Estados Unidos. Pero acá en Argentina hay dos plantas con capacidad de envasarlas, como el Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata.También hay establecimientos privados con la misma capacidad y una industria centenaria del vidrio.

El gobierno compró 22 millones de esas dosis, pero Alberto Fernández está dejando que se la lleven afuera. Justo en que ya estamos en la segunda ola, crecen los contagios y las muertes por Covid. Una barbaridad. ¡Hay que incautar ya esas vacunas y prohibir que se las lleven del país! Esto también dicen científicos y médicos especializados para poder inmunizar ya a los adultos mayores, profesionales y trabajadores de la salud, docentes, personas en riesgo y al resto del pueblo trabajador. Es la batalla que estamos dando desde Izquierda Socialista junto al Frente de Izquierda Unidad, que acaba de hacer un acto con este reclamo frente a las puertas del laboratorio en Garín y sus diputados han presentado un proyecto de ley con ese planteo (ver recuadro). Es parte de la lucha contra las multinacionales y por la liberación de las patentes en el mundo para terminar con la escasez de vacunas.

Más de 200 profesionales de la salud y personalidades, entre ellos la Federación de Profesionales de la Salud (FeSProSa) y Nora Cortiñas, le han enviado una carta al presidente diciendo “La Argentina produce millones de vacunas y lxs argentinxs están sin vacunar”. Piden que se suspendan las remesas al exterior y que se autorice a los laboratorios públicos y privados a envasar esa vacuna en Argentina. Y el gremio Cicop (profesionales de la Salud de Buenos Aires) “exige que la vacuna que se realiza en la planta bonaerense de Garín sea declarada de utilidad pública, fraccionada y envasada en laboratorios públicos nacionales para acelerar el proceso de inmunización en medio de la compleja situación sanitaria que atravesamos”.

Alberto Fernández se la pasa hablando contra el neoliberalismo de Macri y que hay que impulsar un mayor “rol del Estado”, pero protege el negocio privado que hacen los empresarios y laboratorios con la vacuna. Por la misma razón, Macri, Larreta y Juntos por el Cambio guardan silencio.

Llamamos a impulsar pronunciamientos para que las vacunas que se producen en nuestro país se usen para inmunizar a nuestra población. Y que el gobierno impulse un plan de producción nacional de millones de vacunas para ello. A hacer actos, protestas, marchas y otras iniciativas en unidad con todos aquellos dirigentes y organizaciones. Llamamos a FeSProSa, Cicop y a dirigentes de la CTA Autónoma y de otros gremios que se han pronunciado a coordinar distintas acciones. Estamos en emergencia. No se puede esperar más. Que aparezca la vacuna para vacunar a todas y a todos.
Esta pelea va ligada también a la lucha por aumento de salarios y jubilaciones y para que Argentina deje de pagar una deuda usurera y fraudulenta, repudie al FMI y ese dinero vaya a combatir el hambre, la pobreza y la desocupación, no a los usureros internacionales.

 Diputados Giordano-Del Caño Proyecto del Frente de Izquierda Unidad

Con las firmas de los diputados nacionales Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás del Caño (PTS) se acaba de presentar un proyecto de ley para que “se declare de utilidad pública” al laboratorio mAbxience, se suspenda la exportación de las vacunas para AstraZeneca que se producen en el país y se envasen en Argentina para inmunizar inmediatamente a toda la población necesitada.
Ver texto completo del proyecto en www.izquierdasocialista.org.ar

Los índices son escalofriantes. La pobreza subió al 42%; llegó al 51% en el conurbano y al 57,7% entre los menores de 0 a 14 años. Cifras que se acercan a las alcanzadas con la hiperinflación de los años 90 o la crisis de 2001.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT-U, destacó: “El gobierno dice que todo esto es culpa de la pandemia de Macri y del coronavirus. Y le agrega ahora 'la pandemia de la inflación'. Claro que Macri gobernó con tarifazos y ajuste. Pero Alberto Fernández  no toma medidas de fondo. Solo es doble discurso. Si la inflación crece es porque el Frente de Todos es cómplice de los grandes empresarios que aumentan todos los días con total impunidad los alimentos, bebidas y medicamentos. Es el propio gobierno el que aumenta los combustibles de YPF, los precios cuidados, la telefonía celular o ahora que se vienen las subas en la luz y el gas. Y es el gobierno el que de la mano de la CGT y la CTA impulsa salarios a la baja en las paritarias, lo que lleva a aumentar los índices de pobreza. Lo mismo dejando pasar los despidos y suspensiones. Es decir, el gobierno es el responsable de esta situación”.

Giordano prosiguió: “Los salarios perdieron un 8% desde que comenzó la cuarentena. Y las jubilaciones ya son de indigencia. La canasta de los jubilados llegó a $64.039 y la mínima está más de tres veces menos, en $20.500. Más del 80% de los mayores no pueden cubrir sus necesidades básicas. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno, que fijó una movilidad sin tener en cuenta la inflación. Un robo salarial y jubilatorio que va directo al bolsillo de las patronales y para seguir pagando la deuda externa”.

Giordano finalizó: “A todo esto ya estamos con la segunda ola del Covid y el gobierno sigue dejando que las 24 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca que se producen en Garín se sigan yendo a México y a Estados Unidos. Se tienen que quedar acá y envasarse en el país para inmunizar ya mismo al pueblo trabajador. Ya son 80.000 los trabajadores de la salud infectados y 500 los fallecidos. Por eso hemos presentado desde el Frente de Izquierda Unidad un proyecto de ley que declara de utilidad pública al laboratorio mAbxience del empresario Sigman, se prohíba la exportación de la vacuna y se inicie una producción nacional como también lo reclaman científicos, médicos y distintas personalidades”.

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Crece la preocupación ante el aumento del número de contagios de Covid-19. Ya no se puede disimular, y hasta a los propios funcionarios del gobierno no les queda otra que reconocer que se viene la segunda ola. Pero increíblemente, como quedó patéticamente en claro en los discursos tanto de Alberto Fernández como de la ministra de Salud, no se ofrece ninguna respuesta concreta a la pregunta elemental: ¿qué pasa con las vacunas? Fernández habló por cadena nacional y todos se preguntan: ¿para qué habló si no dijo nada? Vizzotti tuvo una respuesta desopilante a la pregunta por las vacunas: “están en China”, contestó.

Al mismo tiempo que vuelve a crecer la crisis sanitaria, también se profundiza la pandemia social. El caso de la desaparición y posterior hallazgo de M. puso al desnudo la extrema miseria y pobreza creciente que afectan a millones. El caso de la niña y su madre, que ganó la atención de todo el país, no es un hecho aislado. Es apenas un ejemplo de la situación desesperante en que está viviendo una parte importante de los sectores populares.

Para aquellos que tienen trabajo, también la situación sigue empeorando: la inflación, en particular en los alimentos, hace que los salarios continúen deteriorándose. Todo con la vista gorda de la burocracia de la CGT y las CTA, que mantienen su pacto con el gobierno. A pesar de eso, sin embargo, no pueden evitar el crecimiento de la bronca desde abajo. Por eso tenemos luchas, como la de los estatales de Neuquén, los trabajadores despedidos de Latam, los de Aerolíneas-Austral, o incluso el paro anunciado por el gremio de Sanidad para este viernes.

Frente a esta realidad, ¿cuál es la prioridad del gobierno? La respuesta está en el viaje del ministro de Economía Martín Guzman a los Estados Unidos. Ahí se reunió con los fondos buitres del establishment financiero internacional, con funcionarios del Banco Mundial y finalizó en un encuentro con la titular del FMI Kristalina Georgieva. 

Cristina Fernández, mientras tanto, en su discurso del 24 de marzo, dijo que “no podemos pagar la deuda”, para inmediatamente aclarar: “no estamos diciendo de no pagar [...] sino que nos den menor tasa de interés”. Por supuesto que la vicepresidenta le echó la culpa a Macri, jugando una vez más a la polarización electoral. No cabe ninguna duda del carácter entreguista del anterior gobierno de Cambiemos y de que fue responsable de un incremento importante de la deuda externa, así como que firmó el acuerdo con el FMI, que terminó sirviendo para financiar la fuga de capitales. Pero, la realidad es que el peronismo kirchnerista, primero, pagó en efectivo durante sus doce años de gobierno más que ningún otro. Y, segundo, termina reconociendo y pagando la propia deuda generada por el macrismo que ellos denuncian.

Por eso, volviendo a la realidad, y más allá de los discursos de ocasión, toda la gestión del gobierno de Fernández pasa por garantizar a los funcionarios yanquis, a los acreedores y a los jefes de los organismos internacionales que seguiremos pagando la deuda y que cumpliremos los compromisos asumidos con el FMI. De hecho Guzmán se jacta, y así se lo muestra al Fondo, que este año logró reducir a cero la ayuda social para la pandemia.

La cuestión es clara: el gobierno no usa la plata para resolver los problemas sanitarios ni los sociales. Comprar vacunas para 45 millones de argentinos, a un promedio de 20 dólares la dosis, son 1.800 millones de dólares. ¿Existe ese dinero? Por supuesto, es menos de lo que se pagó el año pasado a los pulpos acreedores. Es la mitad de lo que hay que pagarle este año al FMI. Es menos incluso que lo que vence a pagar en mayo al Club de París.

Pero hay algo más grave. A poco más de 40 kilómetros de la Casa de Gobierno, en Garín, se están produciendo millones de vacunas, en una empresa de Hugo Sigman, empresario cercano al peronismo. Pero esas vacunas no quedan en nuestro país. Se las lleva AstraZeneca y hoy están en Estados Unidos. ¡Increíble! Hay que estatizarla y distribuir esas vacunas.

Frente a esta realidad, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y desde el sindicalismo combativo decimos que es urgente movilizarnos: exigiendo vacunas para todos ya mismo; aumento de salarios y jubilaciones; ayuda social real para todo el que la necesite en medio de la pandemia social. 

Y, al mismo tiempo, tenemos que postular una salida de conjunto, un plan de emergencia obrero y popular. Que arranque por suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa y romper con el FMI. Para así poner toda esa plata para salario, jubilaciones, crear trabajo, para salud. Juntamente con eso, se impone exigir la liberación de las patentes, para que las vacunas lleguen efectivamente al conjunto de los sectores populares, tal como lo venimos planteando en la campaña nacional e internacional que hemos lanzado y que ya cuenta con la firma de destacadas personalidades. Después de la multitudinaria convocatoria de este 24 de marzo, estas son las tareas que tenemos planteadas para el futuro inmediato.