Escribe Claudio Funes

Al cierre de esta edición de El Socialista recibimos la noticia de que el gobierno tuvo que dar marcha atrás con algunas de las medidas de ajuste a las jubilaciones que había acordado con el FMI. Presionado por un repudio generalizado, tuvo que desistir del proyecto que fijaba que el reajuste de 5% de diciembre sería descontado del incremento que debe otorgarse en marzo de 2021. Además, Alberto Fernández se vio obligado a establecer que habrá cuatro recomposiciones en el año, en lugar de dos, como lo establecía el proyecto original. Pero el robo se mantiene con la nueva fórmula de movilidad que quiere implementar el peronismo.

Es claro que esta marcha atrás, forzada por el malestar generalizado entre los jubilados, los trabajadores y los sectores populares, no resuelve el problema de fondo. El de un sector que, mayoritariamente, recibe 18.000 pesos mensuales mientras el costo de la canasta de un jubilado asciende a 49.614 pesos, según la Defensoría de la Tercera Edad. Por eso será necesario continuar batallando y organizando la movilización para romper con el FMI y frenar el ajuste del gobierno a uno de los sectores más vulnerables. En este escenario, denunciamos la actitud cómplice de la burocracia sindical que viene apoyando incondicionalmente las medidas de ajuste de este gobierno acordadas con el Fondo.

Como parte de las acciones de repudio al ajuste a los jubilados que van creciendo y extendiéndose por todo el país, el FIT Unidad y el Plenario Sindical Combativo se movilizarán al Congreso cuando se trate la ley. Desde Izquierda Socialista repudiamos este robo a los jubilados efectuado por el gobierno peronista.

Por ello proponemos luchar por las siguientes medidas:

• Aumento de emergencia para que la jubilación mínima tenga el valor de la canasta del jubilado, según la Defensoría de la Tercera Edad.
• Restablecer el valor histórico de los aportes patronales, que se redujeron 50% con Menem y Cavallo.
• Aplicar las fórmulas indexatorias que correspondan según la inflación mensual.
• Aplicación del 82% móvil del salario en actividad.

Estas medidas son posibles. Para garantizarlas hay que priorizar a los jubilados, no a los pulpos acreedores. Se impone romper con el FMI y suspender los pagos de la deuda externa.

Coincidentemente con estas idas y venidas del gobierno, recibimos una nota del Defensor de la Tercera Edad, el doctor Eugenio Semino, criticando estas políticas, que reproducimos a continuación:

“El rechazo a la medida fue tan grande, incluso entre simpatizantes del gobierno, que hoy nos enteramos de que se da marcha atrás”

El fin de semana pasado se había sabido que el aumento de 5% en las jubilaciones correspondiente al reajuste de diciembre se descontaría del aumento correspondiente a marzo de 2021, por el empalme que se realizará entre el sistema actual de aumentos por decreto y la nueva fórmula que regirá el año que viene.

El rechazo a la medida fue tan grande, incluso entre simpatizantes del gobierno, que hoy nos enteramos de que se da marcha atrás con la misma. No se descontará en marzo lo dado en diciembre.

Sería un error o un acto de candidez ver esto como un logro o como una mejora en la situación de los jubilados y jubiladas. Y sería un acto de cínica crueldad presentarlo como tal. El estado actual del haber jubilatorio está lejos de poder ser reconstruido con una nueva fórmula. Mientras vamos y venimos con porcentajes, siglas y demás tecnicismos, cuatro millones de personas cobran 18.000 pesos por mes y unas dos millones cobran un promedio de 26.000 pesos. Y se supone que con eso tienen que vivir.

Las idas y vueltas de los funcionarios, siempre a los tropiezos y siempre intentando quedar bien con los propios, solamente dejan en claro lo incapaces que son de entender las necesidades de la sociedad para la cual gobiernan. La marcha atrás en la medida no es un gesto de justicia, ni un reconocimiento de la realidad paupérrima de los haberes, es solamente una muestra más de la torpeza con la que se toman las decisiones en nuestro país.

La sociedad argentina necesita encarar una discusión profunda y estructural sobre el sistema previsional para poder salir adelante, tanto económica como socialmente. En la medida en que eso no ocurra seguiremos viendo el ya repetitivo show de funcionarios perdidos en su área y porcentajes que aparecen y desaparecen. Un espectáculo de circo cada vez más rodeado de miseria.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue entrevistado por el diario oficialista Página/12 el pasado domingo 29 de noviembre. Sobre la negociación de la deuda y las exigencias del FMI para firmar el acuerdo le preguntaron: “¿Van a pedir la reforma laboral y la previsional y un mayor ajuste fiscal?” El ministro respondió: “Nosotros vamos a defender los intereses del pueblo argentino. ¿Cuál es la opción? Hacer un default a la deuda del Fondo. Tendría un costo inmenso. Sería hacer un default a los países, que son los socios del organismo. Pasaríamos a ser un país paria”. Paria, aclaramos, es sinónimo de desarraigado, excluido, inferior.

Si se fija el lector, Guzmán no responde si es cierto o no que el acuerdo con el FMI viene asociado a una reforma laboral antiobrera y a una nueva reforma jubilatoria para atacar a jubiladas y jubilados. El ministro evade el tema y a renglón seguido apela a la vieja campaña usada por los usureros internacionales diciendo que no queda otra que pagar (reconociendo la deuda usurera de Macri) y que no hacerlo nos convertiría en “parias”. Pero la Argentina ya es paria y semicolonia del imperialismo desde hace décadas, entre otras cosas por pagar una deuda fraudulenta. Ahora, con el nuevo pacto con el FMI y el reconocimiento de los 50.000 millones de dólares más de deuda, vamos a ser más parias que nunca.

El ministro y este gobierno, lejos de “defender los intereses del pueblo argentino”, se preparan para ir por el camino de las reformas estructurales. La CGT está dispuesta a ello y la UIA acaba de decir que la “Argentina está regalada, pero los costos laborales son altos”.

¿Cuál es el argumento del gobierno para aceptar esos nuevos condicionamientos? Que al FMI lo trajo Macri y que al Frente de Todos no le queda otra que reconocerlo (ver respuesta en nota “El FMI volvió con Macri y se queda con Alberto” - https://bit.ly/3kCg4oR).

Guzmán dice que no pagar la deuda “traería un costo inmenso”. O sea que liberarnos y usar esa plata para salud, salario y vivienda para el ministro “sería un costo”, y no lo serían las reformas laboral y jubilatoria.

Hasta los escribas progobierno dicen que habrá reforma laboral y reforma jubilatoria. Un artículo del suplemento Cash (Página/12, 29/11) firmado por Julián Blejmar, luego de señalar que desde 1956 hasta la actualidad la Argentina suscribió veinticuatro pactos, de los cuales dos de ellos fueron de “facilidades extendidas” (en 1992 y 1998 durante el peronismo menemista), menciona que “los requerimientos son de reformas estructurales antes que coyunturales, por lo que resultan más nocivas para los intereses del país”. Y agrega: “Estos acuerdos apuntan a reformas laborales con quita de derechos a los trabajadores para supuestamente facilitar su tasa de empleo, junto a la liberalización del flujo financiero y comercial”. Contundente. Pero a pesar de este reconocimiento, el mismo autor dice que hay que aceptar igual un pacto con el FMI porque una política opuesta (el no pago soberano) sería inviable. Lo “viable” serían las reformas estructurales, una medicina que ya se probó con más ajuste y reformas antiobreras y antipopulares a lo largo de décadas. 

Las declaraciones del ministro van de la mano con la ley que acaba de votar el Senado en estos días, para que futuros endeudamientos pasen por la aprobación del Congreso. Quieren mostrar al Congreso como una traba ante la posibilidad de volver a endeudarse. Una lavada de cara para todos los partidos patronales que vienen haciendo lo opuesto. De este Congreso salen leyes antiobreras y políticas para beneficiar a los de arriba, no para evitar endeudamientos. Esta ley es para encubrir el nuevo pacto con el FMI, por eso la votaron tanto los senadores del gobierno como los de PRO, la UCR y Juntos por el Cambio. Una vez más es el Frente de Izquierda el que denuncia con valentía estas maniobras y repudia la mayor entrega, sometimiento, ajuste y dependencia que significa esta política de pagos de deuda del peronismo del Frente de Todos, contando también con el visto bueno de la UIA, la Sociedad Rural, los banqueros y los grandes capitalistas.

Por todo esto, sería bueno que Alberto Fernández deje de decir que encabeza un gobierno “popular” o que combate a la derecha. Desde Izquierda Socialista vamos a seguir luchando por el no pago de la deuda y contra el nuevo pacto con el FMI, diciendo que esa plata debe ir a salarios, jubilaciones, salud y vivienda, y llamamos a enfrentar las reformas antiobreras que se vienen.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández ha lanzado pomposamente el llamado Plan Gas. Con él se anuncia que nuestro país tendría garantizado por los próximos cuatro años el autoabastecimiento gasífero, quedando a la vez un excedente en verano que se podría exportar y así generar más reservas.

Lo decimos con todas las letras, es un producto viejo en envase nuevo. Otra vuelta de tuerca para garantizar miles de millones de dólares en subsidios a los privilegiados de siempre. Para comprobarlo no basta más que observar a los invitados presentes en el lanzamiento del programa. Allí estaban los empresarios Paolo Rocca (Tecpetrol, Grupo Techint), Alejandro Bulgueroni (Pan American Energy), Hugo Eurnekian (Compañía General de Combustibles), Dominique Marion (de la francesa Total Austral), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), junto con los gobernadores de las provincias petroleras y sindicalistas como Guillermo Pereyra, responsable del convenio colectivo ultraflexibilizado de Vaca Muerta.

El Plan Gas consiste en garantizarles a las empresas que participen un precio fijo durante cuatro años (por encima del costo de extracción y del valor internacional), además de una larga de serie de beneficios en materia de exenciones impositivas, acceso a la compra de dólares oficiales sin restricciones y a la posibilidad de enviar sus ganancias al exterior. Se calcula que el Estado estaría subsidiando a las empresas participantes por alrededor de 5.000 millones de dólares, por supuesto con la excusa de que así se generaría un ahorro en dólares a futuro, no habría que importar gas y estaría garantizada la demanda del vital producto durante todo el año. Cosas que, por supuesto, una vez más estarán en veremos.

El Plan Gas es la continuidad de una vieja política. La que viene subsidiando con miles de millones de dólares a los grandes pulpos nacionales e internacionales que saquean nuestro gas y petróleo. Mecanismo que se intensificó y perfeccionó en la última etapa del peronismo kirchnerista cuando, tras la estatización de YPF, se lanzaron todo tipo de “incentivos” en Vaca Muerta para beneficio, primero, de Chevron y luego del resto de las multinacionales que operan en el sector. Siguió con el macrismo, tanto en la etapa de Aranguren al frente de la Secretaría de Energía como en el período posterior. Y ahora, de nuevo con un gobierno peronista, tiene un capítulo más. Con los mismos beneficiarios y con las mismas excusas, garantizar el “autoabastecimiento” de gas y explotar Vaca Muerta.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad nos oponemos al Plan Gas y al saqueo de nuestros recursos. Denunciamos que todo está al servicio de las superganancias de los monopolios locales y extranjeros del sector. Nos oponemos a los métodos de explotación contaminante que destruyen el ambiente en Vaca Muerta. Y contraponemos a todos estos negociados la estatización de todo el sistema gasífero-petrolero y la creación de una gran empresa estatal que, gestionada por sus propios trabajadores, concentre la exploración, extracción, transporte y distribución de este vital recurso, garantizando así el acceso a toda la población y con tarifas populares. 

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, junto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, firmaron con los dirigentes de Ctera, UDA, CEA, Sadop, AMET y el Consejo Federal de Educación (CFE), por unanimidad, que el salario mínimo docente nacional será de 27.500 pesos a partir de diciembre de 2020. Este monto incluye el Fonid, material didáctico y una suma extraordinaria.

Trotta celebró el acuerdo paritario alcanzado: “Para nosotros es fundamental cuidar estas instancias de negociación y de concertación entre el Estado y los trabajadores. Por eso estamos celebrando poder discutir, no solo el salario, sino las condiciones de trabajo”. Agradeció a “las cinco organizaciones sindicales nacionales por un año de diálogo constante, las mejores políticas para poder garantizar el derecho a una educación transformadora”.

La noticia, textual, no da margen para comentarios. Para Alberto Fernández y Trotta es un gran logro que el salario de un docente sea de 27.500 pesos, cuando la canasta familiar es de 76.500 pesos, según ATE Indec, y la canasta de pobreza está en 49.912. ¡Una vergüenza que muestra la realidad de su doble discurso sobre “la importancia de la educación y la docencia”!

Párrafo aparte merecen Sonia Alesso y Baradel, de Ctera, y los burócratas de UDA, CEA, Sadop y AMET que firmaron de manera “unánime” y sin consultar a un solo docente del país. Esto confirma que son dirigentes vendidos al gobierno y que es necesario coordinar, en la Nación y las provincias, a toda la oposición para poder echarlos de todos los sindicatos docentes para recuperarlos para la democracia sindical y la lucha por nuestras reivindicaciones. Repudiamos este acuerdo y llamamos a la lucha por salarios y más presupuesto.

El gobierno peronista de Alberto Fernández hace malabares alrededor de una palabra, ajuste. “Ajuste era el de Macri, lo nuestro es privilegiar a los postergados”, se escuchaba no hace mucho. “Lo que hacemos no es ajuste, sino correcciones”, dijeron después. Finalmente, la semana pasada el presidente se sinceró: “Hay un ajuste, pero no lo van a pagar los más necesitados”. A este doble discurso del “ajuste que no es ajuste” abonan también periodistas, como Alfredo Zaiat, que en Página/12 “explicó” increíblemente que reducir el déficit fiscal de 8% a 4,5% del PBI “no es ajuste” (22/11). O a la directora de la Anses, María Fernanda Raverta, mintiendo alevosamente afirmando que “los jubilados le ganaron a la inflación” mientras anuncia un aumento que no llega a 30 pesos por día.

Vamos a la realidad que vive el pueblo trabajador. El gobierno eliminó la cuarta cuota del IFE y anunció que nunca más se pagará, como si la pandemia y sus consecuencias sociales se hubieran terminado. El gobierno dice que lo va a reemplazar por nuevos programas sociales, pero no los van a cobrar los nueve millones que percibían el IFE, sino muchos menos. Los jubilados, por su parte, terminarán el año cobrando mucho menos, en todas las categorías, que lo que les hubiera correspondido si se aplicaba la fórmula vigente en diciembre pasado. Además, los aumentos jubilatorios por decreto de este año terminarán siendo inferiores a la inflación. Y, sobre llovido mojado, la nueva fórmula de reajuste previsional no tendrá en cuenta la evolución de los precios.

Sigamos. A los aumentos casi continuos de los combustibles se les va a agregar el año próximo el descongelamiento de las tarifas, con incrementos de entre 30% y 60% para el gas y la luz. Se liberan los precios máximos, que se sumarán a una inflación creciente, pegando en particular sobre los productos de la canasta familiar. Los salarios siguen a la baja con paritarias que, congeladas por meses, ahora quieren ser arregladas con aumentos muy inferiores a lo perdido. Podríamos sintetizar todo esto preguntando ¿si esto no es ajuste, qué es?

Este es el famoso “programa económico” del Frente de Todos. Ni reactivación, ni prioridad para los más postergados. Más de un compañero se preguntará ¿por qué el gobierno peronista de los Fernández no cumplió con “llenar la heladera” o “priorizar a los jubilados antes que a los banqueros”, como prometía hace poco más de un año en la campaña electoral? La respuesta es simple, porque tiene que cumplir con los compromisos que se están negociando con el FMI. Aquí están las primeras consecuencias del plan que se está terminando de cerrar con el Fondo. Y todo este ajuste (insistimos con la palabra, aunque el gobierno quiera esconderla) tiene un destino claro, cumplir con los pulpos acreedores de la deuda externa.

Veníamos del ajuste de Macri. A lo largo de este año, mientras se desarrollaba la pandemia del coronavirus, se profundizó a través de lo que llamamos la “pandemia social”, se perdieron tres millones de puestos de trabajo, aumentó exponencialmente la pobreza, decenas de miles perdieron hasta los lugares donde vivían por no poder seguir pagando los alquileres, crecieron el hambre y la marginación social. Ahora, con el acuerdo con el Fondo, se plantea profundizar más aún el ajuste. Mientras, no nos olvidemos, la pandemia del Covid-19 todavía no se terminó, los contagios siguen siendo muchos y lo de la eventual vacuna todavía está en veremos. Frente a este panorama, lógicamente, la pregunta que surge en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios populares es ¿qué hacer? En muchos sectores se salió a pelear. Así lo están haciendo, casi desde el primer día de la pandemia, los trabajadores de la salud. O los que han perdido sus puestos de trabajo, como los aeronáuticos de Latam, los docentes de muchas provincias y tantos otros.

Si el ajuste viene pasando en muchos lugares, es por la traición de las burocracias sindicales de la CGT y las CTA, que siguen jugadas al pacto con el gobierno. Sin embargo, esta semana, la impactante caravana y marcha convocada por el cuerpo de delegados de los ferroviarios del Sarmiento, de Once a Plaza de Mayo,demostró que, cuando a la cabeza hay una conducción combativa y  democrática como la de la Bordó, la base responde y sale masivamente a luchar. Este es el camino para dar la pelea contra el ajuste, tal como lo venimos planteando desde el sindicalismo combativo.

En las próximas semanas también se dirimirá en las calles si efectivamente logramos imponer, de una vez por todas, el aborto legal, seguro y gratuito. La lucha por que se apruebe dependerá, otra vez, de que se ponga nuevamente en marcha la “ola verde” que conmocionó al país en 2018. Desde Isadora e Izquierda Socialista ya estamos ahí, convocando a acciones masivas para que el grito de “aborto legal en el hospital” resuene por millones.

Se acerca el fin de año. Tenemos que dar todas estas peleas. Pero además tenemos que plantear una perspectiva, distinta del plan que nos quieren imponer el gobierno y el FMI. Por eso decimos que es necesario postular un programa económico alternativo, obrero y popular, que priorice las necesidades del pueblo trabajador por sobre las de las patronales y los banqueros. El primer paso para llevarlo adelante pasa justamente por dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI, imponer un auténtico impuesto a las grandes fortunas y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Porque de ahí saldrá la plata para que haya trabajo, salario igual a la canasta familiar, un IFE de 40.000 pesos para todo el que lo necesite y presupuesto para salud, vivienda y educación. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad trabajamos por una alternativa política que lleve adelante este programa.