Escribe José Castillo

Comenzaron las audiencias para dar curso a los tarifazos. Un sector del gobierno quiere retrasarlos hasta después de las elecciones compensando a los dueños de las privatizadas con mayores subsidios. En ambos casos ganan ellos y pierden los trabajadores. La alternativa es la reestatización bajo gestión de trabajadores y usuarios.

El gobierno de Alberto Fernández dio inicio al mecanismo que habilita los nuevos incrementos de las tarifas de los servicios públicos. Comenzó por el gas, pero ya tiene en carpeta aumentos para la electricidad. Todo esto sin contar que algunos otros “precios” que dependen del gobierno vienen subiendo sin parar desde siempre, como las tarifas del transporte o los combustibles. 

En el caso del gas, donde la semana pasada se dieron las audiencias públicas requeridas por la ley como obligación previa a los incrementos, el argumento del gobierno fue clarísimo, “o aumentamos las tarifas en un 30% como mínimo o subimos los subsidios en una proporción de 50.000 millones de pesos”. Nos chantajean con esa disyuntiva. Nótese que en las dos opciones los ganadores son los mismos, los pulpos privados que vienen monopolizando el negocio y haciendo superganancias a costa de los usuarios.

La misma cuestión se plantea con las tarifas eléctricas. El martes próximo se llevará adelante la audiencia pública para habilitar las subas de tarifas de Edenor y Edesur. O, nuevamente, el otorgamiento de mayores subsidios. 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aboga por la suba de tarifas de acuerdo a lo que viene negociando con el FMI. Otros funcionarios, como el interventor en el Enargas, Federico Bernal, temeroso de las consecuencias electorales para el gobierno de un eventual tarifazo, buscan que el aumento sea menor y se lo reemplace por más subsidios para las privatizadas. 

Todo esto no es nuevo. Desde que se realizaron las privatizaciones, a comienzos de los años ’90, las empresas nunca perdieron. Hubo épocas que ganaron con tarifas dolarizadas y aumentos astronómicos, como al comienzo con el menemismo y luego en la era macrista. En otras ocasiones las tarifas no subieron tanto, pero los pulpos privados no dejaron de ganar, esta vez a través de suculentos subsidios. En ambos casos mientras brindaban servicios paupérrimos y no cumplían siquiera con las inversiones mínimas requeridas en las propias concesiones. Así, casi treinta años después de las privatizaciones, todavía todo el noreste argentino carece de conexión a la red de gas, lo mismo que montones de pueblos y barrios populares de las grandes ciudades. 

Las audiencias públicas ya realizadas, como se dio tantas otras veces, desnudan la mentira de la “participación popular” en la toma de decisiones. La inmensísima mayoría de los oradores se pronunciaron contra la suba tarifaria y contra el otorgamiento de mayores subsidios. Se cansaron de denunciar, con centenares de ejemplos, los abusos de las empresas. Sin embargo, la conclusión del gobierno peronista es, al igual que sucedía con idénticas situaciones durante el macrismo, hacer oídos sordos y continuar beneficiando a los dueños de las privatizadas.

La salida pasa, entonces, por dejar de engordar los bolsillos de los ganadores de siempre. Hay que rescindir todos los contratos de concesión, reestatizar las empresas públicas privatizadas y ponerlas a funcionar bajo control de sus propios trabajadores y usuarios. Solo así se podrá garantizar un acceso al servicio para todos, con la calidad adecuada y con tarifas populares cuando la situación lo requiera.  

Escribe Guido Poletti

Siguen subiendo los combustibles. El incremento de la nafta y el gasoil ya dejó de ser noticia. Hace meses que, prácticamente cada quince días, vemos como cambian los valores en los surtidores. Cuestión que, sabemos, no afecta solamente al que tiene auto. Detrás de cada suba vienen los aumentos de las tarifas del transporte. Y luego, a los pocos días, con la excusa de que “subieron los costos del transporte”, las listas de precios vienen con el incremento incorporado. O sea que, directa o indirectamente, cada suba de los combustibles es un robo directo al bolsillo ya enflaquecido del pueblo trabajador. 

YPF, sociedad anónima con un 51% de mayoría estatal, toma sus decisiones a partir de órdenes directas del gobierno nacional. Por eso nadie puede hacerse el distraído. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que YPF “pica en punta” anunciando los aumentos, que entonces son copiados por las otras empresas del sector. YPF es quién le justifica y garantiza las mayores ganancias a los pulpos del sector. 

Un argumento más para estatizar YPF al 100%, rescindiendo todas las otras concesiones. Una YPF que, a la vez, sea manejada por sus propios trabajadores, al servicio de una política de desarrollo para beneficio de la clase trabajadora y no del saqueo y las superganancias de los pulpos transnacionales. 

Los problemas cotidianos del pueblo trabajador crecen día a día. La situación ya es dramática. La plata no alcanza para nada. Los precios de los artículos de la canasta familiar continúan por las nubes, ganándole, y de lejos, a los salarios y las jubilaciones. La pobreza y la marginación social siguen en aumento. Hay millones sin trabajo. La pandemia sigue y las vacunas no alcanzan. Millones continúan esperando. Ni siquiera se terminó de vacunar al personal de salud, ni qué hablar de las personas de riesgo. Todo mientras, al mismo tiempo, tuvimos el  “vacunatorio vip” del Frente de Todos. Ahora, el gobierno de Larreta en la ciudad de Buenos Aires suma su propio escándalo amontonando mayores de 80 años en larguísimas colas al sol en el Luna Park y en Boedo.

Hay un cansancio tremendo. Ya hace un año que se está viviendo esta situación. Cada día crece más la bronca que se expresa en luchas, como la de los docentes de varias provincias, manifestaciones enormes como las de los movimientos sociales, o movilizaciones como la de Chubut, que obligaron una vez más al gobernador Arcioni a retroceder en su enésimo intento por imponer la megaminería en su provincia.

Lo sucedido en Formosa es un fuerte mensaje que muestra el hastío y la bronca. Hubo una auténtica rebelión popular contra la pobreza, precariedad del sistema sanitario provincial, los atropellos y la represión del gobierno de Insfrán.

Muy lejos, y por fuera de toda esta realidad, el gobierno peronista de Alberto y Cristina está preocupado por su propia crisis política, que incluye renuncias de ministros (primero Ginés González García y ahora Marcela Losardo), o la búsqueda de la propia impunidad para la vicepresidenta. Mientras tanto, siguen apoyando a Insfrán, el gobernador represor de Formosa. Para desviar la atención de todo esto lanzan “campañas”, como la de la judicialización de Macri, o los discursos de Cristina contra la Justicia. Todo pensando en cómo posicionar al Frente de Todos de cara a la campaña electoral que se avecina. 

Al mismo tiempo, ahí donde mueren las palabras y los discursos, el gobierno sigue pagando la deuda externa y apostando a la negociación con el FMI. Se continúan avalando el enriquecimiento de las grandes patronales, sus superganancias y las de los bancos. No hay impuesto a la renta financiera y el impuesto a la riqueza es mínimo. Por eso no es cierto que “no hay plata” para mejorar las jubilaciones, los sueldos de los docentes o del personal de salud. Sucede que los millones que se tendrían que dedicar a eso van a engrosar los bolsillos de los ricos y los grandes empresarios.

Por supuesto que la oposición patronal de Juntos por el Cambio, aprovechando el río revuelto, trata de pescar algo que le permita mejorar sus chances electorales. Pero no ofrece ninguna salida para los problemas del pueblo trabajador. Es más, allí donde gobierna tiene la misma actitud que el Frente de Todos. Por ejemplo, en CABA, donde no terminó de vacunar al personal de salud, prácticamente ni comenzó con los docentes y a los adultos mayores los manda a hacer filas vergonzosas de largas horas como ya citamos. Y mejor ni hablar de que Cambiemos tiene un acuerdo total con el Frente de Todos en lo que respecta a la continuidad del pago de la deuda externa y a mantener los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

En síntesis, peronistas del Frente de Todos y opositores de Juntos por el Cambio se pelean entre ellos para la tribuna. Ambas son variantes patronales que buscan cómo posicionarse mejor de cara a las elecciones. Pero ninguna de las dos resuelve los dramas que afligen al pueblo trabajador, los precios, los salarios, las jubilaciones, la falta de trabajo o de las vacunas.

Hace falta un plan de emergencia obrero y popular que comience por suspender inmediatamente todos los pagos en concepto de deuda externa y rompa los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI. Que imponga de verdad un impuesto a los grandes grupos económicos, a los bancos, a los que hicieron millones durante la pandemia como Mercado Libre y a las grandes fortunas. Que termine con la especulación y los negociados financieros nacionalizando la banca. Que vaya a fondo contra los monopolios agroexportadores como Cargill, Dreyfuss y Bunge, nacionalizando el comercio exterior. Para así, con todos esos recursos, resolver los acuciantes problemas populares de trabajo, salario, educación y vivienda. Otorgándoles un ingreso a todos aquellos que lo necesiten ante la emergencia. Y, al mismo tiempo, poniendo los recursos que hacen falta para la crisis sanitaria del coronavirus, con más insumos, más trabajadores de la salud, con mejores salarios y, por sobre todo, que garantice lo que hoy es de vida o muerte, vacunas para todos. Para eso no solo hace falta plata, sino también la decisión política de desconocer las patentes de los monopolios para poder producir localmente las vacunas. Justamente para eso, desde Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores estamos llevando adelante una campaña internacional promoviendo un  movimiento y acciones unitarias, que ya ha reunido miles de firmas de dirigentes y personalidades.

Escribe Claudio Funes

El gobernador Gildo Insfrán decretó la vuelta a fase 1 del aislamiento social lo que provocó una gran rebelión popular. Su respuesta a los justos reclamos de comerciantes, trabajadores autónomos y vecinos fue una feroz represión policial. Una historia de autoritarismo que ya lleva veinticinco años y que cuenta con el apoyo del gobierno del Frente de Todos.

El pasado jueves 4 de marzo, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, decretó la vuelta a la fase 1 del aislamiento debido al registro de diecisiete casos positivos de Covid-19, según informaron.

Ante el anuncio se dieron las primeras manifestaciones de comerciantes, vecinos y trabajadores autónomos frente a la Casa de Gobierno en repudio a la decisión del gobierno provincial. Luego las movilizaciones se volvieron multitudinarias y fueron ferozmente reprimidas con gases y balas de goma por la policía de Insfrán. El saldo, noventa y tres detenidos y decenas de heridos, entre ellos la concejala peronista Gabriela Neme. Durante los días siguientes el repudio creció con nuevas y masivas movilizaciones. Lo que se dió fue una rebelión popular como nunca antes en la provincia.

Por supuesto, la oposición patronal de Juntos por el Cambio trató de aprovechar electoralmente estos hechos “repudiando” la represión, e incluso enviando a varios de sus principales dirigentes, como la propia Patricia Bullrich, a la provincia. Un hecho totalmente cínico ya que, tanto cuando fueron gobierno nacional como ahora en las provincias donde gobiernan, reprimieron infinidad de manifestaciones obreras y populares.

Pero volviendo a Insfrán, es indudable que la restricción al derecho a protestar fue la gota que rebasó el vaso, no sólo por las violaciones a los derechos humanos, sino por la pobreza, la precariedad del sistema de salud y la falta de vacunas en la provincia. Recordemos que, con la excusa de luchar contra el Covid-19, el gobernador peronista utilizó métodos autoritarios y sometió al pueblo trabajador y a los sectores populares a tratos inhumanos.

Mientras Insfrán comete todo tipo de tropelías el Frente de Todos habla de una campaña de desprestigio contra el gobernador. A su vez, el presidente Alberto Fernández sigue sosteniendo y apoyando al gobernador formoseño. Recordemos que, no hace mucho tiempo, cuando visitó la provincia de Formosa, lo llenó de elogios: “Es uno de los mejores políticos y mejores seres humanos que conozco”. Ahora, Fernández recibió a Insfrán en Buenos Aires, donde volvió a apoyarlo.

¿Quién es Gildo Insfrán?

Fue elegido diputado en 1983, luego vice del gobernador Vicente Joga por dos mandatos y, desde 1995, ininterrumpidamente gobernador de una de las provincias más pobres del país y con mayores tasas de mortalidad infantil y analfabetismo.

Durante su gobierno transcurrieron las presidencias de Menem (su primer gran aliado), De la Rúa, Néstor y Cristina Kirchner, con quienes mantuvo una fuerte alianza y recibió miles de millones de pesos. Ahora es uno de los pilares de apoyo del Frente de Todos.

Además se dieron las persecuciones a las comunidades indígenas de Formosa con el objetivo de garantizar los negocios que implican la deforestación y la tala, el monocultivo (soja), los agrocombustibles y la extensión de la frontera petrolera.

Nuestra salida

Repudiamos la represión desatada en Formosa y reivindicamos el derecho a la protesta. 

Para combatir con eficacia la pandemia se necesitan medidas de fondo, no políticas represivas como la de Insfrán. Es necesario, en cambio, como proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, establecer un plan económico alternativo para reactivar la economía basado en el no pago de la deuda externa que atienda las dos pandemias, la sanitaria y la social. Y, a la vez, anular las patentes para que, pudiéndose producir en el país, haya vacunas para todas y todos.

Escribe José Castillo

El PTS, lamentablemente, decidió colocar prácticamente en un pie de igualdad la histórica movilización popular contra Insfrán y la represión del gobernador peronista por la utilización que intenta hacer de ella la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Cediendo al argumento típico del peronismo kirchnerista de que, de otra forma, “se le hace el juego a la derecha”.

De hecho, en sus notas comienza restándole carácter popular a la movilización formoseña limitándola a un malestar de “comerciantes” y al “reclamo esencial de que abran los comercios”. Se hace caso omiso de que la movilización expresó el estallido y hartazgo ante las innumerables medidas represivas y antipopulares de Insfrán. 

Pero lo más grave es que el PTS dedica largos párrafos en sus notas de La Izquierda Diario, casi tanto como los que les lleva la propia crónica de la represión, al intento de utilización mediática que busca realizar la oposición patronal de Cambiemos, con el objetivo, dicen, de “demonizar al gobernador peronista”. Incluso pone énfasis en que en la concentración se “mezclaron” sectores opositores de Juntos por el Cambio. ¿Qué se quiere decir con todo esto?   

Seamos claros. Comencemos deslindando lo que no tiene nada que ver con Formosa. Por supuesto que sabemos que Juntos por el Cambio, cuando era gobierno nacional, como en las distintas provincias donde gobernó antes y lo sigue haciendo actualmente, lleva adelante violentas represiones. Basta con citar los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y obvio que son demagógicas las lágrimas de cocodrilo que derraman Bullrich y compañía ante la represión buscando llevar agua para su propio molino electoral. 

Pero vamos a lo central. ¿Fue la derecha la que “demonizó” a Insfrán? La realidad es que se trata de un gobernador peronista que actúa como un patrón de estancia, que tiene sumida a la provincia en la pobreza más extrema y posee un larguísimo historial de represiones, asesinatos de pueblos originarios Qom incluidos. Eso fue lo que lo “demonizó” ante cada vez más sectores populares de su propia provincia ¿Qué fue lo que pasó? Que, independientemente del hecho anecdótico que detonó todo, estalló una auténtica rebelión popular, histórica en la provincia, que el gobierno reprimió con ferocidad, con heridos y detenidos, entre ellos miembros del Partido Obrero, integrante del FIT Unidad.

 Estos son los hechos. La izquierda tiene que ponerse sin dudas del lado del pueblo movilizado, denunciando a Insfrán, sus políticas y su represión. Y también deslindado del macrismo.Todo lo otro es secundario. 

Lamentablemente, el PTS termina dándole tanta entidad a la posible utilización de los hechos por la oposición patronal de Cambiemos que diluye lo central: un gobernador peronista que ajusta y reprime, que tiene en las calles enormes movilizaciones en su contra y, escandalosamente, sigue siendo sostenido por el gobierno nacional. Lo que plantea el PTS es, en última instancia, la misma argumentación del peronismo kirchnerista: no “hacerle el juego a la derecha”, que busca golpear a Insfrán para pegarle a Alberto y Cristina. Termina abonando a la concepción de que habría un gobierno “popular” cercado y presionado por una “derecha” que trata de debilitarlo.

Una argumentación similar expresó el PTS la semana pasada con la condena a Lázaro Báez, donde culminó concediendo al gobierno que todo es parte de un lawfare con el objetivo de encarcelar a Cristina. Ahora vuelve a poner como hecho central la utilización que puede hacer la oposición de Juntos por el Cambio de la rebelión popular en Formosa.

Llamamos a la reflexión a los compañeros del PTS. La izquierda debe tener una posición independiente, de denuncia sin concesiones a todos los gobiernos patronales, sea el “nacional y popular” de Alberto Fernández y Cristina, los provinciales de su mismo signo y también los opositores. Apoyando incondicionalmente todas las movilizaciones populares contra los ajustes y, mucho más aún, denunciando la represión. Caer en el razonamiento de que hay que perdonar o al menos “igualar” a cualquiera de estos gobiernos con represiones de otros porque si no se le hace “el juego a la derecha” es, justamente, entrar en la trampa del doble discurso del peronismo kirchnerista. El Frente de Izquierda se hizo fuerte y ganó personalidad, justamente, con posiciones inclaudicables frente a ambos bloques patronales. Ese es el camino en el que tenemos que perseverar.