Escribe Claudio Funes

A partir de diciembre los haberes de los jubilados y pensionados del sistema nacional que gestiona la Anses subirán 5 por ciento. Fue anunciado el miércoles 18 en una conferencia de prensa que dieron en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta. De esta manera, la jubilación mínima ascenderá a 19.035 pesos, un incremento de apenas 906 pesos. Un chiste de mal gusto.

El porcentaje otorgado es inferior al aumento de la canasta básica de alimentos -parte muy importante en los gastos de los jubilados-, que en octubre subió 6 por ciento.

En 2017, en medio de una feroz represión, el gobierno de Macri impuso una nueva movilidad jubilatoria. Significó el robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados. Durante el gobierno de Cambiemos el poder adquisitivo de los haberes se depreció 19,5 por ciento. Con Alberto Fernández continúa el ajuste al servicio del FMI. Con las subas por decreto, decididas de manera discrecional, el gobierno ejecutó un ajuste anual en el gasto de seguridad social de, por lo menos, 72.000 millones de pesos, el equivalente a más de 2.6 millones de jubilaciones de 27.193 pesos, una mínima y media.

De haberse mantenido la suspendida ley, todos los ingresos jubilatorios habrían aumentado durante el presente año 42 por ciento. En cambio, con el 5% que se aumentará en diciembre, los haberes acumularán un incremento de entre 24,3% y 35,3% dependiendo del nivel de ingresos (el porcentaje más alto corresponde al haber mínimo).

Por su parte, la inflación desde enero a octubre trepó a 26,9%, con una expectativa anual de 36,9%, según se desprende del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central en septiembre. Con los aumentos de noviembre y diciembre la inflación acumulada de todo 2020 puede superar 37 por ciento.

Estas cifras contradicen la afirmación que hizo Santiago Cafiero, quien manifestó que ​“el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación y estamos recomponiendo las pérdidas que se arrastraban desde 2018 y 2019, pérdidas reales con la fórmula del gobierno anterior”.

Con este aumento, las jubilaciones y pensiones más bajas no solo no recortan sino que acrecientan la pérdida de 2018 y 2019, que fue de 19,5% y que afectó a todos los beneficios, mientras las medianas y más altas retroceden aún más (Clarín, 18/11/2020).

Horas antes del anuncio, el presidente Alberto Fernández, en declaraciones radiales, expresó: “No queremos que los haberes queden debajo de la inflación. Ese es un compromiso que yo asumí y lo voy a cumplir”.

La realidad es muy distinta. De las 6,64 millones de prestaciones (jubilaciones y pensiones) que paga la Anses, 63,1% corresponde al haber mínimo, según los datos al mes de septiembre de la Secretaría de Seguridad Social. Estamos hablando de 18.129 pesos, cuando la canasta básica de los jubilados ya alcanza los 49.614 pesos, según la Defensoría de la Tercera Edad. 

La totalidad de los jubilados ya no solo quedan por debajo de la inflación, sino que en su gran mayoría están por debajo de la línea de pobreza. Alberto Fernández es doble discurso.

El paupérrimo 5% representa el valor de su compromiso con los más vulnerables, a la vez que reafirma que nada bueno se puede esperar de la nueva movilidad jubilatoria, que no incluye actualización por inflación. El 5% es ajuste, no aumento.

“Si la Argentina no crece, no hay fórmula de movilidad, ni fórmula de la Coca-Cola que pueda favorecer a nadie. Nuestro gobierno vino a hacer crecer a la Argentina. Esta fórmula es la que permitió que cuando creció la Argentina los jubilados también crecieron”, manifestó la camporista Fernanda Raverta.

Lamentablemente, las perspectivas serán otras. Solo crecerán la pobreza y la desocupación, porque el gobierno ya eligió pagar miles de millones de dólares a los acreedores de la deuda externa y al FMI.

La economía de los jubilados no mejorará en 2021. Se continuará por ley con el ajuste que hoy se impone por decretos. Con la fórmula de Macri los jubilados perdieron. Con la nueva también perderán. Se consolidará así el robo a los jubilados. Porque no se puede estar con ambos. ¡Se está con los jubilados, o con el FMI! 

Desde Izquierda Socialista repudiamos el miserable 5% de aumento y la nueva fórmula de movilidad peronista. Por ello proponemos luchar por las siguientes medidas:

• Un aumento de emergencia para que la jubilación mínima tenga el valor de la canasta del jubilado, según la Defensoría de la Tercera Edad, 49.614 pesos.
• Restablecer el valor histórico de los aportes patronales, que se redujeron 50% con Menem y Cavallo.
• Aplicar las fórmulas indexatorias que correspondan de acuerdo a la inflación mensual.
• Aplicar el 82% móvil del salario en actividad.

¿Esto es posible? Sí. Requiere que se suspendan los pagos de la deuda externa y se rompa la sumisión al Fondo Monetario Internacional.

Escribe Claudio Funes

Claudio Lozano se refirió críticamente al proyecto de ley de movilidad jubilatoria que impulsa el gobierno del que forma parte como miembro del directorio del Banco Nación.

Manifestó, entre otros conceptos, que “resulta insólito que en una economía inflacionaria como la de la Argentina no se incluya en una fórmula de movilidad de jubilaciones y prestaciones sociales la cuestión central, un piso equivalente al aumento de la inflación”. Y agregó: “El objetivo de la fórmula de movilidad por lo menos debe ser mantener el poder adquisitivo de los haberes, máxime cuando los jubilados perdieron un 23% en el período del gobierno de Mauricio Macri y no han recuperado ese deterioro desde la asunción del nuevo gobierno”. Lozano, entre otras críticas, también afirmó: “la propia fórmula establece que si los salarios crecen más que la recaudación esa mejora no va a los jubilados, y si la recaudación sube más que los salarios tampoco se les traslada a los jubilados ese plus recaudatorio. Es más, en contextos de recesión y caída de la recaudación los haberes jubilatorios perderían, al tiempo que su deterioro no haría más que profundizar la recesión”.

La conclusión de Lozano es clara: “estamos frente a una fórmula que privilegia el sostenimiento de las cuentas fiscales antes que el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. La razón es simple. Está pensada en clave de FMI antes que en función de las necesidades que hoy exhiben la mayoría de nuestros jubilados”.

El interrogante que no responde Lozano es el de su lugar como miembro del gobierno de Alberto Fernández. Es que Claudio Lozano es uno de los principales dirigentes de Unidad Popular, un partido de centroizquierda que es parte del Frente de Todos. 

Su intención es mostrarse “distinto” dentro de un gobierno que ajusta al servicio del FMI. Que pagó, apenas asumió, 4.500 millones de dólares y que se entregó a los fondos buitres.

Lozano y Unidad Popular alientan la falsa expectativa de que dentro del peronismo hay alternativas progresistas, intentando de este modo evitar rupturas con el gobierno de franjas de trabajadores, sectores populares, juventud y, evidentemente, de jubilados. Enfrentar de verdad  la reforma jubilatoria requiere salir a luchar contra ella, y oponer un programa alternativo, donde los jubilados no queden sacrificados en manos del ajuste al servicio del FMI y los pulpos acreedores de la deuda externa.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Un zócalo del canal progobierno C5N sorprendió el día que se trataba el impuesto a la riqueza con un texto que afirmaba: “El macrismo y la izquierda, socios en defensa de las grandes fortunas” (ver imagen). Esa mentira formó parte de una furibunda y grosera campaña del oficialismo contra los diputados del Frente de Izquierda que hacían valer su propio proyecto, que disponía gravar de verdad a la riqueza y que habría recaudado 20.000 millones de dólares y no 2.000 millones como el que se terminó votando. El proyecto del FIT, por supuesto, nada tiene que ver con el macrismo que, como se sabe, tanto Macri, como Patricia Bullrich, Larreta, la UCR y todos los representantes de Juntos por el Cambio, cuando fueron gobierno se dedicaron a salvar las ganancias capitalistas y ahora, con sus banderazos albicelestes, defienden la propiedad privada de Vicentin. ¿Alguien puede en su sano juicio decir que la izquierda coincide con Macri? Nadie. Sin embargo, el gobierno hace esta campaña burda para decir que la única alternativa sensata, “progre”, que “combate a los ricos” y está a favor de los vulnerables sería la del peronismo y el Frente de Todos.

A nuestros lectores, trabajadores y jóvenes que les llegó la campaña del gobierno o que se pudieron hacer eco de esta operación, les decimos que, lejos de “combatir a las grandes fortunas” el gobierno viene aplicando políticas para salvarlas. Por ejemplo, con la ley de emergencia de diciembre de 2019 les perdonó y les quitó impuestos y retenciones a las petroleras y las mineras. Luego, con la UIA, les robó el 25% de los salarios a los trabajadores. Firmó un acuerdo con China para transformar a la Argentina en una fábrica de cerdos en beneficio del agronegocio contaminante que, en buena hora, fue frenado por la movilización ambiental. Y el gobierno simula estar contra los ricos, y defender a los más vulnerables, diciendo que va a beneficiar a la “salud”, cuando solo destinará un insuficiente 20% de lo recaudado para ello, mientras se dispone a pagar 50.000 millones de dólares al FMI. ¿Se imaginan nuestras lectoras y lectores cuántos respiradores, barbijos o camas se podrían adquirir, cuánto mejorarían los salarios de los profesionales de la salud y enfermeros con este monto sideral? Aun así, el gobierno hace la campaña.  

Tal vez algunos no se enteraron, o repararon, de que el denominado “aporte solidario” del gobierno no toca precisamente la riqueza de los bancos ni de los grandes empresarios. Sería bueno que el gobierno, en vez de hacer campaña contra el Frente de Izquierda, explique por qué solo impuso un ínfimo porcentaje a personas físicas y no a las ganancias capitalistas. Como decimos en nuestro proyecto de ley, los bancos privados obtuvieron una ganancia de 319.000 millones de pesos en 2019 y las quinientas empresas que más venden en el país acumularon 67.300 millones de dólares de ganancias entre 2016 y 2018, pero no se los toca. ¿No debería explicar el gobierno por qué los deja exentos en vez de atacar a la izquierda?

¿Cuál es el trasfondo de la campaña del gobierno contra el Frente de Izquierda? Son tres las razones centrales. Primero, porque quiere desacreditar la salida de fondo que proponemos para combatir de verdad a los de arriba, cosa que no hace el gobierno. Solo el FIT Unidad propone un verdadero impuesto a las ganancias de las grandes patronales, bancos y multinacionales; la reestatización de las privatizadas para terminar con el negocio de los servicios públicos. Solo la izquierda dice que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior para atacar la riqueza obscena de los bancos o Cargill y propone el no pago de la deuda y el repudio al FMI. Esto es atacar de raíz a los de arriba.

Segundo, el gobierno hace campaña contra el Frente de Izquierda porque le duele que, junto con el sindicalismo combativo, está en todos los reclamos obreros y populares. Y, ¡ojo!, el gobierno hace campaña contra la izquierda para tirar de ese modo contra los que luchan. Por ejemplo, el gobierno atacó a la izquierda en Guernica a través de Larroque, Kicillof y Berni diciendo que “hacía política” y que boicoteaba un acuerdo para justificar el violento desalojo de miles de familias necesitadas.

Esta campaña contra la izquierda también la hizo el macrismo, tildándola de violenta por enfrentar dignamente el robo jubilatorio frente al Congreso a fines de 2017, o diciendo que, por culpa de la izquierda, se cerraban fábricas, como Pepsico. Yendo más atrás en el tiempo, el peronismo kirchnerista metió preso al Pollo Sobrero acusándolo falsamente de quemar trenes.

Tercero, la campaña del gobierno es un intento por retener en el Frente de Todos a parte de su base social que lo está criticando por el ajuste en curso para impedir que se vaya a la izquierda. Recordemos cuando Néstor Kirchner aspiraba a que hubiera solo dos expresiones políticas, su “gobierno popular” y una “derecha democrática” que se alternaran en el poder. Y agregaba: “A la izquierda del kirchnerismo está la pared”. Pero en 2011 surgió el Frente de Izquierda sobre la base de la mayor unidad de la izquierda que se logró en el país. Desde ese momento, el FIT vino avanzando con más inserción en el movimiento obrero con el sindicalismo combativo peleando contra la nefasta burocracia sindical peronista, en el movimiento de mujeres, el movimiento ambiental y en la vida política del país, postulando una salida de fondo para combatir los males capitalistas a los que nos llevaron todos los gobiernos patronales. Esto es lo que le molesta al gobierno y al peronismo, por eso apela a campañas mentirosas.

En todo este tiempo hemos sabido desenmascararlas y clarificarlas a pesar de la confusión que generan, logrando que cientos de miles de luchadores abracen un programa alternativo, de izquierda, por una salida obrera y socialista. Mientras hacemos estos debates, desde Izquierda Socialista nos dirigimos a las nuevas generaciones de luchadoras y luchadores que se suman a la pelea política para que no se dejen llevar por falsas campañas y, en cambio, luchemos juntos por una salida de fondo para el país.

Escribe José Castillo

Los compañeros de la junta interna de ATE Indec han dado ha conocer el nuevo valor mínimo que debe alcanzar toda familia trabajadora tipo (pareja con dos hijos en edad escolar) para no caer en la pobreza, al mes de octubre. El monto asciende a 76.507,50 pesos. Se compone de 25.729 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y 50.778,50 para acceder a otros bienes y servicios básicos.

Tenemos que destacar este auténtico aporte al conjunto de la clase trabajadora que hace años vienen realizando los compañeros del Indec. Para entender su importancia tenemos que compararlo con los datos oficiales de lo que se conoce como “línea de pobreza”. Según este indicador, que es el que periódicamente dan a conocer las autoridades del Indec, llamado “canasta básica total”, una familia tipo no sería pobre si percibe 49.912 pesos al mes.

¿Por qué ambos cálculos dan números distintos? Fundamentalmente porque la canasta de consumos mínimos construida y seguida mes a mes por los compañeros de la junta interna de ATE Indec responde mucho mejor a la realidad de las necesidades de consumo de una familia trabajadora. El dato donde se observa la mayor diferencia está en que en la medición oficial no se incluye el pago por alquiler de vivienda. Se supone, entonces, que esa familia “tipo” es propietaria. Más aún, que no tiene deudas relacionadas con su vivienda (no está pagando cuotas de una hipoteca, por ejemplo). La realidad del pueblo trabajador es muy distinta. Millones de compañeras y compañeros no tienen vivienda propia y se ven obligados a alquilar. Acá está la diferencia fundamental. ATE Indec dice, blanco sobre negro, que una familia trabajadora necesita por mes al menos 76.507,50 pesos, contando dentro de ello el monto que debe separar para el pago mensual de la vivienda que habita.

La mayoría de los trabajadores, por debajo de la línea de pobreza

Frente a estos números, la inmensa mayoría de los asalariados de nuestro país son pobres. Midiendo solamente a la franja de trabajadores en blanco, con convenios colectivos de trabajo y paritarias, 57,7% está por debajo de la línea de pobreza del Indec (cobran menos de 50.000 pesos). Mucho peor es la situación de los tercerizados, que suelen percibir en promedio ingresos 30% inferiores. Y ni qué hablar de los que figuran en negro, como no registrados.

Para estos últimos, el indicador clave es el salario mínimo, vital y móvil, que hoy está fijado en 16.875 pesos. Este monto se encuentra  incluso por debajo de la línea de indigencia oficial, que es de 20.710,20 pesos. Como vemos, no es “vital” ni “móvil”. Recordemos que este monto se toma como referencia para pagarle a una enorme cantidad de asalariados en negro. Dato no menor, casi 40% del total de los trabajadores está en esa categoría, cínicamente denominada “informal”.

El poder adquisitivo, en el tobogán

La clase trabajadora ha perdido entre 20% y 25% del poder de compra de sus salarios en los años del macrismo. Alberto Fernández subió prometiendo “llenar la heladera” y “ponerle plata en el bolsillo a la gente”. Nada de eso sucedió, en 2020 las paritarias han sido a la baja, en muchos casos luego de estar virtualmente suspendidas durante todo el año.

La tendencia es a que el salario se siga deteriorando. El fin del programa de “precios máximos”, las nuevas subas de los combustibles, de la medicina prepaga y el anuncio de nuevos tarifazos a partir de 2021 van a seguir echando leña al fuego a una inflación que, de lejos, le siga ganando la carrera a los salarios.

Tenemos que exigir un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar calculada por ATE Indec. Al mismo tiempo, se impone la inmediata reapertura de todas las paritarias, sin techo ni ningún tipo de limitaciones, con paritarios electos por la base de cada gremio, para así romper el pacto de la burocracia sindical de la CGT y las CTA con las patronales y el gobierno, que es lo que está haciendo pasar este ajuste.

Escribe José Castillo

Hoy un trabajador casado con dos hijos empieza a sufrir descuentos por el impuesto “a las ganancias” a partir de los 73.102 pesos. Recordemos que la canasta básica para no ser pobre calculada por la junta interna de ATE Indec es de 76.507,50. ¡A trabajadores que ni siquiera han alcanzado ese monto ya les empiezan a descontar por impuesto a las ganancias! Se trata de una auténtica vergüenza.

Mientras tanto, el gobierno de Alberto Fernández se llena la boca hablando de cobrarle a los que más tienen. Ahora lo hace con el debate sobre el llamado impuesto a la riqueza, que no le hace ni cosquillas a los grandes millonarios, muchos de los cuales ya se pusieron a cubierto trasladando su domicilio legal al extranjero, además de que no lo pagan las empresas y, escandalosamente, parte importante de lo que se recaude incluso “volverá” a manos de los grandes capitalistas, como es el caso de los monopolios del gas y el petróleo. Del mismo modo que todo el pueblo trabajador paga cotidianamente un IVA con una tasa escandalosa de 21%, una de las más altas del mundo. En síntesis, la estructura tributaria argentina es tremendamente regresiva, armada bajo el principio de que “los que menos tienen, más paguen”.

Lo dijimos una y mil veces, ¡el salario no es ganancia! Hay que terminar con ese escandaloso tributo. También hay que eliminar el IVA a todos los artículos de la canasta familiar. A la vez que instaurar un verdadero impuesto a las grandes riquezas y fortunas, tal como el propuesto por el Frente de Izquierda Unidad. Solo así se empezará a hacer realidad el principio de que, realmente, los impuestos los paguen los ricos y las grandes patronales con sus superganancias y no el pueblo trabajador.