Escribe Agustín Gigli

El gobernador de Chubut anunció que iba por la zonificación de la provincia para habilitar el saqueo megaminero. Para acompañar ese anuncio y seguir vinculando la “bondad” de tener megaminería con los salarios chubutenses, dijo que iba a pagar la totalidad de los sueldos de los empleados públicos, aunque no aclaró que lo hace con dos meses de atraso. Mariano Arcioni es el gobernador con menor apoyo social y está decidido a imponer la megaminería antes de irse. Cuenta con el aval del presidente Fernández, de los empresarios locales y de las multinacionales saqueadoras. Intenta hacer lo que nadie logró en los últimos veinte años. Trata de realizar la zonificación provincial creando “zonas de sacrificio” a la explotación megaminera.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, tuvo que decir que no tiene una opinión formada sobre las consecuencias sanitarias de la megaminería porque no quiere reconocer que la salud corre peligro con estos emprendimientos. Pero el repudio es enorme y sectores del PJ y la UCR, que siempre apoyaron, tienen que salir a rechazarlo.

La respuesta del pueblo de Chubut no se hizo esperar y se realizaron movilizaciones enormes en toda la provincia con las asambleas ambientalistas y del No a la Mina.

Arcioni decidió reprimir este movimiento asambleario mandando a allanar y detener a referentes de varias ciudades mientras esto ocurría, de la mano del tristemente célebre fiscal Rivarola, el mismo que al caso de violación en manada lo consideró “desahogo sexual” y que recibió y utilizó fichas de la SIDE sobre los vecinos antimegaminería.   

Desde Izquierda Socialista repudiamos la megaminería y el saqueo que hacen las multinacionales de los recursos naturales de nuestra provincia. Las empresas vienen por el oro, la plata y los demás minerales porque las leyes los benefician, reciben subsidios y se roban los minerales, solo dejan la destrucción ambiental. 

Los veinte años de lucha lograron que el rechazo inicial, que solo era en Esquel, se extendiera a toda la provincia. Ya no hay localidad chubutense donde no se movilice exigiendo trabajo genuino y rechazando la megaminería. Es preciso continuar la lucha y la movilización en otra jornada provincial unitaria y que todos los gremios que integran la CGT y la CTA se sumen en defensa del trabajo, el ambiente y contra el saqueo. Arcioni y Fernández no van a lograr la licencia social. No es no.

Finalmente, el derechista, racista y misógino Trump fue derrotado. Compartimos la alegría y los festejos de los movimientos antirracistas, de mujeres, de la juventud y de la mayoría del pueblo estadounidense, que se extiende a millones por todo el mundo. Al mismo tiempo, advertimos que no tenemos que tener ninguna confianza en el nuevo gobierno de Biden que, más allá de las formas y los discursos, expresa, junto con su partido, el Demócrata, la continuidad del papel yanqui de ser el principal gendarme del capitalismo imperialista en el planeta.

Esa advertencia vale para nuestro país. El gobierno peronista de Alberto Fernández ya ha comenzado a decir que, con Biden, podemos esperar un trato más benévolo por parte del nuevo gobierno norteamericano. Tratan de sembrar la expectativa de que se podrá acordar un programa con el FMI de tinte “progresista”, sin ajuste, que sería avalado por la nueva administración yanqui.

Nada más alejado de la realidad. Biden fue vicepresidente de Barack Obama entre 2008 y 2015. En ese período la política yanqui hacia la Argentina siguió siendo la de siempre, garantizar los negocios de las empresas multinacionales y los pagos de deuda externa a los usureros internacionales. No nos debe extrañar, se trata de la política de siempre del Partido Demócrata, pata fundamental del bipartidismo yanqui, régimen político que sostiene el rol imperialista de los Estados Unidos. Nuestro país es, desde hace muchas décadas, una semicolonia yanqui que sufre el saqueo y la explotación de nuestros recursos, tanto bajo gobiernos republicanos como demócratas.

¿Qué relación concreta tiene todo esto con la realidad de todos los días, que conversamos con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, vecinos o familiares?

Justo esta semana viene una nueva misión del FMI a negociar un acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Es posible un pacto con el Fondo que permita un plan económico de crecimiento y distribución de la riqueza? Cualquier trabajador sabe que no se cumplió la promesa de “la heladera llena” hecha por el peronismo en la campaña electoral. El gobierno dice que eso se debió a la pandemia, pero que ahora sí llega la hora de las políticas de reactivación. ¿Existe alguna posibilidad de que esto suceda y que a la vez se acuerde con el Fondo?

Lo tenemos que decir con todas las letras, no hay FMI bueno. Al igual que lo que pasó con los veintiún planes anteriores firmados con el Fondo desde que ingresamos al organismo, en 1956. Al igual que todos los planes del FMI firmados este año, el último hace apenas unas semanas con Ecuador. Acordar con el Fondo es sinónimo de más ajuste, aunque el gobierno de Fernández lo quiera disfrazar con otro discurso.

Miremos en concreto lo que ya está pasando en estos días, lo que dice el propio ministro Guzmán: en el altar del acuerdo con el FMI ya se sacrificó el IFE (que no continuará en 2021) y los reajustes jubilatorios para 2021, que serán por debajo de la inflación. Se está aprobando “a toda velocidad” un presupuesto que plantea un mayor ajuste, el más grande desde 2002. Por contraposición, vemos cómo se “derrite” y sigue quedando solo en el discurso el famoso impuesto a la riqueza. Así no hay salida para el pueblo trabajador, solo más caída de salarios, desocupación, miseria y marginación social.

Contra este plan de ajuste, y sus consecuencias, vamos  a tener que salir a pelear. Como ya lo estuvieron haciendo en estos meses los trabajadores de la salud, los aeronáuticos, los telefónicos, los docentes, los vecinos sin vivienda, los que denuncian la destrucción del ambiente y tantos otros. Tal como en estos casos, esas peleas tendrán el apoyo incondicional del sindicalismo combativo y de nuestro partido.

Pero, además, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos afirmando que se necesita otro plan económico, alternativo del que negocia con el FMI el gobierno peronista de Fernández, y también diametralmente opuesto al que fue el de Macri. Un programa obrero y popular que realmente resuelva las más urgentes necesidades populares. Que ponga como centro el salario, con un aumento de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar, calculada en 73.470 pesos por la junta interna de ATE Indec, y la reapertura de las paritarias. Que priorice el trabajo con un plan de viviendas populares que resuelva a la vez el desempleo y la crisis habitacional. Que garantice un ingreso de emergencia para todos los que lo necesiten de 40.000 pesos por mes. Que otorgue una recomposición real para los jubilados, llevando la mínima a la canasta de la tercera edad, de 49.614 pesos. Y que ponga todo el presupuesto que haga falta para la infraestructura sanitaria, los puestos de trabajo y los salarios de los trabajadores del sector.

Para que esto sea posible hay que romper las cadenas que nos atan como semicolonia al capitalismo imperialista. Cortando todos los lazos políticos y económicos que nos atan al Fondo Monetario Internacional y dejando de pagar la deuda externa, llamando a la vez a un frente latinoamericano de países deudores. En síntesis, llevando adelante la gran tarea pendiente, nuestra segunda independencia. Como en el siglo XIX fue de España, hoy tiene que ser del imperialismo yanqui, lo gobiernen Trump o Biden. 

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández sigue hablando de que su prioridad son los más vulnerables y que el centro es reactivar la economía y crear trabajo. Sin embargo, utilizando una vieja frase del propio peronismo, “la única verdad es la realidad”. Llega al país una nueva misión del FMI con el objetivo de terminar de arreglar los números del plan de ajuste que se negocia con el gobierno del Frente de Todos. Para, recordemos, definir cómo pagar la deuda con el organismo contraída por Macri, utilizada en su totalidad para la fuga de capitales y el enriquecimiento de los pulpos del establishment financiero.

El pasado lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció explícitamente los detalles, el acuerdo con el FMI será el denominado “de facilidades extendidas”. Lo traducimos para nuestros lectores: los 49.000 millones de dólares de deuda de la Argentina con el FMI (44.000 de capital y 5.000 de intereses) se pagarán en doce cuotas consecutivas a partir de 2024 y hasta 2030. Serán de aproximadamente 4.000 millones de dólares cada una, por lo que nuestro país deberá abonar 8.000 millones de dólares por año. Un monto descomunal.

Pero lo peor son las exigencias que se deberán cumplir para acceder a ese acuerdo. Para que quede claro las vamos a dividir en dos: el ajuste permanente y las denominadas “reformas estructurales”.

Programa “plurianual” de ajuste

Ya en agosto pasado el gobierno de Alberto Fernández, cuando anunció que se iniciaban las negociaciones con el FMI, monitoreó las planillas del proyecto del presupuesto 2021. El propio ministro Guzmán fue el encargado de decir que el número más importante de dicho presupuesto era la reducción del actual déficit fiscal de 8% del PBI a 4,5% para 2021. Se trata de un ajuste enorme, el más grande desde 2002. Implica reducir 1,6 billones de dólares, un monto equivalente a todo el dinero que este año se destinó a la pandemia.

¿Cómo se va a ejecutar este ajuste? Primero, y principal, con la desaparición de todas esas partidas. No habrá un peso más de IFE, los 10.000 pesos que se otorgaban a nueve millones de familias sin ingresos. Tampoco para el ATP, que si bien siempre lo denunciamos como un subsidio a favor de las grandes empresas, ahora, ante su eliminación, va a ser utilizado por estas mismas patronales como excusa  para lanzar una ola de despidos. También se reducirá el presupuesto destinado al sistema de salud.

Lo segundo será la aplicación de una nueva fórmula jubilatoria a partir del próximo mes de marzo. Las jubilaciones no se reajustarán de acuerdo a la inflación, sino a la evolución de los salarios. Una vez más, perderán los jubilados.

Y, tercero, a partir de enero se comenzarán a descongelar las tarifas de los servicios públicos privatizados. En concreto, vuelven los tarifazos sobre la luz y el gas, que se sumarán a los aumentos en los combustibles y en las tarifas del transporte. 

Pero lo peor de todo es que el ministro Guzmán ya empezó a hablar de un programa plurianual. Esto quiere decir, en concreto, que el FMI exigirá un ajuste mayor aún para 2022, otro más duro para 2023, y así sucesivamente.

Reformas estructurales

Todo acuerdo de facilidades extendidas viene con la exigencia de las denominadas “reformas estructurales”, que son, básicamente, dos: la reforma previsional y la reforma laboral.

La primera va mucho más allá del simple robo a los jubilados con el cambio de la fórmula que hemos explicado. El FMI va por el aumento de la edad jubilatoria y por una reducción general de todas las jubilaciones. En la Argentina esto implica la eliminación de los llamados “regímenes especiales”, los únicos que se acercan, así sea un poco, al 82% móvil. Recordemos que el régimen especial más extendido es el de los docentes. Eliminarlo va a ser el objetivo central del Fondo.

La otra reforma es la laboral. Con la excusa de “reducir el costo laboral”, el FMI apunta a destruir toda la legislación del trabajo y los convenios colectivos. El objetivo es que todos los trabajadores de nuestro país terminen como en Vaca Muerta, o como los chicos de las aplicaciones, al estilo Rappi o Glovo.

El apuro de votar el presupuesto

El presupuesto 2021 tuvo un tratamiento “exprés” en la Cámara de Diputados. Con el voto del Frente de Todos y algunos aliados más el “guiño” de Juntos por el Cambio, que se abstuvo para así garantizar su aprobación, pasó velozmente al Senado, donde se espera una rápida aprobación. ¿Por qué tanto apuro? Muy simple, ese es el documento que requiere el FMI para avanzar en las negociaciones. Ahí está escrito el compromiso del gobierno de Fernández para realizar el mega-ajuste y cumplir con los acreedores internacionales. Está puesto, blanco sobre negro, por poner un solo ejemplo, que para el año próximo se destinará a pagos de deuda cuatro veces más que para vivienda, luego de haber visto el drama de Guernica y el violento desalojo.

En síntesis, no hay salida alguna de la mano del FMI. Una vez más tendremos que salir a luchar contra el plan de ajuste que se tratará de imponer. Y, al mismo tiempo, debemos plantear la necesidad de un plan alternativo, que realmente priorice las necesidades populares, lo que exige la ruptura de todos los pactos políticos y económicos con el Fondo y la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa.

Escribe Claudio Funes

Con la llegada de la misión del FMI se aceleran los tiempos de la comisión bicameral del Congreso encargada de la redacción del proyecto de ley sobre los futuros aumentos para los jubilados. El gobierno anunció que lo enviará al Congreso para su aprobación. La decisión se concretó en una reunión en el Ministerio de Economía entre Martín Guzmán, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, entre otros. Esta ley, que regirá a partir de 2021, no será ninguna solución, mantendrá las jubilaciones de miseria y continuará con el saqueo al bolsillo de los jubilados que hoy realiza el gobierno del Frente de Todos por decreto. Esta es una de las exigencias del Fondo Monetario que el gobierno peronista se compromete a cumplir.

Las pretendidas diferencias dentro la comisión bicameral son falsas, carecen de toda seriedad. Se están discutiendo distintas fórmulas que arrojarán un porcentaje miserable de aumento para los haberes jubilatorios, pero se elude el tema central, la recomposición del haber mínimo, que hoy es de apenas 18.129 pesos, cuando la canasta básica de los jubilados ya alcanza los 49.614 pesos, según informa la Defensoría de la Tercera Edad.

En la comisión, Cambiemos propone continuar con la hoy suspendida ley que establecía que las jubilaciones y pensiones se ajustaban en forma trimestral con una fórmula que combinaba el 70% de la inflación y el 30% de la evolución salarial sobre la base del índice Ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). El peronismo va por otra vía. Según Fernanda Raverta, titular de la Anses, la propuesta oficial deja de lado la inflación. La movilidad jubilatoria se calcularía en un 50% sobre la base del Ripte y en un 50% según la evolución de la recaudación tributaria. El ajuste sobre las jubilaciones será semestral. Detalló que habría una cláusula que autorizará a la Anses a otorgar un bono diferenciado por rango de haberes si la inflación supera la variación de la recaudación total (RT) de la Anses. Este bono no se sumaría a los haberes. La fórmula peronista tampoco establece ninguna compensación inicial por la pérdida de los haberes durante 2018 y 2019 y por el período 2020 que afectó a las jubilaciones medias y más altas.

Como vemos, ambas propuestas son parecidas. Para un jubilado que cobra la mínima, ¿tiene algún sentido comparar el 7,5% de incremento que dio Fernández para septiembre, contra el 9,88% que hubiese correspondido con la ley de movilidad macrista? En el primer caso son 42 pesos más por día, en el segundo hubiesen sido 55,50 pesos. Como vemos, los peronistas y Cambiemos sólo administran la miseria para el pueblo trabajador al servicio de los pulpos acreedores y del FMI. Es justamente por esto que el verdadero debate no se hace, porque es rechazado por el organismo imperialista. Lo que exige es más ajuste, y los jubilados somos sus víctimas preferidas. Lo había advertido el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, allá por julio, cuando afirmó que aceptar lo que los acreedores privados de deuda pedían significaba “tener que ajustar jubilaciones”. Pero igual les pagó.

El gobierno nacional, los gobernadores de todo signo político, la oposición patronal y la burocracia sindical van de la mano con esta política. Por eso vemos que se firman paritarias que son una vergüenza. Verdaderos acuerdos de rebaja salarial ante la inflación que no cesa y una devaluación que piden a gritos los grandes empresarios y las multinacionales.

Por lo dicho, y porque se calcula sin tener en cuenta la inflación, terrible flagelo para el pueblo trabajador y los jubilados, hay que rechazar la nueva fórmula que se está tramando. El 50% del índice Ripte es una trampa, ya que va en descenso por las causas que expusimos, las paritarias cierran a la baja o se congelan.

A esto debemos agregar que hay millones de trabajadores desocupados que dejaron de aportar y otros tantos que están en negro. Si agregamos la rebaja de los aportes patronales, claramente, la recaudación de la Anses está en retroceso.

Al ser un reajuste semestral, se produce un retraso que aleja en el tiempo la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo. Los jubilados perderemos más ante la inflación. Siempre le veremos la espalda.

Estamos en presencia de un nuevo recorte, esta vez “nacional y popular”. El gobierno de Alberto Fernández pretende con esta nueva fórmula de movilidad cumplir con los pagos de la deuda externa y seguir utilizando el dinero de los jubilados para subsidiar a las multinacionales y vaciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para favorecer a los bancos y los grandes especuladores.

Desde Izquierda Socialista rechazamos este nuevo ataque a los jubilados y decimos ¡basta de robo! Plata para jubilaciones, no para la deuda. Que se restituyan todos los aportes patronales eximidos desde la época de Menem-Cavallo. Exigimos un aumento de emergencia para que ningún jubilado cobre menos que la canasta de la tercera edad, que se apliquen las fórmulas indexatorias que corresponden y el 82% móvil de acuerdo con el salario en actividad.

Escribe Guido Poletti

El gobierno peronista de Alberto Fernández continúa su ronda de reuniones con las distintas patronales y en cada una avanza otorgando más prebendas. 

Esta vez fue el turno del Consejo Agroexportador Argentino, un agrupamiento relativamente nuevo de patronales vinculadas al complejo monopólico exportador. La reunión estuvo presidida por el ministro de Economía, Martín Guzman, aunque contó también con la presencia de la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco; los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. En representación del consejo asistieron el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; el coordinador de la Mesa Nacional de las Carnes, Dardo Chiesa; el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idigoras; la presidenta de Bodegas Argentinas, Patricia Ortiz, y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.

Los privilegios para el sector, que se acordó que serán votados en una ley particular en el Congreso, llevan el pomposo nombre de “medidas de incentivo para el sector productivo” o “estrategia nacional agroalimentaria”. Ya tuvieron un anticipo a principios de octubre con la rebaja de las retenciones como incentivo para la mayor liquidación de divisas. Los empresarios, siguiendo toda una tradición de comportamiento, agradecieron la medida, aclarando que no era suficiente y que “se necesitaba más” y, por supuesto, luego no liquidaron las divisas prometidas. 

Eso no impidió que continuaran avanzando con las resoluciones de esta denominada “mesa de trabajo”. Ahora se anuncian progresos en la negociación. Más reducciones de impuestos para estas patronales, ya no solo en retenciones, sino en ganancias, bienes personales y aportes patronales, “lluvia” de subsidios para el sector, el aparato del INTA al servicio privado de estas empresas y vía libre para importar todo lo que necesiten sin ningún límite ni control. Un programa, sin dudas, que les permita seguir incrementando sus superganancias. Toda una foto acerca de para quién está gobernando el Frente de Todos.