Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno acaba de imponer un impuestazo de 35% sobre el valor del dólar ahorro. El objetivo es limitar, o directamente impedir, la compra mensual de 200 dólares a que apelaban muchos trabajadores o sectores de clase media baja para no seguir perdiendo poder adquisitivo. Esta medida llevó a que el dólar alcance los 130 pesos, lo que significa una nueva devaluación, con la consiguiente consecuencia de suba de precios de los productos de primera necesidad (más inflación) y una nueva pérdida en los salarios, las jubilaciones y los planes sociales que acrecentarán la pobreza y la miseria.

A su vez, la disposición prohíbe directamente adquirir esos dólares a quienes son beneficiarios de programas sociales (IFE y AUH), tengan préstamos hipotecarios UVA y a cientos de miles de monotributistas, entre otros. El gobierno dice que esta medida va contra los especuladores. ¿Son especuladores quienes cobran una asignación por hijo o un miserable IFE de 5.000 pesos mensuales? Es una barbaridad. La única verdad es que es otro manotazo de ahogado para reservar los dólares y seguir pagando la deuda externa, cumplir con el FMI y subsidiar a las patronales. 

También está la restricción de la divisa para la cancelación del 60% de las deudas privadas de las grandes empresas, las que tendrán que usar dólares propios. Esto ya generó críticas del sector empresario, que se vale del Estado como garante para sus propios negocios. Es decir que plata hay, solo que este gobierno la usa para salvar a los capitalistas.

El gobierno justifica el nuevo cepo diciendo que es para “poner límite a la sangría de reservas internacionales”. Pero decir que un trabajador, un beneficiario de un plan social o un monotributista están provocando una “sangría” de dólares es una aberración absoluta. Como hemos dicho en un comunicado al conocerse la noticia, “la sangría se produce por los 4.500 millones de dólares que el gobierno pagó de deuda externa desde que asumió y la fuga de capitales que sigue permitiendo”. Los grandes ganadores son los bancos y los especuladores de verdad, como los bonistas que recibieron una mejora de pago de 15.000 millones de dólares, o el FMI, a quien se le va a pagar una deuda de 50.000 millones de dólares que el pueblo no vio.

Faltan dólares, ¿quién se los lleva?

Que el problema no es el “dólar ahorro” no solo lo decimos desde la izquierda, sino hasta funcionarios del propio gobierno. Un informe de Claudio Lozano (director del Banco Nación y miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas) desmitifica la campaña de que “faltan dólares”, diciendo: “Si hay algo que no se puede decir hoy es que Argentina transita un momento de escasez de dólares. Quien no tiene dólares hoy es el Banco Central”. Y afirma: “Argentina tiene dólares, ya que terminó 2019 con un saldo comercial de unos 15.900 millones de dólares, y el de este año se proyecta cercano a los 17.000 millones. Pero ocurre que los dólares que la Argentina acumuló en 2019 se fueron en concepto de pagos de deuda y fuga de capitales” (Página/12, 18/9). Y agrega que por el denominado “dólar ahorro” solo salieron entre enero y julio de este año 1.826 millones de dólares, mientras que el saldo comercial favorable de Argentina es de 9.563 millones de dólares, pero solo ingresaron 2.865 millones de dólares menos por la no liquidación de los mismos dólares por parte de los exportadores. Es decir, se los quedaron ellos.

El texto asevera que “la otra gran causa del consumo de divisas ha sido el pago de deuda por intereses y capital, tanto pública como privada. Entre enero y julio se fueron 4.789 millones de dólares por intereses y se canceló capital por 4.276 millones. Es decir, 9.065 millones de dólares se los llevó el endeudamiento”. Conclusión, el problema no es el dólar ahorro, es la aspiradora de dólares por deuda pública y privada (9.065 millones de dólares) y la no liquidación de los exportadores (3.267 millones de dólares). Por estos conceptos se fueron 12.332 millones de dólares, por la “fuga del dólar ahorro” apenas 1.826 millones.

A esto tenemos que agregar la tremenda evasión de dólares en las maniobras del comercio exterior donde un puñado de monopolios transnacionales tienen el dominio absoluto de nuestras exportaciones, y las enormes bicicletas de los bancos, los grandes ganadores con este gobierno.

Que el gobierno use esta medida para decir que está atacando a los especuladores y que de esta manera privilegia “el trabajo y la producción” es una gran mentira, como parte de su acostumbrado doble discurso. Dice esto mientras sigue subsidiando a las patronales con el pago de la ATP (50% del salario por parte del Estado), el agronegocio y rebajando salarios.

Esta devaluación es un mayor ajuste para el pueblo trabajador. Desde Izquierda Socialista decimos que hay que castigar a los verdaderos especuladores, cortándoles el chorro del festival de dólares a los bancos, los exportadores, los bonistas de la deuda, los fondos de inversión, las multinacionales y el FMI. Y a todos los que se valen del gobierno y usan las maniobras que les permiten evadir, especular, fomentar devaluaciones y la fuga de capitales en una completa impunidad.

Decir que los problemas de la economía se generan porque “faltan dólares” es para tapar que los billetes verdes están, pero se los llevan ellos. Para evitarlo, es necesario nacionalizar la banca (para terminar con la actual especulación cambiaria y tomar el control de todo el dinero circulante en beneficio del pueblo trabajador) y el comercio exterior (para que sea el Estado quien decida y maneje las exportaciones y las importaciones) y de ese modo librarnos de que los dólares se los apropien multinacionales del sector, una parte esencial del mecanismo por el cual se llevan nuestras riquezas. Y, fundamentalmente, dejar de pagar una deuda usurera e ilegítima para que los dólares se queden en el país y se inviertan en un plan económico obrero y popular que reactive la economía.

Escribe Adolfo Santos

La situación económica y social está cada día más insoportable para la clase trabajadora y los sectores populares. A la pérdida del empleo, las suspensiones, los salarios congelados y a las limitaciones de los cuentapropistas para realizar servicios, se suma una inflación altísima. Pese a la baja del consumo provocada por la creciente pobreza, en agosto alcanzó 2,7%, lo que pronostica una inflación anual mayor a 40 por ciento. Eso en el mejor de los casos, porque la devaluación del peso y la suba de los combustibles presagian nuevos aumentos. Son números superiores a los previstos por el gobierno peronista, cuya principal preocupación no es atender esta situación desesperante, sino las exigencias de los usureros internacionales, como está haciendo ahora con el FMI.

Mientras los sectores populares se hunden en la miseria, con ingresos cada vez más distantes del real costo de vida, no se vislumbran medidas del gobierno para resolver esta tragedia. La pandemia contribuye, pero la crisis económica viene de antes y el actual gobierno del Frente de Todos no ha hecho nada sustancialmente diferente del anterior para resolverla. La tarea central ha sido atender las demandas de los grandes empresarios y hacer buena letra con los acreedores de la deuda. No solo no castigaron a las empresas que despidieron o suspendieron trabajadores, sino que les otorgaron beneficios impositivos, congelaron las paritarias y las ayudaron a pagar los salarios. Y ahora esperan las nuevas órdenes del FMI. Ese es el verdadero programa económico del gobierno.

Mientras tanto, los que sufren las calamidades que genera la pandemia son los trabajadores y los sectores “más vulnerables” por esta crisis. A ellos, el gobierno de Alberto Fernández no les dedicó tiempo ni esfuerzos. El escenario en las periferias de las grandes ciudades es desolador, el mayor ejemplo de eso es el Gran Buenos Aires, un territorio gobernado durante décadas por el  peronismo en sus distintas variantes, donde la miseria crece de forma exponencial. Los datos ofrecidos por la UCA (Universidad Católica Argentina) son alarmantes: el 10,3% de los argentinos es indigente, el 14% pasa hambre, el 44,7% es pobre y la cifra escala dramáticamente a 62,9% cuando se trata de niños. Pero estos números no son sólo estadísticas, son personas que no tienen ninguna perspectiva porque este gobierno no les ofrece salida alguna.

Así no se puede vivir. ¡Aumento general de salario ya!

Es imposible seguir viviendo con salarios mínimos y jubilaciones inferiores a los 20.000 pesos, mucho menos con un IFE de 10.000, cobrado cada dos meses. Según el último informe de la comisión interna de ATE/Indec, “un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijxs (de 6 y 9 años) necesitó, en agosto de 2020, 72.707,40 pesos para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de 23.835,50 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 48.871,90 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”. Y aclara: “Las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas canastas de consumos mínimos”. No implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, por eso mismo ningún trabajador debería ganar menos que ese valor.

Estos estudios demuestran que las pérdidas salariales son enormes. Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad venimos reclamando un aumento de emergencia para recomponer el salario y que ninguna familia quede por debajo de la canasta mínima calculada por ATE Indec. Rechazamos los acuerdos salariales a la baja que varios sectores de la burocracia sindical vienen firmando a espaldas de los trabajadores. La dirigencia de la Unión Obrera Metalúrgica acaba de firmar un acuerdo por una suma fija no remunerada de 6.000 pesos durante seis meses. Además de ser muy inferior a la inflación, significa que no va a incidir sobre el aguinaldo ni sobre las vacaciones. Pero además, este acuerdo, rechazado por algunos sectores de base del gremio, contempla que las empresas en crisis se adecuen a los términos pactados, por lo que algunas ni siquiera van a pagar eso. Lo mismo acontece en el gremio mercantil, que acordó una suma fija de 5.000 pesos para los próximos seis meses. Coto, Carrefour y Disco, agradecidos con el burócrata Cavalieri.

Estos mismos sindicalistas traidores son los que, en vez de organizar la lucha, apoyan el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner con los bonistas de la deuda externa y las negociaciones con el FMI. Saben que esos acuerdos se pagan con el hambre y la miseria del pueblo trabajador. No hay ninguna posibilidad de salir de esta crisis, agravada por la pandemia, sin romper con el sistema financiero y el mecanismo de saqueo que representa la deuda externa. Exigimos un aumento general de salarios que cubra la canasta mínima y un IFE de 40.000 pesos. Para eso hay que suspender de inmediato los pagos de la deuda externa y aprobar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas presentado por el FIT-Unidad, que permitiría recaudar más de 15.000 millones de dólares.

Escribe José Castillo

El gobierno peronista de Alberto Fernández ha presentado su proyecto de presupuesto nacional 2021. Si bien, como todos los años, la denominada “ley de leyes” no es otra cosa que un gigantesco dibujo, este año tiene una importancia particular, fue revisado línea por línea por el FMI, como primer paso para la renegociación de la deuda con el organismo internacional.

El número más importante es el que ya había adelantado el ministro de Economía Martín Guzmán, la reducción del déficit fiscal del año próximo a 4,5% del PBI, desde el 8% de este año. Es importante que se entienda, y baje a tierra, de qué se está hablando: ese número “mágico” es exactamente el tributo al FMI. El gobierno de Fernández le garantiza al Fondo que reducirá el año próximo sus gastos en 1,6 billones de pesos (unos 16.000 millones de dólares). Este es, exactamente, el tamaño del ajuste, que será el más grande desde 2002.

Los “supuestos” del presupuesto

Una parte del presupuesto consiste en una serie de pronósticos, que siempre se calculan en forma optimista y normalmente no se cumplen. Por eso resulta importante resaltar que el propio gobierno reconoce que la economía caerá este año 12,1% y que el año próximo la recuperación sólo alcanzará al 5,5 por ciento. Como sucede siempre, lo más probable es que el crecimiento efectivo sea menor aún. Pero la pregunta es por qué se presupuesta un crecimiento tan débil. La respuesta es simple, el dinero que debería ir a reactivar la economía se va a destinar a pagar los vencimientos de deuda de 2021 y a generar los ahorros necesarios para los mayores vencimientos de los años siguientes.

Por supuesto, hay otros números que son más increíbles aún, como la proyección de que la inflación bajará el año próximo a 29% anual o que el dólar terminará el año que  viene en 102,4 pesos. Estos supuestos que, rápidamente serán sobrepasados por la realidad, son los que se utilizarán para discutir “recomposiciones” salariales con estatales, docentes y trabajadores de la salud el año próximo.

Los detalles del ajuste

Podríamos resumirlo en un solo número: la desaparición del 100% de los fondos dedicados a la pandemia. Las planillas del presupuesto 2021 plantean la total desaparición del IFE y las demás partidas que surgieron en el marco de la cuarentena del coronavirus. 

Pero no solo en los gastos sociales. Aun asumiendo el más que dudoso dato de que la inflación 2021 será de 29%, se recorta el presupuesto de salud 9,4 por ciento. Principalmente, por la eliminación de la partida especial destinada al Covid-19.

El gobierno “vende” un aumento del presupuesto educativo de 21% en términos reales. Claro que no dice que esto se calcula desde apenas el 1,3% del PBI, lejos, lejísimos, de los propios objetivos de la vieja ley de educación, que plantea que el mínimo debe ser 6 por ciento. Sin embargo, no debemos confundirnos, la educación inicial, primaria y secundaria dependen de las provincias, sobre las que se aplica el ajuste vía la reducción de las transferencias. La única responsabilidad directa del Ministerio de Educación, el financiamiento de las universidades, muestra un presupuesto “congelado” con respecto al presente año, lo que, inflación mediante, implica un fortísimo ajuste en términos reales.

El otro rubro que se quiere mostrar como “creciendo”, ciencia y tecnología (8,8% sobre la inflación proyectada), sin embargo sigue estando 37% por debajo de lo mínimo para recuperar el feroz ajuste que se efectuó desde 2015, con investigadores que perdieron hasta 50% de sus salarios.

Un rubro a destacar es que se reducen los subsidios a las privatizadas. ¿Es señal de menores privilegios para estas patronales? Al contrario, como está explicitado en el propio mensaje oficial que acompaña al presupuesto será reemplazado con la bandera de largada para toda una serie de tarifazos en los servicios de luz y gas.

Los pagos de deuda

El gobierno nos vendió que, con la renegociación de la deuda externa con los bonistas privados, el problema estaba resuelto. No es eso lo que muestra el proyecto de presupuesto 2021. Aun asumiendo que se renegocia y patea para adelante el total de la deuda con el FMI y el Club de París, para el año que viene estarán destinados 665.000 millones de pesos a pagos de vencimientos de deuda. Poniéndolo en perspectiva de comparación, es mucho más que todo lo que se destinará a Educación (492.000 millones), Salud (383.000 millones), Vivienda (151.000 millones), o Ciencia y Técnica (95.000 millones). Como viene sucediendo todos los años, con todos los gobiernos, sin excepción, otra vez los pagos a los usureros serán la partida más importante de nuestro presupuesto, llegando, en este caso, a 1,5% del PBI. 

¿Un presupuesto con “perspectiva de género”?

El gobierno dice que, por primera vez, se presentará un presupuesto “con perspectiva de género”. Cualquiera podría pensar que, a partir de esto, se visibilizarían las enormes necesidades pendientes para las mujeres y diversidades sexo-genéricas y, entonces, empezarían a aparecer los fondos para resolverlo. En nuestro caso, la pregunta concreta es ¿habrá mayores fondos para atender violencia de género o combatir la trata? ¿Se construirán más refugios para las mujeres que los necesiten?

Lamentablemente no es así. Por el contrario, acá nos encontramos frente al sumun del doble discurso. En una manipulación escandalosa, se afirma que el 15% del total de los recursos presupuestarios estará destinado a las mujeres y las diversidades, con un monto de 1,3 billones de pesos. Pero en realidad, lo único que se hace es un “maquillaje contable”. Se suman las partidas del IFE, la AUH e incluso las jubilaciones y luego se dice que, como la mayoría de quienes las perciben son mujeres, todo ese dinero estaría ya gastado en “perspectiva de género”. La realidad, en cambio, es que el único proyecto concreto que se plantea es el denominado Programa Acompañar, absolutamente insuficiente, por el que se destina un monto de 16.875 pesos por seis meses a personas en riesgo de situaciones de violencia de género,

Hace falta otro programa económico

El gobierno de Fernández puso arriba de la mesa su programa para 2021. Es el que le exige el FMI, y su prioridad es clarísima, priorizar a los acreedores por delante de las necesidades populares.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo rechazamos y repudiamos. Y decimos que tenemos que oponerle otro programa, obrero y popular, donde se prioricen las urgentes carencias en términos de salud, educación, vivienda, trabajo y salario, financiado con un verdadero impuesto a las grandes riquezas y con la suspensión inmediata de todo pago en concepto de deuda externa y la ruptura con el FMI. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El 20 de marzo se inició la cuarentena en la Argentina. Durante varias de las semanas iniciales todas las tardes se homenajeaba al personal de la salud aplaudiendo desde los balcones. Seis meses después no hubo más “aplausazos”, pero sí palazos. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires agredió a bastonazos en la cabeza a una delegación de enfermeras que intentaba presentar un petitorio en la Legislatura porteña para que se las reconociera como profesionales de la salud. ¿Qué pasó en estos 180 días? Simplemente que los trabajadores de la salud se cansaron de sostener con su salud, sus muertos y su extenuación la lucha contra la pandemia y dijeron “así no seguimos”.

Una jornada de lucha autoconvocada

El 21 de septiembre comenzó la primavera y también es el Día de la Sanidad, motivo por el cual enfermeras y enfermeros eligieron esta fecha para autoconvocarse y realizar una gran jornada nacional de lucha. En todas las provincias, la enfermería fue el motor y el alma de una multitudinaria protesta que sumó también a gran parte del resto de los integrantes de los equipos de salud. En Buenos Aires, miles marcharon desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo. La pacífica concentración tuvo un epílogo cruento cuando la policía del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de Cambiemos, secundada por un grupo de matones de civil, la emprendió a los palazos contra las enfermeras. Policía, dicho sea de paso, que no hace todavía un año dejó con la cabeza sangrando a médicos residentes que también reclamaban frente a la Legislatura.

La pandemia ha golpeado duramente a todo el personal de salud, pero más a la enfermería, que aporta la mitad de los contagiados del equipo de salud y más de la mitad de sus muertos. Obligada al pluriempleo por los bajos salarios, agotada por la sobreexigencia de la pandemia dada la ausencia de incorporaciones de nuevos trabajadores, maltratada por los gobiernos peronistas, radicales y de Cambiemos, así como también por las patronales de los sanatorios privados que no reconocen el carácter profesional de su desempeño; abandonada por los sindicatos del ramo, ya sea de la CGT como de las CTA, finalmente, la enfermería dijo ¡basta! y salió a la calle a hacer sonar sus reclamos.

Una pandemia que no deja de extenderse

Alberto Fernández y los gobernadores peronistas, radicales y de Cambiemos practican el doble discurso, aconsejan a la población cuidarse mientras ellos aflojan las medidas de contención de la circulación del virus. La pandemia, entonces, no cesa de extenderse, hubo más de 150.000 casos en los últimos catorce días, con lo cual el acumulado de contagios confirmados se incrementó en ese corto lapso 35%, un verdadero récord.

Gran parte de este incremento se debe a la expansión del virus en el interior del país, de donde surgen hoy en día la mitad de los contagios. Santa Fe, Mendoza, Salta y Neuquén son las principales provincias afectadas por la epidemia. En el AMBA hay indicios de que la curva de contagios comenzó a estabilizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que no aumentan los contagios diarios, pero no bajan, se siguen produciendo a un número todavía muy elevado. Maliciosamente, tanto Larreta, de Cambiemos, como Kicillof, del Frente de Todos, omiten decir esto último para generar la ilusión de un alivio en la pandemia y poder continuar con el levantamiento de la cuarentena cuando, en realidad, sigue creciendo el número de contagiados y, lo que es peor, el de las muertes.

La lucha de los trabajadores de la salud es también por la salud pública

La lucha salarial de los trabajadores de la salud de Misiones sacó a la luz hasta dónde puede llegar la destrucción de la salud pública cuando se aplican las recetas del Banco Mundial y el FMI. La mayor parte del presupuesto de salud provincial va a manos de una gerenciadora privada y la parte menor se distribuye entre todos los hospitales y los centros de atención primaria de la provincia, que son los que atienden a la mayoría de la población. Entregado por la conducción de ATE y UPCN, el personal de salud ha perdido conquistas históricas, como la estabilidad que ha sido sustituida por distintas modalidades de relación laboral, todas precarias, y han llegado a salarios de miseria. Por eso, los trabajadores se han autoconvocado por fuera de los gremios y sostienen una lucha salarial.

Esta lucha de los misioneros, que es parte del descontento generalizado del personal de salud en todo el país, fue antecedente inmediato de la gran movilización nacional del 21S. Como la de la provincia mesopotámica, esta movilización se hizo al margen de los sindicatos tradicionales que han entregado sistemáticamente a sus representados. Es necesario continuar realizando asambleas en los lugares de trabajo, creando instancias de coordinación locales y nacionales para darle batalla a los planes de ajuste de Alberto Fernández y de los gobernadores peronistas, radicales y de Cambiemos. Por aumento de salarios, por más medidas de protección personal, por licencias a los trabajadores en riesgo y testeos masivos. Lucha que deberá extenderse a la exigencia de un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Escribe Diego Martínez

Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández se reunieron el viernes pasado para delinear los trazos de la continuidad de la cuarentena. Coinciden en “no romper el diálogo”, pero esta vez no hubo conferencia de prensa conjunta. Sigue la disputa por los fondos entre la Nación y la CABA. Rodríguez Larreta, de Cambiemos, hizo una presentación en la Corte Suprema, aunque en realidad confesó que busca llegar a un acuerdo sobre este tema con el presidente. El gobierno peronista, por su parte, le dio continuidad a la disputa por intermedio de las declaraciones de su ministro del Interior, Wado de Pedro, quien afirmó: “Si este decreto es inconstitucional, entonces también lo fue el que firmó Mauricio Macri a poco de asumir, que casi triplicó arbitrariamente los fondos que recibía el gobierno porteño de Cambiemos con el supuesto objeto de sostener el traspaso de la Policía Federal a la ciudad” (Página/12, 12/9/2020).

Más allá de esta disputa entre los dos partidos patronales, lo cierto es que el problema de fondo es otro. 

¿El problema es la mala distribución del presupuesto?

El gobierno del Frente de Todos viene planteando que su postura refleja un acto de “federalismo y justicia social”. Le estaría quitando fondos al distrito más rico del país para “favorecer a la mayoría de los argentinos”. Se trata de una simple mentira. Los fondos que el gobierno sacó de la Ciudad no fueron utilizados para fortalecer al sistema de salud en todo el país frente a la pandemia ni para impulsar la construcción de viviendas populares frente al enorme déficit habitacional que se evidencia en la Argentina, sino que fueron destinados a financiar el aumento salarial que le otorgó a la policía bonaerense y que le niega al personal de salud, a los estatales y los docentes. Esta pelea “en las alturas” no es para para dar repuestas a las enormes necesidades populares que existen en el país de conjunto. No se trata de enfrentar a una provincia con otra ni de reeditar viejas disputas entre unitarios y federales. Hay provincias más pobres que otras, pero las necesidades del pueblo trabajador existen en todos lados, inclusive en la CABA, donde hay decenas de villas miseria y asentamientos. El gobierno peronista habla de “equilibrar” la situación repartiendo mejor el presupuesto, pero ese equilibrio no es para que todos vivamos mejor sino al revés.

La miseria que sufren amplios sectores de trabajadores y sectores populares es la consecuencia de la implementación de un modelo económico capitalista que beneficia a las multinacionales, los bancos, las grandes empresas nacionales y el FMI. En lo que va del año, según cifras oficiales, se destinaron más de 4.500 millones de dólares para el pago de deuda externa, más del doble de lo asignado para salud. En los próximos días se tratará el presupuesto 2021 en el Congreso y, tal como denunciamos de forma extensa en otro artículo de esta edición de El Socialista, se prevé bajar el déficit fiscal a 4,5%, siendo que este año el déficit será del 8 por ciento. Para llegar a esa meta el gobierno tiene que aplicar un enorme ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores y los sectores populares.

El peronismo lleva gobernando veinticuatro de los últimos treinta años el país y la desigualdad social siguió agravándose. El problema de fondo no fue la mala distribución de recursos entre las provincias, sino la política aplicada por estos gobiernos patronales, sean peronisas, radicales y de PRO, que nunca cambiaron la estructura económica impuesta en el país por el imperialismo yanqui y que se profundizó con la última dictadura militar de 1976. Esta estructura está basada en el saqueo del país de la mano de las multinacionales y en la concentración de grandes grupos capitalistas nacionales que se adecuaron a los planes imperialistas. En las últimas décadas gobernaron distintas variantes del peronismo, con distintos discursos y matices entre sí, pero ninguno de estos gobiernos, incluido el peronismo kirchnerista, cuestionó la estructura económica impuesta a sangre y fuego con la represión de los militares y la complicidad de radicales y peronistas. Los grandes ganadores de este modelo económico capitalista que se apropian de la riqueza generada por los trabajadores son los bancos, las empresas agroexportadoras y los grupos concentrados, que quedan, de la industria nacional.

El gobierno usa su doble discurso para confundir a los trabajadores y sectores populares queriéndoles hacer creer que el principal problema es que hay una desigual distribución del presupuesto por culpa de la “derecha” y que entonces debemos apoyar al gobierno del Frente de Todos, que pelea contra este sector para lograr una distribución más “equilibrada”. Pero en realidad el centro del problema es que el gobierno peronista fija prioridades que nada tienen que ver con resolver las urgentes necesidades del pueblo trabajador y sí con los intereses de los grandes empresarios y las multinacionales.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad proponemos un modelo económico totalmente opuesto, al servicio de los trabajadores y no de los grandes empresarios. Para acabar con la miseria y las grandes necesidades sociales y enfrentar la pandemia, hay que romper los lazos que nos atan al FMI y el imperialismo, dejando de pagar la ilegal, ilegítima e inmoral deuda externa. Así como también imponer un verdadero impuesto a las grandes fortunas, medidas a tomar mientras seguimos la pelea estratégica por un gobierno de los trabajadores y una Argentina y un mundo socialistas.