Escribe Guido Poletti
El lunes 30 se realizó una reunión convocada en la Legislatura porteña para denunciar y repudiar la nueva ola de despidos en el Estado, y en particular los más de 50 correspondientes a la Secretaría de Derechos Humanos, afectando a los Centros y Espacios de Memoria. Hubo cesanteados en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el Consejo Federal de Derechos Humanos, el Centro Cultural Haroldo Conti, la dirección de Leyes Reparatorias, los sitios de memoria y el Archivo Nacional de la Memoria. En la reunión se hizo presente toda la bancada del Frente de Izquierda Unidad, compuesta por Mercedes Trimarchi (Izquierda Socialista), Gabriel Solano (PO), Alejandrina Barry (PTS) y Celeste Fierro (MST), destacando su solidaridad irrestricta con las y los trabajadores despedidos y la defensa y preservación de todos los sitios de Memoria del genocidio de la dictadura.
Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
29/6/24
Nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer, de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, al asumir su banca el pasado jueves 27 de junio juró “por los niños, las niñas, las mujeres y el pueblo palestino que resisten el genocidio del Estado de Israel”. Esto desató una sucia campaña tildándola de antisemita. Campaña orquestada por el sionismo y parlamentarios del PRO, la cual alcanzó a su vez a la diputada Vanina Biasi (PO-FIT Unidad) quien también juró por la causa palestina.
La diputada del PRO, Sabrina Ajmechet, presentó un Proyecto de Resolución contra Schlotthauer por acusar “a Israel de genocidio, de fascista y de apartheid”, catalogando a esta definición política como “antisemitismo”. Por otra parte, la Organización Sionista Argentina (OSA), repudió a las diputadas del Frente de Izquierda porque aludieron “a un falso genocidio en Palestina”. “No hay ningún fundamento serio en el que pueda sustentarse una acusación de genocidio en la Franja de Gaza”, señaló.
¿Pero cómo? ¿No hay genocidio en Gaza? Para los defensores del sionismo no sería genocidio el asesinato en masa de la población civil (40.000 niñas, niños, mujeres y hombres palestinos). Más de 10.000 mujeres han perdido la vida en Gaza y decenas de miles -incluyendo niñas- han quedado heridas o amputadas (fuente ONU Mujeres en Palestina-Maryse Guimond). El 86% de las escuelas han sido destruidas y un 75% toma agua contaminada, entre otras barbaridades.
No solo lo decimos desde la izquierda. Sudáfrica presentó en diciembre de 2023 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de genocidio con el apoyo de decenas de países y hasta de un diputado del parlamento israelí. El ex director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Craig Mokhiber, dice que hay “un genocidio de manual”. Esto se suma a que los gobiernos de Bolivia y Colombia rompieron relaciones con Israel y el gobierno de Chile retiró a su embajador, mientras Armenia amplió a 145 el número de países que han reconocido al Estado Palestino, lista a la que recientemente se han sumado el Estado Español, Irlanda, Noruega y Eslovenia.
La mencionada organización sionista OSA dice que “el antisionismo es una forma de antisemitismo”. ¡Mentira total! Ser antisionista no es ser antisemita. Es la condena a la conducción política del Estado genocida de Israel que desde hace más de 75 años usurpó las tierras palestinas con una política de colonización que sigue hasta nuestros días.
La acusación de antisemista es absurda. Nuestro partido Izquierda Socialista repudia y combate toda expresión racista contra el pueblo judío. Nos opusimos al nazismo y denunciamos el Holocausto. En Argentina tenemos desaparecidas y desaparecidos bajo la última dictadura militar.
Con esta campaña mentirosa el sionismo y sus voceros intentan ocultar que están haciendo contra el pueblo palestino lo mismo que hizo el nazismo contra el pueblo judío.
La campaña contra Schlotthauer y nuestro partido -como antes se hizo contra mi persona siendo diputado nacional en 2021 y nuestra legisladora Mercedes De Mendieta en CABA en 2023-, va no solo contra la izquierda sino contra quien defienda la causa palestina. De esta manera, si alguien critica al gobierno de Israel y a sus crímenes de lesa humanidad, estaría cometiendo un delito de antisemitismo. Algo completamente absurdo.
Repudiamos este ataque del sionismo y de las y los diputados del PRO contra las bancas del FIT Unidad mientras el ultraderechista Milei viajó a Israel a abrazarse con el genocida Netanhuau y con la complicidad del PRO y otros políticos patronales acaban de aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal que redoblan las políticas antiobreras y de entrega a las multinacionales y al imperialismo.
No nos van a amedrentar. Vamos a seguir defendiendo lucha histórica por una Palestina Libre del río al mar. Por el derecho de judíos y palestinos a vivir en paz en la región, sin persecuciones étnicas ni religiosas, luchando por una Palestina única, laica, democrática y no racista.
Llamamos a las diversas organizaciones y personalidades que defienden la causa palestina a repudiar esta calumniosa campaña sionista.
Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad
Tras la aprobación en el Senado de la Ley Bases, en medio de una feroz represión, los especuladores del mercado se mostraron eufóricos: al día siguiente hicieron bajar los dólares blue y CCL, subir los bonos y acciones y bajar el riesgo país. El FMI aprobó la inspección del ajuste del programa en curso y liberó los 800 millones de dólares pendientes. ¿Por qué pasó todo esto? Simple y sencillo: porque el gobierno de Milei cumplió con lo que era una exigencia del FMI, del capital financiero internacional y de las patronales: dar una “señal” de que es capaz de hacer pasar el ajuste, haciendo aprobar alguna ley.
¿Qué quedó de la Ley Bases?
La Ley Bases original, aquella que contenía más de 600 artículos y que legislaba sobre lo humano y lo divino (por eso se la llamaba Ley Ómnibus), buscando quitarle de un plumazo todas las conquistas laborales a los trabajadores, hasta el mero derecho a huelga; que proponía privatizar más de cuarenta empresas públicas; que le daba a Milei facultades delegadas por tres años, lo que implicaba que casi todo su mandato podía actuar virtualmente “cerrando” el Congreso, cayó sin pena ni gloria en febrero pasado producto por un lado de la movilización que se vino dando casi desde el comienzo del gobierno de La Libertad Avanza y también de la propia crisis en el seno de los partidos patronales.
El nuevo proyecto enviado por el gobierno de Milei en marzo se presentó como muchísimo más reducido (un poco más de 200 artículos). Para que nadie se confunda, es igual de reaccionario que el anterior. Esto es lo que terminó siendo aprobado en Diputados con unas cuantas modificaciones. Y que volvió a reducirse en el Senado con otras tantas. Algunas de las importantes: desaparecieron las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y el Correo y se quitó todo el capítulo de jubilaciones. Eso fue lo que se aprobó, con fórceps, en el Senado el miércoles pasado. Agreguemos que la ley fiscal que venía adosada también sufrió modificaciones importantes, el gobierno no logró hacer pasar la reposición del impuesto a las ganancias sobre los salarios y tampoco la modificación de Bienes Personales, que favorecía escandalosamente a los ricos.
Federico Sturzenegger, el redactor, tanto del proyecto original como del actual de la Ley Bases, no dejó dudas: “ahora saldrá lo que podamos, después iremos por el resto con nuevas leyes”. Por eso transaron con peronistas para lograr el último impulso.
Milei en los últimos días pareció desentendido de las negociaciones de último momento y de la modificación o eliminación de tal o cual artículo. El único interés del gobierno era “que se apruebe algo”. Es que el gobierno de La Libertad Avanza ostentaba un auténtico récord, en seis meses no había logrado aprobar una sola ley.
Esto era lo que le reclamaba el FMI, los capitales financieros internacionales y las grandes patronales locales. Es que todos desconfiaban (y siguen desconfiando, más allá de este triunfo parcial del gobierno) de la capacidad de Milei para seguir avanzando con el ajuste y realizar las reformas estructurales que le reclaman (flexibilización laboral, reforma jubilatoria, achicamiento del estado vía reforma fiscal, privatizaciones), sin que a la vez todo termine en una crisis política y social. Por eso le reclamaban al gobierno, “un gesto” de que era capaz de mostrar “sustentabilidad política”, logrando, al menos, aprobar esta ley reducida, pero no menos antipopular.
Milei sabía que, mientras más se demoraba la aprobación de la Ley Bases, crecía la desconfianza de los propios empresarios, del mismísimo imperialismo yanqui y del establishment económico internacional sobre la capacidad política del gobierno ultraderechista. Por eso en las últimas semanas, había comenzado a subir el índice de “riesgo país” (la sobretasa que debería pagar la Argentina si intentara tomar más deuda), se “despertaron” los dólares alternativos (CCL y blue) y cayeron las cotizaciones de los bonos de la deuda de nuestro país.
Ahora, con la aprobación y la demostración del gobierno de que tiene “fortaleza” incluso para reprimir, manda una señal y el Fondo y los especuladores internacionales le responden con un guiño, haciendo subir los bonos y acciones y bajando el riesgo país y el dólar. Por supuesto que esto es (como tituló una nota del diario Clarín), apenas “las 24 horas de gloria” del gobierno. El propio FMI, al mismo tiempo que aprobaba las metas de ajuste alcanzadas, volvió a expresar sus temores acerca de la “sustentabilidad política y social” del ajuste. O sea, siguen las dudas de cómo termina la pulseada, en concreto, si las y los trabajadores y sectores populares lograrán derrotar el plan de Milei. Porque eso es lo que determina todo.
La Ley Bases volvió a Diputados y veremos qué pasa. Pero lo más importante es que el pueblo trabajador logre avanzar en la pelea para tirar abajo el plan de ajuste de Milei en su conjunto. Para eso, hoy más que nunca, tenemos que exigirle a la CGT y las CTA que lancen un nuevo paro nacional, de 36 horas y un plan de lucha para seguir la pelea.
El peronismo que transó
Senadora Lucila Crexell
Para lograr la aprobación de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) del gobierno ultraderechista de Milei tuvo que existir el apoyo de un sector del peronismo que transó.
La senadora Lucila Crexell de Santa Cruz, recibió la embajada ante la Unesco. Los dos senadores (también de Santa Cruz) que amenazaron con no dar quórum, pero terminaron sentándose y levantándose para la votación artículo por artículo, lo que permitió el empate y desempate de Villarruel, recibieron la suba del 3 al 5 por ciento en las regalías que el Estado provincial recibe de las empresas mineras.
A “Camau” Espínola, senador por Corrientes, “le tocó” un lugar en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Y el entrerriano Edgardo Kueider “se llevó” alguno de los tres cargos del directorio de la empresa binacional Salto Grande que oficializó el Decreto 523/2024 del día siguiente a la sesión del Senado.
Incluso, hubo senadores peronistas; como Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Eduardo Andrada (Catamarca); que votaron el RIGI que favorece el saqueo total de las riquezas naturales.
Y la CGT, ante una votación con paridad, en lugar de llamar a movilizar, brilló por su ausencia cómplice. Como señaló Andrés Rodríguez de UPCN: “Fuimos negociando con el gobierno.. Así que no tenemos que movilizar.. y respetar lo que se vote en el Congreso Nacional”.
Aunque ahora se rasguen las vestiduras algunos referentes de Unión por la Patria (UP), este tipo de maniobras, como la histórica Banelco del menemismo, son parte de la política corrupta y pro-patronal que lleva el peronismo.
Los gobiernos peronistas-kirchneristas nunca tocaron a los monopolios exportadores (Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera), pactaron con las mineras (Barrick Gold), con Chevron y otras multinacionales del petróleo para Vaca Muerta y jamás reestatizaron la energía, los teléfonos o los puertos.
En el documento sobre la Deuda Externa de Cristina Kirchner trata de desligarse del acuerdo con el FMI del último gobierno, del que fue parte con Alberto Fernández, abrió la necesidad de una reforma laboral, el debate para que se acepten algunas privatizaciones y justificó la alianza pública-privada. Por todo esto, la dirigencia peronista no ofrece una salida para el pueblo trabajador. Tenemos que seguir fortaleciendo a la única alternativa política que llama a enfrentar decididamente el plan siniestro de Milei, el Frente de Izquierda Unidad, que pelea por un programa económico alternativo obrero y popular.
El gobierno logró hacer pasar la Ley Bases en el Senado tras una larga jornada que contó con miles frente al Congreso y una feroz represión. Dio un paso adelante pero endeble, parcial, ya que el proyecto todavía no está aprobado y debe volver a Diputados.
El gobierno recién logró un resultado favorable tras el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con regalos de embajadas y múltiples arreglos con los gobernadores de por medio.
La Ley sale “machucada”, con un gobierno que tuvo que hacer enormes concesiones en el tema de privatizaciones, jubilaciones, etcétera. (ver nota página centrales). Su desesperación por “aprobar algo” se debió a la exigencia que le viene haciendo el FMI. Es decir, que el brutal ajuste tenga algún viso de institucionalidad avalado por el Congreso.
Este paso parcial del oficialismo no puede esconder su inmensa debilidad (el propio Milei tuvo que retrasar la salida del avión para su enésimo viaje al exterior) y el repudio popular creciente. Más que nunca, queda claro que la lucha debe seguir. Los cacerolazos la misma noche en que se votó la Ley lo están mostrando. Además de reclamar la inmediata libertad de todos los detenidos por la represión desatada por Patricia Bullrich estamos exigiendo el plan de lucha nacional a la CGT y las CTA.
El gobierno de Milei sigue inmerso en una crisis política profunda que la aprobación de la Ley no revertirá. Además de sus internas que ya provocaron un récord histórico de renuncias de funcionarios que habían asumido en diciembre, florecen los escándalos. El más impactante es el de los alimentos no entregados por el ministerio de Capital Humano. En un país donde producto del super ajuste crece el hambre, la pobreza y la marginación social, lo sucedido es criminal. Sumándose a que en el mismo ministerio se han dado nombramientos “truchos” de funcionarios y distintos actos corruptos.
Lo que importa realmente al pueblo trabajador es que los salarios y jubilaciones se siguen licuando. Cínicamente el ministro Caputo ha dicho que en abril los salarios le ganaron a la inflación. Una mentira total que puede palpar cualquier trabajador al comprar los alimentos cotidianos. Tan insostenible que economistas del establishment como Melconián reconocen que es un dato falso. Los números que salen de los organismos oficiales dicen que estamos en medio de una feroz recesión, siguen cayendo las ventas, la producción, la construcción y por ende crecen los despidos.
El gobierno ultraderechista no la tiene fácil ni siquiera en su propio terreno. Hace un par de semanas empezó a subir el dólar, los bonos de la deuda externa caen en su cotización, crece el riesgo país. ¿Qué significan todas esas señales que surgen del propio riñón de los especuladores financieros? Que las grandes patronales, al igual que el FMI, ven crecer la bronca popular. Saben que es mentira el discurso oficial de que “ya pasamos lo peor y ahora empezamos a crecer en V”. Pronostican un larguísimo período de estancamiento, donde habrá más ajuste, y no tienen confianza en que el gobierno pueda contener la protesta social y política. Las mismas patronales, el capital financiero y el FMI son los que dicen que ven como hierve cada vez más esa caldera y se preguntan si el gobierno de Milei podrá resistir y continuar con su plan motosierra y licuadora. Ahí está la razón más profunda de su debilidad.
El peronismo, colocado como principal oposición patronal (por ser el bloque más numeroso en el Congreso, por su rol dirigente en la CGT y en las CTA), deja mucho que desear. Tres gobernadores peronistas les dijeron a sus senadores que voten la Ley Bases. Anteriormente, en la discusión de febrero en Diputados, ya habíamos visto como los peronistas de Tucumán vergonzosamente dieron su apoyo al oficialismo de Milei. Ahora, en la movilización por el tratamiento de la ley en el Senado, la CGT se negó a llamar oficialmente a movilizarse, priorizando “el diálogo”. Incluso el peronismo kirchnerista encuentra a Cristina Kirchner apoyando el nombramiento del juez Lijo para la Corte Suprema y Máximo Kirchner dice que todo lo que pasa es “culpa del gobierno de Macri” (lavándole la cara a Milei).
Atento a ello es que crecen las frustraciones de honestas compañeras y compañeros que viendo la necesidad de poner el acento en el enfrentamiento consecuente contra Milei, ven que la dirigencia peronista prioriza sus peleas internas en vistas a las próximas elecciones.
El desastre que ocasionó el gobierno anterior es el caldo de cultivo para que Milei conserve parte del apoyo popular atento a que un sector importante del pueblo trabajador argumenta que no quiere volver a lo que sucedió con Alberto, Cristina y Massa. Efectivamente, la dirigencia peronista no ofrece una salida para el pueblo trabajador.
Por todo esto tenemos que seguir fortaleciendo a la única alternativa política que llama a enfrentar decididamente el plan siniestro de Milei, que es el Frente de Izquierda Unidad. La mayor unidad de la izquierda que pelea por un programa económico obrero y popular, opuesto al gobierno actual y a los anteriores. Que rompa los lazos con el FMI, deje de pagar la deuda externa, imponga fuertes impuestos a los grandes empresarios y multinacionales, nacionalice la banca y el comercio exterior y reestatice las privatizadas bajo control obrero. Poniendo todos esos recursos estratégicos al servicio de resolver las urgentes necesidades populares. Pelea de fondo que seguimos dando, mientras le exigimos a la CGT y a las CTA el paro de 36 horas para derrotar el plan motosierra represivo de Milei, Patricia Bullrich y el FMI. Llamando a fortalecer al sindicalismo combativo y a Izquierda Socialista para dar estas peleas.
Escribe Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad
La votación en general empató en 36 votos y tuvo que desempatar la vicepresidenta Villarruel. La ley sale con importantes modificaciones. Ahora vuelve a Diputados. El gobierno enarboló la campaña de un “golpe de Estado” para justificar una feroz represión ante una gran movilización frente al Congreso a pesar de que la CGT no convocó unificadamente a marchar ni fijó un paro para ello. La lucha continúa contra la Ley Bases y esencialmente contra todo el plan motosierra de Milei y el FMI.
Milei salió a decir que la reñida votación en el Senado es “histórica”, un “gran triunfo” y un primer paso “hacia la recuperación de nuestra grandeza” por la senda de la “prosperidad y el crecimiento”, llamando a firmar un nuevo pacto de Mayo (tras el fallido del pasado 25 de Mayo) para “sacar a la Argentina del pozo”. Nada de eso ocurrirá, ya que la Ley Bases es para lo opuesto.
Si bien es cierto que el gobierno logró un primer logro con el voto de la Ley en el Senado, lo hace ante un creciente repudio popular, como se vio con miles en la Plaza Congreso y otras provincias donde hubo marchas importantes, como los 15.000 movilizados en Neuquén, entre otros lugares. Logró que se diera en medio de una importante crisis política del gobierno, renuncias de sus ministros y funcionarios y graves acusaciones ante una evidente corrupción “libertaria”, en especial en el ministerio de Capital Humano de Pettovello.
En primer lugar, recordemos que la Ley Bases que se aprobó es un rediseño de la Ley Ómnibus originaria que cayó meses atrás tras el primer paro general de la CGT del 24 de enero. Tampoco es la misma ley de semanas atrás. El gobierno ha tenido que retirar varias de sus disposiciones (cayeron las privatizaciones de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos; no habrá quita de la moratoria jubilatoria; se prohibió disolver organismos vinculados a la cultura; se quitaron distintas disposiciones que beneficiaban a los grandes capitales-RIGI), entre otras.
Segundo, el gobierno ha tenido que apelar a lo peor de las prácticas de lo que denomina “la casta política” (es decir, las roscas a la que nos tienen acostumbrados los políticos patronales y ahora aplica el mentiroso Milei tildándose de “nuevo”). Tuvo que comprar votos, como el de la senadora de Neuquén, Lucila Crexell, a cambio de un oneroso cargo en la Unesco en París, entre otras maniobras repudiables.
Tercero, la ley sale en una jornada teñida de una feroz represión, con un salvaje despliegue de fuerzas represivas, carros hidrantes, gases y balas de goma, incluso una Prefectura portando armas de fuego, represión que el gobierno intenta justificar mediante una falsa campaña diciendo que los manifestantes son “terroristas y golpistas” (ver nota).
A su vez, el gobierno logró esta votación con la complicidad de los políticos patronales amigos, especialmente de los radicales y otros bloques, que incluye a Lousteau, el que habilitó el quórum para que salga la Ley (ver recuadro). Políticos que le tiraron una soga al gobierno en nombre de la “gobernabilidad”, caso contrario, otro traspié hubiera acrecentado su crisis y agravado sus problemas en seis meses de gobierno sin contar aún con ninguna ley.
Muchas compañeras y compañeros luchadores podrán sentir como un trago amargo el hecho de que no se haya podido impedir la votación. Es lógico. Porque la Ley, aunque deshilachada, aprobó las facultades delegadas a Milei, la reforma laboral, le da aval para seguir despidiendo empleados estatales, entre otras disposiciones antiobreras y antipopulares. Sin embargo, no podemos considerar que se trata de una grave derrota para el movimiento obrero, o que de ahora en más el gobierno se fortalece de tal manera que va a hacer lo que quiera. No es así. Muchas veces se han votado leyes perjudiciales que después los gobiernos no han podido aplicar en su totalidad ante la resistencia obrera y popular. Todo dependerá del enfrentamiento que siga habiendo de ahora en más, ante un crecimiento en las luchas que se viene sosteniendo a lo largo de todos estos meses.
La marcha del 12 de junio ha sido muy importante. Hubo miles y miles frente al Congreso desde tempranas horas. Pero si no hubo más movilizados fue porque lamentablemente la CGT no llamó unificadamente a marchar ni tampoco dispuso un paro con abandono de tareas, lo que hubiera permitido que seamos muchos más. La CGT se jugó a “presionar” a las y los senadores, no a la movilización. Por eso la concentración quedó en manos de algunos gremios de la CGT, las CTA y del sindicalismo combativo y de la izquierda que desde hace semanas venimos reclamando el paro y exigiendo que la CGT le dé continuidad al parazo del 9 de mayo con un plan de lucha nacional, es decir, con un nuevo paro de 36 horas con movilización para terminar de derrotar el plan motosierra de Milei. Medida que tendrá que ser arrancada desde abajo para frenar los despidos, exigiendo un aumento inmediato de salarios y jubilaciones y poder enfrentar de verdad y nacionalmente al plan motosierra de Milei, el FMI y sus cómplices.