Escribe José Castillo

Como no podía ser de otra manera, va camino a terminar en un escándalo la privatización más importante de la era de Javier Milei: la de la Hidrovía del Paraná. La preadjudicación fue otorgada a la transnacional belga Jan de Nul, la misma que viene operando la hidrovía desde su privatización en 1995. Lo hizo después de una feroz disputa con otra multinacional belga, DEME. Ambas apelaron a ganarse el favor de Estados Unidos y, a la vez, se acusaron mutuamente de favorecer supuestos intereses chinos en la región.

¿Por qué ganó Jan de Nul? Tal vez la respuesta esté en que, luego de más de 30 años de operaciones y negocios sobre la hidrovía y los puertos de la región, tenía más aceitada la relación con sus “clientes”: los grandes pulpos exportadores del complejo sojero, en particular las yanquis ADM, Bunge y Cargill. Pero hay otro motivo: aparece como socio menor de Jan de Nul uno de los empresarios “estrella” de Milei, el Grupo Neuss.

Todo el proceso licitatorio estuvo escandalosamente intervenido por Estados Unidos. Las dos transnacionales que competían recurrieron al lobby yanqui, desnudando que era ahí donde se decidía todo, con el gobierno argentino como mero ejecutor de las órdenes del amo del norte. Así, DEME, que resultó finalmente perdedora, llegó a denunciar supuestas relaciones con China de la otra empresa, la también belga Jan de Nul.

Para despejar esos ataques, un par de días antes de la preadjudicación, los directivos de la dragadora belga Jan de Nul fueron recibidos por el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, para explicar sus planes para la concesión y recibir la bendición.

Jan de Nul ofertó la misma tarifa que su competidora, también belga, DEME. Pero ganó en el llamado “tramo técnico”. Jan de Nul le aseguró a Lamelas que toda la tecnología y los insumos provendrán de “Occidente”, en particular de proveedores de Estados Unidos. Contraatacó diciendo que era DEME la que utilizaría tecnología china: 104 cámaras multiespectrales Raythink PM7S4, de la empresa Raythink-Tech, con sede en Shandong, China.

Una vez preadjudicada la concesión a Jan de Nul, DEME destapó otra olla: envió una carta al ministro Luis Caputo en la que cuestionó las condiciones del pliego, asegurando que puede operar la hidrovía con una tarifa 17,4% menor a la fijada como piso por el gobierno nacional, 4,77 dólares frente al piso de 5,78 establecido por el gobierno. También señaló que no pudo presentar esa propuesta porque el propio gobierno había fijado una tarifa mínima superior. Un auténtico escándalo de un gobierno que cuida hasta ese extremo las ganancias de los ganadores de una privatización.

La importancia de la hidrovía y del puerto de Rosario

Según un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo de los puertos privados de esa ciudad pasó a ser el más importante del mundo. Por allí sale el 75% de todas las exportaciones argentinas. También por su privatización y casi nulo control estatal, Rosario se ha transformado en el eje exportador de los grupos narcos que operan en nuestro país.

La Hidrovía del Paraná y los puertos del Gran Rosario son estratégicos. Se impone la necesidad de recuperar la hidrovía, anulando esta licitación escandalosa, y reestatizar el control del río, en forma conjunta por el Estado nacional y las provincias, bajo gestión de los propios trabajadores.
Al mismo tiempo, también se deben reestatizar los puertos y articular todo con la nacionalización del comercio exterior, para que esta inmensa riqueza que circula por nuestra principal vía navegable se destine a resolver las necesidades del pueblo trabajador argentino.

Escribe José Castillo

El gobierno de La Libertad Avanza pasó todos los meses en que estuvo en discusión la ley de reforma laboral prometiendo que su objetivo era generar más y mejor empleo, terminando con la informalidad. Lo dijimos una y cien veces: era una vulgar mentira. Su objetivo era la superexplotación del pueblo trabajador y su sometimiento a condiciones esclavistas.

Ahora eso se materializó. El gobierno reglamentó la ley por medio de los decretos 407, 408 y 409, que llevan las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

Se establece el fin de la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos. Hasta ahora, si un convenio vencía y no había acuerdo en modificaciones entre la patronal y el sindicato respectivo, lo establecido anteriormente seguía vigente. Era una forma de proteger al colectivo trabajador, porque, de otro modo, bastaba con que la patronal se opusiera a todo para que un convenio “venciera” y cayera, perdiendo así las y los trabajadores todos los derechos conquistados.

Esto es, exactamente, lo que ahora establecen los nuevos decretos reglamentarios: es el paraíso de las patronales. Caen más de 100 convenios colectivos, con la Secretaría de Trabajo citando en 30 días a las partes para “renovarlos”.

¿Qué quiere decir que caen los convenios? Que se pierden todas las cláusulas, tanto las obligacionales como las normativas. Las primeras son provisionales, por ejemplo, las que establecen en algunos convenios la estabilidad laboral por un lapso de tiempo, como un año.

Las segundas son las que regulan toda la relación laboral: horarios, turnos, dotaciones mínimas por actividad, categorías, normas de descanso, seguridad, extensión de las jornadas, licencias parentales, vacaciones, etcétera.

Es el corazón de la reforma: acá está justamente la posibilidad para las patronales de discutir cambios, como llegar a jornadas de 12 horas, hacer desaparecer las horas extras creando los “bancos de horas”, fraccionar vacaciones y fijar arbitrariamente sus fechas, etcétera.

Todas las asociaciones patronales lo dicen en voz alta: “vamos por convenios a la baja”, tanto a nivel salarial como en derechos. La reglamentación de la ley permite, una vez caído el convenio de la actividad, la negociación de convenios “por empresa”. Esto, sumado a la situación económica y social actual, con la ola de cierres y despidos, es un regalo con moño a las patronales para obligar a las y los trabajadores a aceptar cualquier cosa.

La burocracia de la CGT, que primero dejó pasar sin lucha la aprobación de la ley, en medio de su vergonzoso pacto con el gobierno, después se mostró “decepcionada” porque los jueces la avalaron, rechazando los amparos presentados, y ahora dice estar “sorprendida” por esta reglamentación furibundamente antiobrera.

Pero ni aun así rompe su pacto con Milei: no llama a la huelga general ni a un plan de lucha para enfrentarla. Apenas menciona una serie de “conflictos escalonados”, que nadie sabe bien a qué se refiere.

Nosotros, desde Izquierda Socialista, el FIT Unidad y el sindicalismo combativo, así como nos opusimos a la reforma desde un primer momento, tildándola de esclavista, y nos movilizamos contra ella, hoy más que nunca exigimos que la burocracia rompa su tregua y llame, de una vez por todas, a un nuevo paro general y a un plan de lucha.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad.

La reunión de Juan Grabois con el ultraderechista y magnate tecnológico Peter Thiel volvió a abrir el debate sobre la estrategia política del diputado nacional y dirigente peronista de Patria Grande, y su permanente apuesta al “diálogo humanista” con sectores de la ultraderecha mundial.

Veamos algunos antecedentes. En 2023, en plena campaña presidencial, mantuvo una reunión con el entonces embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, para exponer aspectos de su programa político, a diferencia de nuestra candidata a presidenta en aquel momento, Myriam Bregman. Meses después, el dirigente sorprendió al reivindicar aspectos “humanistas” del pensamiento de Steve Bannon, uno de los principales ideólogos de Donald Trump e impulsor de políticas antiinmigrantes y ultraconservadoras que fueron la punta de lanza del ICE.

Ahora, la polémica vuelve a instalarse a partir de su encuentro con Peter Thiel. El empresario es uno de los hombres más influyentes de Silicon Valley y cofundador de Palantir, una compañía especializada en análisis de datos e inteligencia artificial, con estrechos vínculos con agencias de seguridad y organismos militares de Estados Unidos. Como si fuera poco, su nombre aparece en documentos, agendas y correspondencia vinculados a Jeffrey Epstein.

Thiel defendió públicamente el uso de la inteligencia artificial para fines militares y estratégicos, lo que fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Sus planteos se inscriben en una visión que concibe el desarrollo tecnológico como una herramienta para sostener la supremacía de las grandes potencias imperialistas en un escenario internacional cada vez más conflictivo. De hecho, la tecnología que desarrolló esta multinacional fue utilizada por el Estado sionista de Israel al servicio del genocidio en Gaza.

La llegada de Thiel a Argentina coincide, además, con el intento del gobierno de Milei por “atraer inversiones tecnológicas” mediante un súper RIGI con incalculables beneficios fiscales. Detrás de ello se esconde, además, otro fin. Según expresó en una columna publicada hace días en el Financial Times, para Milei esto sería parte de una estrategia para “liberar a la IA” y eliminar cualquier “regulación prematura”. En el marco de su alineamiento político internacional con la ultraderecha, esto resulta un peligro para la soberanía nacional y para la resistencia de quienes luchan contra la motosierra.
Hasta el momento, no hubo detalles sobre los contenidos de su conversación con Thiel. La diputada nacional de Patria Grande y compañera de Grabois defendió públicamente la reunión diciendo que “queremos gobernar, nos tenemos que reunir con todos”.

En un contexto atravesado por el avance de las grandes corporaciones tecnológicas y el crecimiento de la IA para la inteligencia al servicio del dominio imperialista, la reunión entre Grabois y Thiel vuelve a poner sobre la mesa que no hay “diálogo” humanista posible con empresarios multimillonarios ultraderechistas que definen tecnología de inteligencia y militar a favor del genocidio y del sometimiento de los pueblos oprimidos.

El año 2026 en Santa Cruz arrancó con dos intentos fallidos de hacer pasar una ley de emergencia económica que implicaba congelamiento salarial de doce meses con posibilidad de ampliarse doce meses más. Los trabajadores estatales nos movilizamos en ambas oportunidades contra esta ley con paros y un plan de lucha que continua porque es inaceptable que el gobierno ajustador de Vidal nos quiera hacer pagar la crisis.

Ahora nuevamente el gobierno se jugó a hacer pasar una ley que le permite endeudarse en 600 millones de dólares. Esta ley fue rechazada por los trabajadores y el pueblo en la calle. En la Cámara de Diputados el peronismo y el resto de la oposición también se oponen, por lo menos por ahora. El proyecto pasó a comisiones y por los argumentos en el debate hay final abierto sobre el futuro de esta ley.

Las trabajadoras y trabajadores tenemos que seguir movilizados hasta conseguir el aumento salarial

El Frente Sindical (sindicatos estatales) sigue sosteniendo movilizaciones y acciones de lucha luego de una primera ronda de paritarias dónde no hubo oferta para ningún sector en conflicto, Docentes (Adosac y Amet) Ate Vialidad, Salud (Aprosa) y a los judiciales no les pagan el aumento salarial de su convenio. A esta crisis social se suman los policías que también se movilizan por aumento salarial y que ya rechazaron cinco veces la oferta insuficiente que les hizo el gobierno. La semana próxima es la segunda ronda de paritarias que estaba sujeta al resultado del tratamiento en la Cámara de Diputados de la ley de Financiamiento. Por eso es probable que no haya avances en las mismas.

Ante esta situación las trabajadoras y trabajadores tenemos que seguir movilizados en toda la provincia, haciendo asambleas para discutir las acciones a seguir y decirle claramente al gobierno que no vamos a pagar la crisis con un mayor congelamiento salarial. Plata hay y tiene que ser utilizada para resolver el problema salarial, la educación y la salud. Estas son las prioridades y desde Izquierda Socialista y el FIT-U llamamos a seguir la lucha. Con unidad podemos ganar.

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Lo que ocurre con Manuel Adorni es otro capítulo más de la corrupción capitalista por parte de políticos patronales, ahora en versión ultraderechista, a quienes equivocadamente se los tilda de oustseider. Mientras el 70% considera que Adorni tiene que renunciar, la justicia se tomará su tiempo. El fiscal Pollicita estudiará durante semanas los escritos “jurados” de Adorni y luego evaluará si le pide alguna aclaración. Adorni ni siquiera fue citado a indagatoria por el juez de la causa, Ariel Lijo, quien está en París con el Ministro de Justicia, Juan Mahiques, mostrando ante la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) los “avances en materia de lavado de dinero y transparencia en Argentina”. Desopilante.

A esto hay que agregar que Adorni y su esposa Bettina Angeletti (monotributista clase A dedicada a hacer negocios con el Estado) han pedido ingresar a los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal aprobada en febrero de este año donde mediante el Régimen Simplificado de Ganancias se evaden controles patrimoniales a medida del tándem de fachos libertarios. De esa manera lavan dinero sucio provenientes de acciones ilícitas y despenalizan la evasión tributaria. Es la jugada de Adorni cuando dijo que fue un “error” no declarar su fortuna, para evitar que sea responsable de un delito de corrupción o enriquecimiento ilícito. Ley que se amplió para los funcionarios de gobierno. Por eso además de Adorni y su esposa se anotaron Federico Sturzenegger (que viene sucio de gobiernos anteriores); José Luis Espert (confeso financiado por el narco Fred Machado); Santiago Orgía (videasta oficial de Milei); Andrés Vázquez (titular del ARCA quien se había olvidado de declarar tres propiedades en Miami y sociedades offshore en Panamá); Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo beneficiado por créditos del Banco Nación, entre otros personajes.

Esta ley fue festejada por Adorni. “Probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma dimensión de todo lo que implica. Les devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin dar explicaciones a nadie”. La ley fue aprobada con los votos de La Libertad Avanza, PRO, UCR, los catamarqueños y tucumanos peronistas ex Unión por la Patria, Innovación, MID, sanjuaninos, por supuesto con la férrea oposición del Frente de Izquierda Unidad.

Gobierno ultraderechista, corrupto, antiobrero y saqueador

Dicen que el equipo de abogados y contadores de Adorni estuvo trabajando varias horas ayer a la tarde hasta la noche para poder presentar lo que serían 22 declaraciones juradas y sus rectificaciones. No es para menos. El que se deslomaba trabajando en Nueva York declaró que el dinero que gastó en departamentos, countrys con cascadas y viajes fastuosos por un millón de dólares en apenas un año provenía de sus ahorros ‘en negro’ que hizo a lo largo de su vida junto a su esposa. Para justificarlo dice que es lo mismo que hacían “todos los argentinos”. ¡Qué caradura! Es lo que hacían políticos corruptos como él, ricos, grandes empresarios, especuladores, banqueros, no el pueblo trabajador que no ahorra nada sino que se endeuda para poder comer, pagar los remedios o alquilar.  

Adorni dijo que no declaró su fortuna por ‘error’. ¿Error o decisión deliberada para no pagar impuestos y encubrir sus actividades especulativas? Adorni evade y el gobierno les baja impuestos a las multinacionales del RIGI y a las patronales con la reforma laboral antiobrera mientras es el pueblo trabajador el que paga el confiscatorio IVA y el impuesto al salario que alcanza a un millón de laburantes y el FMI lo quiere llevar a 2,5 millón. ¿Acaso no fue Milei el que llamó a los empresarios a que evadan impuestos?

También dijo que sus ahorros los hizo en la “actividad privada”. Con esto quiere justificar sus actos mafiosos, como hacen todos estos fachos libertarios, diciendo que no es con “plata del Estado”. También Espert decía que hacía su campaña con “la suya”, a la vez que el narco Fred Machado lo financiaba con 200.000 dólares y viajes en aviones.

Cuando la escribana de Adorni declaró que lo conocía desde chico pero que nunca había trabajado tanto escriturando desde que fue parte de este gobierno, reconoció que Adorni usó su ubicación en el gobierno y en el Estado para enriquecerse, mientras las usinas ultraderechistas enarbolan la campaña contra el Estado solo para atacar al Garrahan, a las universidades, a Discapacidad, a las y los jubilados y para recaudar para el FMI. Recordemos que Adorni tildó de ñoquis a todo el personal del Garrahan.

Para terminar con la corrupción tiene que gobernar la izquierda

Tener de Jefe de Gabinete a alguien que dijo que se dedicaba a hacer ganancias con especulaciones en el Bitcoins y otras criptomonedas entre 2013 y 2018, es la mejor prueba de que en este gobierno se cobijan estafadores, entreguistas, especuladores y saqueadores.

El caso Adorni no es un hecho aislado. Va en sintonía con la estafa cripto de Milei, las coimas de Karina en el Andis, la fortuna del ministro Luis Caputo en los paraísos fiscales, las recaudaciones millonarias con cenas en Puerto Madero de la Fundación Faro del repugnante Agustín Laje para financiar a Milei y tantos otros hechos repudiables.

Millones tienen la oportunidad, ante esto, de poder comparar la vida que llevan estos corruptos y para quienes gobiernan, con la práctica de la izquierda, donde cada diputada y diputado del FIT Unidad gana como un laburante, sus partidos no son financiados por capitalistas y lucha por un gobierno de la izquierda para terminar con este sistema capitalista explotador y corrupto.  

¡Milei no va más! Y el peronismo no es ninguna solución. Solo un gobierno de la izquierda y de la clase trabajadora ajustará cuentas con estos políticos corruptos y este sistema capitalista al servicio de un puñado de grandes empresarios, multinacionales y el FMI.