Escribe Adolfo Santos

En medio de la bronca de los choferes movilizados y del dolor de la familia de Daniel Barrientos, el gobernador peronista Axel Kicillof y su ministro de seguridad Sergio Berni trataron de instalar un escenario conspirativo para poner en duda que se trataba de un hecho de inseguridad.

Quieren eludir sus responsabilidades para frenar la desilusión de importantes sectores populares con el gobierno peronista del Frente de Todos, que no soluciona los graves problemas en la provincia.
Insinuaron que detrás del ataque había motivaciones políticas. “Parecía el robo de un blindado”, exageró Kicillof e insistió: “el colectivo fue cruzado por un auto de apoyo”. Sergio Berni fue más allá. “No sé si no nos tiraron un muerto”, dijo. “No es común que vayan a asaltar un colectivo a las cuatro de la mañana y que no se lleven nada”.

Pero la hipótesis de que los delincuentes eran sicarios que buscaban matar al conductor como parte de una operación política para desestabilizar al gobierno, cae por tierra cada vez que habla un testigo. “Es mentira que cruzaron un auto delante del colectivo […] Hay cámaras que no había ningún auto detrás o delante del colectivo”. “Uno de los ladrones se subió y pidió los celulares y bolsos a todos los pasajeros”. Otro testigo declaró: “no sé si estaba asustado, o drogado, pero pareciera que no sabía disparar el arma”. Testimonios claros que desmienten la hipótesis conspirativa. Como dijeron los vecinos de Virrey del Pino, partido de La Matanza, lugar donde ocurrió el crimen: “Para ellos esto es raro. Para nosotros no, es el asalto de todos los días de los que vivimos acá”.

Las teorías conspirativas de Berni-Kicillof no son más que una cortina de humo. El peronismo miente para ocultar su responsabilidad sobre la profunda crisis social que se vive en la provincia. Después de gobernar treinta y seis de los últimos cuarenta años, Buenos Aires es un desastre. Ostenta los peores índices de inseguridad, el conurbano posee los mayores niveles de pobreza e indigencia y sufre una crónica falta de viviendas e infraestructura en los barrios populares. Una situación que lleva a cuestionar la continuidad del peronismo en lo que consideran su principal feudo, justo en un año electoral.

No se trata de “tirarle un muerto” al gobierno, Berni y Kicillof mienten para evitar la pérdida de votos. Pero, esas mentiras no les sirven, tampoco las medidas parches, como el cacheo a los pasajeros. La indignación y el repudio contra el ministro de Seguridad, Berni, demostrada por los choferes, junto a la bronca expresada en el cántico “que se vayan todos”, son una muestra del hartazgo que hay en el país de los sectores más postergados y reflejan una fuerte presión social. No hay salida con el gobierno peronista del Frente de Todos, ni del macrismo que ya gobernó, ni con las “propuestas menemistas” de Milei. Ya se probaron y no solucionaron, sino que profundizaron los graves problemas de la provincia y del país.

Se necesitan medidas de fondo y solo el Frente de Izquierda Unidad tiene un programa en ese sentido, capaz de resolver los problemas de las y los bonaerenses. Medidas extraordinarias, como suspender la sangría provocada por la deuda externa y utilizar todos esos recursos para invertir en empleos de calidad, seguridad, viviendas, educación y salud públicas.

“Si en un plazo prudencial no hay respuestas volveremos a marchar por justicia”
Marcelino Castro (chofer de la línea 620)

“Todavía estamos muy tristes por la muerte de Daniel. Es algo horroroso lo que pasó. Estamos esperando que actúe la justicia y que encuentre a los asesinos. Todos los días esperamos eso. No queremos que este hecho quede impune. Si pasa el tiempo y no encuentran y castigan a los culpables volveremos a movilizarnos. Si en un plazo prudencial de ocho o diez días  no hay respuestas volveremos a marchar por justicia. Por el momento el ramal Vernazza en Virrey del Pino, donde trabajaba Daniel, estaba suspendido. Pero esa no es la solución. La empresa y el gremio tienen que garantizar la seguridad de los choferes, nosotros solos no podemos hacerlo.”


“Nos fuimos acercando, con bronca y dolor para pedir justicia y seguridad”
Ramiro Vargas Silva (referente de la Agrupación 460 Bordó nacional en la UTA) 

“Los compañeros del Transporte amanecimos el día lunes 3 de Abril con la triste noticia del asesinato de un compañero más, en manos de la delincuencia y de la desidia de los gobernantes.
Otra vez un compañero de la línea 620, Daniel Barrientos, chofer que estaba pronto a jubilarse. Como en el año 2018, con el asesinato de Leandro Alcaraz, nos volvemos a sentir vulnerables y olvidados. Quienes nos gobiernan se nos acercan más interesados en conseguir algún rédito político que ofreciendo  soluciones reales, y nos piden que nos comportemos como personas frías y razonables, cuando el asesinado es un amigo nuestro, un padre, un hijo, y también una parte de nosotros.

Con el transcurrir del día nos fuimos comunicando entre los compañeros de las distintas líneas y nos fuimos acercando, con bronca y dolor para pedir justicia y seguridad. Esperando que desde el gremio de la UTA, Roberto Fernández decrete el paro general, pero una vez más nos demostró que es funcional al gobierno de turno, olvidándose que es él quien debería representarnos y acompañarnos en el reclamo. Algo similar podríamos decir de Bustinduy, socio de la empresa DOTA.
Otra vez más solos, como siempre solos”.

Escribe José Castillo

El Ministro de Economía Sergio Massa se reunió días atrás con la número dos del FMI, Gita Gopinath. Ello no impidió que el Fondo sacara un duro documento exigiendo aún más ajuste al gobierno. Casi simultáneamente se conocieron dos fallos contra nuestro país, cuyas consecuencias son un mayor acrecentamiento de nuestra ilegal, inmoral e impagable deuda externa.

De poco le sirvió al gobierno del Frente de Todos su peregrinaje a Washington de hace diez días. Alberto Fernández obtuvo su reunión y foto con Biden, el ministro de Economía Sergio Massa tuvo la suya con la número dos del FMI, Gita Gopinath, consiguieron la “bendición” de la aprobación del ajuste del año pasado. Y, el “pasamanos” de los 5.200 millones de dólares que entraron a las reservas para salir inmediatamente en concepto de pagos de vencimientos al propio Fondo. Pero, a la hora de la verdad, el gobierno argentino se comprometió a darle todas las garantías a los yanquis para que puedan participar en el saqueo de nuestras riquezas, se llamen petróleo y gas de Vaca Muerta, litio, megaminería o privilegios para operar en la Hidrovía del Paraná. En estos días, está llegando para monitorear que se cumple todo esto la número dos del Departamento de Estado, Wendy Sherman.

El FMI, por su parte, acaba de sacar una declaración donde deja blanco sobre negro todas sus exigencias para los próximos meses: aumentar más rápidamente las tarifas de los servicios públicos privatizados, acelerar la devaluación, mantener alta la tasa de interés (con el consiguiente encarecimiento del crédito) y, por sobre todo, limitar lo más posible el acceso a la nueva moratoria previsional. En síntesis, más ajuste aún que el año pasado, para alcanzar la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal.

Los juicios perdidos

La “justicia” yanqui también dio su señal. En estos días, el estado argentino perdió dos juicios. La consecuencia será la de siempre: un aumento de la deuda externa en varios millones de dólares.
El primero de ellos fue contra YPF. La empresa argentina y la multinacional española Repsol se comprometieron a pagar 287,5 millones de dólares cada una por el daño ambiental causado por la firma yanqui Maxus sobre el río Passaic, del Estado de New Jersey. ¡Sí, leíste bien! ¡Una empresa yanqui contaminó un río en los Estados Unidos, y lo tenemos que pagar nosotros! Todo porque en 2005, cuando YPF era propiedad de Repsol, esta última adquirió a Maxus. Maxus quebró en 2016, cuando a esa altura no tenía nada que ver con YPF, ya estatizada. Pero la justicia del estado de Nueva York estableció que quien debía pagar era YPF, y como ahora se trata de una empresa estatal, la deuda pasa al estado argentino. ¡Increíble!

El otro juicio perdido fue llevado adelante por cuatro fondos buitres que ganaron una demanda de 1.500 millones de dólares, reclamando porque el estado argentino modificó el año base para calcular el PBI en  2013 y, de esa forma, al resultar el crecimiento de ese año menor al esperado no correspondía pagar el llamado “Cupón PBI”. Recordemos que este “cupón” es un regalo que le hicieron en 2005 Néstor Kirchner y su ministro Roberto Lavagna a los pulpos acreedores en el canje de deuda de ese año. Sencillamente, cada vez que la economía argentina creciera más del 3,25%, había que pagar miles de millones de dólares. Los acreedores tenían la expectativa de cobrar ese cupón en 2013, pero la estadística, con la modificación del año base, dio menos y no se pagó. Los propietarios de ese cupón PBI iniciaron una demanda en Nueva York, luego cuatro fondos buitres compraron esa demanda. Y ahora, con el resultado cantado, la jueza del distrito sur de Nueva York les dio la razón. Así iba a terminar todo, era obvio ya desde el día en que Kirchner y Lavagna crearon ese instrumento, a medida de los acreedores y bajo la justicia yanqui.

Saqueo y sometimiento por todas partes

En síntesis, de un plumazo nos endosaron casi 1.800 millones de dólares de nueva deuda externa. El FMI nos exige cada vez más ajuste. El gobierno yanqui dice abiertamente que quiere una tajada mayor del saqueo de nuestras riquezas. No cabe duda, somos una semicolonia yanqui. Y el gobierno del Frente de Todos oficia de virrey. Hay que cortar ya estas cadenas, y avanzar hacia una segunda independencia rompiendo con el FMI, dejando de pagar una deuda externa cada día más inmoral, ilegal y usuraria, y poniendo recursos y soberanía para un programa alternativo, obrero y popular, que resuelva las más urgentes necesidades populares.

Escribe José Castillo

La inflación de marzo, cuyo índice oficial se conocerá este viernes, fue superior al 7%. En el primer trimestre del año quedará arriba del 20%. Eso no es lo peor: ya se sabe que hubo fuertes subas de los precios de los alimentos en la primera semana de abril, por lo que se viene otro mes de fortísima carestía. Obviamente, los salarios, que ya venían golpeados de años anteriores, cayendo más del 30% desde 2017 a la fecha, perdieron en todos los casos en lo que va de 2023, cualquiera haya sido el arreglo en las paritarias negociadas en estos meses. Ni que hablar de aquellas trabajadoras y trabajadores que están tercerizados o directamente en negro. Se generaliza la realidad de aquellos que, aún con trabajo, están por debajo de la línea de pobreza, e incluso algunos de la indigencia.  

La burocracia de la CGT ya no sabe qué inventar para seguir manteniendo su apoyo al gobierno del Frente de Todos, y en particular al ministro de Economía Sergio Massa. Ahora prepara un acto de agradecimiento, recibiéndolo en la sede de la calle Azopardo. Todo porque el gobierno accedió a exceptuar algunos rubros del impuesto a las ganancias que se le descuenta a los trabajadores. Los “beneficiados” por dicha excepción serán apenas 613.000, sobre un universo total de casi 10 millones de trabajadores. ¡9.400.000 pierden por goleada!

Hay que exigirle a la CGT y las CTA que rompan su acuerdo con el gobierno, y que planteen un plan de lucha por un aumento salarial de emergencia, que lleve el salario mínimo al valor de la canasta familiar calculado por los trabajadores de ATE-Indec (hoy en 273.146 pesos), reajustable mensualmente en forma automática por la inflación. Y que, a partir de ese monto, se reabran todas las paritarias. Y, con respecto al impuesto a las ganancias, todas las y los trabajadores deben estar exceptuados: ¡el salario no es ganancia!

Esa es la única forma de enfrentar la pérdida del poder adquisitivo. Al mismo tiempo, le exigimos al gobierno que ponga precios máximos de verdad, que los controle y que sancione a las patronales que los violan, como establece la ley de abastecimiento que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a los que violen estas disposiciones.

Escribe José Castillo

Finalmente, el ministro de Economía Sergio Massa terminó anunciando un nuevo dólar de privilegio para los monopolios exportadores. A cambio de que liquiden rápidamente sus ventas al exterior, les pagará 300 pesos por dólar, una devaluación del 36% (el dólar oficial está a 220 la unidad). Los grandes ganadores serán, una vez más, las transnacionales de la exportación de soja y derivados (Cargill, Dreyfuss, ADM, Cofco, Nidera, Bunge).

Que se trata de un negocio redondo para las grandes patronales lo grafica el siguiente mecanismo: el estado argentino comprará el dólar (a estos monopolios extranjeros) por 300 pesos, para luego vendérselo a otras patronales (las privilegiadas que tienen acceso al dólar oficial supuestamente para importar, pero en muchos casos para fugar) a 200 pesos. ¡Una pérdida de 80 pesos por cada dólar que se negocie de esta manera! Esta operación, que estará vigente por 45 días (hasta el 31 de mayo), obligará al Banco Central a gastar un billón de pesos (ese será el costo de este negociado).

Este dólar soja III es la continuidad de lo que ya se hizo en las dos versiones anteriores, cuando también se le ofreció una cotización de lujo a los monopolios sojeros para que estos se dignaran ingresar las divisas de las exportaciones, supuestamente para, así, fortalecer las escasas reservas del Banco Central. ¿Qué pasó en esas ocasiones anteriores? Que los dólares que entraron se terminaron yendo en un par de meses por la doble canilla de los pagos de deuda externa y la fuga de capitales.

Ahora sucederá lo mismo. Así no hay salida. Repetimos lo que venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: ante el chantaje de los pulpos agroexportadores, la salida es nacionalizar el comercio exterior; para terminar con la fuga de capitales, nacionalizar la banca; y para ponerle fin a la hemorragia permanente de divisas, dejar de pagar la deuda externa.