Escribe José Castillo

El Grupo Techint quedó afuera de una licitación para proveer los caños de los 500 kilómetros del gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro. 

El negocio fue adjudicado a la empresa india Welspun. Esto desató un conflicto en el que Javier Milei llamó “don Chatarrín” a Paolo Rocca y le deseó “la quiebra” a la empresa.

En estos días asistimos a una escalada verbal del Presidente contra el empresario. El ministro Federico Sturzenegger apoyó sus dichos. Todo sigue el libreto principal del gobierno: no importa que nuestro país pierda capacidad de producción de acero, ni que se destruyan miles de puestos de trabajo. Para La Libertad Avanza (LLA), toda la industria es un gran “error histórico”. El país debe transformarse en una factoría para el saqueo de sus recursos naturales por parte de las multinacionales.

El gobierno ultraderechista lo dice con todas las letras. Que en una obra central para el negocio de Vaca Muerta, como este gasoducto, el ganador sea una empresa de la India que proveerá caños chinos es un ejemplo de lo que ya habilitó el RIGI: una puerta abierta a los pulpos transnacionales, que ni siquiera tienen que considerar proveedores locales para sus insumos.

Milei y Techint: unidos contra la clase trabajadora en la reforma laboral y el saqueo

Paolo Rocca buscó poner paños fríos y evitó responder el exabrupto presidencial. El ministro Luis Caputo salió a decir que ya habrá “nuevas oportunidades” para Techint, refiriéndose incluso a la próxima licitación de la construcción del gasoducto, más allá de que ya se hayan adjudicado los caños. El mensaje de fondo del gobierno es que Techint deje de apostar al acero en la Argentina y se especialice en gas y petróleo a través de Tecpetrol.

Sería incorrecto pensar que Techint se pasó a la “oposición”. El gobierno libertario tiene un número importante de funcionarios provenientes del holding de Rocca en puestos clave. Entre ellos se cuentan el presidente de YPF, Horacio Marín, el vicepresidente de Infraestructura Gustavo Gallino, los gerentes financiero y de Exploración y Producción Federico Barroetaveña y Matías Farina, el subsecretario de Hidrocarburos Luis Ridder y el director de la Unidad Ejecutora de Gasoductos Horacio Amartino. Y lo más importante: el secretario de Trabajo Julio Cordero, uno de los escribas de la reforma laboral esclavista que el gobierno se juega a aprobar este mes. Fue Rocca quien direccionó a la Unión Industrial Argentina (UIA), central empresaria que controla, hacia un apoyo casi acrítico al gobierno de Milei, a pesar de los desplantes reiterados del presidente a todo lo que “oliera” a industria.

Por eso no hay que confundirse. Techint fue oficialista de todos los gobiernos cuando le convino para sus negocios y para afianzar privilegios. A la vez, como holding, también tuvo roces puntuales con varios de ellos.

En este caso, además, el conflicto roza una pelea interpatronal. El consorcio dueño del gasoducto a construir, Southern Energy, está integrado centralmente por Pan American Energy (PAE), Pampa Energía e YPF. PAE es propiedad de Carlos Bulgheroni, gran competidor de Techint en el negocio del gas y el petróleo. Además, está vinculado, a través de su esposa, al oscuro mundo de Karina Milei.

¿Paolo Rocca defiende los puestos de trabajo y la industria nacional?

Es absolutamente hipócrita la actuación teatral de Techint mostrando “preocupación” por los puestos de trabajo. El holding siempre se destacó por su política antiobrera, tanto en sus propias empresas como en su rol de conducción del empresariado.

En Ternium-Siderar, la planta de San Nicolás que produce chapas de acero para caños de gasoducto, hubo una huelga de 14 días en septiembre de 2025 por salarios, que estaban entre 700 y 800 mil pesos, y contra las paupérrimas condiciones de vestuarios y comedores. La respuesta patronal fueron 200 despidos.

En Siderca, donde los salarios oscilan entre 1 millón y 1.200.000 pesos, en el segundo semestre del año pasado hubo 300 despidos con la excusa de “baja de productividad”. Además, desde hace años la patronal utiliza contratos temporales renovados mes a mes o cada tres meses, sometiendo a las y los trabajadores a una precarización permanente.

En SIAT, donde la empresa afirmó que había tomado a 400 trabajadores para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, en realidad se trató de personal reasignado desde otras plantas. Para peor, una vez terminada la obra, todos fueron despedidos.

Como vemos, no hay ningún actor progresista en este conflicto interpatronal. Milei y Sturzenegger avanzan con su cruzada antiindustrial y entreguista. Bulgheroni, a río revuelto, busca descontar distancia entre su grupo y Techint. Y Rocca, viejo zorro, llama a “desescalar” mientras cuida sus otros negocios: Tecpetrol en Vaca Muerta, las licitaciones que se vienen, incluida la propia construcción del gasoducto. Al mismo tiempo, es vanguardia en promover la aprobación de la reforma laboral esclavista.

El desarrollo de la industria en nuestro país, incluida la estratégica producción de acero en todas sus formas, y las grandes obras públicas deben ser un pilar de cualquier proyecto alternativo. Pero eso solo podrá ser llevado adelante por un gobierno de las y los trabajadores, en el marco de una planificación económica que priorice resolver las grandes necesidades populares y no las superganancias empresarias.

Escribe José Castillo

Paolo Rocca, dueño de Techint, es el segundo empresario más rico de la Argentina, con una fortuna estimada en 5.700 millones de dólares, apenas detrás de Marcos Galperín (datos de la revista Forbes).

 Líder histórico en la fabricación de tubos con y sin costura, Techint pasó en la última década a encabezar también la producción de gas y petróleo no convencional a través de Tecpetrol. Con gobiernos civiles y militares, el grupo creció ganando licitaciones estratégicas, pero tuvo dos momentos de grandes saltos: el primero con la dictadura militar, dónde se consolidó como uno de los líderes de la obra pública, y el segundo con las privatizaciones menemistas.

Siempre existieron (y existen) los que buscan embellecer a Techint y a Paolo Rocca (la “T” como se la conoce en los ámbitos empresarios) como los grandes ejemplos de “burguesía nacional”. Pero, en realidad, se trata de un holding internacional de empresas cuya sede central está en Milán y su residencia jurídica en Luxemburgo. 

Para contar su historia hay que retroceder a su fundador, el capitán de artillería Agostino Rocca, nacido en 1895, y figura central de la siderurgia del Estado fascista italiano. Bajo Benito Mussolini dirigió Dálmine, industria estratégica del esfuerzo bélico del Eje, con 60.000 empleados. Tras la caída del Duce y el fin de la guerra, fue sometido a juicio y absuelto en 1946, en el marco de los grandes acuerdos de “unidad nacional” que buscaban “limpiar” del cargo de colaboración con el fascismo a los grandes empresarios de entonces. Agostino Rocca, en ese momento, reunió capitales italianos y alemanes no alcanzados por las requisas aliadas y se trasladó a la Argentina.

En 1948, instaló en Campana la Sociedad Argentina para la Fabricación de Tubos de Acero (Dálmine Safta), origen de un polo industrial que incluyó Siderca y Cometarsa. Desde allí se construyó el gasoducto Comodoro Rivadavia–Buenos Aires.

Roberto Rocca sucedió a su padre en 1978 y reconoció que la mayor parte del capital del grupo provenía de inversores extranjeros radicados en paraísos fiscales. Dividió el holding entre sus hijos varones: Agostino, a cargo de los aceros planos, y Paolo, responsable de los tubos sin costura. Tras la muerte de Agostino en 2001, Paolo quedó al frente de todo el grupo. 

En ese momento Paolo Rocca  constituyó Tenaris y Ternium, con sede en Luxemburgo, estructura que permite evitar impuestos sobre dividendos. Desde allí controla cerca de cien empresas, operando en 40 países, con un total de 40.000 empleos directos. De esa totalidad, solo cuatro empresas relevantes están radicadas en la Argentina, representando un tercio del total de los puestos de trabajo del holding. Más del 80% del valor agregado y más del 90% de las utilidades de las distintas empresas (que suman en total entre 30 y 35.000 millones de dólares) corresponden a firmas con participación extranjera.

La estructura financiera del grupo se apoya en sociedades radicadas en paraísos fiscales, como Curaçao y las Islas Vírgenes Británicas, desde donde se controlan Tenaris, Ternium, Tecpetrol y otras empresas. No es una novedad de la gestión de Paolo Rocca. Ya en los años ochenta, todavía bajo la conducción de Roberto Rocca, Techint participó en consorcios que realizaron pagos ilegales para habilitar grandes obras energéticas.

Con las privatizaciones de los años noventa, Techint adquirió SOMISA y Propulsora Siderúrgica a precios  muy inferiores a los de mercado y se convirtió en líder absoluto en la fabricación de tubos con y sin costura, a la vez que expandió su presencia en petróleo y gas. En este siglo, Tecpetrol se convirtió en el principal productor de Vaca Muerta, reduciendo la dependencia del grupo de la exclusividad del negocio del acero. Así, hoy Techint combina ganancias industriales por el acero y renta energética por el gas y petróleo.

Esta es la verdadera historia de la “T” y su familia propietaria, que siempre vivieron de la connivencia con los negocios de los distintos gobiernos, adaptándose y apareciendo como “oficialistas” de todos, sea Perón, Videla, Alfonsín, Menem, los Kirchner, Macri o incluso Milei, al que le ha prestado una larga lista de funcionarios. Que sobreexplota a sus trabajadores y que no tiene empacho en fugar sus ganancias a los paraísos fiscales donde residen legalmente sus distintas empresas. 

Escribe Guido Poletti

A fines del año pasado, Javier Milei le regaló un libro a todo su gabinete, que apareció mostrándolo mientras posaban para la foto. Se trata de Defender lo indefendible, del economista libertario Walter Block. El texto, publicado originalmente en 1976 y reeditado en 2018, propone legalizar actividades como el proxenetismo, la usura, el trabajo infantil y toda una larga serie de prácticas aberrantes.

Bajo el falso argumento del “consentimiento” y “la libertad”, Block, y Milei que lo promueve, plantean que actividades que hasta hoy el más mínimo acuerdo moral definiría como intolerables pasen a ser “legales”. Así, un padre podría emplear a su hijo menor de edad, y sería legal tanto para el padre como para el patrón. También un traficante de armas o de trata de personas estaría habilitado, con la sola demostración de que existe algún tipo de “acuerdo” entre las partes para llevar adelante la transacción. Lo mismo ocurriría con cualquier tipo de relación entre mayores de edad y menores.
Block llega incluso a justificar que el chantaje y la extorsión deberían ser legales, ya que se trataría de un simple “acuerdo de partes”: uno se compromete a no revelar algo, a cambio de que el otro le pague.

Hace dos años, durante su campaña presidencial, el ahora mandatario llegó a decir que estaba a favor de legalizar la venta de órganos. También sostuvo que los padres serían libres de mandar a sus hijos al colegio o enviarlos a trabajar, e incluso se llegó a plantear la posibilidad de venderlos. Del mismo modo, defendió que se podría privatizar la fauna oceánica, como en el ejemplo de las ballenas que aparecen en Puerto Madryn. Muchas compañeras y compañeros pensaron entonces que se trataba de una exageración que nunca se iba a plantear seriamente.

Sin embargo, el presidente ultraderechista, el mismo que hace un año sostuvo que las diversidades sexuales eran pedófilas, terminó 2025 recomendando a su gabinete la lectura del libro de Block y haciendo propaganda de esas ideas. Milei va por “lo indefendible”. No tiene límites si no lo paramos. Por eso este sábado nos movilizaremos, a un año de la primera marcha antifascista. Y en los próximos días también debemos hacerlo contra la reforma laboral. A la ultraderecha sólo podrá derrotársela con la movilización popular en las calles. 

Escribe Guido Poletti

El presidente ultraderechista Javier Milei quiere copiar a Donald Trump como un espejo. Por eso lanzó un conjunto de operativos intimidatorios contra la población migrante, a la vez que se registró un récord de expulsiones. 

Busca así, patéticamente, replicar los repudiables y fascistas métodos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en los Estados Unidos. 

Mientras en los últimos meses se dio un récord de inadmisiones en los pasos fronterizos y expulsiones, con un número de 5.000 personas entre diciembre y enero, ya han comenzado los operativos intimidatorios en los barrios populares. Tanto los datos de las personas no admitidas como expulsadas, como los detalles de los operativos, son comunicados como grandes éxitos de gestión, en un video oficial de la propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Así, la semana pasada se dio un espectacular operativo intimidatorio por parte de agentes de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal en una feria de Villa Celina (La Matanza), donde, mientras se filmaba y viralizaba por los medios, se intimó a 16 personas a regularizar su situación bajo amenaza de ser expulsados del país. Además, también se detuvo a otras cuatro personas de nacionalidad boliviana bajo la acusación de “administración ilegal de puestos”. Todo mientras, en forma absolutamente ilegal, se detenía arbitrariamente a personas por su aspecto étnico. Así, las fuerzas que realizaron ese operativo de saturación interceptaron de manera sistemática a todo aquel que, casualmente, presentara “piel morena y rasgos originarios” (tal fue la orden que se dio a los agentes), sin que mediara sospecha alguna de actividad delictiva previa. En un despliegue que incluyó equipamientos con datos biométricos se forzó la identificación de 458 personas, 369 de ellas extranjeras. A pesar de que sólo lograron encontrar 16 en situación irregular, el gobierno estigmatizó al conjunto, realizando un enorme despliegue intimidatorio al mejor estilo ICE.

Estas acciones están en el marco de la decisión del gobierno, en noviembre del 2025, de pasar la Dirección Nacional de Migraciones desde el Ministerio del Interior, hacia el Ministerio de Seguridad. La primera consecuencia de este traspaso fue la creación de una área autónoma de “seguridad migratoria”.

No hay que dejar pasar estos hechos. Hay que repudiarlos como lo que son: un accionar fascista que busca, con su copia de lo que hace Trump, dar otra señal de sumisión a las políticas del amo del norte.

Escribe Hugo Iglesias, dirigente de Izquierda Socialista Tierra del Fuego

Javier Milei avanza en la carrera por someter la soberanía de nuestro país al servicio de las exigencias de Donald Trump, quien busca controlar el cruce bioceánico y la Antártida. Al mismo tiempo, profundiza sus compromisos geopolíticos con el gobierno de Estados Unidos, aceptando integrar el fraudulento Consejo de Paz para legitimar el genocidio y la colonización de Gaza. Por eso puso el pie en el acelerador para avanzar sobre Tierra del Fuego, en función de esos compromisos con el imperialismo.

En la madrugada del 21 de febrero, fuerzas de la Prefectura Naval ocuparon el puerto de Ushuaia para dar paso a la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), suspendiendo su habilitación por un año, con posibilidad de prórroga. La excusa fue una fallida ley del Consejo Provincial que pretendía disponer fondos del puerto, superavitario, para pagar deudas de la obra social. La reacción en contra evitó que esos fondos se usaran, pero, como se trataba de un pretexto, la intervención se produjo igual.

Lo verdaderamente importante es que el puerto de Ushuaia es un objetivo apetecible para Milei, los empresarios y las potencias extranjeras. Algunos quieren privatizarlo por su alta rentabilidad para el turismo internacional. Otros buscan disponerlo para fines geopolíticos, con vistas al control de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur, incluida Malvinas.

En los últimos días, el gobierno dispuso el traspaso de las bases Carlini y Brown, que tienen funciones científicas, desde la Cancillería al Comando Conjunto Antártico (Cocoantar), dependiente del Ministerio de Defensa. Ambas bases forman parte del Programa Antártico para la investigación ambiental y climática, además del apoyo logístico a la presencia de nuestro país. Científicos e incluso ex militares de estas misiones señalan que el traspaso atenta contra esos objetivos.

El personal apostado en esas bases venía advirtiendo que el desmantelamiento de recursos, producto del ajuste del Estado nacional, estaba poniendo en peligro su funcionamiento. Esto podría ser parte de una estrategia para justificar el traspaso.

Cabe señalar que desde 1959 el Tratado Antártico internacional impide el uso militar de ese territorio. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri dispuso el pase de la mayoría de las 13 bases argentinas al Cocoantar, dejando solo las dos señaladas para fines científicos. Milei hoy cierra el círculo.
Fuentes no oficiales han manifestado que el Ministerio de Defensa no tiene recursos para afrontar este nuevo objetivo. Entonces, ¿a qué responde la medida? ¿Quién sí tiene los recursos para sostener o desmantelar estas bases?

No podemos olvidar las dos visitas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, y la conferencia sudamericana de Defensa realizada en nuestro país en 2025, donde se estableció el compromiso de trabajo conjunto para “defender el Atlántico Sur” del supuesto “peligro de China en la región”. En noviembre de 2025, producto de estos acuerdos, se realizaron actividades conjuntas de las fuerzas navales argentinas con las estadounidenses en la base militar de Ushuaia.

A esta avanzada militarista se suma la ofensiva de Milei para destruir la economía de la isla y desalentar la permanencia de su población. En noviembre de 2025, el gobierno nacional redujo la obligatoriedad del 70% al 30% de las partes nacionales que componen un celular, favoreciendo a los importadores y afectando el empleo.

En enero, la fábrica Newsan ya despidió a 150 trabajadores. Las plantas de Mirgor avisaron a las y los contratados que este año no van a trabajar. También a quienes están bajo el formato PPD (Prestación Personal Discontinua) no les dieron fecha de ingreso.

El 15 de enero entró en vigencia el decreto 333/2025, que reduce a 0% los aranceles de importación. Este decreto había sido suspendido en mayo pasado, luego de una huelga general de los metalúrgicos que culminó con un paro provincial, una verdadera pueblada. La medida pone en peligro más de 6 mil puestos de trabajo industriales y varios miles más que esta industria derrama en servicios y comercio.

En enero, por resolución 20/2026, la Secretaría de Comercio e Industria eliminó la obligación de las empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial de la Ley 19.640 de destinar el 15% de los impuestos exentos al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). Este fondo debía servir para generar empleo e infraestructura que permitieran reconvertir el sistema productivo y volverlo sustentable durante el período de prórroga de la ley, que vence en 2030.

Desde su creación, el fondo no se utilizó. Recién el año pasado grandes empresarios, como Rubén Cherñajovsky (Newsan) y Nicolás Caputo (Mirgor), presentaron proyectos que los benefician, sin retorno y sin crear nuevas fuentes de empleo.

Desde el Frente de Izquierda Unidad se presentó un proyecto en octubre de 2025 para que el fondo fuera provincializado y puesto bajo control de un directorio con mayoría de trabajadores y vecinos, de modo que sirviera a un plan de sustentabilidad económica que defendiera el empleo.
La liquidación de este fondo ahoga aún más al gobierno provincial del peronista Gustavo Melella, que ha demostrado su inutilidad para resolver la crisis financiera. No recompone los salarios estatales. La obra social provincial (OSEF) afronta graves problemas presupuestarios y los hospitales públicos están colapsados. Todo esto pronostica una crisis cada día más aguda. Pero la población de la isla ya está retomando la experiencia del paro provincial de mayo pasado contra el decreto de aranceles cero. Y con las y los portuarios a la cabeza, comenzó la resistencia.

Docentes y estudiantes contra la reunión con los senadores yanquis

El 25 de enero un avión de la fuerza aérea estadounidense aterrizó en Ushuaia con una comitiva de senadores con supuestas preocupaciones por atender a la crisis climática y ambiental de la región. Docentes y el Centro de estudiantes de la sede de Río Grande de la Universidad de Tierra del Fuego rechazaron la presencia de científicos del Conicet (a título individual) y de la Universidad (a título oficial) en las reuniones con estos representantes de un gobierno negacionista de los problemas ambientales y cuyos fines no son sino colonialistas.