Escribe José Castillo

El FMI finalmente decidió hacer la vista gorda con el no cumplimiento de la meta de reservas exigida cuando se firmó el acuerdo con el gobierno de Javier Milei. Demostrando que se trata de un organismo financiero que sigue explícitamente los dictados del gobierno del imperialismo yanqui, el Fondo no solo “aprobó” la primera revisión del acuerdo con Argentina, sino que giró al gobierno de Milei 2 mil millones de dólares (en concreto, generó que para nuestro país se incremente aún más la deuda con el organismo) para que con ella se financie la estabilidad ficticia, una inflación que supuestamente no sube “tanto”, por lo menos hasta las elecciones de octubre. Se materializa así lo que dijo la titular del organismo, Kristalina Georgieva, hace un par de meses, cuando desembozadamente exigió que se votara por Milei, amenazando con represalias si así no sucedía. 
Esos 2 mil millones de dólares que entraron al país no irán, ni un centavo, a salud, educación, jubilaciones, discapacidad ni nada parecido. De entrada, 830 millones se fueron, tal como llegaron, para pagarle al propio Fondo por intereses de la deuda. El resto le servirá al gobierno de Milei para intentar “aguantar” al dólar por debajo de los 1.400 pesos, mediante la venta de divisas si hay amagos de corrida cambiaria. En concreto, facilitará la fuga de capitales de los pulpos especuladores. 

El Fondo exige “reformas estructurales”
Pero lo más escandaloso es la hoja de ruta de exigencias del FMI para el futuro inmediato pos-electoral. Sin eufemismos, reclama explícitamente avanzar con la flexibilización laboral y la quita total de los derechos conquistados por la clase trabajadora durante décadas. Al mismo tiempo, también plantea que, “a más tardar” en 2026, se presente el proyecto de “una reforma jubilatoria profunda”, que aumente la edad de acceso al sistema y elimine los regímenes especiales, de los cuales el más importante es el docente. A esto se suma la exigencia de lo que llaman “reforma fiscal”; en concreto, reducir los impuestos a los ricos y a las grandes empresas, incrementar las exenciones con regímenes como el RIGI, mientras, por contrapartida, continúan existiendo los gravámenes al consumo, como el IVA y el impuesto al salario. Una reforma que, además, tiene el objetivo de desfinanciar a las provincias, hoy responsables de prácticamente la totalidad de la educación primaria y secundaria y de una parte sustancial del gasto en salud pública.
En síntesis, no tenemos futuro con el FMI y la continuidad de los pagos de deuda externa, cuyos vencimientos crecerán astronómicamente en 2026 y 2027. La única salida, como explicamos repetidamente desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad, pasa por dejar inmediatamente de pagarla, romper con el Fondo y poner todos esos recursos al servicio de resolver los más urgentes problemas populares. 

Escribe Guido Poletti

Ofelia Fernández y Juan Grabois, ambos referentes de Patria Grande, atacaron al resto de los dirigentes peronistas. ¿Se preparan para romper y postular una alternativa distinta?

La exlegisladora porteña y referente juvenil afirmó que “no va a militar” la campaña electoral de Fuerza Patria, la lista del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Apuntó contra Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, a quienes acusó de estar atravesando una etapa “frívola y desorientada”, y sostuvo que no ofrecen nada que entusiasme a la juventud: “me duermo cuando los escucho”, sentenció.
Además, planteó: “Creo humildemente, y sujeto a que me convenzan, que no es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales de octubre. Hay que asumir la conflictividad que hay dentro y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas”.
Días más tarde, Juan Grabois, principal dirigente del espacio, cargó también contra el Frente Renovador de Massa, parte esencial de los acuerdos de unidad. Lo calificó como “parte de la derecha liberal”. 
Estas críticas pueden ser correctas pero: ¿Implica esto que Patria Grande se propone romper para construir una alternativa popular? Entendemos la expectativa que estos gestos pueden despertar en sectores cansados de las internas, las maniobras y las candidaturas de siempre, que buscan una salida diferente.
Sin embargo, como ya ocurrió en otras ocasiones (en particular con Grabois), estas posturas buscan contener “por izquierda” a miles de descontentos, pero sin romper con el peronismo. Más temprano que tarde, aparecen las excusas de “la unidad para enfrentar a la derecha”. De hecho, en esta oportunidad, la propia Ofelia, que critica la lista en la provincia de Buenos Aires, ¿hará la misma objeción en CABA, donde aspira a obtener un lugar expectante en la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria? En ese caso, no parece importar que la integren sectores como el Frente Renovador, a los que ella misma repudia en otros distritos.
Ser una barrera con discurso de izquierda para impedir que miles rompan definitivamente con el peronismo es un problema serio, especialmente si se pretende enfrentar a un gobierno ultraderechista como el de Javier Milei.
El propio peronismo (gobernando y aplicando el ajuste que exigía el FMI, con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa) fue el principal responsable de que una parte importante del pueblo trabajador terminara, equivocadamente, votando a un personaje como Milei.
En estos casi dos años, mientras La Libertad Avanza desplegaba su plan motosierra, el peronismo colaboró para que se aprobaran leyes clave, no se anularan los decretos de necesidad y urgencia, y se sostuvieran los vetos del Ejecutivo. Lo hizo a través de diputados que se alinearon con Milei o de otros que, en nombre del “dialoguismo”, respondieron a los gobernadores, se ausentaron o “se enfermaron” en votaciones decisivas. A esto se suma el ajuste aplicado por los propios gobernadores peronistas (incluso Kicillof), siempre con la excusa de estar siendo atacados por la Nación. Mientras tanto, las conducciones de la CGT y las CTA, ligadas directamente a distintos sectores del peronismo, le concedieron una tregua al gobierno: desmovilización, parálisis y aislamiento de las luchas.
No representan ninguna alternativa al ajuste de Milei ni al sometimiento al FMI. De hecho, Cristina, pese a sus discursos opositores, reconoció más de una vez que si el peronismo vuelve al poder “otra vez” deberá hacerse cargo de pagar el endeudamiento. Suspender los pagos de la deuda o romper con el Fondo ni siquiera forma parte de su discusión.
Por todo esto afirmamos que el peronismo no es la salida que necesita el pueblo trabajador. Y por eso, sostenemos que las posiciones de Fernández y Grabois no sirven; peor aún, generan confusión entre quienes sí están dispuestos a luchar y a construir algo nuevo.
Hoy más que nunca, la única alternativa real pasa por votar y fortalecer a la única oposición que siempre estuvo en las calles acompañando todas las luchas, que denunció sin medias tintas cada una de las medidas de La Libertad Avanza y, sobre todo, que tiene un programa obrero y popular que arranca planteando con claridad que no hay salida sin romper con el FMI y suspender el pago de la deuda externa.

Escribe Mariano Barba

La crisis política caló muy profundo en los partidos patronales mayoritarios. Un ejemplo fueron las escandalosas internas que se vivieron en el peronismo y en la ultraderecha mileísta por un lugar en las listas de candidatos para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. De esa puja de aparatos quedaron muchos heridos entre el peronismo, el PRO y el radicalismo. Parte de esa dirigencia huyó de la polarización entre peronistas y libertarios y comenzó a organizarse en un nuevo frente electoral.
Se denominan Somos Buenos Aires, una alianza entre referentes del peronismo, la UCR, el PRO, GEN y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Se consideran como “las fuerzas de centro” o “la tercera posición” y presentan listas de diputados, senadores y concejales en las legislativas de 2025. La iniciativa fue impulsada por 33 intendentes, legisladores y dirigentes de distintas zonas. Los más conocidos son: el intendente de Tigre, Julio Zamora (PJ, Primera Sección); el de Junín, Pablo Petrecca (PRO, Cuarta Sección); el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini (UCR, Tercera Sección); el presidente del comité radical de La Plata, Pablo Nicoletti (UCR, Octava Sección); y el exsenador Andrés De Leo (Coalición Cívica, Sexta Sección), entre otros.
¿Qué proponen?
Según Julio Zamora, son “la opción de la sensatez, mesura y mirada humana […] con experiencia de gestión, ya que administramos con austeridad, sin déficit”. Hacen hincapié en la seguridad, usando como referencia el “modelo democrático de seguridad” de Tigre, y exigen “más patrulleros”. Pablo Domenichini insistió en que “el eje es capacitar a las fuerzas de seguridad y dotarlas de tecnología […] estuvimos en Ezeiza con Maxi Pullaro y pusimos este tema sobre la mesa”, contó.
Estos dichos y las políticas que aplican en los municipios que gobiernan ¿en qué se diferencian del ajuste que impone Axel Kicillof en la provincia y de la estrategia represiva de Patricia Bullrich y Javier Milei? Prácticamente en nada: son más de lo mismo. No se destacan por presentar planes de viviendas, ni por equipar hospitales, ni por mejorar la inversión en escuelas.
Más que una tercera vía distinta, son otra vía muerta. Al igual que los partidos de los que provienen, no presentan ningún plan alternativo que no sea el déficit cero y el ajuste. Garantizan la continuidad del desastre económico, social, educativo y sanitario que afecta a la gran mayoría de las y los bonaerenses y del pueblo argentino.
Este frente es una nueva estafa electoral. Los legisladores que obtenga, como ya sucedió en el pasado, con la excusa del diálogo y la gobernabilidad, más de una vez aportarán sus votos a favor del ajuste mileísta, como, por otra parte, muchos ya lo han hecho en este año y medio.

Escribe Mariano Barba

A raíz de la crisis que atraviesan los partidos patronales, nació una nueva alianza de gobernadores autodenominada Grito Federal. La integran los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy).
Surgieron con el argumento de modificar la forma de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Consiguieron, con el acuerdo de los 24 gobernadores del país, que ambos proyectos obtuvieran media sanción en el Senado, y que próximamente sean debatidos en la Cámara de Diputados. En los últimos días también lograron que unos 400 intendentes de sus provincias apoyaran públicamente el armado electoral de cara a las elecciones de octubre. Su objetivo declarado es “tener una voz propia en el Congreso diferenciada del oficialismo, del peronismo, de la UCR y del PRO”.
Anuncian este distanciamiento, pero son los mismos que aplican la motosierra y el ajuste en sus provincias. No presentan ningún plan económico alternativo, ni nacional ni provincial, al que aplican otros gobernadores que continúan dentro del radicalismo, el peronismo o el PRO. Su verdadero objetivo es conservar el control sobre los posibles diputados y senadores que se elegirán en octubre. Ni siquiera garantizan oponerse a los vetos de Javier Milei contra jubilaciones y discapacidades. No son una nueva alternativa para el pueblo trabajador.

Escribe Adolfo Santos

Lejos de ser la empresa que “convirtió un desierto en un campo de flores”, como dice su currículum, Mekorot es uno de los brazos que el sionismo utiliza para la opresión y colonización del territorio palestino. Fundada en 1937, antes incluso que el Estado de Israel, fue financiada para encontrar el agua que necesitarían los colonizadores. En 1948, con el sionismo ya instalado, pasó a ser una empresa estatal y expresión de una política de dominación a través del servicio de agua.
Tiene infinidad de denuncias internacionales por violar los derechos del pueblo palestino. Mientras que en Gaza, entre el 90% y el 95% del suministro está contaminado y no es apto para el consumo humano, Israel no permite el traslado ni el suministro de agua potable. Utiliza el agua como un arma de exterminio, siendo cómplice del Estado sionista y del genocidio que se perpetra en esa región.
Desde hace años, Mekorot amplió su influencia en Latinoamérica e instaló proyectos en diferentes países. En Brasil, la empresa firmó contratos de asesoramiento con gobiernos estatales, aunque el Gobierno de Bahía se vio obligado a cancelar el acuerdo por las presiones de las campañas del Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones.
No es casual que el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, no sea ingeniero ni técnico, sino un miembro de las fuerzas militares y exministro de Seguridad, responsable de crímenes de lesa humanidad. La empresa que preside, ha sido denunciada ante las Naciones Unidas por su política de apartheid.
A pesar de estos nefastos antecedentes, en 2022, Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior del gobierno peronista de Alberto y Cristina Fernández, impulsó a varios gobiernos provinciales a contratar a Mekorot para asesorarlos en el manejo del agua. En su mayoría, son provincias que promueven la megaminería, el fracking y la agroindustria. Una sola minera de litio consume, en un día, el agua que 100 mil habitantes de la Puna usarían en todo un año. ¿Esas son las propuestas del peronismo?
Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, nos unimos a la movilización contra la privatización de AySA del gobierno entreguista de Javier Milei y decimos: ¡Fuera Mekorot!