Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

Schiaretti y su modelo peronista cordobesista mostraron en las últimas semanas su decisión de llevar a fondo la política de ajuste, miseria y represión para el pueblo trabajador. Llevan casi un cuarto de siglo gobernando a favor de los grandes empresarios y el FMI, modelo que pretende llevar como candidato a presidente.

En un contexto de enorme crecimiento de la crisis social y económica, de un 40% de pobreza, con una inflación de más del 102% interanual que golpea los bolsillos de las y los trabajadores ocupados y desocupados, activos y jubilados, los gobiernos nacional y provincial son responsables.

En ese marco, la Justicia de Córdoba, dependiente del poder político, a través del fallo del juez Fernández López, efectuó imputaciones en contra de al menos seis dirigentes sociales y gremiales que se movilizaron en la jornada nacional de la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril. Una medida ilegal y arbitraria, antipopular y anti obrera. Este fallo es la concreción, en los hechos, de los proyectos de criminalización de la protesta que desde 2022 intentan imponer tanto el PJ cordobés como sus socios de Juntos por el Cambio.

Desde nuestra banca repudiamos estos hechos a través de un comunicado y de un proyecto legislativo, pero también acompañando a Tribunales al secretario general de ATE-CTA Autónoma, Federico Giuliani, y participando en la conferencia de prensa organizada por la Multisectorial contra la criminalización de la protesta social.

Vamos a seguir defendiendo el derecho a reclamar y a movilizar, reivindicando las luchas de la salud, de la docencia, de los trabajadores ocupados y desocupados por el derecho a la comida y a una vida digna.

Solo con la más amplia unidad, organizados y en las calles podremos combatir el ajuste, el hambre y la criminalización de la protesta social. ¡Luchar no es delito!
 
 
 

Escribe Daniela Vergara, dirigenta de Izquierda Socialista y Secretaria de Prensa Amsafe Rosario

El día martes 11 de abril la docencia nucleada en AMSAFE Rosario, sindicato antiburocrático y de lucha, impuso un cese de tareas entre las 10.30 y las 14.30 horas. Esta Importante medida fue la respuesta frente a la escalada de violencia que se dio el fin de semana, cuando bandas narco-delincuenciales atacaron otra escuela pública de Rosario, descargando 15 balas de armas automáticas que atravesaron el establecimiento escolar hasta llegar a la dirección. Un nuevo acto criminal que puso en riesgo la vida de una maestra y su familia.

El hartazgo de la docencia, asistentes escolares y toda la comunidad educativa no tardó en hacerse escuchar, impulsando una nueva jornada de lucha, con una concentración frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe. En el acto denunciamos que todos los gobiernos, en particular Perotti, pero también el nacional y el municipal, así como el arco judicial y policial son responsables de este criminal hecho y de los otros que se vienen sucediendo en Rosario.

La docencia respondió parando masivamente sus tareas, a pesar de las amenazas del propio gobierno de Perotti y su Ministro de Trabajo. Hubo un muy nutrido e importante acto que contó con la participación de diferentes sindicatos (Ciprus, Sadop y ATE Rosario) y organizaciones estudiantiles, sociales y políticas. Nos hicimos presentes desde Docentes en Marcha e izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.

Ya en anteriores notas (ver “Ganan los narcos” por la complicidad de los gobiernos, las fuerzas represivas y la justicia) señalamos el fracaso de las políticas de los gobiernos nacional, provincial y municipal, mientras crecen la violencia, la precariedad de la educación pública, la miseria y la marginación social en los barrios populares. Donde no ponen el presupuesto necesario para combatir a las bandas narco y dar respuestas a las más elementales necesidades del pueblo trabajador.

En este caso, la balacera ocurrió en el barrio más militarizado de Rosario, la escuela 84, hermosa escuela pública que se sostiene con un gran compromiso educativo de sus trabajadores. Fue en cercanías del barrio Los Pumitas, donde mataron a Maxi y ya amenazaron varias escuelas. Amsafe Rosario se expresó movilizada dejando en claro que esto es un límite. Y que ante tanta irresponsabilidad y falta de políticas que terminen con la criminalidad habrá respuestas cada vez más fuertes como la que dimos el martes. Al grito de “Basta de Matar a Nuestrxs Alumnxs”, “Basta de Balaceras”, “Basta de violencia en los barrios y en las escuelas”, “con les chiques y las escuelas no” se les exigió a los gobiernos nacional, provincial y municipal, políticas públicas en la defensa de las escuelas públicas y los barrios. Marcando que la respuesta no es a la militarización. Ya hay fuerzas federales, gendarmería y policía provincial en esos territorios que se ven atravesados por las balas.

Hoy hubo un nuevo tiroteo. Fue en el barrio Tablada, en la puerta de las escuelas cuando salían de su clase de Educación Física. Es terrible ¡no se pueden transitar las escuelas ni habitar los barrios! Desde Izquierda Socialista denunciamos lo que está pasando en Rosario. Exigimos a los gobiernos su responsabilidad. Porque hay que terminar con el flagelo de las drogas, con la violencia, la narco delincuencia y las balaceras. Hay que acabar con el negocio ilegal de las drogas y las armas. Decimos que rompan el acuerdo con el FMI, porque sólo ofrece más ajuste, hambre y marginación social, y se ponga toda esa plata, todos los recursos que hagan falta en infraestructura, planes de vivienda y urbanización, transporte gratuito y público, clubes, escuelas en condiciones de enseñar y aprender, centros de salud para atender las adicciones públicos en cada barrio dando estudio, trabajo y salarios a la juventud.

Escribe Mariano Barba

Con el asesinato del chofer de la línea 620 en Virrey del Pino, La Matanza, saltaron a la vista de todos las condiciones de inseguridad, desocupación y falta de servicios que se viven en el gran Buenos Aires. También se visualizó el estado de los colectivos, que carecen de las mínimas medidas de resguardo para los choferes.  Mientras tanto Fernando Espinoza, actual intendente kirchnerista de la Matanza, y Verónica Magario, ex intendenta y actual vicegobernadora de Kicillof, se jactan de tener un plazo fijo por superávit que supera los 35.000 millones de pesos. Pero no hay nada de inversión en seguridad y condiciones de trabajo; nada de cámaras ni cabinas de protección para los choferes.

A este panorama se suma la desidia de las empresas de colectivos que no ponen un peso en mejorar los coches y garantizar la seguridad de los choferes. La pregunta es ¿adónde van los subsidios que reciben los empresarios?

En los últimos años creció la concentración empresarial que maneja el servicio de colectivos en el AMBA, donde se concentra más de un tercio de los habitantes del país que utilizan mucho el colectivo por las distancias para ir a trabajar, estudiar, etcétera. Las empresas se nuclean en seis cámaras, donde se destaca el grupo DOTA, con 180 líneas de las 380 que circulan en esa región. También coparon la construcción de carrocerías y chasis. Los empresarios siempre se quejan de que su rentabilidad es baja. Pero la realidad es que embolsan enormes ganancias sin arriesgar prácticamente nada, ya que el estado nacional les garantiza un volumen de subsidios que supera el 70% del costo. Y otro 20% se lo garantizan los estados provinciales y municipales. En el 2022 recibieron la friolera de 320.000 millones de pesos por las 18.000 unidades que están rodando. Y ahora reclaman un adicional mensual por 22.000 millones, sin comprometerse a ninguna mejora de seguridad.

En el interior del país se repite la historia. Desde Izquierda Socialista denunciamos este robo por parte de los empresarios y exigimos la estatización de todo el sistema de transporte público controlado por choferes y usuarios. Es lo que reclamamos en Neuquén Capital, donde nuestra compañera Angélica Lagunas, candidata a Intendenta del FIT Unidad, está denunciando que la nueva empresa concesionaria  recibe el triple subsidio, nacional, provincial y municipal, y con el aval del gobierno aumentó el boleto mínimo a 130 pesos, que va directo a los bolsillos de los empresarios.

El país se sigue hundiendo cada vez más en la miseria, el saqueo de nuestros recursos, la decadencia generalizada y el drama de la inseguridad. La semana pasada, la gota que rebalsó el vaso fue el asesinato del chofer de la línea 620, en La Matanza. También tuvimos el fallecimiento, en la calle, de una beba de tres meses, a escasos metros de la mismísima Casa Rosada. Dos postales de la realidad. Una en el conurbano bonaerense, gobernado por Kicillof y el peronismo del Frente de Todos. Otra en la “rica” Ciudad de Buenos Aires, con su jefe de gobierno del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Pero no es sólo un problema de política municipal o provincial. Todo esto es consecuencia del ajuste que, para cumplir con el FMI, hoy lleva adelante nacionalmente el gobierno peronista del Frente de Todos. Tal como, hace cuatro años, lo hacía Macri en su gobierno. Es que cada vez es más patente que ya nos gobernaron todos, llevándonos a este desastre. Por eso, en la rebelión de los choferes, al mismo tiempo que se echaba al mentiroso de Berni, se volvió a escuchar el grito de “que se vayan todos”. Por eso crecen las luchas contra el ajuste y sus consecuencias, como las que siguen llevando adelante los docentes, choferes, los trabajadores de la Salud del Paroissien, o los ferroviarios del Sarmiento, a pesar de que se los quiso amedrentar con la policía de Berni y Kicillof.

Es que millones de trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados, ven pulverizarse sus salarios con el aumento de la inflación. Las y los jóvenes observan que no tienen futuro ni perspectivas, con trabajos precarizados, flexibilizados al máximo, que no permiten estudiar ni independizarse. La contrapartida es que las grandes patronales siguen engordando sus superganancias. Los banqueros y otros especuladores financieros siguen llevándose millonadas con las leliq y la fuga de capitales. Y los acreedores externos y el FMI siempre están primeros para cobrar.

¿Qué hace mientras tanto el Frente de Todos? Después de que el presidente se fue, con medio gabinete, a rendirle pleitesía a Biden, a la vuelta siguió con sus promesas electoralistas, que ya no le cree nadie. Cristina sigue agitando su supuesta proscripción, mientras hace esfuerzos desesperados por no quedar pegada a la bronca ante el ajuste. Massa lleva la batuta en sus reuniones con el FMI. Ante el escenario electoral que se les abre, donde prima la desilusión con este gobierno, el peronismo apela a que lo apoyen “para que no vuelva la derecha”, mientras en la realidad sólo puede mostrar pobreza creciente y una inflación camino a más del 100% anual.

La oposición patronal de Juntos por el Cambio, por su parte, llevó la pelea por los cargos al límite, en medio de una gravísima crisis. Rodríguez Larreta dividió las elecciones porteñas de las nacionales, en dos urnas de votación el mismo día (con formatos distintos, uno electrónico y otro en papel). Recibió el apoyo de los radicales y de Carrió, y una fuerte condena de Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, las otras figuras representativas del PRO. Claro que no debemos confundirnos: no busquemos diferencias programáticas en el PRO. O  en el radicalismo. Todos los candidatos de Juntos por el Cambio, “duros” o “dialoguistas”, tienen un mismo programa de llegar al gobierno: un nuevo y mayor ajuste, y realizado de inmediato y muy rápidamente.

El liberfacho de Milei sigue haciéndose notar con su discurso de “indignado” de ultraderecha. Una de sus actividades favoritas es insultar a la izquierda en los medios de comunicación, creando caldo de cultivo para el surgimiento o envalentonamiento de grupos de ultraderecha como el que atentó contra nuestro partido Izquierda Socialista en La Plata. José Luis Espert, por su parte, ahora como un ”sector” dentro de Juntos por el Cambio, sigue reclamando “cárcel o bala”.

Hay un punto que los une a todos: peronistas del Frente de Todos, radicales o dirigentes del PRO de Juntos por el Cambio y liberfachos como Milei reivindicadores de la dictadura o de gobiernos como el de Menem. Todos defienden este sistema capitalista. Por eso decimos: ¡esto no va más! Es hora que gobiernen los que nunca lo han hecho, los que no tienen complicidad con este desastre, la izquierda junto a las y los trabajadores, construyendo una Argentina socialista.  
Se trata de aplicar un cambio de fondo, con un plan económico alternativo, obrero y popular, que comience por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para así priorizar las más urgentes necesidades del pueblo trabajador: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda.  

Este programa sólo lo levanta el Frente de Izquierda Unidad. Sólo el FIT Unidad puede salir a confrontar con esta propuesta a los partidos patronales que únicamente pueden entregar más ajuste el año que viene, luego del desastre que se vislumbra para este 2023. Se trata de una gran oportunidad para seguir creciendo y canalizando la bronca y el hartazgo de decenas de miles con el gobierno y el ajuste del FMI.

Pero esto sólo es posible llevarlo adelante con políticas unitarias, tal como lo venimos planteando desde Izquierda Socialista. Por eso seguimos diciendo ¡no a la división del Frente de Izquierda Unidad en las PASO! Nos parece un grave error que tanto el PTS, como el PO y el MST se hayan lanzado a una competencia con fórmulas presidenciales por separado. Porque crea una seria amenaza de dividir al Frente de Izquierda, como lamentablemente ya sucedió en Salta, haciéndole el juego a los partidos del ajuste. Por eso insistimos con nuestra propuesta: una fórmula presidencial unitaria Bregman-Solano. Es lo que venimos planteando con todas y todos nuestros precandidatos, como Juan Carlos Giordano, Mónica Schlottahuer, Mercedes Trimarchi o Rubén “Pollo” Sobrero. Para así salir unidos a enfrentar al peronismo, al macrismo y al neofascismo de Milei. Un paso importante en este sentido será poder realizar el próximo 1° de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, un gran acto unitario y de lucha del Frente de Izquierda Unidad en la Plaza de Mayo, replicable en todas las plazas del país.

Escribe Diego Martínez

El asesinato de Daniel Barrientos generó una gran movilización de cientos de choferes, que protagonizaron un importante paro. La presencia de Berni generó un amplio repudio.

Alrededor de las cinco de la mañana del lunes 3 de abril dos personas subieron a robar a un colectivo de la línea 620 en Virrey del Pino, La Matanza, e iniciaron un tiroteo con un policía que se encontraba arriba de la unidad, tras lo cual resultó muerto el conductor.

La noticia de la muerte de Daniel corrió rápidamente entre los choferes y la reacción no se hizo esperar. Primero pararon los compañeros de la línea 620 y luego se fueron sumando choferes de otras líneas. Tal fue la reacción que la conducción de la UTA tuvo que avalar el paro en la zona oeste y se adhirieron a la medida varias líneas de otras zonas del AMBA. Si el paro no tuvo alcance nacional fue por el rol de la burocracia de la UTA. En declaraciones radiales, el secretario general del gremio Roberto Fernández dijo textualmente “No queremos un paro general”.

En repudio al asesinato de Barrientos y por la exigencia de medidas de seguridad los choferes cortaron la intersección de General Paz y Ruta 3. El corte comenzó temprano en la mañana y se extendió hasta entrada la noche. A medida que iba pasando el tiempo se acercaban más y más choferes, entre ellos los compañeros de la línea 60. También se hicieron presentes llevando la solidaridad con el reclamo, y fueron bien recibidos, el diputado nacional electo Juan Carlos Giordano y la diputada provincial Graciela Calderón, junto a una delegación de militantes de nuestro partido Izquierda Socialista.

El repudio a Berni y demás políticos patronales

La muerte de Daniel Barrientos se sumó a la de Leandro Alcaraz en 2018, y el asesinato de Pablo Flores  en 2020. En esa ocasión el ministro de Seguridad Berni prometió la instalación de cabinas, cosa que nunca sucedió. De ahí la bronca que se expresó contra el ministro cuando este personaje quiso venir a “copar la parada” y levantar el corte de los choferes el pasado lunes.

El descontento no alcanzó solo a Berni sino también a demás políticos patronales. Se cantó contra el intendente de La Matanza Espinoza, quien se desentendió del problema, y sonó fuerte el “Que se vayan todos”. Cuando sucedió la muerte de Alcaraz en 2018 gobernaba la provincia Vidal de Juntos por el Cambio, quien tampoco dio respuesta alguna al reclamo de seguridad de los choferes.
Si vamos más atrás en el tiempo, ya en 2008, cuando Cristina gobernaba el país y Scioli la provincia, prometieron la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos del gran Buenos Aires y nunca cumplieron esta promesa.

Que los gobiernos garanticen la seguridad de los choferes

Pasan los distintos gobiernos y el problema de la inseguridad de los trabajadores del transporte persiste. Ahora Kicillof y Berni intentan desviar el foco de atención haciendo cacheos con la policía, reforzando así el régimen represivo sobre los sectores populares.

En lugar de esta pantomima deben garantizar de una vez por todas que se instalen las cabinas de seguridad blindadas en cada unidad. Muchas fueron las quejas de las empresas de transporte acerca de los costos que demandaría la instalación de estas cabinas. Lo decimos bien claro: ¡La vida de un chofer vale mucho más que las ganancias de esas empresas chupasangres! Y reclamamos justicia para Barrientos. El gobierno peronista del Frente De Todos, que otorga fabulosas cifras en concepto de subsidios, debe garantizar por los medios que sean necesarios que de una vez por todas las empresas compren e instalen las cabinas.

Pero el problema de la inseguridad no es solo de los choferes, tenemos que pelear por erradicar la inseguridad de los barrios. De fondo, hay que desarticular la connivencia de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico y el delito, y luchar por cortar de cuajo las causas centrales de la inseguridad: la pobreza y la marginación a la que someten los distintos gobiernos al pueblo trabajador y sectores populares. Son las consecuencias de sus políticas. Con el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Milei siguen el ajuste, el saqueo y el FMI.