Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

En enero de 1920 se puso en práctica en Estados Unidos la prohibición de fabricar y distribuir bebidas alcohólicas. Tuvo consecuencias nefastas. Se dispuso que “ninguna persona fabricará, venderá, cambiará, transportará, importará, exportará o entregará cualquier licor embriagador”. Decían que tras prohibir las bebidas alcohólicas “iba a nacer una nueva nación y se iban a cerrar para siempre las puertas del infierno.”

Tras la medida, cientos de miles de personas se dedicaron a fabricar bebidas alcohólicas con otras sustitutas adulteradas y altamente tóxicas. Esto fomentó el tráfico ilegal y las bandas criminales. El consumo de alcohol, por el contrario, creció, se encareció el precio y se incrementó la demanda del conjunto de las drogas. Las mafias (como Al Capone) se multiplicaron, dando paso a la violencia, crímenes y a una tremenda corrupción. Todo esto se ha reflejado en novelas y en el cine de entonces, con recordadas películas como Los Intocables o El Padrino.

Las mafias se multiplicaron y extendieron su poder, con la complicidad de funcionarios gubernamentales, policías, agentes federales y capitalistas. Se adueñaron de las destilerías, monopolizaron el contrabando y los centros nocturnos clandestinos. John Kennedy, padre de John Fitzgerald, y sus dos hermanos, fue uno de los famosos que se enriqueció con este negocio.

En 1933 se derogó la prohibición. Durante los años que estuvo en vigencia la Ley Seca “30.000 personas murieron intoxicadas por ingerir alcohol metílico; 100.000 sufrieron lesiones permanentes como ceguera o parálisis; 270.000 fueron condenadas por delitos federales; los homicidios aumentaron un 49% y los robos un 83% con referencia a la década anterior”, dicen las noticias de la época. A pesar del fracaso de la Ley Seca, desde entonces se utilizan los mismos argumentos que la engendraron para justificar la prohibición de las drogas.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El terror narco es devastador. Rosario y su pueblo lo sufren. “Clanes criminales, policías, fiscales, jueces, políticos, empresarios, constructores y financistas son parte del negocio delictivo”, relata en una nota Alconada Mon (La Nación, 17/3/24). Este flagelo creció bajo todos los gobiernos capitalistas. Acá postulamos las propuestas de Izquierda Socialista para atacarlo de raíz.
 
La violencia narco comenzó en Rosario con fuerza inusitada en 2013. Atravesó tres gobiernos provinciales y tres nacionales de distintos signos. “Socialistas”, macristas, radicales y peronistas llevaron la situación al desastre. En once oportunidades desembarcaron fuerzas federales con los deplorables resultados a la vista. El año pasado Rosario tuvo el mayor índice de homicidios del país (casi 2.000 asesinados en una década). “Con zonas que tienen un porcentaje de muerte similar a Medellín en tiempos de Pablo Escobar” (Rogelio Alaniz, periodista e historiador, Clarín 13/3).

Pullaro, Bullrich y Milei retoman la idea de enviar al Ejército. Lo mismo había intentado Alberto Fernández. Pero la salida represiva como en Ecuador, México o Colombia terminó con militares jugando para tal o cual cártel narco. Hasta el ex jefe del Ejército, Martín Balza, lo reconoce: “Pongo el caso de Colombia. ¿Se terminó el narcotráfico?, no. ¿Se incrementó?, sí”.

En Rosario, además, la policía es parte del problema. “Pasó a integrar las bandas y a estar subordinadas a ellas” (Virginia Messi, Clarín, 13/3). En concreto, el prohibicionismo y la ilegalidad han llevado a emprender políticas represivas que han sido un rotundo fracaso. Se persigue a perejiles y consumidores. En Argentina solo el 1% de las causas federales apuntan contra algún gran narco.
 
Un negocio multimillonario

Las drogas mueven anualmente 600.000 millones de dólares (similar a un PBI de Argentina), con márgenes de ganancia cercanos a 3.000%, uno de los más rentables del mundo. Rosario reporta 200 millones al año. “Mameluco Villalba”, narco del conurbano bonaerense, llegó a lavar 22 millones de pesos por día (La Nación, 13/3). Los beneficiarios son narcos y sus cómplices: gobiernos, políticos patronales, empresarios, militares, jueces y los encargados de lavar sus ganancias ilegales. Desde directivos de grandes constructoras (como el grupo IRSA del empresario sionista Elsztain, dueño del Hotel Libertador donde se alojó Milei, que construyó megatorres en Rosario), inmobiliarias, grandes empresarios agropecuarios, financistas. Negocio que se vale del colador que significan los puertos privados y la Hidrovía del Paraná como ruta de escape. “Un kilo de cocaína puede valer en Rosario entre 6.000 y 9.000 dólares mientras que en Europa oscila entre 30.000 y 60.000 euros (Enrique Font, profesor Criminología, Idem LN). Por eso estamos por la reestatización de los puertos y de la Hidrovía del Paraná-Paraguay (utilizada para el tráfico narco), bajo control y administración de sus trabajadores y poblaciones ribereñas.
El narcotráfico es un gran negocio capitalista centrado y fomentado por Estados Unidos, por eso no debe llamar la atención que en ese país imperialista nunca cae ningún gran mafioso de la droga.
 
Legalizar las drogas y que pase a ser un tema de salud pública

Para erradicar de raíz a los narcos hay que quitarles el negocio que genera violencia y muertes. Esto se va a lograr terminando con el prohibicionismo y la ilegalidad. Por ejemplo, la prohibición de las bebidas alcohólicas que se impuso en Estados Unidos en 1920 (Ley Seca), llevó a que crecieron las mafias y las muertes (ver recuadro "Narcotráfico / El antecedente de la Ley Seca").

Hay que legalizar las drogas a escala nacional y mundial. ¿Qué significa? Que pase a ser legal la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo. Es decir, transformarla en una actividad más dentro de las reglas del mercado. Esto implica su sometimiento a controles de salud pública, que se paguen fuertes impuestos, con trabajadores registrados y derecho a sindicalizarse.

No solo nosotros postulamos la legalización de las drogas. El liberal Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, afirmaba: “La única gente que puede sobrevivir en ese negocio son las bandas que tienen suficiente dinero para flotas de aviones y métodos sofisticados de traslado de la mercadería. Donde el precio de una sustancia ilegal está determinado más por el costo de su distribución que por el de su producción” (Alfredo Zaiat, Página/12, 12/3/23). A su vez, el semanario londinense The Economist defiende la legalización de la producción, expedición y consumo de las drogas.

La legalización no significa fomentar el consumo de drogas. Al contrario. Precisamente bajo los regímenes más estrictos, como el yanqui, es donde más se consume. La legalización de las drogas es para combatir a las mafias y a sus crímenes, en primer lugar, y a su vez reducir el consumo, disminuir las muertes y hospitalizaciones por adicciones. La legalización y regulación por parte del Estado es lo que terminaría con la terrible red clandestina que produce sustancias sin controles. Haría que las adicciones pasen a ser un problema de salud pública, obligando a que los gobiernos hagan campañas permanentes de prevención sobre los riesgos de consumir, abran centros de recuperación gratuitos, estatales, para reducir los riesgos y daños en el uso de sustancias, invirtiendo fondos suficientes para ello e incluyendo el tratamiento estatal gratuito e integral contra las adicciones en las obras sociales.

A su vez, las bandas narco han crecido en un tejido social destruido, con barrios hundidos en la miseria, centros de salud y escuelas que se caen a pedazos, clubes sin ningún financiamiento para rescatar a los pibes que puedan caer en su entramado. En vez de levantar una salida de fondo, los distintos gobiernos patronales empujan a las nuevas generaciones a ser víctimas del negocio de la droga. Por eso peleamos por trabajo genuino, salud, educación y vivienda digna para nuestra juventud, con un plan económico obrero y popular.
La propuesta de legalización, en definitiva, la sostenemos en el marco de la lucha por terminar con todos los males capitalistas, peleando por una sociedad socialista donde no haya explotados ni oprimidos.

Escribe Juan Carlos Giordano

Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

14/3/2024

El Senado acaba de votar el rechazo al DNU. Son tan brutales sus disposiciones y la crisis política entre el gobierno y los políticos patronales “amigos”, que hasta algunas y algunos senadores radicales y de otros bloques tuvieron que votar en contra, además de quienes integran el peronismo. Un DNU con disposiciones reaccionarias, arbitrarias, antiobreras y antipopulares que afectan no solo al pueblo trabajador, sino también a la clase media y a las economías regionales.

Esto fue precedido de una dura pelea entre Milei y la vice presidenta Villarruel, quien ya no tenía margen para impedir la sesión. Milei hasta patrocinó mensajes por las redes de sus trol, diciendo que Villarruel debía ser “colgada en Plaza de Mayo”, mostrando la profunda crisis política en la que está sumido el gobierno.

La caída del DNU en el Senado representa una nueva derrota política de este gobierno ultraderechista. Un DNU que vino sufriendo fallos judiciales adversos que frenaron las disposiciones referidas a la reforma laboral. Derrota que no es definitiva, ya que para que se anule definitivamente se tiene que votar también el rechazo en Diputados. Hay que terminar de enterrarlo. Y lo tendremos que lograr con un nuevo paro general. 

¿Cuál es la “necesidad” y “urgencia” en liquidar cientos de leyes? Ninguna, más que facilitar la aplicación del plan motosierra y licuadora contra el pueblo trabajador, en pos de la concentración económica. 

Recordemos que el DNU declara la “emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social” para darle plenos poderes de monarca a Milei. El DNU facilita los despidos de personal; prácticamente prohíbe el derecho a huelga; liquida las obras sociales; deroga la ley de alquileres llevando a miles de inquilinos a pagar cifras siderales o a tener que volver a vivir con sus familias; habilita las privatizaciones de YPF, el Banco Nación, Aerolíneas y los ferrocarriles; deroga la Ley de Tierras para favorecer el acaparamiento de las mismas en manos de capitales extranjeros y en beneficio de mineras y petroleras saqueadoras; hasta liquida los clubes de fútbol para transformarlos en sociedades anónimas, entre otras barbaridades. 

Por todo esto el DNU se tiene que anular. Con el paro y la enorme movilización del 24 de enero de la CGT se logró la caída de la ley ómnibus. Hay que avanzar por este camino, exigiendo a la CGT y CTA otro paro general y plan de lucha nacional para tirar abajo definitivamente el DNU, frenar la nueva ley ómnibus que impulsa el gobierno y el conjunto del plan motosierra. Y en especial, para lograr un inmediato aumento de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad ante el asesinato de los cuatro trabajadores exigimos Justicia, cárcel a los autores materiales e intelectuales y nos solidarizamos con sus familias.

Estamos viviendo una nueva (y la más sangrienta) escalada de la violencia narco. Cuatro trabajadores asesinados por sicarios para enviar mensajes al gobierno provincial. Pero no es un hecho nuevo. En 2023 tuvimos varios casos de asesinados “al azar”, para enviar mensajes al gobierno, al servicio penitenciario o incluso a otra banda de narcotraficantes.

La violencia narco comenzó en Rosario con inusitada fuerza en 2013. Atravesó tres gobiernos provinciales, y tres nacionales, de distintos signos políticos. Socialistas, Macristas, Radicales y Peronistas. Todos dijeron que iban a solucionar el problema con el envío de “Fuerzas Federales”. Lo hicieron en 11 oportunidades desde el estallido de la violencia y los asesinatos. Los resultados están a la vista. En 2023 Rosario tuvo, por lejos, el mayor índice de homicidios del país, sumando una nueva “modalidad”: asesinar al azar para enviar mensajes.

Ahora Pullaro, Bullrich y Milei retoman la idea de enviar al Ejército para “ayudar” en la guerra contra el narcotráfico. En 2023 ya lo había intentado Alberto Fernández, sin ningún éxito. Quieren meter a los militares para darles algo de prestigio y favorecer la posibilidad de que participen en la represión interior, lo que está prohibido desde la salida de la dictadura en 1983.
¿Solucionaron el problema del narcotráfico con el ejército, los países que lo intentaron, como Ecuador o México? No. Incluso el problema creció en muertos y con más militares involucrados en negocios con bandas de narcotraficantes, como ya sucede con la policía y las “fuerzas federales” en nuestro país.

A esta altura, y en base a los múltiples casos y denuncias judiciales -varias de ellas que terminaron con condenas- queda claro que no es posible que existan bandas de narcotraficantes-de semejante poder e impunidad- sin el aval de sectores de la política oficial, la justicia y la policía. Ante tal desastre, el pedido que recorre el pueblo rosarino es “más seguridad”, lo que –pese a la obvia desconfianza en la policía-, termina desembocando en el pedido de poner en la calle más policías o gendarmes. Lo que ya se hizo, y muchas veces. Y estamos cada vez peor.

Mientras esta alianza de narcotraficantes, policías, jueces, políticos y empresarios se mantenga, la violencia crecerá, como sucede en Ecuador, Brasil, México o Haití. ¿Cómo se puede romper este pacto de violencia y muerte? Hay que terminar con las drogas como negocio ilegal, lo que da ganancias fabulosas que se reparten entre “los socios” sin dejar rastros, incluso a “respetables” empresarios que viven de lavar la plata manchada de sangre. En Rosario, esto se potencia por la presencia de múltiples puertos privados que despachan centenares de barcos a todo el mundo, sirviendo de nudo logístico internacional para el narcotráfico.

Varios países ya han empezado a legalizar algunas drogas y a tomar el problema como una cuestión de salud pública. Terminando -o al menos achicando- el negocio del narcotráfico, y la violencia que genera. La “Ley seca” en la década del 20 –y su posterior derogación- en EEUU, fue una cabal muestra del desastre que genera el prohibicionismo.

Pero también denunciamos que las bandas narcos han crecido y se han fortalecido en un tejido social destruido, con barrios hundidos en la miseria, centros de salud y escuelas que se caen a pedazos, o clubes sin ningún financiamiento para rescatar a los pibes que pueden caer en bandas narcos como una opción de vida y de muerte. Necesitamos inversión en los barrios populares, empezando por trabajo genuino para la juventud, que permita también estudiar, así como presupuesto para educación y la salud pública. Pero en lugar de esto Milei y Pullaro profundizan un ajuste que destruye cualquier posibilidad de futuro para la juventud y trabajadores. Pagar la deuda al FMI y los banqueros son sus prioridades. Hasta que no frenemos esta sangría e impongamos un plan económico obrero y popular no tendremos solución a la violencia y la miseria que ahogan a Rosario.

En esta situación es muy importante que las CGT y CTA convoquen al paro Regional que, desde Amsafe Rosario, ya se está impulsando, así también una urgente movilización para ganar las calles contra la violencia narco-criminal.

Izquierda Socialista Rosario

El gobierno ultraderechista de Milei está inmerso en medio de una profunda crisis política. No logró, hasta ahora, articular coherentemente ni siquiera con la oposición patronal “dialoguista” en el Congreso. Va y viene en peleas con los gobernadores, incluso con los más cercanos. Se le cayó la Ley Ómnibus y tiene capítulos enteros del DNU paralizados por la justicia.

El protocolo antipiquete de Bullrich fue desafiado varias veces por masivas movilizaciones, la más grande, sin duda, la del paro general del 24 de enero.

Sin embargo, y a pesar de estas debilidades el gobierno de La Libertad Avanza sigue adelante con su plan de guerra contra el pueblo trabajador, con el apoyo del FMI y de las grandes patronales. La inflación, que desde diciembre ya acumula más del 60% está pulverizando como nunca las jubilaciones y los salarios. El cierre de organismos públicos y la recesión va generando un crecimiento acelerado de la desocupación. La pobreza y la indigencia se multiplican. Los planes sociales también están congelados, la comida no llega a los comedores populares y se dan tarifazos en los servicios públicos. Prácticamente en forma diaria, el gobierno anuncia una nueva medida antipopular.  

La contrapartida a todo esto es que también crecen las luchas y la organización para enfrentar al plan motosierra. Es algo que viene sucediendo prácticamente desde el primer día de este gobierno ultraderechista. Trabajadoras y trabajadores de diversos gremios salen a la pelea por su salario (docentes, sanidad, aeronáuticos, metalúrgicos, estatales, entre otros). Otros pelean por evitar cierres o privatizaciones, como las y los trabajadores de Télam, o los ferroviarios del Sarmiento junto a la Comisión Salvemos al Tren. La juventud se organiza contra el aumento del transporte y protagoniza “Molinetazos”. Sigue la lucha del movimiento en defensa del ambiente. Unidxs por la Cultura continúa movilizándose y se hace presente en cada lucha. En varias localidades nacen y crecen las asambleas barriales,  El movimiento de mujeres se apresta a protagonizar un masivo 8M. Y seguramente tendremos una enorme movilización el próximo 24 de marzo, en otro aniversario del golpe genocida.

Sin duda, una gran tarea es coordinar todas estas peleas, para ayudar a que ganen. Salir a luchar unitariamente, sin sectarismo, con todo aquel que se oponga al plan motosierra. En este marco, es muy importante seguir exigiendo a la CGT y las CTA que llamen ya mismo a un nuevo paro general y a un plan de lucha. Cosa que lamentablemente, no es lo que está sucediendo, ya que dicen que “esto no se resuelve contestando con un paro general” y apela a tener confianza en que los gobernadores frenarán el plan de La Libertad Avanza. Y esto a pesar de que Milei insiste, como hizo en su discurso del 1° de marzo, no sólo con el ajuste en curso, sino en anunciar avanzar en la flexibilización laboral, la reforma jubilatoria, los cierres de organismos públicos y las privatizaciones.

La bronca y los conflictos crecientes hacen que muchos, hasta el FMI, se pregunten si este ajuste es “viable” o si todo terminará estallando. El resultado dependerá de lo que sucede en las calles, en las luchas, en los paros y movilizaciones, que hay que hacerlas cada vez más masivas y coordinarlas.

Pero también es fundamental dar respuestas políticas. Porque Milei dice que su plan motosierra es la única salida. Miles que ya no soportan el ajuste y salen a luchar contra él se preguntan cuál es la opción a todo esto. Respondemos que, sin duda, no es volver al peronismo, cuyo gobierno nos llevó a este desastre, y terminó generando que, equivocadamente, millones por bronca votaran al ultraderechista de Milei. La alternativa, en cambio, es la que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: que gobiernen los que nunca lo han hecho y no tienen complicidades con el ajuste, las y los trabajadores y la izquierda. Para poner en marcha un programa diferente, opuesto por el vértice al actual, obrero y popular, que priorice las más urgentes necesidades populares y no a los buitres acreedores. Por eso decimos que ese plan alternativo debe comenzar por suspender inmediatamente todos los pagos de la deuda externa y romper con el FMI. En vez de darle más privilegios a las grandes empresas, tiene que ponerle fuertes impuestos. Se debe plantear terminar con la especulación y la fuga de capitales, nacionalizando la banca y el comercio exterior. Hay que reestatizar las privatizadas para ponerlas a funcionar bajo gestión de sus trabajadores y usuarios. Y, por supuesto, empezar por otorgar un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. Todas estas medidas, como un primer paso para avanzar hacia una Argentina socialista, donde impere la más plena democracia para el pueblo trabajador.