Escribe José Castillo

Finalmente, el gobierno de Fernández cerró el acuerdo con los pulpos acreedores en el capítulo de bonos bajo legislación extranjera. Para preguntarse a quién beneficia, no hay más que ver los eufóricos festejos de los mercados internacionales, los especuladores, los banqueros y la aprobación de los economistas del establishment. 

Cada día se va haciendo más transparente que no puede haber una negociación “progresista” donde se crezca, haya trabajo, mejores salarios y jubilaciones y, a la vez, se pague la deuda a los acreedores.

Los detalles de la entrega

En un comunicado conjunto, los tres bloques en los que se organizaron los grandes acreedores se mostraron “complacidos”. Así lo expresaron BlackRock, el mayor fondo especulativo del mundo, y los otros usureros involucrados, como Templeton, Greylock o Pimco. No hay, por si a alguien le quedaba alguna duda, ningún “pequeño ahorrista” entre ellos. Y no es para menos que expresen su complacencia con el acuerdo.

El gobierno termina reconociendo 54,8 dólares por cada 100, 15.500 millones de dólares más que en la primera propuesta que hizo Alberto Fernández, donde ofrecía 33. Incluso por encima de lo “recomendado” por el propio FMI (que había planteado en marzo que cualquier valor por encima de 50 dólares era “insustentable”). Y también por arriba de la misma propuesta del gobierno de principios de julio, que ya era tan favorable a los acreedores que se llevó el aplauso de Luis Caputo y del mismísimo Domingo Cavallo. 

En el acuerdo la quita de capital es casi inexistente (inferior al 2%) y el promedio de intereses que se pagará será del 3% anual (en dólares, por supuesto), cuando hoy en el mundo, los bonos de deuda de otros países pagan tasas de entre el 0 y el 0,5%.

Nuestro país, que lleva pagados 5.000 millones de dólares desde que asumió Fernández, comenzará a abonar vencimientos a partir de julio de 2021. ¿En qué quedó la afirmación del presidente de que la Argentina no tenía ninguna posibilidad de pagar nada durante cuatro años? ¿No era que se iba a priorizar a los jubilados y al bolsillo de los trabajadores?

Los pasos que siguen

Pero acá no termina la historia. Inmediatamente comenzará otra negociación, esta vez con el Fondo Monetario Internacional. En esto queremos ser clarísimos, no existe ningún acuerdo “progresista” posible con el FMI. El Fondo es uno de los principales organismos del orden capitalista imperialista internacional. La Argentina tiene que pagarle al organismo casi 49.000 millones, comenzando en septiembre de 2021, y con vencimientos gigantescos entre 2022 y 2023. Sin quita posible. Lo que se negociará será un nuevo “préstamo” para patear la deuda para adelante. A cambio, el Fondo reclamará un nuevo ajuste y la puesta en marcha de lo que llama “reformas estructurales”: fiscal (menos impuestos para los ricos y achicamiento en el gasto social), previsional (liquidando las cajas y hambreando más aún a los jubilados) y laboral (destruyendo convenios colectivos y flexibilizando al máximo a los trabajadores).

Al mismo tiempo, se han conocido las pautas para la renegociación de los bonos de deuda bajo legislación local. Se trata de un monto no menor, 40.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones están en manos de grandes acreedores, y una parte muy importante en poder de un solo dueño, Pimco, uno de los mayores fondos de especulación del mundo. Este es el motivo por el que, increíblemente, se les permitirá a estos bonistas, que tienen títulos en pesos, dolarizar su acreencia.

En conclusión, toda esta renegociación, con sus distintos capítulos, nos lleva a más saqueo, colonización, miseria y explotación. Nuestro país no tiene salida mientras siga girando alrededor de esta bola de nieve imparable. Por eso insistimos en que la única salida es dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI y el resto de los organismos internacionales y poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades del pueblo trabajador. 

Escribe Diego Martínez

En plena pandemia, Alberto Fernández dio a conocer los lineamientos de la reforma judicial que comenzaría a discutirse esta semana. El proyecto busca modificar el sistema judicial, ampliando la justicia federal y creando nuevos juzgados y cargos. La ley incluiría además la ampliación de los miembros de la Corte Suprema. Según Alberto Fernández, estas medidas serán un avance hacia un sistema judicial más democrático e independiente. “Es hora de tener una Justicia independiente, sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos ni políticos”, tuiteó. El gobierno, una vez más, hace gala de su doble discurso, aprovechando la pésima reputación que bien ganada tienen los jueces entre los trabajadores y sectores populares, para anunciar una medida que tendrá el efecto contrario del que enuncia. Que haya más jueces no implica una mayor democratización de la Justicia. Por el contrario, esto solo servirá para que el gobierno tenga más jueces adeptos y controle la Justicia al servicio de sus intereses políticos y de garantizar la impunidad para sus funcionarios, empresarios amigos y, principalmente, para Cristina Fernández, imputada en diversas causas. No casualmente se creó una junta consultiva asesora sobre la reforma en la que no solo el gobierno tiene mayoría propia, sino que la integra Carlos Beraldi, el mismísimo abogado defensor de Cristina. Una vergüenza.

No importa el color político del gobierno patronal en cuestión, la Justicia siempre responde a los intereses del mandatario de turno. La realidad demuestra que la división de poderes y la justicia independiente no existen.

El peronismo kirchnerista manejó la justicia a su antojo con mano férrea durante sus doce años de gobierno. Así logró zafar de numerosas causas de corrupción. Cuando el ex procurador general de la Nación Esteban Righi intervino en la causa Ciccone, por la que hoy está condenado el ex vicepresidente Amado Boudou, fue echado de su cargo. 

También Macri, al momento de asumir, se aseguró de tener el control de la justicia, nombró a dos jueces de la Corte Suprema por decreto y puso magistrados afines en todos los fueros. Así logró la impunidad para él y todo su gobierno. No era fácil, Macri ya contaba con doscientas catorce causas en su contra.

Más allá del alineamiento individual de cada juez, y de los roces circunstanciales que se generan como reflejo de peleas de poder en las alturas, de conjunto, la Justicia responde a los intereses de los empresarios y el régimen político burgués. Es por eso que, pese a la resistencia de Clarín y figuras de la oposición, Alberto Fernández está buscando sumar el mayor consenso posible entre los partidos patronales detrás de la reforma. El diario Clarín reconoció que referentes de la oposición, como Federico Pinedo, fueron tentados para formar parte de la “comisión asesora”, lo que contaba con la venia del mismísimo Macri (Clarín, 2/8/2020). El proyecto contempla el traspaso de veintitrés juzgados federales, que pasarían a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. La reforma implica la creación de noventa y cuatro cargos en juzgados federales de todo el país. Más allá de garantizarse una mayoría propia, el peronismo pretende llegar a un acuerdo con PRO y la UCR a través del reparto de los cargos restantes.

La Justicia defiende a los empresarios y a los políticos patronales

Más allá de a quién responda  coyunturalmente, la Justicia tiene un carácter de clase. Responde al poder económico y al poder político de los capitalistas.

El sistema judicial actúa con mucha celeridad para condenar a un ladrón de gallinas, pero hace la vista gorda frente a flagrantes delitos como el desfalco cometido por Vicentin, el vaciamiento de Latam, que deja a 1.700 familias en la calle, o la violación sistemática de contratos de trabajo, como lo vienen haciendo miles de empresas durante esta cuarentena, con el pago del 75% de los salarios, o en algunos casos un porcentaje mucho menor. Otros empresarios directamente abandonan sus empresas, sin consecuencia legal alguna, como es el caso de La Nirva, de La Matanza, donde la patronal hace nueve meses que no paga los sueldos y los bienes de la empresa todavía no fueron embargados.

Mientras la Justicia encarcela con mucha rapidez a luchadores políticos como Daniel Ruiz y Sebastián Romero, procesados por luchar contra una ley que implicaba otro robo a los jubilados, políticos corruptos como Menem, implicado en causas por narcotráfico y tráfico de armas, no pasaron un día en una cárcel. Y, por si existiera alguna posibilidad de ser condenado, hace diecisiete años que Menem, como senador nacional, se asegura los fueros que lo mantienen en la impunidad.  Algo similar podríamos decir de Macri, Cristina y tantos otros.

Si alguna vez la Justicia emitió un fallo a favor de los trabajadores y el pueblo, fue por la presión de la movilización popular. La persistente y masiva movilización de cada 24 de marzo logró que en 2003 se derogaran las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impuestas por Alfonsín en 1987, junto con los indultos de Menem a los genocidas. Cuando en 2017 la Justicia, con el aval de Macri, quiso imponer el 2x1 reduciendo las condenas de los genocidas, cientos de miles nos movilizamos en las calles y Macri y la justicia tuvieron que dar marcha atrás. También es gracias a la movilización de las mujeres que se logró crear la figura jurídica del femicidio, que permite que se les dé a los violentos que matan a las mujeres la pena máxima de veinticinco años de prisión. Estos casos antes quedaban encuadrados como “crímenes pasionales”.

 ¿Qué Justicia necesitamos?

Mientras luchamos por una justicia que defienda los intereses de los trabajadores y no de los empresarios, peleamos por algunos cambios inmediatos. No va más la justicia elegida a dedo. Queremos que todos los jueces se elijan por el voto popular y que sus mandatos no sean vitalicios, sino por un tiempo determinado, y que puedan ser revocables.

Basta de privilegios para los jueces. No solo cobran sueldos siderales, sino que perciben jubilaciones de privilegio que oscilan entre los 300.000 y 700.000 pesos. Como si esto fuera poco, están exentos del pago del impuesto a las ganancias, que abonan, entre otros miles, los trabajadores de la salud en plena pandemia. Es una vergüenza absoluta que los jueces no lo paguen.

Otra medida que debería implementarse son los juicios por jurado, establecidos en la Constitución, pero que, salvo escasísimas excepciones, nunca se implementaron. Deben hacerse realidad con la participación de vecinos y vecinas designados por sorteo. Es un mecanismo que permite reducir las maniobras del Poder Judicial que, en todos los niveles, sistemáticamente falla contra los trabajadores, los sectores populares, las mujeres y los jóvenes.

Escribe Gastón Godoy

“Se cumplen tres años de impunidad en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, seguimos esperando que la Corte Suprema decida investigar con la carátula por ese delito y asigne un juez que sea imparcial”, dijo Sergio Maldonado ante un nuevo aniversario sin justicia. Recordemos que la desaparición forzada se produjo en el marco de un reclamo por las tierras del pueblo mapuche el 1° de agosto de 2017, en la provincia del Chubut. Santiago fue desaparecido tras una violenta represión por parte de Gendarmería Nacional contra el grupo de manifestantes mapuches. Hasta el día de hoy los responsables de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado siguen impunes. Y esta impunidad continúa con el gobierno peronista de Fernández, sumada ahora la desaparición de Facundo Castro. Por eso seguimos en las calles exigiendo justicia por Santiago y la aparición de Facundo. 

La represión que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado es parte de un ataque sistemático por parte del Estado contra la autodeterminación y posesión ancestral de los pueblos originarios. Patricia Bullrich, quien era ministra de Seguridad de Macri en 2017, buscó siempre desligar a la gendarmería de toda responsabilidad por la desaparición y muerte de Santiago. Esta semana, el ministerio de Seguridad de Sabina Frederic denunció a Pablo Noceti (ex jefe de gabinete de ese ministerio cuando lo encabezaba Bullrich) por su responsabilidad en el operativo que derivó en la muerte de Maldonado, bajo la carátula de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos de ese día 1° de agosto de 2017, Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola. Extrañamente, contra Patricia Bullrich no habría ninguna denuncia, a pesar de que fue quien con más ahínco defendió a los gendarmes y tildó de “terroristas” a quienes estaban protestando.

El accionar de Noceti que Frederic hoy está denunciando no se diferencia mucho de la manera de proceder de Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires. El ministro hoy sigue negando la participación de la policía bonaerense en la desaparición de Facundo y sostiene la versión de que el joven de Pedro Luro nunca había estado en la comisaría de Origone. Un relato que se muestra cada vez más endeble ante la aparición en esa comisaría de un objeto (regalo de su abuela) que le pertenece a Facundo y que sería una evidencia irrefutable de que estuvo allí, a contramano de lo que sostienen el gobernador Kicillof y su ministro de Seguridad. “Cuando vi el regalo de mi mamá ahí casi me muero. ¿Y esta gente me dijo que Facundo no había estado allí y que lo dejaron seguir?”, declaró la madre a varios medios locales.

Desde Izquierda Socialista apoyamos la lucha de los pueblos originarios por recuperar sus tierras, y a tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado seguimos levantando en alto las banderas de solidaridad que él representa y exigiendo justicia, así como también nos sumamos a la campaña por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, denunciando la responsabilidad de la policía bonaerense y del gobierno peronista. Seguimos gritando Santiago Maldonado ¡presente!, ¡ahora y siempre! y ¡aparición con vida de Facundo Astudillo Castro!

Escribe Daniela Vergara, secretaria de Cultura de Amsafe Rosario

La ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, está siendo afectada desde hace meses, y en forma sistemática, por incendios que se suceden en las islas del río Paraná, que son parte de la provincia de Entre Ríos.

El fuego arrasa con miles de hectáreas, un verdadero ecocidio del cual son responsables los gobiernos provinciales de Omar Perotti y Gustavo Bordet, que al igual que Alberto Fernández y su ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, solo declaran estar “consternados” por el desastre, pero no toman todas las medidas para detenerlo. ¡Hipócritas! Esto les permite a los que iniciaron el fuego seguir en total impunidad, a pesar de que ya hubo un fallo judicial que responsabiliza a los dueños de estas islas. Al día de hoy no se ha proporcionado ninguna solución.

El fuego está generando gravísimos problemas en la salud de la población, lo que se suma a los que ya tenemos con la pandemia.

Estos incendios tienen que ver, sin duda, con el sistema capitalista, que depreda el ambiente a pasos agigantados al servicio del agronegocio.

Este sábado 1º de agosto hubo en la ciudad de Rosario una impresionante caravana convocada por la multisectorial en defensa de los humedales. La movilización fue una de las más numerosas desde marzo, se dirigió hacia el puente Rosario-Victoria y los accesos fueron cortados. Tuvo como protagonistas a miles de jóvenes y familias enteras reclamando “¡basta de incendios y de agronegocios!” y una ley que proteja los humedales de las islas de nuestro río Paraná.

Esta ley de humedales debe contemplar el presupuesto necesario para la conservación, protección, restauración ecológica y ambiental, pero solo será posible si se deja de subsidiar al agronegocio, con fuertes impuestos a las grandes fortunas, que incluyan a los dueños de las grandes extensiones de campo y los bancos, y que se deje de pagar la deuda externa.

Transcurre una semana más de profundización de la pandemia. Todos los días los periodistas nos sorprenden con la misma noticia, “récord de casos”. El AMBA sigue concentrando la gran mayoría de los contagios y las muertes, pero en el interior del país también vemos apresuradas “vueltas atrás” ante la reaparición de focos de la pandemia. Mientras los gobiernos, el nacional de Fernández, el provincial de Kicillof (peronistas) y el porteño de Larreta (Juntos por el Cambio) siguen  “habilitando” actividades y cada día más personas transitan por las calles, aumentan las probabilidades de que colapse el sistema de salud, corriéndose el serio riesgo de que en cualquier momento no alcancen las camas de terapia intensiva o, lo que en los hechos es lo mismo, los trabajadores de la salud.

El ministro Ginés González García afirma, insólitamente, que “lo sorprendió” la multiplicación del número de casos en estos días. Y vuelca la responsabilidad sobre la gente, haciendo centro en eventuales “rupturas” de la cuarentena en fiestas, encuentros con amigos, etcétera. Una expresión más del doble discurso del gobierno peronista que oculta los dos verdaderos motivos por los que decenas de miles de personas se ven obligadas a salir a la calle: ir a trabajar porque así se lo exigen sus patrones, mucho más allá de las actividades esenciales, o las que tienen que romper la cuarentena para salir a buscar un peso donde sea, porque no tienen ingreso alguno y se pretende que vivan con los miserables 10.000 pesos del IFE. Increíblemente, frente a esta realidad, al gobernador Kicillof lo único que se le ocurre es ofrecer 500 pesos por día a quienes les da positivo el diagnóstico para que vayan a los paradores establecidos por la provincia de Buenos Aires.

En el drama social que se profundiza a medida que pasan los días y las semanas, está la base del otro tema que empieza cada día a preocupar a los sectores populares, el incremento de la inseguridad. No debe sorprendernos, el Indec acaba de dar a conocer nuevas cifras de aumento de la canasta básica oficial para no ser pobre, que ya alcanza a 43.811pesos, y de indigencia, a 18.029. La situación es más grave aún, la junta interna de ATE Indec, proponiendo un cálculo mucho más cercano a la realidad de una familia trabajadora, señala en 69.433,7 pesos el piso para no ser pobre, y en 22.734 el límite de indigencia.

El gobierno peronista de Fernández, frente a esta realidad, sigue reuniéndose con los grandes empresarios. Ahora agrega a las transnacionales y los pulpos acreedores, a los que se les sigue prometiendo cerrar la negociación y pagar, mientras se acerca la nueva negociación con el FMI. Su plan actual y el que ya esboza post pandemia, más allá de la retórica, en lo concreto tiene dos beneficiarios, las grandes patronales y los acreedores de la deuda.

Los trabajadores no observan pasivamente este panorama, con más de 300.000 puestos de trabajo perdidos, otros tantos en riesgo, reducciones salariales, aguinaldos no pagados o en cuotas y patronales que aprovechan la crisis para aumentar la flexibilización laboral y la superexplotación. A pesar de la traición de la burocracia de la CGT y las CTA, que dejan pasar este ajuste, siguen las luchas. Como la de los trabajadores de Latam contra los despidos y el cierre de la empresa, la de los docentes de Ademys y los Suteba combativos que se preparan para dar pelea cuando se reanude el ciclo lectivo, o los trabajadores de la salud que siguen reclamando medidas de seguridad ante el Covid-19, los jóvenes superexplotados de las aplicaciones que continúan peleando contra patronales como Glovo o Rappi, y los choferes de la UTA en distintas ciudades del interior, entre otras peleas en curso.

Mientras esta es la realidad del pueblo trabajador, en el otro extremo de la pirámide social se conocieron los nuevos datos del ranking internacional de supermillonarios que publica la revista Forbes, donde figura un pequeño grupo de argentinos. Alejandro Bulgheroni (dueño de la petrolera Pan American Energy) escaló a la primera posición de los multimillonarios nacionales, seguido por Marcos Galperín (Mercado Libre), desplazando a Paolo Rocca (Techint) al tercer lugar. Pero, más allá de la pelea por el podio, lo concreto es que las cincuenta mayores fortunas de la Argentina, todas por encima de los 300 millones de dólares, suman el 14% del PBI (todo lo que se produce en el país en un año). Resulta claro que aquí está una parte importantísima de la plata para resolver los gravísimos problemas de las dos pandemias, la sanitaria  y la social. Por eso volvemos a insistir con la necesidad de imponer un impuesto a las grandes fortunas que, junto con el no pago de la deuda, genere los recursos suficientes para poner en funcionamiento un fondo de emergencia que resuelva las urgentes necesidades populares.

La crisis sanitaria y social de la pandemia del Covid-19 está sacudiendo no solo a nuestro país, sino al mundo entero. En la actualidad, la región más afectada es Latinoamérica, que sin embargo sigue cruzada por luchas y movilizaciones de la misma manera que, desde hace unas pocas semanas, asistimos a una auténtica rebelión contra el racismo en el propio territorio yanqui. En este marco, entre el jueves 30 de julio y el sábado 1° de agosto se realizará la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos del FIT Unidad, con la presencia de partidos hermanos del resto del continente e invitados especiales. Se debatirán las medidas concretas que requiere urgentemente el pueblo trabajador ante la coyuntura y también la tarea impostergable de unir a los revolucionarios para impulsarlas. Te invitamos a conectarte virtualmente y seguir los debates por Facebook y YouTube.