Escribe Rubén Maldonado

Diego Roda, dueño de la verdulería “El económico”, fue asesinado en la localidad de Ituzaingó el 12 de septiembre de 2016, cuando la policía perseguía a una camioneta robada en Villa Pineral, Caseros.

Como tantos casos en la provincia de Buenos Aires, la versión policial fue que los propios delincuentes mataron a Diego Roda. Pero la pelea constante de su familia logró que avance la investigación, a cargo del juez Roberto Tavolaro (UFI 1 de Ituzaingó), y se hallen más pruebas.

En enero de 2018 una comisión especial descubrió en el auto de Diego una bala que pertenecía a un policía local de Ituzaingó, Fernando Aníbal Grane, con siete meses de servicio y antecedentes de disparos contra un joven en una riña callejera.

Se imputó a Grane junto con otros policías locales, Gerardo Gabriel San Miguel, Maximiliano Gastón Ramos, Camila Fernanda Pazos y a los tres delincuentes por el asesinato de Diego, que recibió cuatro balazos (cabeza, tórax, brazo y hombro derecho) y la herida en una mano de su compañera causada  también por un disparo.

En estos días se realizó una movilización en Ituzaingó, en la cual se hizo presente Rubén “Pollo” Sobrero junto a una delegación de ferroviarios del Sarmiento. Con su familia seguimos reclamando justicia por Diego y que vayan presos sus asesinos y cómplices.

Escribe Nicolás Núñez, diputado porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Dos informes publicados en la semana ayudan a comprender cuál es el rumbo que nos tienen preparado el capitalismo y sus gobiernos. Por un lado, uno que graficó el aumento de la desigualdad en el marco de la pandemia, y por otro, uno que dio cuenta de la dinámica de la masiva extinción de especies a escala planetaria en las últimas décadas. Veamos de qué tratan.

Oxfam es una ONG global que viene recolectando año a año cifras que muestran la realidad de la enorme desigualdad social imperante en el mundo. A partir de sus informes, hoy en día sabemos que el 1% más rico de la población mundial tiene más riquezas en sus manos que casi 7.000 millones de personas. O que la mitad de la humanidad vive con menos de 5,50 dólares al día. Un monto que, en parámetros de nuestro país, es el equivalente a afirmar que viven en el límite o por debajo de la línea de indigencia. En los primeros meses de la pandemia se lanzaron ríos de tinta y compungidos discursos evocando a que la crisis del coronavirus abriera la posibilidad de desandar ese camino de desigualdad para ir hacia un “capitalismo más humano”. Ahora, el último informe Oxfam nos pinta el panorama global de qué pasó en la realidad, y no en las palabras, al calor de la crisis del coronavirus.

Acercándonos al millón de fallecidos, hay que sumar a ese saldo 400 millones de personas que perdieron su trabajo y 500 millones que fueron empujadas a la pobreza. Mientras eso sucedía en el polo más empobrecido de la humanidad, en el otro extremo, empresas como Microsoft y Google distribuyeron entre sus accionistas dividendos por 21.000 millones de dólares y 15.000 millones de dólares respectivamente. Los grandes laboratorios farmacéuticos que recibieron enormes ayudas económicas de los gobiernos, como Johnson & Johnson, Merck y Pfizer, ya distribuyeron 16.000 millones de dólares entre enero y agosto. Las seis principales multinacionales del petróleo (Exxon Mobil, Total, Shell, Chevron, Petrobras, BP), mientras declaraban pérdidas por 61.700 millones de dólares para llorarle a los gobiernos (y terminar recibiendo subsidios, flexibilización laboral y luz verde para la destrucción ambiental), entre enero y julio han repartido dividendos por el valor de 31.000 millones de dólares entre sus accionistas. En este marco, se prevé que treinta y dos de las empresas más rentables del mundo se lleven, de conjunto, ganancias por 109.000 millones de dólares más que lo promediado en los cuatro años anteriores, y en ese proceso los veinticinco billonarios más ricos del mundo incrementaron su patrimonio, tan solo entre marzo y mayo, en 255.000 millones de dólares.

Oxfam estima que implementar un impuesto a las ganancias extraordinarias, como el que se aplicó durante la Segunda Guerra Mundial, tan solo a las treinta y dos empresas “más afortunadas” de este período, hubiera permitido generar los recursos para financiar pruebas de detección y vacunas para la totalidad de la población del planeta, y aun después de eso quedaría plata para fomentar la investigación y ayudar a los profesionales de la salud. ¿Cuántos cientos de miles de vidas se podrían haber evitado perder de esta manera? Imposible saber. De lo que sí tenemos ya certeza absoluta es que este sistema, que prioriza la ganancia de un puñado de empresas por sobre la salud de miles de millones, solo nos deparará más pobreza, más desigualdad y más muertes evitables.

¿Planeta vivo?

El otro testimonio del que queremos dar cuenta es el Informe Planeta Vivo 2020. Se trata de un relevamiento de 21.000 poblaciones animales silvestres vertebradas elaborado por la organización WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y la Sociedad Zoológica de Londres. En esta ocasión, dieron cuenta de que entre 1970 y 2016 se redujo en promedio el 68% de las poblaciones silvestres registradas –mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios–. Si bien no existen al día de hoy herramientas para medir el conjunto de la vida sobre la faz de la Tierra, este relevamiento es una clara señal de la tendencia a la que arrastra al mundo entero la depredación capitalista.

Los principales motores de esta tendencia hacia la extinción masiva de especies son el avance del agronegocio, la deforestación, la sobreexplotación de los mares y el tráfico ilegal de animales, en el marco del proceso de calentamiento global. Ya en 2019 la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas señaló que un millón de especies de animales y plantas se encontraban en peligro de extinción. Ante la publicación del informe de la WWF, la propia ONU tuvo que salir a admitir que, de los veinte puntos que ciento noventa países se comprometieron a cumplir en 2010 en pos de salvaguardar la biodiversidad, seis fueron cumplidos “parcialmente”, y el resto, ni de cerca.

El 25S salimos en todo el mundo a decir “socialismo o catástrofe”

La crisis del coronavirus es otra señal de alerta de a dónde nos empuja este sistema, ordenado en torno de la ganancia capitalista. La Huelga Mundial del Clima del 25S tiene que servirnos para combatir a escala mundial no solo a los gobiernos capitalistas, sino también al escepticismo de quienes plantean que ya no hay nada por hacer. A la realidad de monstruosa desigualdad y destrucción ambiental que graficamos en estos párrafos tenemos que responderle con más organización, con más lucha y con más compromiso por construir una alternativa política que pueda colaborar en torcer el rumbo de esta historia. La disyuntiva es cada vez más clara, socialismo o catástrofe.

Escribe Ariel Napoli

Desde principios de 2000, cuando Klaukol se instaló en La Matanza, los vecinos del barrio Las Mercedes, en Virrey del Pino, sufren la contaminación medioambiental provocada por la emanación de metales pesados. Entre treinta y cincuenta camiones cargados con arena llegan a la fábrica diariamente. Esa arena es mezclada con agregados tóxicos, aditivos, gases y aerosoles. Del tratamiento de este cóctel contaminante se desprenden partículas de sílice cristalina, clasificada como cancerígeno humano, y metales pesados en el agua. La contaminación abarca 10 kilómetros a la redonda de la planta. Un relevamiento realizado por vecinos determinó que, en un radio de diez manzanas, en los últimos diez años murieron cerca de ciento cincuenta personas, y en total ya son cien las personas muertas a causa de la contaminación que provoca esta fábrica. Cuando en 2009 explotó una chimenea, el barrio quedó envuelto en una nube de polvo que cubrió el cielo. Al poco tiempo, vecinos del barrio fueron desarrollando patologías severas comunes, enfermedades respiratorias, leucemia y casos de cáncer que se multiplicaron de modo exponencial. Comenzaron a investigar y se encontraron con que estaban respirando aire contaminado.

Frente a esta situación, se organizaron como vecinos autoconvocados contra la contaminación de Klaukol con la consigna “Klaukol nos mata”. Como parte de su lucha, han presentado denuncias en distintos ámbitos judiciales durante diez años que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la actividad contaminante persiste, y mientras el Poder Judicial y los gobiernos de turno no dan respuesta a este problema, la gente se sigue muriendo.

La única respuesta que obtuvieron los vecinos frente a esta problemática fueron las amenazas de matones enviados por la patronal de Klaukol. En 2016 dos hombres interceptaron a punta de revólver a Susana Aranda, principal referente de la lucha de los vecinos, y la obligaron a tragarse dos pilas. La compañera siguió viva de milagro.

Como si esto fuera poco, el pasado miércoles 9 de septiembre los vecinos convocaron a una concentración frente al municipio de La Matanza que fue reprimida por la policía comandada por el intendente Espinoza. Cuando la manifestación ya había concluido la policía inició una cacería que terminó con once manifestantes presos.

Repudiamos esta represión y le exigimos a la Justicia y a los gobiernos provincial y nacional que intercedan en esta problemática para que Klaukol nos deje de matar.

Finalmente, el gobierno nacional y provincial otorgaron un aumento salarial a la policía bonaerense. El mismo gobierno que dice que no hay plata para mejorar los salarios de los trabajadores de la salud, que ajusta a los jubilados, que no aumenta los IFE y los paga bimestralmente, que recorta los salarios obreros al 75% y los mantiene congelados en docentes y estatales.

La crisis política que le generó al gobierno este reclamo de la policía bonarerense, hizo que el presidente Fernández decidiera intervenir y cortar fondos de CABA para darle a la policía bonaerense un aumento de casi un 20% y otros beneficios. Mientras, Kicillof se prepara para desalojar a miles de sin techo reprimiéndolos con la misma bonaerense. Desde el primer momento llamó la atención la “celeridad” de la respuesta de Kicillof y Berni para anunciar que darían un aumento salarial. Pero al no dar cifras el reclamo policial, siguió por dos días más. Una velocidad que no tuvieron frente a los reclamos de los trabajadores de la salud, de los docentes, de los judiciales o del conjunto de los estatales de la provincia, que siguen con salarios de hambre y congelados. Resulta claro que todo esto se explica por la política del gobierno peronista nacional y provincial, de fortalecer el aparato represivo para seguir aplicando el ajuste y sus acuerdos con el FMI.

Esta protesta policial no fue parte de un “intento de desestabilización antidemocrático”, como quisieron señalar amplios sectores del gobierno y afines para justificar dar un apoyo a Fernández y Kicillof. La crisis social que se vive en el país también golpea a un sector de la policía. Crisis social provocada por el gobierno peronista de Alberto Fernández que, frente a la pandemia, favorece a las patronales, a las multinacionales y a la banca mientras que crece la desesperación de los sectores populares. Y no queda clara aún la respuesta que dará Kicillof al punto que reclamaba la bonaerense de que se anulen los sumarios a los policías acusados de casos de “gatillo fácil” y de la muerte de Facundo Castro, por ejemplo.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-U, seguiremos movilizándonos exigiendo castigo a los culpables del crimen de Facundo y de todos los casos de gatillo fácil en lo que están seriamente implicados la policía bonaerense. Exigiendo que se vaya Berni y se conforme una comisión investigadora independiente para que se vaya a fondo en el caso de Facundo. Fernández y Kicillof le otorgan un aumento salarial a la bonaerense pero se lo niegan a los trabajadores de la salud y al conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares más desprotegidos ante el Covid 19. Por eso resulta fundamental la exigencia de un aumento de emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias.

Los dirigentes de la CGT y las CTAs no mueven un dedo y apoyan al gobierno. Desde abajo hay que exigirles que convoquen a un plan de lucha nacional por estos puntos. Los salarios de los trabajadores de la salud, de los docentes y estatales bonaerenses son más bajos aún que lo que cobraban y cobrarán los agentes policiales. Por eso llamamos a luchar por un inmediato aumento salarial al básico, para que ninguno de los trabajadores que se inicia cobre menos de la canasta familiar, que hoy ya está arriba de los 70 mil pesos. Y que inviertan en insumos, nombramientos y todas las necesidades de la salud pública, para seguir atacando la pandemia Plata hay.

Es necesario luchar y reclamar al gobierno que se implemente un fuerte impuesto a las grandes empresas, multinacionales y banqueros. Y que se suspendan los pagos de la deuda externa. Tenemos que seguir peleando contra las consecuencias del ajuste. Apoyando todas las luchas por aumento de salario o para enfrentar los despidos (Latam, Plusmar, entre otras). No dejándolas solas, como hacen la burocracia de la CGT y las CTAs. Coordinando las luchas y fortaleciéndolas para que ganen. Como venimos planteando desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, que se apresta a realizar el próximo 17 una jornada nacional por todos estos reclamos. Y al mismo tiempo, postulando el programa de emergencia alternativo para que la crisis la paguen los ricos, los grandes empresarios, los banqueros y los buitres de la deuda, no el pueblo trabajador.

Izquierda Socialista 10/9/2020

El crecimiento de la pandemia y el riesgo real de un colapso del sistema sanitario es la mayor preocupación que hoy recorre al pueblo trabajador. Hay contagios por todos lados. Ya prácticamente no hay nadie que no conozca a un compañero de trabajo, de estudio, familiar o vecino que haya dado positivo. 

Pasamos los 10.000 muertos y estamos en la parte de arriba de la tabla de posiciones mundial de casos por habitantes. El gobierno peronista de Alberto Fernández y los de las provincias estén en manos del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio siguen echándole la culpa a la gente, a “la falta de responsabilidad”, como si no tuvieran nada que ver con la autorización a las patronales para la apertura de actividades. O con la falta de infraestructura y personal sanitario que se empieza a sentir en todo el país.

Cumplidos seis meses desde el inicio formal de la cuarentena, la pandemia social estalla por todas partes. Detrás de las masivas tomas de terrenos, y de las particularidades políticas que tiene cada una, se vislumbran las historias de miles de familias que perdieron sus viviendas en estos meses, por no poder pagar el alquiler (en muchos casos ni siquiera de piezas en hoteles o en los mismos barrios populares). Es que a los millones que vivían de changas, hay que sumarle los casi 400.000 que perdieron sus trabajos en blanco (y muchos más en negro). Los 10.000 pesos por familia del IFE (que en la práctica, al cobrarse bimestralmente, se transforman en 5.000 por mes), no alcanzan para nada. Y encima ahora existe la duda si habrá un nuevo cobro. También los pequeños comerciantes sufren esta crisis.

Mientras tanto, la respuesta del gobierno, en la voz del secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, alienta la mano dura. Lo hace mientras dirige la misma policía de la provincia responsable de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro. O ahora de la inacción ante el femicidio de Ludmila Pretti.

Esa “maldita policía”, con todo un historial de casos de gatillo fácil y represiones al pueblo trabajador, es la que se protesta reclamando aumento de salario y más equipamiento. No se trata de ninguna “desestabilización de la derecha”, como agitan algunos periodistas del gobierno. Pero sí es cierto que sus voceros ni siquiera aceptan que no se debe reprimir más a los trabajadores o terminar con los casos de gatillo fácil. Y que, increíblemente, recibe por parte del gobierno de Kicillof y Berni, la respuesta inmediata de que sus reclamos son “justos” y el compromiso de recibir un incremento salarial. ¡El mismo gobierno que tiene congelados los salarios de todo el pueblo trabajador!

Esto causó un profundo malestar en Cicop, ATE y AJB (judiciales), los principales gremios que agrupan a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Es que para ellos los salarios siguen congelados, mientras los precios de los productos de primera necesidad y las tarifas (como se vio en estos días con las boletas del gas) siguen subiendo. Similar congelamiento salarial vive la inmensa mayoría de los trabajadores de todo el país. Sólo el 19% de los asalariados en blanco recibieron algún tipo de aumento, y en todos los casos en cuotas y por debajo de la inflación. Para la inmensa mayoría no hubo ningún aumento. Peor aún: muchos tuvieron el descuento del 25% acordado entre la burocracia de la CGT y la UIA. Otros tantos vienen cobrando el aguinaldo en cuotas, o directamente recibiendo su salario “de a pedazos”. Por eso resulta fundamental la exigencia de un aumento de emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias.

Es más urgente que nunca poner los recursos necesarios para atender las dos pandemias: la sanitaria y la social. Y la plata está, hay que buscarla en las grandes fortunas de los Galperin (Mercado Libre), Rocca (Techint), Sigman (Grupo Insud), Bulgheroni (Panamerican Energy), Pérez Companc (Molinos) y en las superganancias de las empresas (de los bancos, de los monopolios agroexportadores, de las petroleras y gasíferas). Ya mismo debe imponerse un impuesto a las grandes riquezas. Pero un impuesto de verdad: porque después de la injustificable demora de meses, el gobierno de Alberto Fernández presentó un proyecto que no incluye a las empresas, y que incluso solo alcanza a los millonarios “con domicilio fiscal en el país”, por lo que algunos de los más importantes, como Galperin, Sigman o Bulgheroni no estarían contemplados. Por eso cobra cada vez más importancia el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad: el que sí propone que paguen todos los grandes multimillonarios y las grandes empresas, para poder recaudar 15.000 millones de dólares y, urgentemente, volcarlos a la emergencia. Para poner plata para atender las necesidades de la salud. Y también para darle 30.000 pesos de IFE a todo el que lo necesite.

A todo esto hay que sumarle la necesidad de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. No sólo por el dinero que este año se pagó a los pulpos acreedores (y que volverá a pagarse el año próximo), sino porque las exigencias de la negociación con el Fondo, hacen que el gobierno ya haya reconocido que, al ajuste actual, se le sumará uno mayor el año que viene. Lo dijo el propio ministro Guzmán: van a bajar el déficit fiscal al 4,5% del PBI el año que viene. ¡Eso es reducir los gastos del estado en un monto más grande de toda la plata que se puso este año para la pandemia!

Tenemos que seguir peleando contra las consecuencias del ajuste. Apoyando todas las luchas por aumento de salario o para enfrentar los despidos. No dejándolas solas, como hacen la burocracia de la CGT y las CTAs. Coordinando las luchas y fortaleciéndolas para que ganen. Como venimos planteando desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, que se apresta a realizar el próximo 17 una jornada nacional. Y al mismo tiempo, postulando el programa de emergencia alternativo que explicamos más arriba, para que la crisis la paguen los ricos, los grandes empresarios, los banqueros y los buitres de la deuda, no el pueblo trabajador. Esto es lo que venimos planteando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.