Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Mientras la crisis económica castiga a los hogares, este fin de semana la pandemia superó la barrera de los 100.000 contagios y llegó a la cifra de casi 2.000 muertos. No cabe ninguna duda de que no ha disminuido. Seguimos subiendo por una cuesta cuya cumbre, después de la cual empezaría el descenso, todavía no está a la vista. El gobierno peronista de Alberto Fernández sigue responsabilizando a los trabajadores, mientras el aumento de la circulación, y por ende los contagios, es un producto de la crisis de la apertura de industrias y comercios autorizados por el propio gobierno y de la desesperación de millones de sectores populares que salen a “changuear” al no tener cómo conseguir los recursos más elementales para vivir. 

Las camas de terapia intensiva (UTI) se mantienen ocupadas en un 60% promedio, pero ya hay hospitales y sanatorios privados importantes saturados o con ocupación superior al 80 por ciento. Los refugios y hoteles para aislar a los pacientes con trastornos menos graves ya empezaron a llenarse. Este verdadero drama humanitario se torna trágico al comprobar que gran parte de estos contagios y decesos podrían haberse evitado si se hubiesen tomado todas las medidas necesarias para contener la epidemia, como venimos denunciando desde estas páginas.

Los trabajadores de la salud ya han aportado más de seis mil contagiados y más de veinte fallecidos

Los contagios y muertes de los trabajadores de la salud pusieron al descubierto que los bajos salarios empujaron a la mayoría de ellos al poliempleo. Tanto en el ámbito estatal como en el privado se está alzando el clamor por la apertura de paritarias. Es que la situación aprieta, una enfermera tucumana gana 36.000 pesos y un médico 44.000 pesos. La provincia de Buenos Aires no paga mejor, 46.000 pesos para el médico ingresante. En Córdoba, los médicos residentes municipales llevan dos meses sin cobrar. El bono de 20.000 pesos no ha sido cobrado en muchas jurisdicciones del país y, mediante interpretaciones arbitrarias, no se hace extensivo a las salas periféricas, centros asistenciales y la totalidad del personal de los establecimientos.

Entramos en una etapa en la que se aproxima la saturación y, quizás, el desborde del sistema de salud. En este escenario, el recurso humano pasa a ser cada vez más necesario. Por ejemplo, la tecnología de respiradores recién incorporados –muchas veces de manera precaria– requiere de personal en número suficiente y con la capacitación necesaria para manejarlos. Aumentar las camas de UTI sin reconocer que los trabajadores que brindan atención a diario son insuficientes y están mal remunerados no fortalece el funcionamiento del sistema ni garantiza los derechos de los pacientes.

Reclamos en CABA y provincia de Buenos Aires

Kicillof, el gobernador peronista de Buenos Aires, anunció con gran resonancia mediática la “desprecarización” de miles de trabajadores de la administración pública bonaerense. En los hospitales de la provincia de Buenos Aires, resultado de una lucha de años sostenida por Cicop, no hay personal profesional contratado como monotributista. Además, desde la paritaria de 2016 no pueden ingresar precarios. Todo debe hacerse de acuerdo con las normas de la carrera profesional. En la última paritaria se acordó la normalización del remanente de becarios y otros compromisos. Ninguno ha sido cumplido. Firmaron acuerdos para incumplirlos y negarle al personal de salud su derecho básico a percibir un sueldo adecuado en medio de una pandemia.

Larreta, el macrista jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se niega a reforzar el sistema de salud como se necesita. Por ejemplo, es necesario reemplazar a los trabajadores que deben realizar aislamiento, EPP entregados en calidad y cantidad suficientes, licencias para los grupos de riesgo y recomposición salarial. Pero contrata enfermeras en forma precaria por 38.000 pesos mensuales y firmó la resolución 499, del 12 de junio, que aumenta la carga horaria semanal de enfermería.

En CABA la lucha de los trabajadores de la salud es doble. Deben enfrentar no solo al gobierno de Cambiemos, sino a la burocracia peronista del Sutecba y a la conducción de la Asociación de Médicos Municipales y su apéndice, la Federación de Profesionales, que tienen un sólido pacto con el gobierno y ahogan todo intento de resistencia. Los agrupamientos gremiales independientes son todavía muy minoritarios, aunque van creciendo debido a las luchas de los últimos años.

Hay que centralizar el sistema de salud para enfrentar la pandemia

Como venimos diciendo, es necesario centralizar el sistema de salud bajo un solo mando, no una mera coordinación de jurisdicciones. Es necesario poner todas las instalaciones sanitarias –sean públicas o privadas– al servicio de la lucha contra la pandemia en el camino a un sistema único estatal de salud. Las camas de UTI, que se han convertido en un insumo crítico, deben ser administradas centralmente por el Estado. El análisis PCR del material de hisopado se ha constituido en un cuello de botella –hay demoras de cinco días–, entonces los laboratorios bioquímicos deben estatizarse bajo control de los trabajadores.

El pueblo viene cumpliendo seriamente la cuarentena, algo que significa tremendas privaciones para los trabajadores en negro y los cuentapropistas. El gobierno debe sostener este esfuerzo subsidiando a los trabajadores para que puedan quedarse en su casa. Para esto debe crearse un fondo de emergencia integrado por un impuesto especial a los grandes grupos económicos y el no pago de la deuda externa. La epidemiología, como ciencia, ha dado todo lo que podía dar. La pandemia ahora se resuelve en el campo de la política y estas son las medidas que el gobierno debe tomar.

Escribe José Castillo

Se suele escuchar de parte de referentes políticos de la oposición de Juntos por el Cambio, dirigentes patronales o economistas del establishment que el problema del gobierno de Alberto Fernández es que “no tiene un plan económico”. Más aún, todos acuerdan en que “lo fundamental es arreglar con los acreedores y pagar la deuda”. Pero insisten en que, una vez terminado ese momento de negociación, el gobierno peronista debe poner en marcha dicho “plan”.

Esto puede confundir a muchos compañeros. ¿Existe o no un plan económico del gobierno? Si existe, ¿es sustancialmente distinto del de Macri? ¿Y del de Cristina? ¿Qué es exactamente lo que reclaman los políticos patronales opositores?

Hay un plan en curso

Vamos por partes. Es mentira que “no hay un plan económico”. Este plan existe y se está ejecutando. Más allá del doble discurso progresista, cuando vamos a los hechos, se trata, sintéticamente, de ajustar a los trabajadores y demás sectores populares, sostener las ganancias de los empresarios y garantizar los pagos de la deuda externa. 

A los jubilados les anularon los incrementos de marzo y junio, que fueron reemplazados por “aumentos por decreto”, donde finalmente todos terminaron perdiendo. Los trabajadores activos tienen todas las paritarias suspendidas, por lo que no recuperan lo perdido en 2020. Y a esto se le suma que muchos sectores, tras el acuerdo entre la UIA, la burocracia de la CGT y el gobierno, verán reducidos sus salarios 25 por ciento. 

Agreguemos la oleada de despidos (300.000 aproximadamente) y suspensiones con trabajadores cobrando el 50%, o aún menos, de sus sueldos. 

Los que se quedaron sin ingresos por la cuarentena apenas si tienen como compensación el miserable IFE de 10.000 pesos por grupo familiar. 

Del otro lado tenemos a los empresarios. Para ellos sí hay subsidios, préstamos a tasa cero y nóminas salariales pagadas por el Estado. Y a esto hay que sumarle los pagos  de deuda externa: el gobierno de Fernández, apenas asumió, apartó 4.500 millones de dólares de las reservas y los fue utilizando en estos meses para ir cubriendo distintos vencimientos. 

Algún compañero podrá preguntarse ¿cómo se condice esto con los grandilocuentes discursos de Alberto Fernández en los que nos prometió “prohibición de los despidos”, “impuestos a los ricos”, “soberanía alimentaria expropiando Vicentin” y, en general, “priorizar a los jubilados y trabajadores antes que a los acreedores externos”. A esto nos referimos exactamente cuando decimos “doble discurso”. Y, en este aspecto, se parece también a otro “plan económico”, el que ejecutó Cristina Kirchner hasta 2015.

Los despidos están formalmente “prohibidos”, pero centenares de miles de compañeros perdieron sus puestos de trabajo, increíblemente con el aval del mismísimo Ministerio de Trabajo. El “impuesto a los ricos” fue anunciado por Alberto Fernández hace más de cien días y sin embargo ni siquiera presentaron el proyecto en el Congreso. La “expropiación de Vicentin” duró menos de una semana, ya está totalmente archivada. Y sobre la deuda externa ya ni siquiera disimulan, dicen a quien lo quiera escuchar que han cedido millones de dólares y que están jugados a cerrar la negociación y empezar a pagar los próximos vencimientos en 2021.

¿Cuál es, entonces, el plan que reclama el establishment?

Ciertamente, van por más. Las patronales nacionales y extranjeras, el propio FMI, el imperialismo, insisten con lo mismo que, desde siempre, vienen planteando. Lo que le exigían a Macri, y ahora a Fernández. Que para garantizar la continuidad de las superganancias empresarias y para que existan los fondos para pagar los millonarios vencimientos futuros de deuda hay que avanzar en lo que ellos llaman “reformas estructurales”. Estas son: la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma fiscal. Traducido, liquidar definitivamente las jubilaciones, reventar del todo los convenios colectivos y la propia Ley de Contrato de Trabajo pasando a un sistema ultraflexibilizado, donde todo el mundo trabaje como hoy se hace en Vaca Muerta, o como lo hacen los repartidores de Rappi o Glovo y ajustar más aún en educación, salud y planes sociales.

¿Se implementará semejante programa? En una reciente entrevista el ministro Martín Guzmán dijo, ante representantes del FMI y el Banco Mundial, que él está “abierto” a discutir reformas estructurales. La burocracia de la CGT, en reuniones con las cámaras patronales, también ha sostenido que la “modernización” de las relaciones laborales (así las llaman) es una idea interesante y que no hay que “cerrarse” a debatirlas. En los próximos meses comenzará la renegociación de la deuda con el FMI, que insistirá en que su contrapartida a acordar con la Argentina será que el gobierno se comprometa a poner en marcha dichas reformas. Y todos van a poner como excusa que se debe avanzar en ese sentido por la “situación de emergencia” en que va a quedar el país cuando se acabe la pandemia. 

Por otro plan económico, para atender a la emergencia

Como siempre, el único “límite” al ajuste lo pondrán los trabajadores con sus luchas. Por eso tenemos que pelear ahora mismo contra los despidos y las suspensiones, contra las rebajas salariales y contra los intentos de flexibilización usando a la cuarentena como excusa. Del mismo modo que, como ya pasó en el pasado, tendremos que salir a luchar con todo si se intenta avanzar con las reformas “estructurales” citadas.

Porque, efectivamente, hace falta un nuevo plan económico. Pero es el opuesto, tanto al que se está ejecutando como el que reclaman las patronales. Lo que hace falta es un plan de emergencia que ataque las dos pandemias. Donde la plata salga de un impuesto a las grandes riquezas y del no pago de la deuda externa. Para que todo ese dinero vaya directamente a resolver tanto la emergencia sanitaria como las más urgentes necesidades de trabajo, salario y comida para el pueblo trabajador. 

Escribe Diego Martínez

Con la excusa del 9 de julio se llevó adelante el “banderazo por la independencia”. Mediante convocatorias minoritarias, sectores reaccionarios se concentraron en el Obelisco, en el barrio de Belgrano, en Olivos y en algunas ciudades de Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Los manifestantes marcharon en “defensa de la propiedad privada”, “contra el comunismo”, “contra la cuarentena” y en “favor de la libertad de prensa”, y en el Obelisco porteño atacaron un móvil de C5N al grito de “van a empezar a tener miedo hijos de puta”, así como también a distintos periodistas que quisieron frenar la agresión, uno de los cuales sufrió graves lesiones en medio de estos hechos repudiables.

Aunque se dijo que fue “autoconvocada”, en el Obelisco estuvieron presentes personajes de la derecha más rancia como José Luis Espert y dirigentes de PRO que habían fogoneado el banderazo. El polémico Fernando Iglesias, quien quiso justificar los ataques a los periodistas y se tuvo que retractar, difundió enérgicamente la convocatoria por las redes sociales, Patricia Bullrich celebró la manifestación una vez finalizada y Macri tuiteó “¡Libres!” junto a imágenes de la marcha. La convocatoria fue acompañada por la consigna #Macrivuelve en las redes sociales y se difundió junto a un video de una entrevista a Macri en la que hablaba en defensa de la propiedad privada.

El macrismo alentó el “banderazo” para quebrar aún más la ya flexibilizada cuarentena al servicio de sus empresarios amigos e insistir en su “defensa de la propiedad privada”, a pesar de que el propio gobierno ya había dado marcha atrás con la expropiación de Vicentin. 

¿La derecha frena al gobierno?

La política de Macri y PRO es repudiable. Parece no haberles bastado haber aplicado un ajuste brutal contra los trabajadores al servicio de las multinacionales y sus empresarios locales amigos durante cuatro años y van por más. Ahora, las expresiones como el “banderazo” del 9 de julio son minoritarias. Pero el gobierno las aprovecha y usa para agitar que “se viene la derecha” y que por eso hay que apoyar al Frente de Todos a como dé lugar. Utiliza este argumento para encubrir el hecho de que no resuelve los grandes problemas sociales que hay en el país. Pero si no  los soluciona no es por el “avance de la derecha”, sino porque sigue privilegiando beneficiar a los grandes empresarios, que son la “verdadera” derecha. Aunque lo quiera encubrir con un discurso progresista, el gobierno está llevando adelante un plan de ajuste junto con las multinacionales, los grandes empresarios y con la complicidad de la burocracia sindical.

Como muestra, recordemos que en el mismo momento en que se realizaba el “banderazo” Alberto Fernández se reunía en la Quinta de Olivos con el presidente de la Sociedad Rural, los popes de la UIA, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos y Eduardo Eurnekian. En ese encuentro Fernández llamó a dejar atrás el odio y la división y a encolumnarse detrás de la unidad nacional. Ya teniendo casi finiquitado el acuerdo con los bonistas busca prepararse para pactar con el FMI avanzando en un ajuste que ya está en curso con el recorte a las jubilaciones, el aguinaldo en cuotas, la rebaja de los salarios y los despidos y las suspensiones que no cesan. Ese es el “pacto social” que prepara el gobierno junto con las patronales y la burocracia sindical.

El gobierno nos quiere engañar, podemos enfrentar a los de arriba

Es evidente que el gobierno no tiene la intención de tomar medidas que afecten los intereses de los grandes empresarios que se enriquecieron durante todos estos años a costa de la miseria del pueblo trabajador. Dijo que no se iba a arrodillar ante el FMI y los bonistas y que iba a pagar recién dentro de tres años, cuando el país salga de la crisis y tenga crecimiento económico, pero acordó empezar a pagar el año próximo con la crisis económica del coronavirus aún a cuestas y abonando 15.000 millones de dólares más que lo propuesto en la oferta inicial. Ahora también dice que lo de Vicentin fue una “equivocación” y que es “muy respetuoso de la propiedad privada” (Clarín,13/7). La política del gobierno es seguir beneficiando a los grandes empresarios.

Frente a esta realidad, el peronismo kirchnerista intenta confundir a honestos trabajadores que aún tienen expectativas en su gobierno y creen que Fernández puede tomar medidas distintas de las de Macri y mejorar su nivel de vida. Para camuflar su política de ajuste dicen que la relación de fuerzas “no da” para tomar decisiones que irritan demasiado a los empresarios y que lo “inteligente” es acordar con ellos. Esto implica, en lo concreto, más ajuste para el pueblo trabajador y nuevos beneficios para los empresarios.

Llamamos a los trabajadores a reflexionar sobre todo esto. Para nosotros la conclusión es que la salida es construir juntos una alternativa distinta de la de PRO, la UCR, el peronismo y la centroizquierda, hoy diluida en el gobierno. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad luchamos por cambios de fondo, medidas que realmente afecten los intereses de los grandes capitalistas y beneficien al pueblo trabajador para tener una vida digna. Por un gobierno de los trabajadores que termine con el hambre y la explotación.

Escribe Adolfo Santos

A pesar de que formalmente están “prohibidos” los despidos y las suspensiones, estos avanzan en todas partes. Ya se han registrado más de 300.000, con la vista gorda del propio ministerio de Trabajo. Peor aún, el propio gobierno los lleva adelante ahí donde tiene responsabilidades de gestión. Así, el gobierno decidió la desaparición de Austral, que en adelante será absorbida por Aerolíneas Argentinas. Y, al mismo tiempo, abrió una lista de retiros voluntarios para achicar YPF.

En una carta dirigida a sus 13.000 funcionarios, el titular de las dos líneas aéreas estatales, Pablo Ceriani, que ya participó de la gestión peronista kirchnerista en épocas de Mariano Recalde, anunció la fusión con el objetivo de “ahorrar 100 millones de dólares al año”. Es claro que ese “ahorro” saldrá de la reducción salarial provocada por los despidos y del aumento de la productividad que la empresa habría acordado con el sindicato de los técnicos aeronáuticos (APTA), que encabeza Ricardo Cirielli. Según el proyecto, denominado “modelo Lufthansa”, porque fue copiado de la empresa alemana, además de atender las aeronaves de la propia empresa, realizarán el mantenimiento y reparación de aeronaves de terceros por lo cual deberán aumentar los ritmos de producción.  

La carta de Ceriani deja claro que el gobierno pretende descargar la crisis de la pandemia sobre los trabajadores: “La crisis mundial provocada por el coronavirus ha impactado de lleno en la industria aerocomercial” […] “Sin ingresos, muchas aerolíneas en la región y en el mundo están aplicando planes de ajuste salvaje para no desaparecer” […] “El esfuerzo que el Estado nacional realiza para sostener la compañía está al borde de ser imposible”. Es inaceptable que un gobierno que les cede a los usureros de la deuda, amenace a los 1.700 trabajadores de Austral declarando que le va a resultar imposible mantener los puestos de trabajo.

En YPF, por su parte, el encargado de aplicar el torniquete es Guillermo Nielsen, también ligado a los gobiernos peronistas kirchneristas. Por primera vez en más de veinte años, el lunes 6 de julio, YPF abrió un plan de retiros voluntarios. Hay que remontarse a la época de Menem para encontrar una medida parecida a la que se quiere aplicar ahora. Según el comunicado, “es un paso más… para sanear las operaciones, en un contexto de crisis que golpeó de lleno a la industria hidrocarburífera”. Se olvida de decir que uno de los grandes deudores de la empresa es el propio Estado nacional, que le paga a los fondos buitres pero no a YPF, que resuelve su crisis despidiendo trabajadores.

Este ataque no es nuevo. En mayo YPF ya había anunciado una reducción salarial de entre 10% y 25% según la función del trabajador. Ahora, el retiro voluntario, que muchas veces se transforma en obligatorio por la presión de los jefes, ofrece un monto equivalente al doble de la indemnización, algunas pequeñas ventajas en la base del cálculo y la continuidad del plan médico por tres años. ¡Nada! Cualquiera sabe que la crisis económica durará bastante tiempo y la posibilidad de conseguir empleo será escasa y precaria.

Por ahora, la federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) que preside Antonio Cassia ha dicho que no avala este procedimiento porque serían despidos encubiertos. Sin embargo, considera que el programa abona “una tentadora indemnización, pero pagadera en treinta y seis cuotas”. ¿Significa que si el pago fuera al contado sería aceptable? No podemos confiar en el rechazo inicial de la burocracia sindical. Como dijo un petrolero: “Este señor Antonio Cassia fue el mismo que en la época de Menem nos dijo quédense tranquilos que aquí no tocan a ningún compañero y nos acabaron echando por dos mangos y varios fallecieron y no alcanzaron a cobrar las acciones que nos prometieron”.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad denunciamos estos planes de ajuste, despidos y retiros voluntarios. Exigimos que ninguna empresa despida, suspenda o rebaje los salarios. Si hay plata para los usureros de la deuda que se disponga de recursos para proteger los puestos de trabajo. Exigimos que los gremios aeronáuticos y el Supeh, junto a la CGT, dejen de ser cómplices de la aplicación de estas políticas de ajuste, rechacen el plan del gobierno peronista y convoquen a sus bases para discutir medidas de fuerza e impedir su aplicación.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández quiere convencernos de que, una vez terminada la actual renegociación de la deuda con los pulpos, quedará resuelto “definitivamente” el problema de la deuda externa. Simplemente tendremos unos vencimientos perfectamente “sustentables” y fáciles de pagar en el futuro. 

Pero no es esto lo que sucederá. En la actual negociación lo que se discute son más de 60.000 millones de dólares en bonos donde cualquier conflicto se terminará discutiendo en el juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York. El mismo donde, hasta hace pocos años, estaba el temible juez Thomas Griesa, el que siempre fallaba contra la Argentina y le daba la razón a los fondos buitres y, a partir de lo cual, el macrismo, con el apoyo del peronismo, terminó pagando 10.500 millones de dólares a principios de 2016.

Hoy, ya retirado Griesa, ese juzgado está a cargo de Loretta Preska. La nueva jueza le hace honor a su predecesor. Acaba de decidir que la Argentina tiene que pagar 224,2 millones de dólares a bonistas que no entraron en los canjes 2005 y 2010 y no estaban contemplados en el pago a los buitres efectuado en 2016. Se trata de deudas por bonos emitidos entre 1997 y 2001.

Con razón algún compañero puede preguntarse ¿pero no se había pagado todo cuando se canceló esa deuda con los buitres? Y acá está la sorpresa, no. Así, el fondo buitre Attestor Master Value cobrará 67,9 millones de dólares y Trinity Investment, 156,3 millones de dólares. 

Pero eso no es lo peor. Quedan otros acreedores, buitres que todavía están “pendientes” para cobrar. Los abogados del estudio yanqui Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan a la Argentina, le pidieron a la jueza que “acelere el listado de bonistas que aún tienen en su poder bonos en default 2001”. ¿Cuántos y quiénes son? No se sabe. Algunos dicen que se trata de 300 millones de dólares, otros de 800. Sebastián Maril, director de Fin.Guru, asegura que puede llegar a 3.000 millones. Increíblemente, el escrito presentado por los abogados que representan a la Argentina dice que están dispuestos a pagar para demostrar “respeto por las leyes norteamericanas y a la investidura de la magistrada” (Ámbito Financiero, 9/7).

Y aun cuando paguemos todo eso, no terminarán ahí los juicios contra nuestro país que tiene en sus manos la jueza Preska. El fondo buitre Burford le reclama a la Argentina un monto indeterminado de un mínimo de 3.000 millones de dólares y un máximo de 12.000 por la estatización de YPF. ¿Qué tiene que ver ese buitre con YPF? La historia es increíble, cuando se produjo la estatización en 2012, el Grupo Petersen (de Eskenazi, que ingresó gratis en YPF de la mano de su amigo Néstor Kirchner) le reclamó al mismo gobierno peronista kirchnerista una “indemnización” por la estatización. Y lo hizo en los tribunales de Nueva York. En 2015 Petersen quebró y le vendió la deuda al fondo buitre Burford, que ahora reclama que se le pague ante la jueza Preska.  

La jueza también tiene en sus manos otro juicio contra nuestro país. El del fondo buitre Aurelius, que reclama cobrar el cupón PBI de 2014, que no se pagó porque la Argentina ese año creció menos de 3,2 por ciento. Pero Aurelius alega que ese PBI estuvo “mal medido” y que entonces le toca cobrar, por supuesto, con intereses y punitorios. 

Dejamos todo en manos de “William Boo”

Hace décadas, hubo un exitoso programa de lucha en la televisión argentina que se llamaba Titanes en el Ring. Allí las peleas eran en realidad un show donde había “buenos y malos”. Lo mismo sucedía con los árbitros. El peor se llamaba William Boo, que dejaba “hacer” y ganar siempre a los malos. 

Que la deuda argentina se tenga que dirimir siempre en los tribunales yanquis (más aún, siempre en el mismo) es exactamente lo mismo. Griesa y Preska son William Boo. Ya sabemos, sus fallos siempre van a ser, por definición, a favor de los buitres y contra nuestro país. 

La deuda externa es una bola de nieve 

Todo lo anterior está directamente relacionado con la actual negociación. El gobierno de Alberto Fernández ya le cedió 15.000 millones de dólares más a los pulpos acreedores desde que lanzó la primera propuesta. La quita de capital es prácticamente cero, se acepta abonar el doble de intereses que en la propuesta original y se empezará a pagar a partir de 2021, y no con “tres años de gracia” como se decía antes. 

Sin embargo, puede darse que, aun después de ceder todo esto, queden bonistas que no acuerden y quieran más. Y vayan a juicio con Preska. Entre ellos hasta puede estar BlackRock, el fondo más poderoso del mundo. ¿Nos imaginamos cómo terminará este reclamo?

Recapitulemos. Por todo esto decimos que la deuda externa argentina es una estafa permanente y que no hay salida si seguimos pagando. Vamos a terminar pagando una fortuna a estos bonistas tras la reestructuración. Y luego seguirá lo que “arreglemos” en la renegociación con los bonistas bajo legislación local. Y después vendrá la discusión de cómo pagamos los 49.000 millones que le “debemos” al FMI.

Y cuando termine todo eso todavía faltarán las deudas provinciales. Y el Club de París. Y, aun cuando paguemos todos estos vencimientos seguiremos siendo declarados “deudores” por la jueza Preska que nos exigirá todo lo que explicamos más arriba. Más lo que reclamarán en el futuro los nuevos buitres. Y así hasta el infinito. 

Por eso insistimos. La única salida es repudiar de una vez la totalidad de esta deuda externa, que es ilegal, ilegítima e inmoral. Que no tiene “sustentabilidad” que valga. Sin vueltas, hay que dejar de pagarla y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.