En los últimos días, desde la fiscalía a cargo de José Bringas, a través de medios de comunicación, se involucró con amenazas dirigidas al viceintendente Daniel Passerini, a la Concejala electa Cintia Frencia y a la banca del Frente de Izquierda Unidad que ocupa Laura Vilches y que por acuerdo de rotación asumirá la mencionada en 2021. Se trata de una operación político-judicial en la cual la Fiscalía, a cargo del Dr. José Bringas, se coloca al servicio de gobiernos ajustadores y represivos. Pretenden reforzar la escalada represiva que comenzó con la cuarentena y fue recrudeciendo. En momentos en que se desarrollan luchas populares por el salario, las condiciones de trabajo, las  jubilaciones, la tierra y la vivienda, el gobierno de Schiaretti-Llaryora muestra los dientes y despliega sus armas represivas contra el pueblo en general y contra nuestro Frente por haber estado en la lucha, junto a los reclamos populares. Esta operación es una maniobra distractiva para correr el eje de las luchas mencionadas, pero particularmente cuando el ejecutivo municipal descarga su ataque contra los y las trabajadoras municipales.
Rechazamos categóricamente las falsas acusaciones sobre nuestro involucramiento con conductas que son totalmente ajenas a los métodos del Frente de Izquierda Unidad y que hemos rechazado, inclusive, a través de nuestra banca en el Concejo, en la sesión de fecha 17 de julio del corriente año.
Desde las pantallas de televisión se repitió una y otra vez que el caso estaba casi esclarecido, que se habría identificado a los supuestos tres responsables, y que las imputaciones estaban a punto de efectivizarse. Pero sólo se dio el nombre de nuestra compañera, y cuando nos presentamos ante la fiscalía, se nos dijo que la causa estaba bajo secreto de sumario y que no había imputación. Sin embargo, en la prensa se afirmaba que se esperaban resultados de pericias telefónicas para demostrar la supuesta relación con el caso.
Varios días después, no hay resultados de pericias, ni una sola prueba, ni tampoco imputación. No hay absolutamente nada que involucre a nuestra compañera Cintia Frencia, y a nuestra fuerza política.  Sin embargo, desde el gobierno municipal, en boca del viceintendente, Daniel Passerini, afirmaron: “hay una presunción importante y creo que a toda la sociedad, nos tiene que dar tranquilidad de que no hay impunidad en esta cuestión y de que el trabajo de la fiscalía y de la policía está sobre una pista importante. Estos hechos reflejan prácticas violentas, totalmente repudiables, de un sector muy pequeño de nuestra sociedad”.
Que el fiscal haya hecho trascender información extraoficialmente, en una causa que aún está bajo secreto de sumario y sin siquiera haber notificado fehacientemente a las partes involucradas, es lisa y llanamente un delito. Esto podría habilitar el Jury de Enjuiciamiento para la destitución del Fiscal Bringas (en la legislatura) por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. A pesar de las inconsistencias de las acusaciones y la ausencia absoluta de pruebas, el armado liderado por el fiscal Bringas ya ha sentenciado públicamente al Frente de Izquierda Unidad y Cintia Frencia, con el perjuicio que ello conlleva.
 El caso reviste una gravedad extrema, porque muestra hasta dónde el poder judicial está al servicio del gobierno provincial y municipal, y de todos quienes gobernaron la provincia.
En este marco, las organizaciones sindicales, de las mujeres y disidencias, políticas y sociales, van expresando su rechazo a las falsas acusaciones en contra de la Concejala del FIT-U. En ese sentido, ya se han pronunciado la asamblea ni una menos, la CTA Córdoba, el sindicato de municipales de Jesús María, la AGD UBA, el cuerpo de delegadxs del INTI, los Sutebas recuperados, entre los primeros pronunciamientos.
Es preciso reivindicar la trayectoria intachable del Frente de Izquierda al servicio de la defensa incondicional de los trabajadores y las causas populares, que no vamos a abandonar ante el escenario de profundización del ajuste. Por todo lo planteado, hacemos sentir el rechazo a este atropello, puesto que la operación en curso es una expresión de la política represiva al servicio del ajuste. Llamamos al conjunto del pueblo trabajador, a las organizaciones populares a adherir al pedido de rechazo ante esta operación orquestada por poderes del Estado. Derrotar la maniobra represiva resulta de primer orden para defender el derecho a luchar por todos los reclamos pendientes, y para que la crisis la paguen los capitalistas.

Frente de Izquierda Unidad

PO, PTS, Izquierda Socialista, MST

En el peor momento de la pandemia, con los más altos números de contagios en el AMBA, con rebrotes en otras provincias y con la mayor cantidad de muertes diarias, el gobierno de Alberto Fernández ha avanzado con la flexibilización de la cuarentena. Por si quedaba alguna duda, ya ni siquiera hay amagues de “diferencias” entre los gobernantes del Frente de Todos y los de Cambiemos. La foto incluyó al peronista gobernador bonaerense Axel Kicillof, al porteño de Cambiemos Horacio Rodríguez Larreta y, por si quedaba alguna duda, al radical jujeño Gerardo Morales.

¿Por qué se abre todo justo ahora, exponiendo a millones al contagio y generando el serio riesgo de terminar en un colapso sanitario? La causa central es que tenemos un gobierno de doble discurso, un gobierno peronista que dice una cosa y en la realidad termina gobernando para los de arriba, pactando con las multinacionales, los bancos, el “campo” (como le dijo Fernández al Financial Times, en realidad deberíamos decir los grandes monopolios agroexportadores) y que deja correr los despidos y la rebaja salarial.

Lo que sucede ahora es que se abre todo, mucho más incluso que en las semanas anteriores, haciéndose eco de las presiones de las patronales de la industria y el comercio, que vienen insistiendo sistemáticamente en que “lo importante es la economía”, con total desprecio de los riesgos del contagio entre los trabajadores. Ya antes de la actual flexibilización, en la provincia de Buenos Aires estaba funcionando el 70% de la industria. Ahora, prácticamente, se abrió todo. Millones de personas tendrán que trasladarse del conurbano bonaerense a la Capital, con el consabido riesgo de tener que viajar en el transporte público, que ya está comprobado que es una de las fuentes principales de contagio. Cínicamente, los gobiernos peronistas de Fernández y Kicillof y el de PRO de Larreta, cargan la culpa del posible aumento de los contagios sobre los propios trabajadores, llamando a la “responsabilidad ciudadana”.

Pero hay otra causa que obligó al gobierno a la flexibilización. La realidad es que se estaba empezando a dar de hecho. En un amplio espacio de los sectores populares y la clase media comenzaron a primar el cansancio y la desesperación. No se trata, como machacan algunos periodistas, de permitir a las personas que corran por los parques o no. La cuestión es mucho más dramática, millones se ven obligados a salir por la necesidad de ganarse el peso para llevar comida a su casa. Trabajadores cuentapropistas, pequeños comerciantes, vendedores o profesionales independientes “ya salieron a trabajar”, estando su actividad habilitada o no, porque no les quedaba otra. Porque es imposible que un grupo familiar se arregle con los 10.000 pesos del IFE (que además se termina cobrando bimestralmente). Y porque se sumaron miles que pasaron a engrosar la cifra de desocupados en estos meses.

La contrapartida de todo esto es que, mientras la crisis sigue pegando, y cada vez más fuerte, sobre la clase trabajadora y los demás sectores populares, las grandes patronales continúan “recolectando” más y más privilegios. Tenemos los despidos en Latam, 25% de rebaja salarial en innumerables gremios (vía el acuerdo burocracia-patronales-gobierno), el intento de profundizar la flexibilización a los trabajadores petroleros, la “legalización” de la super flexibilización de los repartidores de las aplicaciones como Glovo o Rappi, la falta de respuesta a los choferes de la UTA que están en lucha en el interior del país o el ajuste sobre los aeronáuticos de Austral que siguen con sus caravanas, por citar solo algunos ejemplos.

Se favorece también a los empresarios con la ya larga serie de subsidios, créditos a tasas privilegiadas y reducciones de cargas patronales, se suma el compromiso del gobierno para garantizar “un cuarto mes” de ATP (asistencia al trabajo y la producción) por la que el Estado le financia a las patronales un monto de entre uno y dos salarios mínimos de su nómina salarial. Recordemos que la excusa para semejante regalo era que, al mismo tiempo, las empresas se comprometían a no despedir ni suspender, compromiso que se ha violado flagrantemente: casi 300.000 puestos de trabajo en blanco se han perdido desde el comienzo de la cuarentena. A esto se suma el anuncio del gobierno peronista de una moratoria impositiva donde, con la excusa de que se trata de una ayuda para las pymes, se les terminará perdonando el pago de impuestos a las más grandes empresas, nacionales y extranjeras, que operan en nuestro país.

Por si todo esto fuera poco, la última novedad es que, a pesar de que el gobierno les había ofrecido a los pulpos internacionales una renegociación de deuda totalmente favorable para ellos, estos, con el buitre mayor BlackRock a la cabeza, se dan el lujo de “rechazarla” y exigir más aún. Una nueva demostración, por si todavía hacía falta alguna, de que no hay renegociación “progresista” alguna de la deuda externa.

Estamos yendo por un camino en el que vamos a tener que convivir con la pandemia sin recursos, en medio de una profundización de la crisis social y económica. Y con un horizonte en el futuro inmediato, donde incluso, vía los pagos de deuda, se nos va a exigir un ajuste mayor aún. Más que nunca vuelve a estar planteado quién pagará esta crisis, si los trabajadores o las grandes patronales, los bancos y los acreedores externos. Desde Izquierda Socialista insistimos que tenemos que seguir enfrentando esta situación, como las protestas de los aeronáuticos de Latam y de Austral, o los choferes de Córdoba que consiguieron reclamos importantes. 

Frente a una pandemia que no ha terminado tenemos que ir a una cuarentena sin hambre, despidos ni rebajas salariales. Para eso hace falta plata, que existe. Está en manos de los multimillonarios argentinos que pueblan la lista de la revista Forbes, como Paolo Rocca, Bulgheroni o Galperín, en las superganancias de los bancos y las multinacionales que operan en la Argentina. Con nombres que todos conocemos: Santander, HSBC, Citibank, las automotrices Toyota, Volkswagen, Ford, los monopolios cerealeros como Bunge, Cargill o ADM, o los grandes laboratorios que obtienen millonadas gracias a los precios carísimos de los remedios. Es urgente la implementación de un impuesto a las grandes riquezas, como el que presentó en el Congreso el Frente de Izquierda Unidad. Y, junto con dejar de pagar la deuda externa, tendremos los recursos para poner en marcha un programa de emergencia que resuelva las más urgentes necesidades de salud, comida, salario y trabajo.

Escribe Guido Poletti

El martes se realizó una nueva reunión “virtual” entre los principales burócratas de la CGT y los más importantes representantes de las patronales. Por la CGT participaron sus dos cosecretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Antonio Caló​ (UOM). La representación empresaria fue nutrida,  estuvieron el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) Jaime Campos, y los empresarios Luis A. Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Organización Techint), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens). Marcos Galperín​ (Mercado Libre), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Cristiano Rattazzi (Fiat Argentina), Federico Braun (La Anónima), Alberto Grimoldi (Grimoldi), Enrique Cristofani (Santander), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcelo Argüelles (Sidus), Alberto Hojman (BGH), Jorge Aufiero (Medicus), Norberto Morita (Southern Cross Group), David Lacroze (Grupo Lacroze), Jorge Ferioli (San Jorge Emprendimientos), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group), María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud) y Luis Perez Companc (Grupo Perez Companc).

¿Para qué fue esta reunión? ¿Acaso los dirigentes sindicales plantearon terminar con la ola de despidos y suspensiones? ¿Exigieron que se pague el aguinaldo en tiempo y forma en una sola cuota? ¿Demandaron que se abrieran las paritarias ante salarios, no solo congelados ad eternum, sino incluso con rebajas de hasta 25 por ciento?

Nada de eso se escuchó en la reunión. Todo giró alrededor de “coincidencias en la necesidad de reducir la presión tributaria” de las empresas (ya que hace años que no se escucha siquiera el reclamo de eliminar el impuesto al salario). Lo que se plantea, en definitiva, es un apoyo a la moratoria impositiva, un regalo para las grandes patronales. 

También hubo otras “coincidencias”, con respecto a la negociación de la deuda afirmaron que “se aspira a resultados positivos en las negociaciones con los acreedores”, haciendo un llamamiento a que la Argentina “evite el default”. ¡El mismo día en que los principales pulpos acreedores exigían más aún al gobierno en la negociación de la deuda! 

La conclusión de conjunto es que el país debe “abrirse al mundo y ser más competitivo, con menores costos y mayores exportaciones”. ¿Acaso no saben los burócratas cegetistas que para estos grandes empresarios “menores costos” significan salarios más bajos y flexibilización laboral, la única manera que ellos entienden de que podemos ser “competitivos” exportando? 

En síntesis, la burocracia de la CGT profundiza su alianza con lo más concentrado y explotador de los grandes grupos empresarios, ya no solo dejando pasar el ajuste, sino incluso haciéndole el coro a los argumentos más reaccionarios de este bloque patronal. Por eso, desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo seguiremos peleando contra el ajuste y por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El levantamiento “parcial” de la cuarentena, en el AMBA, de parte del gobierno peronista de Alberto Fernández junto a Cambiemos, los apresurados anuncios de vacunas e hipotéticas drogas sanadoras, todo ello convenientemente promocionado por los medios masivos de comunicación, pretenden crear una falsa sensación de que lo peor de la pandemia ya pasó. ¿Es así realmente? Los hechos, los duros hechos, dicen otra cosa: el 21 de julio hubo, en un solo día, 5.344 casos registrados y 117 decesos. Solo en la provincia de Buenos Aires hubo 3.477, mientras que en la CABA se llegó a 1.452. Seguimos, entonces, en la rama ascendente de la curva epidémica y sigue sin divisarse el punto más alto desde el cual se iniciaría el descenso.

La pandemia continúa creciendo

Cifras brindadas por el Ministerio de Salud de la Nación, que no incluyen los datos de la última semana, muestran que el total acumulado de casos confirmados de Covid-19 en trabajadores de la salud al 13 de julio de 2020 fue de 7.792 (sin antecedente de viaje) y representó el 7,73% del total de los casos confirmados en el país. El 39,6% de casos acumulados presentó al menos un factor de riesgo. El número acumulado de fallecidos entre trabajadores de la salud es de veintiséis casos y representa el 1,37% de todas las muertes por Covid. Las cifras siguen creciendo y mientras escribimos estas líneas recibimos la noticia del fallecimiento del enfermero Alex Aquino, del Hospital Bocalandro y destacado activista de ATE.

Números fríos que crecen día a día detrás de los cuales hay médicos, enfermeros y camilleros caídos en su trabajo, muertes perfectamente evitables si las autoridades del gobierno peronista de Kicillof hubieran escuchado los reclamos de Cicop y ATE y no hubieran negado, por ejemplo, la licencia a los mayores de 60, o a quienes tenían una condición patológica de riesgo. Ese fue el caso de la enfermera María Ester Ledesma, del hospital Gandulfo de Lomas, que era diabética, y el del enfermero Miguel Codino, del hospital Eva Perón de San Martín, mayor de 60 años.

¿Estamos yendo hacia una crisis de camas de terapia intensiva?

La semana pasada Claudio Belocopitt, propietario del prepago de alta gama Swiss Medical y de cinco de los más lujosos hospitales del AMBA, dijo que en sus clínicas tenía una ocupación de camas de terapia intensiva del 82 por ciento. Con esas declaraciones, repetidas por todos los medios masivos, sacó a la luz pública la pregunta que muchos se hacen, ¿estamos yendo a una crisis de camas? Las declaraciones oficiales hablan de ocupación de camas de entre 50% y 65%, pero desde hace semanas en las redes sociales el personal de salud viene denunciando la saturación de camas en los hospitales públicos, y también en los privados. Promediar la ocupación de camas a nivel nacional o a nivel de provincia o capital, como hacen los funcionarios del peronismo y de Larreta de Cambiemos, no sirve. Da una idea falsa. Hay que mirar lugar por lugar, y es ahí donde surge que los grandes centros están cercanos a la saturación.

La crisis de las terapias intensivas tiene otro componente, que es la carencia del recurso humano. Como venimos diciendo, el personal de las terapias es altamente especializado y difícilmente reemplazable. El contagio de uno solo de estos trabajadores muchas veces implica el aislamiento de un turno completo con la consiguiente falta del recurso humano. Tomar en cuenta sólo el número de camas no refleja la realidad, no dice si están con el equipamiento completo ni si tienen la dotación que las hace operativas. La escasez del recurso humano es un cuello de botella que acerca la crisis de las terapias. De esto se dan cuenta los médicos terapistas, no por casualidad en las últimas semanas han empezado a discutirse criterios éticos que eventualmente guiarían la admisión o rechazo de pacientes en la unidad de terapia. Estamos cerca del colapso.

Centralizar el sistema sanitario para combatir a la pandemia

Después de ciento veinte días de cuarentena el gobierno de Alberto Fernández sigue sin tomar las medidas que permitirían enfrentar con éxito la pandemia. La crisis de camas puede resolverse si se toman medidas que pongan la totalidad de las instalaciones públicas y privadas bajo la centralización del Estado. Las camas serían asignadas con un criterio único, igual para todos, en función de las necesidades garantizando así el libre acceso de la población. Deben completarse los planteles incorporando el personal de salud necesario.

En cuanto a las vacunas y medicamentos cuya elaboración fue difundida esta semana, también el gobierno peronista debe propiciar el desconocimiento de las patentes que aseguran la propiedad de las multinacionales, les permiten ganancias exorbitantes e impiden el acceso de grandes masas de la población a los medicamentos. 

Además debe crearse un fondo de emergencia integrado por un impuesto especial a los grandes grupos económicos y el no pago de la deuda externa. En definitiva, tomar medidas para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino los capitalistas.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Hay un gran revuelo dentro del gobierno y del peronismo del Frente de Todos. No fue por debatir sobre cómo combatir mejor la mayor crisis de la pandemia o cómo “enfrentar a la derecha”, sino por motivos que provienen del propio intestino del peronismo, lo que se conoce como “fuego amigo”.

Todo comenzó a partir de la foto de Alberto Fernández, cuando dio su mensaje el pasado 9 de julio en la Quinta de Olivos, con los titulares de la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y de la Construcción y la Asociación de Bancos. También estuvieron Daer, de la CGT, y varios funcionarios.

“La semana pasada usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras y a los que saquearon el país”, le escribió Hebe de Bonafini en una carta a Alberto Fernández. Y Cristina Kirchner tuiteó un artículo publicado por Alfredo Zaiat en Página12, donde también cuestiona la foto.

Esto se suma a otro hecho. Fernández, al explicar una vez más que no va a expropiar Vicentin, dijo que esperaba que ante la noticia se “saliera a festejar”, y tuvo que llamar a Víctor Hugo Morales para aclarar el cuestionamiento público que le hizo porque un funcionario suyo pidió que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Todo en momentos en que crece la decepción entre los votantes del Frente de Todos por el actual ajuste, anunciar y nunca presentar el famoso impuesto a la riqueza (el único proyecto en el Congreso es el del Frente de Izquierda), o porque hace ochenta días que Facundo Castro está desaparecido a manos de la repudiable policía bonaerense de Berni y Kicillof.

A tal punto llega la crisis interna, que el ministro de Defensa puesto por Cristina Kirchner, Agustín Rossi, salió a respaldar a Fernández. Lo mismo hizo Larroque, de La Cámpora, y hasta un sindicato amigo del gobierno sacó afiches callejeros con la leyenda “Fuerza presidente”.

 El peronismo kirchnerista ya gobernó para los de arriba

¿Qué significan estos cuestionamientos? ¿Qué habría un Alberto “malo” y un peronismo kirchnerista “bueno”? Es cierto que históricamente el peronismo tiene distintos sectores en su interior que se van reacomodando. ¡Pero ojo con el doble discurso! Todos tiran para el mismo lado.

Cristina Kirchner simula que cuestiona, pero fue su propio hijo y diputado nacional Máximo Kirchner quien, junto con Sergio Massa, se reunió recientemente con los “explotadores” de los trabajadores, a saber: Bulgheroni, Mindlin, Acevedo de la UIA y los banqueros Jorge y Pablo Brito. ¿De qué enfrentamientos hablan? ¿O acaso no fue el propio Máximo Kirchner quien anunció el impuesto a la riqueza y luego lo archivó? ¿Alguno de los que cuestionan a Fernández salió a decir que hay que estatizar a Vicentin, por ejemplo? Ninguno. Es más, el propio periodista Zaiat –que elogió Cristina– escribió una nota este domingo en el mismo diario diciendo que, para que no fuera “incompleta” la foto del 9 de julio, tendrían que haber estado representantes de las pymes, de los movimientos sociales o Hugo Yasky. ¿Para qué? Para “dar un mensaje al establishment” y reforzar la convocatoria que hizo Fernández para “construir un capitalismo solidario”. En esto termina su cuestionamiento.

El trasfondo de todo esto hay que buscarlo en el permanente doble discurso del peronismo, que usa refranes “nacionales y populares” para seguir confundiendo a los trabajadores y demás sectores populares que de verdad quieren que se combata a los grandes empresarios y a la oligarquía. A esos sectores les decimos que el PJ (más en las últimas décadas) ha venido gobernando para los de arriba. Recordemos la década menemista que en los años ’90 entregó todo el patrimonio nacional (ferrocarriles, teléfonos, petróleo, empresas de agua, luz, gas, etcétera). Y, fundamentalmente, lo que pasó en los doce años de gobierno kirchnerista.

Néstor y Cristina Kirchner habilitaron el saqueo contaminante de la Barrick Gold, permitieron que Repsol se lleve todo nuestro petróleo y se firmó un pacto secreto con Chevron por Vaca Muerta. Es una mentira total que el país se desendeudó en esos años. Todo lo contrario. Se pagaron 200.000 millones de dólares de deuda externa y quedó una deuda similar mientras crecían los paros docentes por el salario y la pobreza llegó al 30% a pesar de las mentiras del Indec intervenido por la patota del repudiable Guillermo Moreno.

El kirchnerismo le dio continuidad al proceso de concentración económica en manos extranjeras y en unos pocos grandes grupos nacionales, adecuado a los planes imperialistas y de las multinacionales, consolidando el esquema exportador agropecuario (Grobocopatel) y de la agroindustria, favoreciendo a los grandes pulpos exportadores extranjeros (Bunge, Cargill, Nidera, Dreyfus) y a los exportadores de combustibles, minería y automóviles (la amplia mayoría controlados por multinacionales extranjeras). También siguió favoreciendo al capital financiero. Por eso, de las diez primeras empresas de mejor rentabilidad de 2011, cinco son bancos. Techint y Arcor se transformaron en multinacionales argentinas y se consolidaron como los grupos Roggio, Ledesma (Blaquier), Perez Companc, Madanes (Aluar-Fate), Bulgheroni (Bridas) y Pescarmona.

O sea que Cristina, Kicillof y tantos otros kirchneristas que están hoy con Fernández (incluido el propio presidente, que fue parte de ese proyecto político) ya gobernaron para esos sectores y la Argentina siguió siendo una semicolonia dependiente de los yanquis mientras el pueblo trabajador tuvo que dar peleas enormes contra la traidora CGT de entonces para defender sus conquistas.

 ¿Solo peronistas o radicales? No. La alternativa viene por izquierda

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, rompió el silencio y se metió de lleno en el debate defendiendo a Alberto Fernández. “El que piense que hay otra opción está desencaminado. Esa opción ya nos llevó al fracaso y fue Macri”, dijo. Quiere instalar que la única opción para el pueblo trabajador es el peronismo. En esto coincide con el presidente de la UCR, el diputado radical mendocino Alfredo Cornejo, el mismo que pidió una reunión especial de su bloque con el gobierno por fuera del Frente de Izquierda (“porque es anticapitalista”, señaló) para lograr “acuerdos sensatos”, es decir, para el pago de la usurera deuda externa o seguir salvando a los grandes empresarios, algo en que coinciden tanto el gobierno como la oposición patronal.

Contra el peronismo gobernante y todas las variantes patronales postulamos la salida de fondo que levantamos desde la izquierda. Llamamos a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud a no dejarse engañar. El peronismo no es la salida para combatir los males capitalistas. “No es parte de la solución”, como se estila decir ahora. Por ello postulamos una nueva alternativa política de los trabajadores y de la unidad de la izquierda, como venimos haciendo con el Frente de Izquierda Unidad, para luchar por las transformaciones de fondo que necesita el pueblo trabajador y que el peronismo no va a realizar.