Escribe José Castillo

Hace ya cuatro largos meses que el gobierno peronista de Alberto Fernández prometió implementar un impuesto a las grandes riquezas. El proyecto brilla por su ausencia, ni siquiera fue ingresado en el Congreso para su discusión. La última excusa del presidente Fernández fue que él estaba a favor, pero que es “un tema del Congreso”. Claro que el propio oficialismo, al fijar la agenda futura, ni siquiera lo considera. Recordemos que incluso votaron, el peronismo y Cambiemos juntos, en contra la moción para debatir el único proyecto presentado al respecto, el del Frente de Izquierda Unidad.

Lo novedoso de estos días es que no solo está en el freezer el impuesto a la riqueza, sino que ahora se les va a perdonar a las grandes empresas no haber pagado los impuestos actualmente existentes. De esto se trata el nuevo proyecto de moratoria impositiva que se empieza a discutir esta semana. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que estaban en juego 500.000 millones de pesos, y que ello beneficiaría a los monotributistas, a los pequeños comerciantes y a los trabajadores por cuenta propia en general. Es una vulgar mentira, mientras que a todos esos sectores se los tiene sumidos en la pobreza pretendiendo que vivan con el miserable IFE (10.000 pesos por grupo familiar, que en realidad se cobran cada dos meses, lo que da apenas 5.000 pesos por mes), lo novedoso del proyecto del peronismo es la inclusión de las grandes empresas, aun de aquellas que tienen deudas impositivas previas. Así, a los grandes pulpos les perdonan y les financian en cuotas infinitas y con bajísimo interés desde deudas previsionales hasta impuestos no depositados allí donde estas empresas eran meros agentes de retención (IVA o Impuesto a los Combustibles). Escandalosamente, hasta las empresas de corruptos como Cristóbal López o Lázaro Báez podrán acogerse al beneficio. Una vez más se usa como excusa al pequeño comerciante o al trabajador por cuenta propia para hacer pasar un enorme privilegio que beneficia a las grandes patronales.

¿Se viene un nuevo blanqueo?

Cada vez suena más fuerte que una de las medidas centrales del “plan pospandemia” de Alberto Fernández consistirá en un nuevo blanqueo de capitales. Tal como lo hizo Macri durante su mandato, se trata de premiar a las empresas y multimillonarios que fugaron su riqueza durante todos estos años, evadiendo impuestos y violando todas las leyes vigentes. Son miles de millones de dólares escondidos en paraísos fiscales donde se mezcla lo fugado por las grandes empresas “legales” de nuestro país, plata del narcotráfico, de la trata y de todo tipo de delitos. Una vez más, a cambio de hipotéticas “inversiones”, se les perdonarán impuestos vencidos y les darán todo tipo de concesiones. Como contrapartida, ni siquiera tendrán la obligación de volver a traer la plata a la Argentina. Una auténtica vergüenza.

Hace falta un verdadero plan de emergencia ante la pandemia

Hay que ayudar urgentemente a los que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Ellos son los trabajadores que perdieron sus salarios, o los cobran rebajados o en cuotas. Hay que hacer lo opuesto, obligar a que se cumpla la prohibición de suspensiones y despidos, pagar los salarios al 100% de su valor y reabrir las paritarias para otorgar un aumento de emergencia que cubra todo lo perdido. 

A la vez, hay que ayudar a todos los cuentapropistas, pequeños comerciantes, profesionales y monotributistas que hoy no tienen ingresos. Se requiere un IFE de verdad, que no puede bajar de 30.000 pesos por mes. Por supuesto, es necesaria una moratoria, pero para perdonar o financiar impuestos a todos estos sectores populares en crisis, no para privilegiar más a las grandes patronales. 

Y, por sobre todas las cosas, la pregunta del millón es cómo se financia todo esto. Hace falta, sin dilaciones, la implementación de un impuesto a las grandes fortunas. Y tenemos que dejar de pagar inmediatamente la totalidad de la deuda externa. Ahí está el dinero para atender las necesidades de los trabajadores y los sectores populares y obtener el  presupuesto sanitario extra que se requiere para hacer frente a la pandemia. 

Escribe Gaston Godoy

Cerca de cumplirse noventa días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, siguen desviando la investigación con maniobras tomando distancia de la hipótesis que sostienen su familia y sus abogados, que a Facundo se lo llevó la policía bonaerense. El medio bahiense La brújula, vinculado al poder político local, y por tanto a su policía, diariamente se encarga de difundir noticias sobre nuevos indicios que les son filtrados por la Justicia y la Policía Federal con el objetivo de sembrar confusión y correr el foco de atención de la desaparición forzada. El ministro Sergio Berni, por su parte, se pasea por los medios de comunicación repitiendo esas noticias filtradas y diciendo que no hay que “estigmatizar a los efectivos que cumplieron su trabajo”. Cualquier parecido con Patricia Bullrich no es coincidencia.

A los miles que estamos siguiendo el caso y acompañando a la mamá de Facundo, Cristina, en esta pelea, cada día que pasa se asemeja más a lo que atravesamos buscando a Santiago Maldonado en 2017. Las fuerzas represivas del Estado intervienen, un joven desaparece, el poder político local y sus medios de comunicación encubren, el gobierno nacional se suma a ese operativo, solo la familia, sus abogados y quienes los acompañan se preocupan por remover cielo y tierra para seguir el rastro. El 1º de agosto se cumplirán tres años de la aún impune desaparición seguida de muerte de Santiago y tres meses de la desaparición de Facundo. Necesitamos una investigación real, alejada de las maniobras de la policía, y que Facundo aparezca con vida ya.

El contexto de la desaparición

La realidad se ha encargado de refutar a quienes pensaron que el recambio de gobierno y la designación de Sabina Frederic –antropóloga vinculada al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo de derechos humanos impulsado por Horacio Verbitsky–, en lugar de una mercenaria política como Bullrich, iban a generar una disminución del poder represivo de las fuerzas de seguridad estatales. El decreto 297 de Alberto Fernández, que dio inicio a la cuarentena, empoderó a los uniformados para controlar “rutas, vías y espacios públicos” para “garantizar” el cumplimiento del aislamiento.

Las fuerzas represivas ejercieron un poder de veto de circulación con un claro sesgo de clase. Facundo no pudo llegar a encontrarse con su ex novia en Bahía Blanca. Entretanto, Mauricio Macri no tuvo ningún problema en ir hasta Paraguay, los dueños de Vicentin pasean en lancha, las patronales obligan a sus trabajadores a circular con permisos falsos, etcétera. Hasta el colmo de que Horacio Rodríguez Larreta salió este lunes a hacer running con su ministro de Transporte, violando la regla establecida para las salidas según la terminación del número de DNI que él anunció un día antes. Pero ningún policía va a disparar o privar de su libertad a estos funcionarios, más allá del “flagrante delito” que fue televisado en vivo.

En los barrios humildes abundaron las detenciones arbitrarias, cuando no irrupciones violentas en los domicilios a los tiros, como fue en el caso del joven Ignacio Seijas, de 17 años, que perdió un ojo. Y tantos otros que denunciamos, a lo largo y ancho del país,  que hasta el momento dejan como saldo provisorio sesenta y tres muertes, contabilizadas por la Correpi.

La doble vara de la policía es la misma que usa el gobierno, que mete ajustes, rebajas salariales y jubilatorias, despidos, suspensiones y flexibilización laboral por un lado, y subsidios, blanqueo de capitales y todo tipo de beneficios para las patronales por el otro. Así funcionan los gobiernos capitalistas y sus fuerzas represivas, con macristas o peronistas, con Bullrich o Frederic.

El gobierno es responsable

Por todo esto es que decimos que el gobierno es responsable de que aparezca con vida Facundo. Es sumamente correcto lo que hicieron el abogado y la mamá de Facundo al exigirle respuestas a Alberto Fernández y a la ministra Frederic. Es urgente desplazar al fiscal Ulpiano Martínez. Es increíble que un defensor de partícipes de la última dictadura militar encabece una investigación por desaparición forzada. También hay que remover a los agentes de la Federal que están filtrando información para desviar la investigación y  encubrir a los responsables.

Redoblemos la movilización por la aparición con vida de Facundo. Este lunes las juventudes de Izquierda Socialista, PTS y PO impulsamos un tuitazo al que se sumaron la familia de Facundo y la Federación Universitaria Argentina, así como centros de estudiantes de todo el país. El martes 14 se realizó una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ya presentamos un pedido de explicaciones y una reunión con el gobernador Kicillof, sostén y responsable de las andadas de Berni. Y el miércoles 22, convocado por el sindicalismo combativo y la izquierda se realizará otra movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

¡Basta de maniobras. La bonaerense, Berni y el gobierno son responsables!

¡Aparición con vida de Facundo Astudillo Castro!

Escribe Daniel Báez

Los casos de muertes y aprietes a manos de la policía de Manzur y el ministro de (in)Seguridad Maley se repiten.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le envió una carta al gobernador Juan Manzur para transmitirle la “preocupación por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la policía de Tucumán” y “la falta de respuesta política para abordar este problema” (La Nota, Tucumán, 17/7/20).

Para el CELS, el asesinato de Espinoza “constituye uno de los casos de violencia policial extrema más graves que se registraron a nivel nacional en los últimos años”. El 14 de julio, la familia denunció la liberación de Álvaro González, uno de los civiles involucrados en su desaparición, y exige que la Justicia actúe con rapidez e independencia del poder político.

Los policías implicados en el caso, Claudio Zelaya y Eduardo González Rojas, “fueron señalados por haber participado en otro hecho que aún está impune, golpear a un joven, Alan Andrada, en la comisaría de la ciudad de Simoca en octubre de 2018. Andrada falleció días después producto de una hemorragia por los golpes recibidos”.

La carta también hace referencia al caso de Roxana Monteros, quien denunció el 17 de junio pasado haber sido atacada a golpes y sufrido violencia sexual por parte de los efectivos que protagonizaron el allanamiento violento en su domicilio.

“Una semana después, el 24 de junio, la policía mató por asfixia a Walter Ceferino Nadal”, agrega. La investigación está estancada, ni el estudio anatomopatológico que esclarecerá el hecho fue realizado, denunció la familia.

En estos días se conoció la denuncia por apremios ilegales y golpiza realizados a un abogado en Concepción por parte del comisario y efectivos de la delegación policial de esa localidad del interior provincial.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de todos estos casos y la renuncia inmediata del ministro Maley.

Escribe Daniel Báez

Los cuatro policías de la localidad chaqueña de Fontana, que desde el 9 de junio estaban detenidos con prisión domiciliaria por haber atacado a la familia qom Fernández-Saravia el 31 de mayo, quedaron en libertad. En el contexto del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, con el racismo en la agenda pública internacional, los medios de comunicación porteños dieron espacio a los hechos de Fontana. Sin embargo, la jueza de Garantías Rosalía Zózzoli hizo lugar a la presentación de los abogados defensores y los liberó. El caso mereció numerosos repudios. Los policías continúan imputados pero permanecerán en libertad. La comunidad qom advirtió sobre el riesgo que implica para ellos.

El vicepresidente del Comité contra la Tortura, Egidio García, denunció que “la liberación de los policías se da en un contexto de persecución racial y complicidad judicial”.

El caso de la violencia institucional contra los pueblos originarios es sistémico, qom, wichí, o mapuches sufren la violencia de la policía y los empresarios amparados por los gobiernos provinciales y el doble discurso del gobierno nacional.

Exigimos el cese de la represión sobre los pueblos originarios y los trabajadores y sectores populares. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos.

La foto del 9 de julio, en el acto del Día de la Independencia, es muy ilustrativa y fuerte. El presidente Fernández aparece “rodeado” por lo más representativo de las patronales. Ahí estaban Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio; Eduardo Eurnekian, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Néstor Szczech, de la Cámara Argentina de la Construcción, y Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina. Y en un extremo de la foto el burócrata sindical de la CGT Héctor Daer. Días después tuvimos otra imagen reveladora, la del presidente con los dirigentes de Cambiemos “bajando el nivel de confrontación política”, como tituló el diario La Nación el 14 de julio.

Crece entonces el debate entre muchos compañeros que votaron al Frente de Todos “contra el ajuste hambreador de Macri” y que, aun manteniendo expectativas en el gobierno peronista, empiezan a ver estas contradicciones. ¿Para qué se reunió Fernández con los más importantes empresarios de la Argentina y con los dirigentes de Juntos por el Cambio? ¿En qué quedó todo el discurso sobre la expropiación de Vicentin y la “soberanía alimentaria”? ¿Y el impuesto a la riqueza?

Mientras todos los anuncios “progresistas” se hundieron en el mar del doble discurso, la realidad, lamentablemente, es que el gobierno peronista está negociando con las patronales la profundización del ajuste. Con más de 300.000 despidos, salarios cayendo hasta 25% en términos nominales, aguinaldos en cuotas o no pagados, una IFE de 10.000 pesos y hambre creciente en las barriadas populares, hoy la crisis ya la está pagando el pueblo trabajador con un fortísimo ajuste. Pero pretenden una profundización de todo esto. Cada vez suena con más fuerza que esta cuota del IFE será “la última”. Y tanto las patronales como el gobierno insisten en que no hay “ningún espacio” para la reapertura de paritarias. En las empresas gestionadas por el Estado (estatales como Aerolíneas y Austral, o semipúblicas como YPF) se anuncian reducciones salariales y de personal.

Del otro lado, a la lista de beneficios que ya reciben las patronales (nóminas de sueldos pagados por el Estado, subsidios, préstamos a tasas preferenciales, etcétera) se le suma el anuncio de una moratoria impositiva. Ya no será, como se dijo al principio, “para aliviar a las pymes”. Por el contrario, podrán ingresar las grandes empresas. En concreto, ya no solo no habrá impuesto a la riqueza, sino que las más importantes patronales del país serán “perdonadas” por los impuestos vigentes que no están pagando. Sumemos que el gobierno retrocedió definitivamente con Vicentin (“Yo me equivoqué con el tema Vicentin”, dijo en una entrevista a la FM Radio La Patriada, 13/7). La expropiación quedó archivada.

Y tenemos que agregar, además, que el presidente, por enésima vez, les aseguró a los empresarios que está dispuesto, como sea, a cerrar el acuerdo con los pulpos acreedores. Negociación en la que el gobierno peronista ya cedió 15.000 millones de dólares más respecto de la primera oferta.

Y todo sucede, nunca lo olvidemos, mientras seguimos en el pico de la pandemia del coronavirus. Increíblemente, en medio de las peores cifras de contagios y ocupación de camas, el “consenso” entre los gobiernos de la Nación, de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se encamina hacia “una mayor apertura”. En línea con lo que exigen las patronales, en los próximos días tendremos miles de industrias y comercios abiertos con más trabajadores sometidos al riesgo del contagio. Tal como dicen los ferroviarios del Sarmiento, que denuncian que no se respeta el distanciamiento social en los trenes, poniendo en peligro a los pasajeros y a los propios trabajadores ante la posibilidad de la multiplicación de contagios. Como le acaba de suceder a nuestra compañera delegada y diputada nacional electa Mónica Schlotthauer, a quien le dio positivo el test de coronavirus, como a otros ciento ochenta ferroviarios.

Mientras tanto, a pesar de la complicidad de las patronales y el gobierno, se sale a dar pelea. Así lo hacen los compañeros de Austral y de Latam, cuyos técnicos frenaron los aviones que la patronal se quería llevar del país. Los de la industria lechera. También los de UTA en Córdoba, que fueron ferozmente reprimidos. Los choferes de Bariloche. Los enfermeros del Posadas, y los trabajadores de la salud en general, que siguen luchando contra la precariedad mientras le hacen frente a la pandemia del coronavirus.

Frente al actual ajuste, y al aún mayor que se viene, desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo seguimos insistiendo. La crisis la tienen que pagar las patronales, los millonarios, los banqueros, los usureros de la deuda externa, no los trabajadores. Es necesario establecer de una vez por todas un impuesto a las grandes riquezas, como propone el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad. Y hay que dejar inmediatamente de pagar la ilegal, usuraria y fraudulenta deuda externa. Ahí está el dinero para implementar un fondo de emergencia que permita atender las necesidades más urgentes, tanto sanitarias producto de la pandemia, como las sociales, dando trabajo, salarios dignos y comida para todos los que lo necesiten.