Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada ferroviaria del Sarmiento

El mediático abogado Gregorio Dalbón no mide esfuerzos para librar de responsabilidades a los funcionarios peronistas kirchneristas y al empresario Cirigliano, condenados  penalmente por la masacre de Once. Ahora ha vuelto al ataque, anunciando un supuesto reconocimiento de culpa de Marcos Córdoba, conductor de la formación 3772, chapa 16, de la línea Sarmiento. ¿Qué hay de nuevo realmente en esta denuncia? Nada.

Las “pruebas” con las que Dalbón intenta adjudicar la exclusiva responsabilidad al conductor para salvar a los altos funcionarios y empresarios de sus condenas, surgen de un informe psicológico realizado para informar al tribunal si Córdoba estaba apto para recuperar su libertad. “Excediendo” su trabajo, la psicóloga Dolores Cardia y la trabajadora social Silvina Blanco le hicieron repetir al maquinista declaraciones sobre la causa y temas específicos, como la anulación del “freno de hombre muerto”. Un procedimiento indebido, que ya es parte del proceso judicial y por el cual está preso Córdoba. Sin embargo, el abogado ligado a Cristina Kirchner desvirtúa los hechos para afirmar textualmente que “Marcos Córdoba, el motorman que mató a 52, reconoce que anuló el freno”.

Evidentemente, el que no tiene frenos es el abogado para hacer esta irresponsable afirmación, contrariando incluso el propio proceso judicial. Las pericias técnicas realizadas en su momento comprobaron que el sistema de frenos estaba defectuoso, colapsado, los coches de la formación estaban en pésimas condiciones, por lo que se produjo el avasallamiento y los paragolpes hidráulicos no estaban funcionando. En el juicio quedó demostrado y documentado que el chapa 16 era material para chatarra, por lo que hacía meses estaba parado. Ese día estaba circulando por falta de formaciones. Y los subsidios que debían ir al mantenimiento de los trenes se desviaban. Los responsables son los funcionarios del gobierno Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y el presidente de TBA, Claudio Cirigliano.

Fue muy bien explicado desde el inicio que el freno al que se refiere Dalbón no es propiamente un “freno”, sino “un mecanismo para activar frenos” que la mayoría de los conductores desactivaba por su condición insegura en las antigüas formaciones Toshiba. Lo concreto es que los frenos manuales disponibles no accionaron porque la mayoría de los compresores que activaban esos frenos no funcionaban. Ni el de guarda (que se puede accionar por fuera de la cabina), ni el freno común, y tampoco el de emergencia. Esta anormalidad, junto con el estado de deterioro de los vagones que no resistieron el impacto, fueron los verdaderos culpables de la catástrofe. Por eso las principales condenas les fueron aplicadas a los altos funcionarios del gobierno kirchnerista y al presidente de TBA.

Nos sumamos a la indignación de la abogada de la defensa, doctora Valeria Corbacho, frente a esta noticia recalentada por Dalbón para confundir y tratar de exculpar a los funcionarios peronistas kirchneristas. Marcos Córdoba no ha agregado nada nuevo a todo lo que consta en el proceso desde el inicio. Exigimos que se cumpla con el procedimiento para dejar inmediatamente en libertad a Córdoba y que los verdaderos responsables de desmantelar los ferrocarriles y provocar esta lamentable tragedia evitable cumplan la prisión efectiva que les corresponde.

Escribe Olga Ortigoza, directiva Suteba La Matanza

El 11 de septiembre, a la noche, la policía de Kicillof-Berni desalojó violentamente a trescientas familias en el barrio Los Pilares, de Ciudad Evita.

El desalojo fue brutal, dispararon balas de goma y gases lacrimógenos a niñes, mujeres y ancianos. Varios resultaron heridos y quince personas fueron detenidas.  

Con topadoras, tiraron abajo las humildes viviendas de chapa y cartón. Gran indignación generó también la quema de un comedor comunitario que estaba en el mismo terreno, que daba de comer a todas las familias del lugar, y al que le secuestraron los alimentos y las ollas, según denunciaron los vecinos.  

Repudiamos el violento desalojo de familias desesperadas que ocupan un pedazo de tierra porque no tienen otra alternativa para acceder a una vivienda, situación que se potenció con la pandemia del Covid-19 y el grave momento económico, ya que muchas familias no pueden seguir pagando el alquiler. Hacemos responsable al gobernador Kicillof y también al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

El peronismo gobierna el municipio hace casi cuarenta años. Con el aumento de la pobreza se acrecentó el problema de la vivienda. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay 1.300.000 personas que no tienen acceso a ella, de las cuales 220.000 están en La Matanza, donde además hay 854 villas miseria y asentamientos.

Exigimos al gobierno un plan de emergencia habitacional y un programa de viviendas populares que se realice sobre la base del no pago de la deuda y un verdadero impuesto a las riquezas, como lo plantea el FIT Unidad.

Escribe Reynaldo Saccone, expresidente de la Cicop

Capilla del Monte es una agradable ciudad cordobesa que congrega visitantes de todo el país por sus numerosos atractivos turísticos serranos. La habitan 11.400 personas. Es la misma cifra que la cantidad de muertes producidas hasta el momento por la infección con el nuevo coronavirus. La pandemia ha borrado del mapa argentino una ciudad entera del tamaño de Capilla del Monte. Una verdadera tragedia nacional.

Mientras sigue ascendiendo el número de contagios, que ya supera largamente el medio millón, el crecimiento exponencial de los decesos no parece encontrar su techo. La explicación es sencilla. Como muestra un gráfico de la Universidad John Hopkins, a medida que se afloja la cuarentena aumentan los contagios, y con ellos las muertes. Para que esto no suceda habría que incrementar los testeos y el rastreo del virus para cortar la cadena de circulación y, recién entonces, aflojar las medidas de aislamiento. La realidad es a la inversa, el gobierno del Frente de Todos, los gobernadores de todo signo político y las patronales autorizan la circulación teniendo una de las tasas más bajas de testeos del mundo. La vacuna, anunciada por el gobierno con bombos y platillos como de aparición inmediata, retrasa su presencia hasta mediados del año próximo. La pandemia manifiesta toda su crudeza ante la inacción de los gobiernos peronistas, radicales y de Juntos por el Cambio.

La pandemia se propaga en las provincias

Sigue firme la tendencia de la extensión al interior del país. Este fin de semana, por primera vez, un tercio de los nuevos infectados provino de fuera del AMBA. A la cabeza, la provincia de Santa Fe sufrió este domingo más contagios que la ciudad de Buenos Aires. En Rosario, la principal ciudad santafesina, los contagios confirmados desde el inicio de la pandemia se duplicaron en dos semanas, pasaron de 3.574 a 8.642, y las muertes casi se triplicaron, 29 a 83. Con el sistema de salud al límite, el gobernador peronista Perotti revirtió, tímidamente apenas, la liberalización de la cuarentena. En Mendoza se mantiene la cifra elevada de nuevos contagios diarios. Cínicamente, el gobernador radical Suárez, después de reconocer el cansancio del personal de salud y la saturación del sistema, reafirmó: “Vamos a apostar al cuidado personal para mantener abierta la economía”.

En las cinco provincias del Norte argentino viven cinco millones y medio de habitantes. El sistema de salud ofrece 2,9 camas por mil habitantes, el más bajo del país, pocos llegan al hospital y muchos mueren en sus casas. La pandemia se ha ensañado especialmente con la región norte, de yungas, que abarca varias localidades de Jujuy y Salta. Ledesma, por ejemplo, posee para 50.000 habitantes un hospital con treinta y siete camas generales operativas, aunque se informan más, y ocho camas de la UTI. En toda esa zona ya no se hacen hisopados porque están los recursos materiales y humanos desbordados.

Los trabajadores de la salud se movilizan

Víctimas propiciatorias de la pandemia, los trabajadores de la salud sostienen literalmente con su cuerpo la lucha contra el flagelo. Son muchos los testimonios personales y las declaraciones de entidades profesionales y gremiales que denuncian el cansancio y el agotamiento.

Junto con el reclamo de elementos para protección personal y la creciente exigencia de licenciamiento de los trabajadores con factores de riesgo, ha pasado a tener un lugar preponderante el clamor por el aumento salarial. La sólida rosca formada por los distintos gobiernos provinciales, la patronal sanatorial y la burocracia sindical se alza como una barrera infranqueable para los requerimientos de los trabajadores y, a lo sumo, se acuerdan irrisorios aumentos.

En Misiones, ATE y UPCN acaban de prestar su conformidad a uno de esos incrementos salariales absolutamente insuficientes. Ante esta traición, enfermeras y enfermeros se han autoconvocado y después de varios días de lucha lograron su primera victoria al obligar al gobierno peronista de la provincia a recibirlos. El rechazo a la burocracia sindical se generaliza en el país. Es que la CGT y las dos CTA no dicen nada respecto de los tres principales reclamos: salario, licencias y protección.

Es por eso que sigue expandiéndose la autoconvocatoria a una jornada de lucha nacional el 21 de septiembre, cuyo evento central será una marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Paralelamente, otra columna autoconvocada se concentrará frente a la CGT para denunciar a la burocracia sindical y luego confluirán ambas en la Plaza de Mayo.

Por una salida de los trabajadores y el pueblo a la crisis de la salud. Movilicemos el 21S

Desde nuestro partido apoyamos y convocamos a manifestarse el 21S en todo el país. Es el primer intento de una acción nacional de los trabajadores de la salud enfrentando a los gobiernos de todos los signos, a las patronales de los sanatorios privados y a la burocracia sindical. Al defender su vida y sus condiciones de trabajo, los trabajadores de la salud están también defendiendo la salud de todos, especialmente del pueblo trabajador.

Para aplastar la pandemia y garantizar la salud, seguimos planteando que es necesario centralizar el sistema de salud público y privado en el camino a la nacionalización de la medicina y su financiación a través de un impuesto a las grandes fortunas, tal como lo plantea el FIT Unidad, y mediante el no pago de la deuda externa.

Escribe Adolfo Santos

Las presunciones de Cristina Castro y sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, se van confirmando. El supuesto “accidente” indicado por la policía bonaerense como causa de la muerte de Facundo Astudillo Castro no se sustenta. Vale recordar las palabras del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuando asumiendo la defensa de “sus policiales” afirmó en declaraciones a TN: “Fue un gran show –de parte de la querella– el haber seguido insistiendo con una teoría de desaparición forzada sabiendo que todas las pruebas y testigos iban en el sentido totalmente contrario”. El gobernador Kicillof acompaña lo actuado por su ministro, ante el pedido de renuncia de Berni por parte de la madre de Facundo, respondió: “le voy a pedir que no hable más” (Página/12, 28/8).

Sin embargo, las evidencias comprometen cada vez más a la policía, a la jueza, al fiscal, a los testigos que trataron de montar un escenario falso y la responsabilidad política del gobierno. La semana pasada Sergio Paredes, un trabajador portuario de la región donde fue encontrado el cadáver, declaró que la noche del 11 de agosto, cuatro días antes de que fuera encontrado el cuerpo en el cangrejal, vio “tres o cuatro vehículos sospechosos” en el lugar. Paredes declaró que conoce el movimiento de las mareas y descartó que se trate de pescadores: “Eran luces fuertes, de vehículos, que permanecieron entre veinte y treinta minutos en el lugar”.

Esta semana debe declarar la “testigo H”, alguien que, según el abogado Leandro Aparicio, fue “metida por la ventana por la policía” para sembrar pistas falsas. Recordemos que esta testigo sostuvo que llevó en su auto a Facundo desde Teniente Origone hasta el cruce de la ruta nacional 3 y las vías del ferrocarril, lo cual la querella siempre consideró una mentira. Ahora “apareció” la mochila, hallada cerca del cuerpo, con los teléfonos celulares y documentos personales de Facundo. A raíz de este hallazgo, Cristina Castro escribió en su Facebook: “Ya antes de encontrar los restos de Facu yo dije ‘ellos tienen sus cosas’. En lugares donde se rastrilló siguen apareciendo sus cosas, nunca me equivoqué, lo que nunca hicieron fue decir la verdad, ratas”.

Los hechos son categóricos y desmienten a la policía bonaerense y a su jefe, Sergio Berni. Las pistas plantadas, como los falsos testimonios, van cayendo como un castillo de naipes y las pruebas concretas se acumulan. Los movimientos sospechosos de los vehículos policiales detectados por los GPS, la señal del teléfono de Facundo en las cercanías de la Unidad de Prevención de la policía local (probablemente estaba en uno de los patrulleros que fue secuestrado en ese lugar), la declaración de Paredes y la mochila con los teléfonos servirán para cerrar el cerco contra los criminales.

Castigo a los culpables. La bonaerense y el gobierno son responsables

En ese marco, repudiamos las palabras de Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial y uno de los jefes de la protesta policial de la semana pasada, que en medio del conflicto declaró: “Estamos muy conformes con que Berni haya tratado el tema de Bahía Blanca de la forma que lo trató, del caso de Facundo Astudillo Castro. Todavía no está esclarecido y Berni no tomó ninguna medida con el personal policial porque no tiene pruebas. Me parece perfecto y lo bancamos a muerte, y en eso nos sacamos el sombrero con él” (TN 9/9). Acto seguido, el gobierno de Fernández y Kicillof aumentó los salarios y dispuso millones para “mejorar” a la Bonaerense.

El “tema de Bahía Blanca” es un caso gravísimo de desaparición forzada de personas por parte del Estado y no puede ser tratado con el desprecio que lo hizo ese policía. Es el mismo desprecio con el que Berni ataca a los organismos de derechos humanos. Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad cuestionamos todo lo actuado por la Bonaerense del “gatillo fácil” y exigimos una comisión investigadora independiente para garantizar que se conozca toda la verdad. Además de reclamar por el desmantelamiento del aparato represivo. Como afirmó el abogado Luciano Peretto, lo sucedido con Facundo “tiene una gravedad institucional absoluta” y tal como expresó, junto a su madre, tenemos la “responsabilidad social” de aclarar las circunstancias de la desaparición. No están solos. Junto con ellos exigimos castigo a los culpables, la Bonaerense y el gobierno son responsables.

Escribe Martín Fú

El pasado domingo, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue entrevistado por Romina Manguel en su programa RM, que se emite por A24.

Berni, un ministro de alta exposición pública y mediática, viene enfrascado en su proyecto político en el peronismo. Pro mano dura, defensor de Chocobar, de la “propiedad privada” en medio de las tomas de tierras, ha sabido conciliar la grieta y es la cara más reaccionaria del gobernador peronista Kicillof.

Sin filtro, a cara descubierta, eligió hacer blanco en las organizaciones de derechos humanos. Lo hace quien viene siendo fuertemente cuestionado y repudiado por su rol en el encubrimiento de la Bonaerense por la desaparición forzada, seguida de muerte, del joven Facundo Astudillo Castro, por lo que diversos sectores exigimos su renuncia. Un ministro que, a pesar de sus esfuerzos, es repudiado por un amplio sector del pueblo trabajador y hasta cuestionado por quienes tienen una legítima simpatía con el gobierno del Frente de Todos, que hasta ahora prefiere sostener a Berni.

Berni arremetió contra estas organizaciones de manera despectiva y estigmatizante, acusándolas de “rentados, vagos, que reciben los más importantes salarios del Estado, que viven viajando, que nunca aportan ni contribuyen a la gestión, whisky de por medio, y que son puro blablá”, entre otros conceptos, clásicos de la derecha más retrógrada y reaccionaria, de la que el ministro no se diferencia en nada. Berni prefiere ningunear la lucha de décadas contra los crímenes de los gobiernos mientras es alcanzado de lleno por la desaparición de Facundo y recibe miles de millones de pesos para armar a su policía y reprimir cualquier desborde social o luchas que se vayan dando como consecuencia de la profundización del ajuste y la crisis económica y social que se visibiliza en el conurbano bonaerense.

Repudiamos las declaraciones de Berni, de la primera hasta la última, su ataque artero a la trayectoria de las organizaciones de derechos humanos y sus luchadores, que hace décadas vienen llevando adelante una tarea fundamental, exigir juicio y castigo para todos los genocidas recabando pruebas y testimonios para enjuiciar a todos los responsables de nuestros 30.000 desaparecidos. Así lo hacemos desde Izquierda Socialista, participando en la Comisión Ana María Martínez junto con otras organizaciones, desde donde contribuimos a lograr condenas a perpetua para dos genocidas, o como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, movilizados cada 24 de marzo, y saliendo a las calles por Santiago Maldonado. Continuaremos reclamando verdad y justicia. Ahora exigimos que se determine la responsabilidad del ministro Berni, su policía bonaerense y la del gobierno sobre la desaparición, muerte y encubrimiento del brutal crimen de Facundo.