Escribe Ariel Nápoli

Lucas Verón estaba festejando su cumpleaños número 18 el jueves pasado en Villa Scasso, La Matanza. Con un amigo fueron en moto a un maxikiosco. Dos policías los persiguieron y asesinaron a Lucas a sangre fría.

Un vecino del barrio accionó la alarma vecinal y varios salieron a la calle. Ahí vieron a Lucas tirado junto a la patrulla que conducían los homicidas y a su amigo gritando que la policía les había realizado varios disparos.

El amigo de Lucas fue amenazado por la policía para que diga que “venían de robar en algún lugar”. Frente a este intento de encubrimiento, una delegación del Suteba La Matanza estuvo presente en la fiscalía general de San Justo el día lunes acompañando a la familia del joven para reclamar justicia, cárcel a los policías asesinos y el desplazamiento del fiscal de la causa ante las denuncias de encubrimiento.

El fusilamiento de Lucas se dio el mismo día en que el ministro de Seguridad Sergio Berni se hizo presente en un acto en La Matanza en el que arengó a la policía por su “valentía y compromiso”. Esa misma policía dirigida por Berni y Kicillof ya asesinó a ocho jóvenes víctimas de casos de gatillo fácil en lo que va de la cuarentena en el Gran Buenos Aires. Los casos no se dan solamente en la provincia de Buenos Aires, en todo el país suman sesenta los fusilados por la policía durante el confinamiento.

Por eso desde Izquierda Socialista reclamamos ¡basta de gatillo fácil, justicia por Lucas Verón! Kicillof y Fernández son responsables.

Editorial

El coronavirus se sigue expandiendo. Este martes se acaba de registrar el récord de contagios, con 2.979 casos y 62 muertes. Con el aumento de los contagios crece la amenaza de que colapsen en el AMBA las camas de terapia intensiva. Pasamos de un gobierno que dijo que “los hospitales están preparados” a estas cifras. A más de cien días de cuarentena, los faltantes de recursos en salud siguen siendo moneda corriente. Los trabajadores de la salud, que están en la primera línea, son los más afectados.

También sigue creciendo la pandemia social. El Ministerio de Trabajo registró 228.000 trabajadores menos que en marzo, en abril hubo 715.000 suspensiones con rebaja salarial y una pérdida del poder adquisitivo promedio de 9,2%, y millones de trabajadores tuvieron una rebaja mayor, de 25 por ciento. Al mismo tiempo, el Indec confirmó que la desigualdad crece, es decir que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres.

Todo esto ante un gobierno peronista que llegó prometiendo gobernar para los que menos tienen, pero que en la práctica sigue beneficiando a grandes empresarios, bancos y multinacionales. Como Panamerican Energy, de la familia Bulgheroni, beneficiada con millones en subsidios para saquear nuestras riquezas de gas y petróleo. Es a esta patronal a quien el gobierno se niega, junto a tantas otras, a imponer un impuesto a sus riquezas dejándolas que sigan haciendo fortunas en plena pandemia.

También impactan otras noticias, como la muerte del ex secretario privado de Cristina Kirchner, que nos lleva a la postal de los casos de corrupción del gobierno peronista kirchnerista de entonces y las mafias que rodean a cada uno de sus personajes. Así como los espionajes ilegales por los que hay funcionarios de Macri procesados, presos y después liberados, según los vaivenes de la Justicia.

Si hay algo por lo que volvemos a elevar nuestro repudio es por la deuda externa. Después de que Alberto Fernández y el peronismo  ganaron las elecciones, el gobierno dijo que “la deuda es con el pueblo”. Y ahora acaba de mejorar en un 37% la oferta de pago a los bonistas, reconociendo 15.000 millones de dólares más que en la propuesta de hace dos meses, además de tantos otros beneficios, plus y enormes concesiones para los amigos de Donald Trump. A tal punto que la mejora fue elogiada por el ex ministro de Macri, responsable del endeudamiento sideral con el FMI, Luis Caputo, y por Domingo Cavallo, que tiene en su currículum el antecedente de haber sido el funcionario de la dictadura militar que estatizó la deuda privada (incluida la de Sevel-Macri), luego fue ministro del gobierno peronista de Menem, que en los ’90 entregó el país y, finalmente, ministro de De la Rúa, cuando nos terminó llevando a la crisis histórica de 2001.

La nueva oferta del gobierno peronista, la cuarta, fue saludada por la Bolsa y “el mercado” con subas de 40% en un día. No cabe duda, si ganan ellos pierden el país y el pueblo trabajador. ¿Cómo puede ser que se beneficie a los bonistas en medio del aumento de las muertes por coronavirus, que requiere que esos fondos vayan a los hospitales públicos? ¿Cómo puede ser que en medio de la pandemia de las rebajas salariales y jubilatorias, los despidos y las suspensiones, cierres de comercios y el crecimiento de la pobreza el gobierno destine 15.000 millones de dólares más para los mercenarios y buitres internacionales?

Que Alberto Fernández, como contrapartida, realice una conferencia para anunciar obras por solo 2.200 millones de pesos casi suena a burla.

Algunos trabajadores pueden creer lo que dicen el presidente y los dirigentes peronistas, que no hay otra y que es bueno negociar y lograr una reducción de la deuda. Porque si no no vendrán las inversiones, no habrá trabajo, etcétera. Comprendemos las dudas.  Pero no es cierto que si el gobierno arregla con los bonistas se despeja el panorama económico y la Argentina va a crecer. Por el contrario, lo que va a haber es un mayor ajuste y más reformas estructurales al compás de las exigencias del Fondo Monetario y los usureros. No se trata de ninguna exageración, no hay ningún ejemplo en el país ni en el mundo donde, de la mano del FMI y pagando la deuda, se haya salido adelante en beneficio del pueblo trabajador.

Ya este gobierno pagó 4.500 millones de dólares de deuda desde que asumió. Con ese dinero se podrían haber nombrado miles de enfermeros y médicos con un salario acorde a la canasta familiar y asistir con 30.000 pesos de salario social de emergencia en la cuarentena  a los sectores más vulnerables para que puedan cumplir el aislamiento. Sin embargo, el gobierno prefirió dárselos a los usureros y ahora suma una nueva vuelta de tuerca a su política de entrega y sometimiento. Al cumplirse este 9 de julio otro aniversario de la independencia nacional, lo “festejaremos” gracias a Alberto Fernández con más sometimiento a los usureros, el FMI y el imperialismo.

Precisamente, porque el gobierno peronista no da respuestas, se niega a imponer el impuesto a las grandes riquezas y beneficia a los usureros de la deuda, los trabajadores siguen luchando. Los de Austral volvieron a hacer una ruidosa caravana contra el cierre de la empresa que quiere llevar adelante el directorio impuesto por Alberto Fernández donde, a pesar del silencio cómplice del sindicato oficialista, contaron con la solidaridad de delegaciones de apoyo de trabajadores de Latam y Aerolíneas. Los choferes de UTA paran en varias provincias por la falta de pago de salarios. Los docentes de Ademys, junto con estatales de CABA, marcharon contra el pago del aguinaldo en cuotas. Los repartidores vuelven a movilizarse. Siguen en las calles los municipales de Córdoba contra el ajuste del intendente y el gobernador peronista Schiaretti. En muchas provincias vemos trabajadores que luchan y se movilizan por el pago de sus salarios o contra el cierre de sus fábricas. Los pequeños comerciantes, peluqueros o talleristas también se suman porque no tienen ayuda estatal o acceso a créditos a tasa cero para subsistir. Y la lista sigue.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, junto al sindicalismo combativo, vamos a seguir impulsando los reclamos obreros y populares, denunciando el rol traidor y cómplice con el ajuste de la CGT y las CTA. Exigiendo que rompan su complicidad con el gobierno y las patronales y apoyen los reclamos. Vamos a seguir impulsando medidas de fondo, como el necesario impuesto a las grandes riquezas de los grupos económicos, para que sea volcado de inmediato a la emergencia. Repudiamos la renegociación de una deuda que fue a financiar la fuga de capitales y reiteramos que hay que romper los lazos que nos someten al FMI y usar esa plata para resolver las urgentes necesidades del pueblo trabajador.

Para pelear por esta salida te convocamos a fortalecer a Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad como alternativa política de los trabajadores.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Crece la pandemia en nuestro país y aumentan las muertes originadas por las complicaciones del Covid-19, que ya suman más de 1.600 al momento de escribir esta nota. Sube también la cantidad de pacientes que requieren atención en unidades de terapia intensiva (UTI).

Entramos en una situación crítica de camas

En nuestro país, después de años de desinversión y ajuste de los gobiernos peronistas, radicales y de Cambiemos, hay una degradación del sistema público. Mientras la OMS aconseja ocho camas cada mil habitantes, la Argentina posee 4,5 que se distribuyen muy desigualmente. Mientras la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 7,1, la provincia tiene 5,5, pero La Matanza solo una cama cada mil habitantes. La provincia de Buenos Aires cuenta con 4.856 camas en unidades de terapia intensiva (UTI), algo más de 2.400 ocupadas, unas trescientas por complicaciones ocasionadas por el coronavirus. Estas cifras globales de toda la provincia no dan una idea de la realidad que se vive en el conurbano, donde se concentra más del 95% de los contagios de Covid-19 que informa el gobierno peronista de Kicillof. El último reporte oficial obtenido este fin de semana indica que había seis municipios que colmaron sus lugares en UTI (La Matanza, Quilmes, Lanús, José C. Paz, Moreno y Escobar) en el norte, oeste y sur del Gran Buenos Aires.

En la Capital Federal hay 2.000 camas de UTI (400 públicas y 1.600 privadas). El informe de principios de semana de Larreta de Cambiemos mostraba que había 263 internados en UTI, de los cuales 202 están con asistencia mecánica respiratoria (ARM). La estadística muestra que solo la mitad de las camas están ocupadas. Aunque, a través de comunicaciones en las redes sociales, los trabajadores de algunos hospitales denuncian las UTI colmadas. Mientras en la CABA los hospitales públicos se saturan, las camas privadas, que son cuatro veces más, son manejadas discrecionalmente por las empresas propietarias de sanatorios y clínicas. Por su parte, el subsistema privado en la provincia, que representa casi el 40% de la oferta de camas, está compuesto por 190 clínicas y sanatorios y, como en CABA, no existe el menor control estatal sobre su utilización.

Buenos negocios con plata del Estado

Mientras se van llenando las camas y escasean los insumos, hay quienes han descubierto que la pandemia es una gran oportunidad para buenos negocios. Las empresas sanatoriales, y sobre todo las más poderosas, se han acogido al subsidio pactado con el gobierno de Fernández y la burocracia sindical peronista por el cual el Estado paga el 50% de los sueldos de sus empleados y también a la posibilidad de reducir 25% los salarios. Son las mismas patronales que retacean los elementos de protección personal a sus trabajadores y ocultan el número de contagiados y afectados entre su personal. También escamotean las camas que servirían para descomprimir el sistema estatal.

El gran negocio de estos empresarios es la venta de insumos sanitarios al Estado, que no deja de crecer, gracias a los desmesurados sobreprecios. Un cálculo publicado en el diario La Nación del 5/7, establece en 72 millones de pesos el monto que el Estado viene pagando de más. Por ejemplo, para los barbijos N95 la Sindicatura General de la Nación (Sigen) calculó un precio testigo de 298 pesos, el gobierno de Fernández pagó 755 y el de Larreta en CABA 3.000 por barbijo quirúrgico. El ministro de salud Ginés González García compró 334.000 mamelucos con sobreprecio, las cofias protectoras costaron 77% más. Y los barbijos tricapa se pagaron un 20% por arriba del precio fijado por la Sigen.

Las únicas dos fábricas locales de respiradores, Tecme y Leistung, vendieron al Estado más de 3.500 unidades. Cabe destacar que en este caso hubo una tímida acción del gobierno nacional del Frente de Todos que, para evitar la exportación de la producción y el consiguiente déficit del recurso para el país, intervino las empresas hasta fines de julio, cuando podrán volver a exportar. No obstante la restricción, ambas compañías embolsaron la friolera de 2.760 millones de pesos.

Qué pasó en Irlanda

Precisamente, para evitar situaciones como las que nos tocan vivir, el gobierno de la República de Irlanda anunció el 24 de marzo la nacionalización transitoria de los sanatorios privados mientras dure la pandemia. Los empresarios aceptaron la medida que pone bajo gestión estatal dos mil camas, nueve laboratorios bioquímicos y varios miles de trabajadores de la salud. En este país de casi cinco millones de habitantes, los contagiados por el Covid-19 habían sobrepasado la barrera de los mil casos, entre los cuales se encontraba el 25% de los trabajadores de la salud.

El ministro de Salud, Ginés González García, amagó con una medida similar para llevar adelante en el país. Pero rápidamente retrocedió tras la reacción de la patronal sanatorial, de los seguros de salud y la desautorización del presidente Alberto Fernández. Así se alejó la posibilidad de poner un poco de orden en el combate contra la pandemia.

Es necesario concentrar los recursos para garantizar la atención para todos

El ejemplo de Irlanda muestra que es posible y necesario centralizar el sistema de salud para derrotar la pandemia. Para eso se necesita una decisión política que vaya en esa dirección, no se trata solo de una cuestión de epidemiólogos. En primer lugar, como venimos diciendo, es necesario centralizar el sistema  de salud privado y estatal, estableciendo una conducción única para aprovechar todos los recursos del país. En segundo lugar, es necesario que se nacionalicen los recursos indispensables, que todas las camas pasen a ser administradas por la autoridad sanitaria para garantizar el acceso de toda la población, sin distinciones. En tercer lugar, se debe proteger al personal de salud que es imprescindible para llegar con la atención necesaria. En cuarto lugar, sostener el aislamiento subsidiando a los trabajadores contratados, cuentapropistas y desocupados. Finalmente, se debe crear un fondo proveniente de un impuesto especial a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas. En la lucha lo lograremos.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández presentó una nueva propuesta de renegociación de la porción de la deuda externa bajo legislación extranjera. Le regala a los especuladores internacionales 15.000 millones de dólares más que en la versión inicial y se empezaría a pagar en 2021. El establishment económico aplaude lo que no es más que un nuevo capítulo de entrega en la infinita historia del saqueo de la deuda.

Finalmente, tras largas idas y venidas, el ministro Martín Guzmán presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, la nueva propuesta de renegociación de deuda externa bajo legislación extranjera.

Si tuviéramos que definirla en pocas palabras, diríamos que es a medida de los buitres. Vamos a recordar la historia de esta renegociación.

En abril pasado el gobierno hizo su primera propuesta. Ya esa oferta les dejaba interesantes ganancias a los acreedores y estaba muy lejos de lo declamado por Alberto Fernández de “no pagar con el hambre de los jubilados”. Después de abonar 4.500 millones de dólares de vencimientos desde su asunción, la propuesta de abril ofrecía pagar 39 dólares por cada valor nominal de 100. Era un gran negocio para los acreedores si tenemos en cuenta que esos bonos de deuda estaban cotizando a menos de 20 en ese momento.

Por supuesto, los grandes fondos de inversión tenedores de la deuda (encabezados por el gigante de las finanzas BlackRock), envalentonados ante la afirmación repetida varias veces por el propio Alberto Fernández de que “no se iba a entrar en default”, salieron con todo a chantajear reclamando mucho más. Eso es lo que han conseguido ahora, aunque sigan presionando por más.

Analicemos entonces la nueva propuesta. En promedio, se ofrece pagar 53,5 por cada 100 de valor nominal, casi exactamente lo mismo que reclaman los bonistas. Claro que eso es solo un número teórico. La quita de capital, que en la oferta de abril ya era bajísima, de 5,2%, ahora se reduce casi a cero, será solo de 1,9 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor que conserve el bono de deuda hasta su vencimiento cobrará 98 dólares de cada 100.

En la oferta de abril se hablaba que la “gran quita” se daba en los intereses, que bajaban de 7% a 2,3 por ciento. Ahora se les reconocerá a los pulpos acreedores mucho más, un interés promedio de 3,07 por ciento.

Hay otro ítem escandaloso, el llamado “período de gracia”. El gobierno de los Fernández había asumido diciendo que iba a negociar con los acreedores un acuerdo que permitiera llevar adelante un programa económico de “redistribución de la riqueza” y que para ello necesitaba no pagar nada durante cuatro años. Ya en la propuesta de abril el tiempo en que no se pagaba nada se redujo a tres años. Ahora, directamente, se plantea comenzar a pagar el año próximo. ¡Vamos a estar todavía en medio de las consecuencias de la pandemia y con vencimientos con los pulpos acreedores!

Hay otro detalle que queremos destacar, el particular trato que se le dará a los bonos que vienen de los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. Estos bonos no tendrán quita de capital y, en algunos casos (como el bono denominado Discount), recibirán 61,8 por cada 100. Agreguemos que todos esos bonistas conservarán el derecho de ir a juicio contra la Argentina en condiciones mucho más ventajosas que con los bonos emitidos en el período macrista.

Los que aplauden

Apenas conocida la propuesta del gobierno argentino llovieron los aplausos del establishment.

Rápidamente, los fondos Gramercy Funds Management y Fintech Advisory Inc. dijeron que “aceptaban la propuesta”, mientras el ex CEO del fondo de inversión Pimco Mohamed El-Erian publicaba el 6 de julio una nota elogiosa en el Financial Times planteando que se trataba de una “sólida oportunidad de anclar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana en la historia de los mercados emergentes”.

También llegaron los aplausos locales. A los del conjunto de las patronales se sumaron los del ex ministro de Finanzas de Macri Luis Caputo, e incluso los de Domingo Cavallo, que salió de su letargo para afirmar: “Espero que se llegue a un acuerdo con la deuda. En definitiva, es una buena propuesta”. Los especuladores, que hablan por sus ganancias, también se expresaron. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, y en particular en los bancos, subieron 40% en un día. 

Una historia de nunca acabar

Todos estos regalos a los pulpos acreedores no son los únicos. El gobierno acaba de anunciar, en el mismo momento en que hizo la presentación ante la SEC, que enviará al Congreso un proyecto para reestructurar la deuda bajo legislación local con “el mismo trato”. Precisemos, se trata de otros bonos, también a pagar en moneda extranjera, por 46.000 millones de dólares, de los cuales al menos 15.000 están también en manos de fondos de inversión internacionales (en este caso el tenedor mayoritario es el fondo Pimco).

Inmediatamente, tendrá que comenzar además la renegociación de la deuda con el FMI (44.000 millones de dólares), con vencimientos mayoritarios en 2022 y 2023. El Fondo, por más que el gobierno busque ahora disfrazarlo de “progresista”, fue clarísimo, no hay quita que valga, se deberá abonar el ciento por ciento de la deuda y, si se quiere correr los plazos de vencimiento, habrá que firmar un nuevo acuerdo “de facilidades extendidas” por medio del cual el gobierno argentino se comprometa a un ajuste estructural que incluya las reformas laboral y previsional.

“Sustentabilidad” versus no pago

La tesis del ministro Guzmán, avalada por el FMI, era que la Argentina tenía un problema de “sustentabilidad” de su deuda externa. Traducido, que no existía ninguna posibilidad que pudiera hacer frente a los próximos vencimientos. Por eso proponían una renegociación con una quita de al menos 50% y dejar de pagar durante cuatro años (“de gracia”), tras lo cual, argumentaban, la economía argentina podría hipotéticamente crecer y recuperarse para “volver a pagar”. Todos estos supuestos eran anteriores a que la crisis de nuestra economía, y del mundo, empeorara cualitativamente con el estallido del coronavirus. Este planteo era utópico y reaccionario, ya que lo único que hacía era patear para adelante y agrandar la bola de nieve del endeudamiento. 

Ahora, con los nuevos términos, todo es peor aún. Sin embargo, increíblemente, el ministro Guzmán insiste en que esta nueva propuesta es “sustentable” y que se abre un horizonte de crecimiento. Lo  que sucederá es todo lo contrario. Ahora, con la nueva propuesta argentina, se desnuda más aún que si seguimos pagando continuaremos hundiéndonos cada día más. Lo que se está planteando es totalmente “insustentable”. En concreto, la deuda externa es absolutamente impagable. Este acuerdo lo único que va a hacer es obligar a cumplir con un nuevo y más feroz plan de ajuste y aun así, en pocos años, estaremos otra vez ante una nueva crisis de deuda. Y por si todo esto fuera poco, no hay certeza de que algunos pulpos acreedores (entre ellos, nada más ni nada menos que BlackRock) no acuerden, queden afuera de este canje y vayan a juicio en Nueva York para transformarse en los “fondos buitres” de los años por venir.

Todo esto es un auténtico saqueo. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad no nos cansamos de repetirlo. La totalidad de la deuda externa es ilegítima porque nació con la dictadura genocida, e ilegal porque se incrementó sumando intereses tras intereses pese a haberse pagado ya varias veces. Es fraudulenta, como lo demostró en su fallo el juez Ballesteros en el año 2000. La única salida es dejar inmediatamente de pagarla para así volcar todos esos fondos a un auténtico programa de emergencia, obrero y popular, que atienda las más urgentes necesidades populares. 

Escribe Guido Poletti

Mientras la pandemia se sigue extendiendo crecen el desempleo, las suspensiones y las bajas salariales. Con los 10.000 pesos del IFE por grupo familiar (que en la práctica tiene que durar dos meses) es imposible siquiera comprar los alimentos indispensables. Encima hay seis millones de personas que claramente lo necesitan y no lo reciben. Por el lado sanitario, cada día hay más señales de que la ocupación de camas de terapia intensiva se acerca peligrosamente al punto del colapso. Frente a esto se impone una única realidad, que el gobierno ponga urgentemente más plata. 

Esa plata existe. Está en las grandes riquezas de los multimillonarios y en las superganancias de las principales corporaciones. Hagamos un recorrido para saber de quiénes estamos hablando. 

Paolo Rocca es el hombre que encabeza la lista de multimillonarios argentinos que publica la revista Forbes, con una fortuna de 3.300 millones de dólares. Es el dueño de Techint, el principal grupo económico transnacionalizado del país, con una facturación anual superior a los 200.000 millones de pesos. Sus dos empresas insignias son Ternium y Tenaris. Rocca no se hizo multimillonario “trabajando”, saltó al lugar que tiene cuando se aprovechó de la privatización de Somisa, la gran empresa estatal del acero. Para mostrar un ejemplo de su “sensibilidad social”, Rocca fue quien, ya iniciada la pandemia, promovió el despido de miles de trabajadores de sus obras en construcción. 

Alejandro Bulgheroni está segundo en la lista, con 2.700 millones de dólares de patrimonio. Es el dueño de Panamerican Energy, la principal empresa petrolera y gasífera privada del país, con una facturación de 150.000 millones de pesos. Socio de los pulpos petroleros británicos de British Petroleum y de las nuevas empresas petroleras chinas. También es uno de los principales beneficiados con los subsidios que, tanto kirchneristas como macristas, le regalaron al sector para que avance con el saqueo y la depredación ambiental en Vaca Muerta. 

Tercero en la lista de Forbes figura Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre. Probablemente, si la revista hoy rehiciera el listado, este empresario aparecería primero. Es que su empresa es una de las que más ha crecido en medio de la pandemia, superando en su incremento a gigantes como Amazon. Hoy cotiza arriba de los 50.000 millones de dólares, el más alto valor bursátil que ninguna compañía argentina alcanzó alguna vez. Galperín, el empresario “favorito” de Macri y gran propagandista a favor de la flexibilización laboral, se beneficia todos los días con la ley para las “empresas del conocimiento”, que le garantiza subsidios y exenciones impositivas. 

Luego viene Alberto Roemmers, dueño de los laboratorios del mismo nombre, con 2.300 millones de dólares de fortuna. Junto con Bagó, son los dos grandes monopolios farmacéuticos nacionales. Cada vez que vamos a la farmacia y nos espantamos con el precio de un medicamento tenemos una altísima probabilidad de que quien nos esquilma sea la empresa del señor Bagó. 

Gregorio Perez Companc es el quinto hombre de nuestra lista, con 1.700 millones de dólares de riqueza. Goyo, como se lo conoce, es uno de los grandes monopolistas de la alimentación, con Molinos Río de la Plata. Pero su historia es muy anterior, hace un par de años vendió su empresa de energía a Petrobras. Perez Companc es uno de aquellos grupos económicos “históricos” que creció durante la dictadura militar y se benefició cuando Cavallo en 1982 le “estatizó” su deuda externa, que pasamos a deber todos los argentinos. 

Con estos personajes ya tendríamos más que suficiente. ¿Alguien tiene alguna duda de que no deberían hacer un “esfuerzo” y poner parte de su riqueza al servicio de ayudar en la pandemia?

Pero podríamos, a título ilustrativo, sumar algunos más. Al Grupo Clarín, por ejemplo, con una facturación anual cercana a los 190.000 millones de pesos. O Arcor, el otro gigante monopólico de los alimentos propiedad de otro multimillonario, Luis Pagani. 

Tenemos también a los gigantes de la comercialización, los grandes hipermercados, en manos de multinacionales extranjeras como Walmart y Carrefour, o de grupos económicos locales, como Coto y La Anónima. 

Y no podemos olvidarnos de los banqueros locales, como Escasany (Grupo Financiero Galicia), o Brito (Banco Macro), o de los extranjeros Santander Río, City, HSBC o ICBC, el sector que obtuvo mayores ganancias, haya o no crisis, en todos los gobiernos del siglo XXI. Digamos de pasada que el gran accionista minoritario, tanto del Banco Galicia como del Macro, es nada más ni nada menos que el gran pulpo acreedor de la Argentina BlackRock.

Agreguemos en nuestro recorrido de las grandes riquezas al “amigo de todos los gobiernos” (macristas o peronistas), Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. Y, finalmente, a los grandes monopolios agroexportadores: las yanquis ADM, Bunge y Cargill, la europea Dreyfuss, la china Cofco y las locales Aceitera General Deheza y la ya citada Molinos. 

Con este pequeño recorrido queda más que ilustrado “dónde está la plata”. Por eso insistimos en que la solución está en aplicar ya mismo un impuesto a las grandes riquezas. Ese tributo que el gobierno peronista de Alberto Fernández “amagó” con implementar hace más de noventa días y en la realidad ni siquiera presentó un proyecto en el Congreso en una muestra obscena de doble discurso. Pero, sin embargo, en el Congreso hay un proyecto para gravar a los ricos. El único existente, el que presentó el Frente de Izquierda Unidad. Si se aprobara se podrían recaudar 20.000 millones de dólares. Ese dinero, más lo que podríamos sumar con la suspensión de los pagos de la deuda externa, alcanza y sobra para generar un fondo de emergencia que permita cubrir lo necesario tanto en términos sanitarios como sociales. Todo lo que se necesita para salud, comida, ingresos para el que hoy no los tiene, créditos para los pequeños comerciantes, etcétera. Hay que exigir que se trate y se apruebe. Para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino los grandes capitalistas.