Escribe Guido Poletti

Mientras la pandemia se sigue extendiendo crecen el desempleo, las suspensiones y las bajas salariales. Con los 10.000 pesos del IFE por grupo familiar (que en la práctica tiene que durar dos meses) es imposible siquiera comprar los alimentos indispensables. Encima hay seis millones de personas que claramente lo necesitan y no lo reciben. Por el lado sanitario, cada día hay más señales de que la ocupación de camas de terapia intensiva se acerca peligrosamente al punto del colapso. Frente a esto se impone una única realidad, que el gobierno ponga urgentemente más plata. 

Esa plata existe. Está en las grandes riquezas de los multimillonarios y en las superganancias de las principales corporaciones. Hagamos un recorrido para saber de quiénes estamos hablando. 

Paolo Rocca es el hombre que encabeza la lista de multimillonarios argentinos que publica la revista Forbes, con una fortuna de 3.300 millones de dólares. Es el dueño de Techint, el principal grupo económico transnacionalizado del país, con una facturación anual superior a los 200.000 millones de pesos. Sus dos empresas insignias son Ternium y Tenaris. Rocca no se hizo multimillonario “trabajando”, saltó al lugar que tiene cuando se aprovechó de la privatización de Somisa, la gran empresa estatal del acero. Para mostrar un ejemplo de su “sensibilidad social”, Rocca fue quien, ya iniciada la pandemia, promovió el despido de miles de trabajadores de sus obras en construcción. 

Alejandro Bulgheroni está segundo en la lista, con 2.700 millones de dólares de patrimonio. Es el dueño de Panamerican Energy, la principal empresa petrolera y gasífera privada del país, con una facturación de 150.000 millones de pesos. Socio de los pulpos petroleros británicos de British Petroleum y de las nuevas empresas petroleras chinas. También es uno de los principales beneficiados con los subsidios que, tanto kirchneristas como macristas, le regalaron al sector para que avance con el saqueo y la depredación ambiental en Vaca Muerta. 

Tercero en la lista de Forbes figura Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre. Probablemente, si la revista hoy rehiciera el listado, este empresario aparecería primero. Es que su empresa es una de las que más ha crecido en medio de la pandemia, superando en su incremento a gigantes como Amazon. Hoy cotiza arriba de los 50.000 millones de dólares, el más alto valor bursátil que ninguna compañía argentina alcanzó alguna vez. Galperín, el empresario “favorito” de Macri y gran propagandista a favor de la flexibilización laboral, se beneficia todos los días con la ley para las “empresas del conocimiento”, que le garantiza subsidios y exenciones impositivas. 

Luego viene Alberto Roemmers, dueño de los laboratorios del mismo nombre, con 2.300 millones de dólares de fortuna. Junto con Bagó, son los dos grandes monopolios farmacéuticos nacionales. Cada vez que vamos a la farmacia y nos espantamos con el precio de un medicamento tenemos una altísima probabilidad de que quien nos esquilma sea la empresa del señor Bagó. 

Gregorio Perez Companc es el quinto hombre de nuestra lista, con 1.700 millones de dólares de riqueza. Goyo, como se lo conoce, es uno de los grandes monopolistas de la alimentación, con Molinos Río de la Plata. Pero su historia es muy anterior, hace un par de años vendió su empresa de energía a Petrobras. Perez Companc es uno de aquellos grupos económicos “históricos” que creció durante la dictadura militar y se benefició cuando Cavallo en 1982 le “estatizó” su deuda externa, que pasamos a deber todos los argentinos. 

Con estos personajes ya tendríamos más que suficiente. ¿Alguien tiene alguna duda de que no deberían hacer un “esfuerzo” y poner parte de su riqueza al servicio de ayudar en la pandemia?

Pero podríamos, a título ilustrativo, sumar algunos más. Al Grupo Clarín, por ejemplo, con una facturación anual cercana a los 190.000 millones de pesos. O Arcor, el otro gigante monopólico de los alimentos propiedad de otro multimillonario, Luis Pagani. 

Tenemos también a los gigantes de la comercialización, los grandes hipermercados, en manos de multinacionales extranjeras como Walmart y Carrefour, o de grupos económicos locales, como Coto y La Anónima. 

Y no podemos olvidarnos de los banqueros locales, como Escasany (Grupo Financiero Galicia), o Brito (Banco Macro), o de los extranjeros Santander Río, City, HSBC o ICBC, el sector que obtuvo mayores ganancias, haya o no crisis, en todos los gobiernos del siglo XXI. Digamos de pasada que el gran accionista minoritario, tanto del Banco Galicia como del Macro, es nada más ni nada menos que el gran pulpo acreedor de la Argentina BlackRock.

Agreguemos en nuestro recorrido de las grandes riquezas al “amigo de todos los gobiernos” (macristas o peronistas), Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. Y, finalmente, a los grandes monopolios agroexportadores: las yanquis ADM, Bunge y Cargill, la europea Dreyfuss, la china Cofco y las locales Aceitera General Deheza y la ya citada Molinos. 

Con este pequeño recorrido queda más que ilustrado “dónde está la plata”. Por eso insistimos en que la solución está en aplicar ya mismo un impuesto a las grandes riquezas. Ese tributo que el gobierno peronista de Alberto Fernández “amagó” con implementar hace más de noventa días y en la realidad ni siquiera presentó un proyecto en el Congreso en una muestra obscena de doble discurso. Pero, sin embargo, en el Congreso hay un proyecto para gravar a los ricos. El único existente, el que presentó el Frente de Izquierda Unidad. Si se aprobara se podrían recaudar 20.000 millones de dólares. Ese dinero, más lo que podríamos sumar con la suspensión de los pagos de la deuda externa, alcanza y sobra para generar un fondo de emergencia que permita cubrir lo necesario tanto en términos sanitarios como sociales. Todo lo que se necesita para salud, comida, ingresos para el que hoy no los tiene, créditos para los pequeños comerciantes, etcétera. Hay que exigir que se trate y se apruebe. Para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino los grandes capitalistas. 

Escribe Guido Poletti

Hace una semana trascendió la reunión en la que participaron el jefe de la bancada de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el presidente de esa Cámara, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y un grupo de lo más granado del empresariado. El encuentro, que incluyó una cena en la casa de San Isidro del dueño del Banco Macro, Jorge Brito, contó con la presencia, además del dueño de casa, de Marcos Bulgheroni, de Panamerican Energy; Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y el empresario de la construcción Hugo Dragonetti.

Luego, los empresarios dejaron trascender que se fueron “encantados” con Máximo Kirchner, que les garantizó que se arreglará con los acreedores y pagará puntualmente la deuda externa y que está abierto a toda la “agenda” de demandas de las patronales, con rebajas o pagos en cuotas de salarios, flexibilizaciones a los convenios de trabajo, o subas de precios. Obviamente, como vemos, todo en contra de los trabajadores.

Días después, Hugo Dragonetti resultó positivo en un análisis de Covid-19. La moraleja de esta anécdota es clara: altos funcionarios del gobierno peronista junto con la flor y nata del empresariado se reunieron a “confraternizar”, rompiendo el protocolo de aislamiento, con el objetivo de hablar de sus ganancias en medio de la cuarentena, y encima terminaron todos como personas en riesgo de contagio. Una auténtica vergüenza.

Escribe Adolfo Santos

Las denuncias de espionaje por parte de los servicios de inteligencia del gobierno Macri son graves. Decenas de documentos demuestran que desde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) se espiaban las actividades de políticos, sindicalistas, dirigentes sociales y de derechos humanos. Sin duda, los responsables de esas actividades ilegales deben ser juzgados y responsabilizados, comenzando por su jefe político,  el ex presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, la actitud de espanto e indignación de la dirigencia peronista al conocerse la noticia es hipócrita. Todos los gobiernos, peronistas, radicales y Macristas, espían y han espiado a sus opositores para monitorear sus movimientos, perseguirlos, chantajearlos e intimidarlos. Es un mecanismo siniestro utilizado por los gobernantes que, mediante infiltración, escuchas ilegales, pruebas falsas, o interceptación de mensajes digitales violan la privacidad de las personas y organizaciones para obtener información que utilizan contra sus opositores.

Gustavo Arribas, jefe de la AFI macrista, y su lugarteniente, Jorge “El Turco” Saez, ex integrante del Servicio Penitenciario y de la Policía de la Ciudad, realizaron infinidad de operativos ilegales. Dirigentes políticos de la oposición, peronistas y de izquierda, sindicalistas, religiosos, presos ligados al kirchnerismo y hasta dirigentes de PRO y la propia hermana del ex presidente fueron espiados. Vigilaron los conflictos sociales e infiltraron huelgas y manifestaciones para generar provocaciones e intentar derrotarlas. A pesar de las pruebas, de los veintidós implicados, solo el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, continúa detenido. El juez Juan Pablo Auge determinó prisiones domiciliarias para el resto, lo que demuestra la banalización de este tipo de delito.

El Proyecto X y los gobiernos peronistas

Decimos que la actitud de espanto de la dirigencia peronista es hipócrita porque durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el espionaje funcionó a pleno. Desde Gendarmería Nacional montaron el Proyecto X, que alcanzó notoriedad bajo el comando de César Milani, un represor de la dictadura militar que fue ascendido a jefe del Ejército en pleno gobierno de Cristina Kirchner. Ya en 2007, Milani había sido puesto al frente de la Subdirección de Inteligencia del Ejército a pesar de la oposición sistemática de organismos de derechos humanos. No por casualidad uno de los principales objetivos del Proyecto X fue perseguir el activismo político y sindical de la izquierda.

El espionaje K no fue más benigno o democrático que el espionaje M. Milani, como ahora Arribas, fue denunciado en varias oportunidades por espiar a políticos opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y sindicales. A pesar de eso, recibía altas partidas presupuestarias para realizar actividades de inteligencia. En varios procesos quedó demostrada la participación de Gendarmería en actividades de infiltración y espionaje de organizaciones populares para obtener datos, nombres, teléfonos, direcciones y vinculaciones. Todos recuerdan los gendarmes infiltrados durante el conflicto de Kraft.

Otra perla del peronismo kirchnerista fue la irracional acusación del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, contra nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero. Para acallar las voces de protesta de los delegados del Sarmiento, Fernández armó una causa y los mandó a detener por quemar formaciones del ferrocarril. Fue tan burda la acusación que provocó una gran movilización y, ante la falta de evidencias, el juez cerró el caso. En este gobierno peronista de Alberto Fernández también han surgido denuncias. La más grave es por el espionaje realizado a los mineros de Andacollo, en conflicto con la empresa Southern Trident Explorations. El informe del Centro de Reunión de Información Neuquén muestra que Gendarmería trabajó al servicio de una multinacional contra los trabajadores.

Alberto Fernández está montando su proyecto de inteligencia. Con el sugestivo nombre de “ciberpatrullaje”, fue presentado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. De inmediato, tanto el protocolo, que entre otras cosas va a espiar todo lo que publicamos en las redes, como el propio ministerio, ahora defendido por la ex ministra Patricia Bullrich,  recibieron críticas de organismos de derechos humanos. La entidad Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), que integran el CELS, la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, emitió un comunicado donde explicita que “las actividades de inteligencia masiva están prohibidas”, aún cuando giren “sobre el ámbito público”.

Los encontronazos entre macristas y kirchneristas no son para defender un servicio de inteligencia mejor. La AFI, bajo los K, los M y ahora con el nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández, es igualmente nociva. La pelea por arriba desatada por las denuncias es más un juego de acusaciones para embarrar la cancha de todos por igual frente a las numerosas causas judiciales que enfrentan los principales actores políticos. Para acabar con la impunidad del espionaje hay que hacer un cambio de fondo. Exigimos la investigación de todas las denuncias, la disolución del corrupto aparato represivo, de todos los servicios de inteligencia donde se enquistan personajes siniestros que han actuado a la sombra de los diferentes gobiernos y la apertura de todos los archivos desde la época de la dictadura. Lamentablemente, no es ese el rumbo que está tomando el gobierno de Alberto Fernández.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Dirigentes peronistas que son parte, o defienden al gobierno -ya sean sindicales o políticos-, tienen un justificativo a la hora de explicar por qué Alberto Fernández no avanza contra los empresarios, los bancos y las multinacionales. Dicen que el gobierno retrocedió con el impuesto a la riqueza o la expropiación de Vicentin porque “no da la relación de fuerzas” para imponerlos. Es decir que no estarían dadas las condiciones porque del otro lado habría una fuerza contrarrestante que lo impide. ¿Quiénes serían? Los “medios hegemónicos” como Clarín, Macri, la derecha, la Justicia, etcétera. Dicen: “Si con solo anunciar el impuesto a la riqueza pusieron el grito en el cielo, ¡mirá si presentábamos el proyecto!”.

La burocracia sindical, en especial la que responde al kirchnerismo, decía lo mismo cuando gobernaba Macri, que no se podía derrotar el ajuste “porque los trabajadores habían votado a la derecha”. De esa manera fomentan una versión derrotista (que, si fuera así, nunca se podría avanzar en las transformaciones que necesita nuestro país) y esconden la verdad, que el peronismo del siglo XXI, lejos de querer combatir a los de arriba, los protege.

El gobierno no quiere

Antes de semejante afirmación deberían responder a un primer interrogante, ¿de verdad el gobierno quiere avanzar contra los de arriba y no puede? Si quisiera, ¿por qué no convoca a los trabajadores y demás sectores populares a pronunciarse y a movilizarse para imponer el impuesto a la riqueza, por ejemplo? Era de esperar que Techint, Clarín y Macri iban a estar en contra. ¿Pero el gobierno apeló a todo lo que tiene a su alcance para llamar a defender la medida?

Si bien hay medios opositores, también hay otros que apoyan furibundamente al gobierno. ¿Por qué el presidente no concurrió al oficialista canal C5N a pedir apoyo para lograrlo? La burocracia sindical de la CGT y las CTA, ligadas al gobierno, ¿por qué no hicieron asambleas virtuales llamando a los trabajadores a pronunciarse? Los movimientos sociales progobierno ¿por qué no hicieron lo mismo en cada barrio obrero y popular? Nada de eso ocurrió.

Dicen que “no dan las fuerzas” cuando las encuestas revelan que el 80% de la población está de acuerdo con ese impuesto. Hay apoyo popular, pero los diputados Máximo Kirchner, Carlos Heller y Hugo Yasky no presentaron un solo proyecto. Lo mismo pasa con Vicentin. El gobierno retrocedió con el anuncio de la expropiación después de marchas minoritarias y el fallo en contra de un juez de la pequeña ciudad de Reconquista. ¿Un juez tiene más fuerza que un gobierno? Una ridiculez. El director del Banco Nación, Claudio Lozano, reveló la verdadera razón diciendo que “nunca estuvo en los planes la expropiación”. Lo mismo podríamos decir de la deuda externa, a pesar de que una investigación del Banco Central confirmó que el endeudamiento de Macri fue para la timba financiera se terminó reconociendo. Puro doble discurso.

Hay fuerzas de sobra para imponer los cambios de fondo

No es cierto que no hay fuerza en nuestro pueblo para avanzar si un gobierno se lo propone. Esto no implica que el triunfo esté asegurado de antemano, pero para ganar una pelea hay que darla, cosa que no hace el Frente de Todos.

Sabemos que los grupos de poder siempre van a estar en contra de perder, aunque sea en parte, una porción de sus privilegios. Reconocer esto es para dar mejor la pelea, no para decir mentirosamente que “no dan” las fuerzas. ¿O acaso en el país no hubo un Cordobazo o un Argentinazo con grandes logros? ¿O acaso en el mundo no estamos viendo una gran fuerza que acorrala al racista Donald Trump, o al pueblo palestino que obligó a suspender la anexión de territorios por parte de Israel, o al pueblo chileno que el año pasado realizó gigantescas movilizaciones y ahora vuelve a la palestra con protestas contra el repudiable Piñera?

Imponer un impuesto a las grandes fortunas sería lo más lógico y necesario para volcar millones al combate de la pandemia. Pero el gobierno usa el apoyo popular que tiene para salvar las ganancias capitalistas.

El viejo peronismo del ’45 avanzó con enormes medidas sociales a pesar de las trabas y los roces con los sectores conservadores, la Iglesia y el imperialismo norteamericano. Y se negó a aceptar las recetas del FMI. Pero esa época ha quedado en el recuerdo. El peronismo que gobierna desde los años ’70 hasta hoy fue abandonando sus viejas y famosas banderas sociales –“justicia social, soberanía política e independencia económica”– para pactar con los grandes empresarios y las multinacionales. El menemismo de los años ’90 (con el apoyo de lo que luego fue el peronismo kirchnerista), lejos de tomar alguna medida contra los de arriba, usó el apoyo popular de entonces para privatizar todo, endeudarnos al doble con el FMI e inaugurar las relaciones carnales con los Estados Unidos. Y en los doce años de kirchnerismo, y con el doble discurso de Cristina Kirchner, también ganaron los bancos y las multinacionales. “Se la llevaron en pala”, decía la ex presidenta, provocando que el repudio popular y el cansancio de los trabajadores con su gobierno terminaran llevando a Macri a la Casa Rosada. Ahora el gobierno peronista de Alberto Fernández habla de gobernar para los más vulnerables mientras aplica un ajuste con rebajas salariales y jubilatorias y les otorga prebendas a los grandes capitalistas. No da ninguna pelea porque gobierna para los de arriba. Esa es la cruda realidad.

Consideramos entonces que el gobierno y sus voceros intentan confundir a los trabajadores y a los honestos luchadores que quieren un cambio de fondo con el argumento de que las fuerzas no dan para gobernar para los de abajo. Llamamos a los trabajadores a sacar conclusiones y les ofrecemos un lugar común para construir una alternativa política distinta de la del peronismo, una alternativa de los trabajadores y la unidad de la izquierda, como lo venimos haciendo desde Izquierda Socialista junto al Frente de Izquierda Unidad. Para luchar por cambios de fondo y un gobierno de trabajadores que ajuste cuentas con una minoría parasitaria patronal capitalista que nos viene gobernando de la mano de las administraciones de turno y dé paso a las transformaciones sociales necesarias para erradicar el hambre, la explotación y la entrega. 

Escribe Diego Martínez

Hace algunos días se dio a conocer una solicitada firmada por 250 referentes políticos y sociales que se pronunciaron a favor de la expropiación de Vicentin. Entre ellos se encuentran dirigentes del ala “progresista” del gobierno peronista como Claudio Lozano, Pino Solanas, Juan Grabois, Itai Hagman, Victoria Donda, Adolfo Pérez Esquivel, Juan Carlos Alderete (CCC), el periodista Alejandro Bercovich y varios referentes de la CTA. En esa declaración se pronuncian a favor de que Vicentin sea una “empresa pública no estatal”, lo que nos lleva a una polémica, ¿qué es una verdadera estatización?

Falsas estatizaciones

Lo de “empresa pública no estatal” no es nuevo. Se trata de un viejo eufemismo utilizado para denominar a las empresas “mixtas”, donde conviven el capital privado y el estatal, pero predomina el sector privado. En este tipo de empresas el Estado asume las pérdidas y los privados se quedan con la mayor tajada de las ganancias. En realidad existen dos tipos de propiedad, estatal y privada, y la que no es estatal es privada. En la Argentina en 2012 se anunció la expropiación parcial de YPF. Después de que el gobierno desembolsó 5.000 millones de dólares para su compra, el 51% de las acciones quedaron en manos del Estado y el 49% restante fue para los accionistas privados, pero la empresa siguió siendo una sociedad anónima que cotiza en Bolsa y, por lo tanto, favorece a los intereses de sus dueños “no estatales”. Así se organizó la escandalosa entrega a la multinacional Chevron mediante un acuerdo secreto que garantiza el saqueo de Vaca Muerta, la segunda reserva de petróleo y gas no convencional del mundo.

Otro ejemplo de empresas “mixtas” se dio en la Venezuela de Chávez, al que los sectores “progresistas” que mencionamos ven como un ejemplo a seguir. Mucho se habló en las últimas semanas de las expropiaciones venezolanas. La patronal quiere utilizar el evidente fracaso de estas medidas para generar el rechazo entre los trabajadores a cualquier tipo de expropiación. Pero tenemos que decir que en Venezuela, como en el caso de YPF, hubo falsas estatizaciones.

El chavismo sostiene que bajo su gobierno el petróleo fue renacionalizado. Pero la realidad indica lo contrario. En 2006 Chávez anunció un plan a través del cual la empresa estatal de petróleo, Pdvsa, podría asociarse a capitales privados. Así fue que surgieron las empresas “mixtas” con la participación de los principales pulpos mundiales del petróleo: Chevron, Exxon, Repsol, Shell, Total y Petrobras. Tal fue la entrega del chavismo, que en 2010 terminó cediendo a estas empresas y otras la explotación de la Faja del Orinoco, considerada la mayor reserva de petróleo del planeta. Pese a ser uno de los principales productores del mundo, al disponer cada vez menos de sus recursos naturales, el pueblo trabajador venezolano, con el correr de los años, se fue sumiendo más y más en la pobreza.

¿De qué hablamos cuando hablamos de estatizaciones?

Las patronales, a través de los medios de comunicación, dicen que cualquier tipo de estatización es inviable y anacrónica. La realidad desmiente estos dichos. Ante la tremenda crisis que estamos viviendo a nivel mundial, los gobiernos capitalistas se ven obligados a tomar medidas parciales que van en este sentido. En Irlanda se nacionalizó el sistema de salud por el tiempo que dure la pandemia. En Portugal recientemente el Estado compró el 72,5% de la aerolínea nacional y puso a un director al mando.

Ahora la pregunta es ¿qué tipo de estatización necesitamos los trabajadores? A diferencia de las falsas expropiaciones, en las que el Estado invierte sumas multimillonarias para salvar empresas quebradas por sus antiguos dueños capitalistas y el sector privado sigue teniendo el control asegurándose maximizar sus ganancias, proponemos estatizaciones del ciento por ciento, sin indemnizaciones y que las empresas, estén al servicio de las necesidades del pueblo trabajador, no del lucro.

Durante muchos años en la Argentina los servicios fueron propiedad del Estado. Los ferrocarriles trasladaban millones de personas a precios muy accesibles, conectaban centenares de pueblos y eran un factor de desarrollo de las economías locales. Este servicio, como la electricidad, el agua, el gas, o el petróleo tienen que volver a manos del Estado. De la misma forma debe estatizarse inmediatamente toda empresa que despida o cierre. Hay compañeros que tienen dudas acerca de “volver al Estado”. Recuerdan la corrupción que había cuando peronistas y radicales, al mando de estas empresas, privilegiaban los negociados con las contratistas en lugar de brindar un servicio eficiente. Este proceso se agravó en los años previos a las privatizaciones, cuando vaciaron las empresas para justificar su remate. Otros recuerdan las denuncias de corrupción de la gestión de La Cámpora en Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina. Por eso decimos que el planteo de estatización va ligado indisolublemente al de “control obrero y de los usuarios”. Totalmente distinto de las estatizaciones que hemos conocido. Nadie mejor que los trabajadores que mantienen funcionando los servicios y ponen a producir las fábricas cada día, que conocen cómo poner esas empresas al servicio de los intereses del pueblo, a diferencia de los empresarios, que solo buscan aumentar sus ganancias a toda costa, y de los funcionarios corruptos serviles a los planes de ajuste de los distintos gobiernos.

Decimos con claridad: queremos estatizaciones del ciento por ciento de las empresas de servicios públicos y de toda firma que cierre, despida o suspenda, sin indemnizaciones y bajo control de los trabajadores y los usuarios.