Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Una jornada de protesta global se prepara hacia fines de septiembre. La convocatoria, que nace de los nuevos movimientos ambientales juveniles surgidos en Europa en los últimos años, va a tener nuevamente una réplica en nuestro país, donde venimos de las jornadas del 25A y el 31A contra las políticas antiecológicas del gobierno del Frente de Todos.

En 2019 ya tuvimos en nuestro país adhesiones masivas a estas convocatorias, donde decenas de miles fueron parte de los millones que se movilizaron en todo el mundo. Esta vez, el llamamiento que realiza la agrupación Fridays for Future (Viernes por el Futuro) señala: “El 25 de septiembre va a ser el primer día de acción global del año. Los próximos meses y años serán cruciales para garantizar un camino seguro por debajo del aumento de un 1.5° de la temperatura global, el objetivo planteado en los Acuerdos de París. Si queremos minimizar el riesgo de disparar una cadena irreversible de reacciones más allá del control humano, necesitamos actuar ahora. Por todo esto, es vital que la crisis climática no quede olvidada a la sombra del coronavirus, sino que se la considere con la máxima prioridad”.

Un señalamiento de máxima importancia, si tenemos en cuenta que las políticas que desplegaron los gobiernos, desde los Estados Unidos hasta China, buscan una respuesta a la crisis económica sobre la base de combinar un ajuste a las condiciones de vida del pueblo trabajador con un masivo desembolso de billonarias sumas para subsidiar y apuntalar a las multinacionales responsables de las desmesuradas emisiones de gases de efecto invernadero, e incluso levantar controles ambientales a actividades como el fracking.

El capítulo argentino de la huelga global

El gobierno de Alberto Fernández no escapa a esta lógica recién expuesta. La brutal crisis económica y social que lleva años, y que la pandemia vino a agravar, no fue un punto de inflexión para proponerse superar las políticas que nos trajeron hasta acá, sino que, por el contrario, el gobierno definió profundizarlas, y con un destaque entre ellas de las que se relacionan con la propia depredación ambiental. 

Como venimos señalando desde estas páginas, el gobierno asumió el compromiso con los bonistas –y próximamente hará lo propio con el FMI– de pagar la deuda, por un lado, comprometiendo un mayor ajuste del Estado, y por otro potenciando la depredación de los bienes naturales del país en función de generar dólares para cumplir con estos chupasangres del capital financiero internacional. Acá debemos ubicar el acuerdo con China para instalar las megafábricas de cerdos, que los gobernadores de provincias como Santiago del Estero y Chaco han salido en estos días a defender a capa y espada después de que el repudio nacional haya hecho demorar la firma del pacto. También acá se enmarca el acuerdo del gobierno con el Consejo Agroindustrial Argentino para potenciar las ganancias de los dueños del campo en la próxima década con su Plan 2020-2030. Asimismo, tenemos que ubicar las trabas que está sufriendo el avance de cualquier tipo de ley de protección de los humedales mientras siguen ardiendo, y también que sigan impunes estos crímenes ambientales, los incendios en las sierras de Córdoba y las llamas que cubrieron doce provincias devastando casi 200.000 hectáreas.

Incluso, en esta combinación entre pandemia, crisis social y contaminación ambiental, podemos ubicar que dentro del miserable “aporte solidario” de las grandes fortunas el gobierno destinó un 25% de lo recaudado al fomento de la búsqueda de más combustibles no convencionales. Un monto superior al 20% que se podría utilizar para fortalecer el sistema de salud. Alberto tenía razón cuando dijo que la pandemia desnuda a cada cual tal cual es. Las prioridades de su gobierno están expuestas a la vista de todos.

Sigamos avanzando unidos por el camino del 25A

La semana pasada se realizó una reunión nacional del colectivo de organizaciones políticas, agrupaciones ambientales y por los derechos de los animales que convocamos a la acción del 25A en todo el país. Hicimos un balance muy positivo de la jornada que se expresó en un comunicado que comenzamos a difundir ratificando nuestros reclamos y proponiéndonos seguir trabajando en común para preparar una gran jornada el 25S.

Compartimos sus primeros párrafos para concluir esta nota.

“La acción en las calles, con respeto al protocolo de seguridad sanitaria por Covid-19:

Primero. Arrojó un balance ampliamente positivo por haber logrado una jornada de protesta unificada en todo el país; construido incipientes lazos de coordinación a nivel nacional que seguirán ampliándose y solidificando, y porque fuimos parte fundamental del rechazo masivo que hizo dilatar la firma del acuerdo porcino con China, que busca importar a nuestro país las fábricas de nuevas pandemias.

Segundo. Ratificó nuestros reclamos centrales en contra del plan del Consejo Agroindustrial Argentino de más agronegocio, industrialización animal (expresada en este caso en el acuerdo por las megafábricas con China) y destrucción ambiental (desmontes, quemas, contaminación, etc.). Denunció que este modelo extractivista, al servicio de la ganancia empresarial y el pago de la deuda, hoy impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, solo genera más crisis social y es el que nos ha sumergido en la actual emergencia sanitaria, alimentaria, ecológica y climática. Exhortó al poder político a abrir métodos vinculantes que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones”.

¡Sigamos avanzando en la coordinación y preparemos una gran jornada de protesta para el 25S!

Escriben Euge y Agxs por Isadora y Diversidad de Izquierda Socialista

El gobierno nacional sancionó por decreto el cupo laboral travesti trans en toda la administración pública nacional, un reclamo histórico de la comunidad travesti trans. Desde Izquierda Socialista Diversidad e Isadora acompañamos esta pelea y celebramos este triunfo de nuestras luchas advirtiendo que debemos ir a fondo por su cumplimiento y por verdaderas políticas de inclusión y contra la violencia trava-trans.

A lo largo de los años, desde Izquierda Socialista, junto a la comunidad de la diversidad sexual y de género, impulsamos con la lucha en las calles el reclamo por la inclusión laboral travesti trans. ¿Qué significa el cupo sancionado? Que al menos el 1% de los cargos del Estado nacional deben ser cubiertos por personas travestis, transexuales y transgénero.

La exclusión de los espacios de trabajo por la discriminación existente hace que se encuentren en una situación económica realmente precaria, la mayoría no logra acceder a un techo y gran parte de la comunidad travesti trans está en situación de prostitución para subsistir, lo que les expone a situaciones de violencia, infecciones de transmisión sexual, estigmatización social y persecución policial. Esto, sumado a los crímenes de odio, hace que la expectativa de vida de travestis y trans en la Argentina sea de 35 años.

Como parte del Frente de Izquierda Unidad, desde las bancas de Izquierda Socialista hemos presentado e impulsado distintos proyectos de cupo travesti trans en todas las legislaturas como un aporte más al reclamo callejero que impulsamos para terminar con la discriminación y exclusión en el mercado laboral. Muestra de ello fue el proyecto de ley de cupo femenino y travesti-trans para todo el transporte nacional, público y privado de carga y pasajeros, que presentó en 2019 nuestra compañera Mónica Schlotthauer en el Congreso Nacional, que tiene estado parlamentario y podría votarse ahora mismo si hubiera voluntad política de hacerlo por parte de los partidos patronales, y de esta manera hacer extensivo el cupo para otras actividades. Sin embargo, peronistas, radicales, kirchneristas y macristas miran para otro lado.

¿Cómo seguimos la pelea?

Una vez reglamentado el DNU, tenemos importantes peleas por delante. Las experiencias provinciales de cupo travesti trans –el caso más emblemático es el de la provincia de Buenos Aires con la ley Diana Sacayán– o la ley nacional de identidad de género son muestra de que, aunque se haya aprobado la ley, para su correcta e inmediata implementación hay que seguir batallando. Somos conscientes de que será necesario seguir luchando por su efectiva implementación, sin impedimentos burocráticos o contratos basura que precarizan a miles de estatales.

También es urgente que este cupo sea acompañado de políticas públicas de inclusión y formación con presupuesto efectivo sobre la base del no pago de la deuda externa, como el cumplimiento de la ley de identidad de género, de educación sexual integral y que sean acompañadas por políticas para prevenir la violencia, los travesticidios, transfemicidios y demás crímenes de odio que sufre la comunidad de conjunto. Desde Izquierda Socialista Diversidad e Isadora, como parte del Frente de Izquierda Unidad, continuamos dando la pelea por todos nuestros derechos.

La desaparición de Facundo Castro Astudillo ha conmocionado al país. Cada vez surgen más elementos que demuestran la responsabilidad de la policía bonaerense y del gobierno, tanto en el hecho en sí como en su posterior encubrimiento. Vergonzosamente, en una copia burda de lo que hace unos años hacía Patricia Bullrich para defender a la Gendarmería, hoy desde el gobierno peronista y sus periodistas afines se hace correr la hipótesis de que se trató de un “accidente”. Repudiamos estas maniobras, apoyamos la lucha y las denuncias de la madre de Facundo y nos seguiremos movilizando exigiendo castigo a los culpables.

Mientras tanto, la pandemia sigue su curso ascendente. Los casos se siguen contando de a miles y el tan temido colapso del sistema de salud ya empieza a llegar a algunas ciudades. Tal es el caso de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, donde los médicos ya se ven obligados a elegir a quién le dan asistencia respiratoria y a quién no. La apertura de actividades, justo en el momento de mayor número de contagios, mostró su irresponsabilidad y peligrosidad, incluso en aquellos lugares donde más se suponía que se podía hacer con todos los cuidados, estalló la burbuja sanitaria del equipo profesional de Boca Juniors, con catorce jugadores contagiados.

En otro orden de cosas, sigue la crisis política en las alturas, en una pelea totalmente alejada de las reales preocupaciones populares. Entre el gobierno peronista y la oposición patronal de Juntos por el Cambio continúan peleándose por la reforma judicial. Se trata de una disputa por ver quién maneja los jueces, cruzado con la búsqueda de impunidad para las causas de corrupción de unos y otros. Ahora esto llevó a una crisis por el funcionamiento virtual, o no, del Congreso. Pero no debemos confundirnos, en los temas fundamentales todos los políticos patronales están de acuerdo: pagar la deuda externa, ir a un nuevo acuerdo con el FMI y subsidiar a los empresarios. En síntesis, hacer que la crisis la paguen los trabajadores.

El gobierno peronista de Alberto Fernández, desde la semana pasada, trató de recuperar la iniciativa política. Lo hizo con la presentación, injustificablemente tardía, del tantas veces anunciado “impuesto a la riqueza”, que ni de lejos está a la altura de las necesidades de la emergencia. Casi la mitad del destino de los fondos no irá a resolver ningún problema relacionado con la pandemia –ni sanitario ni social–, sino a subsidiar a los empresarios. Además, y para hacer una mínima comparación con el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad, se podría recaudar cinco veces más que con el del gobierno. Esto es así porque no incluye a las empresas –sólo está dirigido a las personas– y el monto a pagar por la riqueza de cada millonario es mínimo. 

Pero sin duda, la mayor puesta en escena se realizó este lunes en la Casa Rosada. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández, con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, festejaron el cierre de la renegociación de la deuda externa con los pulpos acreedores privados. Un festejo compartido no solo por los presentes en esa reunión, aplaudieron toda la oposición patronal, el conjunto de los empresarios y los economistas del establishment. Más aún, también felicitaron el acuerdo el FMI, el Papa y los jefes de gobierno de las principales potencias del mundo.

Lo decimos una y mil veces, los únicos que no tienen nada para festejar son los trabajadores y los sectores populares. Primero y principal porque no es cierto que nos hayamos sacado de encima la carga de la deuda. Ya en julio del año próximo tendremos que empezar a pagar a esos buitres, la quita de capital es casi inexistente y ni qué hablar de los vencimientos a partir de 2024, una montaña enorme, tan impagable como la actual. Pero, y principalmente, porque todavía falta la renegociación más importante, la de la deuda con el FMI. Al ajuste actual se le sumará uno mayor el año próximo.

Expliquémonos. Aunque el gobierno del Frente de Todos lo disfrace con discursos progresistas, o vendiendo que se vienen “las 60 medidas para reactivar”, la realidad es que hay un ajuste en curso que está cayendo sobre las espaldas de los trabajadores. La inmensa mayoría no ha tenido aumento alguno mientras los precios de los productos de primera necesidad siguen subiendo. Muchos incluso han visto reducidos sus sueldos 25%, gracias a la complicidad de la burocracia de la CGT. A esto tenemos que sumarle los 700.000 suspendidos, que cobran porciones aún menores de sus ingresos habituales. Y los más de 300.000 despedidos. Aclarando que todos estos números son solo de los trabajadores en blanco, por lo que habría que sumar un número mayor aún de aquellos que están en negro. También siguen perdiendo todos los jubilados, sin excepción, desde la suspensión de la fórmula de reajuste a partir de diciembre pasado. Por contrapartida, los millones de cuentapropistas, monotributistas y aquellos que viven de changas tienen que arreglárselas con el absolutamente insuficiente IFE, de 10.000 pesos por familia, cada dos meses.

Pero lo peor está por venir, el acuerdo con el FMI exigirá un ajuste mucho mayor. Así lo reconoció el propio ministro de Economía Martín Guzmán en el evento del lunes pasado. Lo dijo técnicamente, seguramente a propósito para que el pueblo trabajador no lo entendiera, mientras el establishment y los funcionarios del FMI tomaban nota. El gobierno se propone reducir a 4,5% del PBI el déficit fiscal de 2021, desde el 8% actual. Lo bajamos a tierra para que se comprenda, “bajar el déficit” quiere decir achicar el gasto público. Guzmán está diciendo que van a hacer un ajuste de 1,4 billones de pesos (14.000 millones de dólares). Eso es casi el doble de toda la ayuda social, IFE incluido, gastada durante la pandemia. Ese es el ajuste que ofrece el gobierno al Fondo para comenzar la negociación. Sabiendo que el FMI, encima, va a exigir que se le sume el compromiso de realizar una reforma previsional (léase mayor ajuste todavía sobre los jubilados actuales y futuros) y otra laboral, donde se quiere avanzar más a fondo aún con la flexibilización y el ataque a los convenios colectivos. 

Como lo demuestran los trabajadores de Latam, los docentes de varias provincias, los textiles de Río Grande en Tierra del Fuego, los choferes de Rosario, las compañeras y compañeros del gremio de pasteleros, los trabajadores de prensa de varios medios, no se deja pasar el ajuste sin luchar. Aunque aisladas por la más absoluta tregua de la burocracia, tanto de la CGT como de las CTA, los trabajadores siguen dando pelea. Por eso resulta fundamental brindarles todo el apoyo y ayudar a su coordinación, como lo estamos haciendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo.

Pero además, frente a un gobierno que nos invita a “festejar” el acuerdo con los pulpos acreedores y que ahora nos quiere vender la posibilidad de un pacto “progresista” con el Fondo Monetario, resulta más importante que nunca postular un programa alternativo, de emergencia, que priorice realmente los problemas generados por las dos pandemias, la sanitaria y la social. Comenzando por el cobro de un impuesto a las grandes riquezas, tal como lo planteamos en nuestro proyecto del Frente de Izquierda Unidad. Y, por sobre todo, dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI para poner todos los recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares. Ese es el programa que levantamos desde el Frente de Izquierda Unidad. Te invitamos a apoyarlo y a luchar con nosotros para imponerlo.

Escribe Martín Fú

Este miércoles se dará a conocer el resultado oficial de la autopsia del cuerpo encontrado en las cercanías de Bahía Blanca que, según trascendidos, incluyendo opiniones de la propia madre, tiene serias posibilidades de tratarse de Facundo.

El mismo día que comenzó la autopsia, el pasado martes, Cristina Castro fue recibida por el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos. Posteriormente a la reunión, la madre de Facundo declaró que se tocaron varios temas pero, aclaró, “busco que me den respuestas”. En el mismo sentido, afirmó, “prefiero hechos, no palabras”, frente a promesas y supuestas preocupaciones del presidente por esclarecer la desaparición de Facundo.

El jueves, en la reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Cristina Castro le pidió personalmente la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni, a lo que el gobernador solo atinó a contestar “le voy a pedir que no hable más”(Página/12, 28/8). Los abogados de la querella le solicitaron a Kicillof que brinde protección a los testigos de la causa, que son seguidos y amedrentados por la policía bonaerense, y que entregue un listado con el seguimiento de los patrulleros y las modulaciones (comunicaciones) entre los vehículos policiales. Kicillof le prometió a la madre de Facundo volcar más efectivos en la calle, a lo que Cristina Castro contestó, en una entrevista posterior, “más policías son más chicos asesinados”. Cristina afirmó, en sintonía con lo que le exigió al presidente, “no vengo a hacer amigos, vine a buscar respuestas, no promesas o palmadas en la espalda”.

En distintas entrevistas en los medios, posteriores a las reuniones con Fernández y Kicillof, Cristina Castro, junto con los abogados Leando Aparicio y Luciano Peretto, describieron el fuerte encubrimiento que se lleva adelante por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la mecánica de los falsos testigos –la mayor parte policías de Bahía Blanca– y cómo el ministro Berni no solo encubre, sino que opera fuertemente a favor de la impunidad, creando pistas y testimonios inexistentes para que la verdad no aparezca.

Cristina Castro siguió apuntando al secretario de Seguridad bonaerense al afirmar que “Berni tiene muchos chicos desaparecidos, chicos que entran a una comisaría y aparecen suicidados, chicos que salen a las calles y en un retén policial los acribillan”. Para la agencia Télam, a la salida de la reunión con Kicillof, Cristina reforzó la teoría de la responsabilidad de la bonaerense considerando que, aunque Berni “pinte a la policía como carmelitas descalzas, son ellos los que tienen que dar respuestas”. También apuntó a los periodistas que venden carne podrida y que los medios reproducen. El lunes tuvo un cruce al aire en C5N, donde desmintió a Pablo Duggan y Paulo Kablan, pidiéndoles a ambos que “dejen de mentir e inventar noticias”, acusándolos de ser funcionales a Berni y a los medios de Bahía Blanca, La Brújula y La Nueva, que hace meses operan abiertamente en pos del encubrimiento policial haciendo circular noticias falsas. 

Un dato se conoció en la última semana. Un patrullero se desvió de su zona de cuadrícula hasta el sector donde el 15 de agosto pescadores encontraron el cuerpo que está siendo periciado y se detuvo en el lugar por un lapso de treinta y cinco minutos. Esto ocurrió el 8 de mayo, el móvil fue ubicado por el sistema de geolocalización (GPS) que tienen los vehículos de la bonaerense. Berni rápidamente salió a intentar desprestigiar la prueba, argumentando que se trataría de una falla en el sistema, a pesar de que se procedió al secuestro del vehículo y el libro de guardia de la dependencia a la que pertenece. Otra prueba más que incrimina a la nefasta policía bonaerense al mando de Berni.

El jueves 27, la militancia de Izquierda Socialista acompañó a Cristina en el acto y movilización convocados por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en el marco de la VI Marcha contra el Gatillo Fácil en Plaza de Mayo. Cristina Castro saludó la jornada haciendo uso de la palabra y remarcando que el dolor la hermanaba con los padres y familiares de otras víctimas del gatillo fácil y la violencia institucional: “Tengo miedo que nos sigan matando a nuestros jóvenes, nos sigan desapareciendo a nuestros pibes. Son asesinos y están comandados por Sergio Berni. No me voy a callar hasta que tengan a todos y cada uno de los responsables tras las rejas. Habíamos dicho nunca más, y cuando dijimos nunca más era en serio. Si tenemos que salir a la calle lo vamos a hacer. ¡Nunca más!”

Desde Izquierda Socialista seguimos denunciando y movilizados contra el encubrimiento y la impunidad de los gobiernos que continúan manteniendo y reforzando el aparato represivo, desapareciendo jóvenes y trabajadores. Es necesario sumar al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, una comisión investigadora independiente para llegar a la verdad, que debería estar integrada por organismos de derechos humanos independientes de los gobiernos, profesionales idóneos, organizaciones sociales y políticas, junto con personalidades destacadas e intachables para saber qué hicieron con Facundo.

Exigimos la renuncia de Berni y seguimos afirmando que la bonaerense y el gobierno son responsables. ¡Castigo a todos los culpables!

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El aislamiento social obligatorio está quedando reducido al cese de la actividad escolar y a algunas restricciones más en algunos sectores laborales. La presión constante de la patronal por la vuelta a la producción está logrando su objetivo. Tanto desde el gobierno peronista de Alberto Fernández como desde la oposición patronal de Juntos por el Cambio se esgrimen dos argumentos principales, que la pandemia entró en una meseta y, la otra, que la gente está cansada. Sin embargo, la meseta no existe y, efectivamente, “la gente” se cansó, pero porque no ve soluciones y necesita trabajar.

No hay meseta y sigue la curva ascendente

Los datos de agosto son claros, no hay ninguna meseta a nivel de todo el país. La curva de contagios continúa ascendiendo a un ritmo distinto por regiones, más lento en CABA, fuerte en la provincia de Buenos Aires y, ahora, más rápido en el resto del país, especialmente en Jujuy. La meseta no existe, ni siquiera en la CABA. Si tomamos la cantidad de nuevos casos cada 100.000 habitantes en cada una de las últimas ocho semanas vemos que la CABA subió de 229 a 302 casos/100.000 habitantes, Jujuy de 39 a 236, provincia de Buenos Aires de 78 a 233, mientras que la media de todo el país fue de 49 a 146.

En Jujuy, la pandemia está produciendo un verdadero desastre sanitario. Como dijimos en el periódico digital de la semana pasada, la patronal del Ingenio Ledesma reconoció que se diagnosticaron nada menos que 393 casos positivos de Covid-19. Semanas antes, en la minera Exar se hicieron hisopados masivos y se descubrió que, de 800 trabajadores, 200 portaban el nuevo coronavirus. No es de extrañar, entonces, que Ledesma sea la localidad del país con mayor mortalidad por Covid-19 (4,3%), seguida por El Carmen, también jujeña, con 4,2%, y San Fernando, en Chaco, 4,1%. El doble de las localidades del AMBA que, incluyendo CABA, rondan el 2 por ciento.

¿Qué pasó con la cuarentena?

La cuarentena está en extinción por dos razones. Una, como hemos dicho, es la presión patronal que el gobierno convalida. La otra es la necesidad de procurarse el sustento para la gran mayoría de la población, sin soluciones a la vista para la pandemia.

Un sector de la clase trabajadora puede hacer trabajo a distancia sin salir de su casa, otro pequeño sector de trabajadores en blanco puede recibir un salario para quedarse. Pero la gran mayoría, el resto de los trabajadores formales, los cuentapropistas, los informales y tantos otros no pueden sostener el aislamiento. Tampoco podemos hablar de aislamiento cuando viven varios en poco espacio, que es la realidad de la vivienda obrera. Por eso, contra lo que dicen el gobierno peronista y la oposición patronal de Juntos por el Cambio, nosotros decimos que la gente está cansada porque no se ven soluciones y los trabajadores necesitan comer, aun a riesgo de contagiarse.

El coronavirus castiga a la clase trabajadora

Tomando los números que muestra el boletín epidemiológico de la CABA, tenemos que los barrios populares de la zona sur tienen tasas de contagiados cada 100.000 habitantes dos o tres veces mayores que los de la zona norte, donde vive una población más acomodada. La diferencia es muy grande entre las dos puntas de la tabla, Villa Soldati tiene una tasa de 7.166 mientras que Núñez registra solo 1.295, siempre cada 100.000 habitantes.

Por otra parte, los trabajadores de la salud siguen sufriendo bajas. La provincia de Buenos Aires registra, al 24 de agosto, que 11.928 trabajadores de la salud, o sea uno de cada cinco, estaba contagiado. Fallecieron 46, de los cuales 31 tenían al menos una enfermedad asociada y 12 eran mayores de 60 años. Muchas de esas muertes se habrían podido evitar si el gobierno peronista de Kicillof hubiera aceptado el reclamo de los gremios de la salud de licenciar a los mayores de 60 años y a quienes tuvieran una comorbilidad. Reflejando el creciente descontento nacional de los trabajadores de la salud, la dirección del hospital Garrahan se ha visto obligada a reconocer la cifra de 364 contagiados entre el personal, de los que el 80% son enfermeras, residentes, médicos de planta, técnicos y de otras profesiones.

El sistema de salud entra y sale de la saturación

“El interior está muy mal, con casi todas las camas ocupadas. Además, no tienen personal suficiente”, declaró Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). (La Nación, 29/8). Por su parte, la jefa de Terapia Intensiva del hospital San Martín de La Plata, Elisa Estenssoro, reconoció que “si seguimos de esta forma vamos a llegar al colapso del sistema de salud y muchos pacientes se van a quedar sin camas… hace tres o cuatro semanas que estamos al 90% y 100% de ocupación” (BAENegocios, 31/8).

Es hora de imponer salidas efectivas

Mientras algunas proyecciones muestran escenarios sombríos, tanto desde el gobierno peronista como de la oposición de Juntos por el Cambio se pone el acento en la responsabilidad individual como solución para evitar el contagio y no arriesgarse a una infección para la que no hay remedio ni vacuna. De esta manera se empuja a los trabajadores al riesgo de salud y aun a la muerte.

No se trata de decir si la cuarentena sirvió. La cuarentena sola no alcanza. Deben añadirse otras medidas. Es necesario cortar drásticamente la circulación del virus y para eso tomar las medidas de aislamiento. Hay que garantizar ese aislamiento asignando un salario de 30.000 pesos a cada trabajador para que pueda quedarse en su casa. Debe encararse una ofensiva para salir a buscar los focos del virus mediante testeos dirigidos, identificar los portadores sanos o no, garantizar su cuarentena y realizar su seguimiento. Finalmente, se debe concentrar todos los recursos del sistema de salud, tanto público como privado, y proteger al personal de salud evitando la sobrecarga laboral y el riesgo de contagio.

Son decisiones políticas que deben ir acompañadas de medidas que permitan financiarlas con la creación de un fondo que permita luchar contra la pandemia, un impuesto a las grandes fortunas (tal como lo plantea el proyecto del FIT Unidad) y dejar de pagar la deuda externa.