Escribe César Baudino, integrante del Colectivo de Trabajadores por la Ventana, Entre Ríos

Los humedales son ecosistemas con un enorme valor biológico, social, cultural y económico. Son parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. Se estima que el 40% de las especies del mundo habitan o se crían en los humedales, ocupando entre el 5% y el 8% de la superficie. Los del delta del Paraná se ubican entre los tres más importantes del planeta.

Ante la voracidad del fuego, lo inmediato y urgente es apagar los focos de incendio y precisar que la responsabilidad indelegable de sofocarlos es del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y los municipales. Paralelamente, es imperativo exigir el castigo penal de los propietarios que provocaron las quemas.

El problema de fondo de las quemas en las islas está relacionado con la posesión y uso de la tierra. El fin es avanzar en la frontera agrícola con emprendimientos ganaderos a gran escala y/o negocios inmobiliarios.

Desde el Colectivo de Trabajadores por la Ventana, en Paraná venimos participando de la Multisectorial por los Humedales, que se reunió por primera vez el 1º de agosto pasado. Su conformación es variopinta, conviven grupos e individuos, especialmente jóvenes, con muchas energías para denunciar y movilizar por una ley de protección de los humedales y las islas que promueva la integridad ecológica de manera efectiva, definida y concreta. En ese marco, nuestra tarea de intervención política apunta a convocar a la más amplia movilización que promueva una salida integral a la depredación capitalista.

Consideramos a los territorios bienes comunes de los pueblos de incalculable valor ecosistémico, de interés público, y deben estar administrados, protegidos, conservados y restaurados ecológicamente desde el Estado, donde la prioridad son las personas que lo habitan, el agua dulce, la flora y la fauna. Entendemos perfectamente que cualquier legislación reformista en este modo de producción es acotada y vulnerable, pero hoy es un eslabón que nos permite luchar e intentar incidir en cuestiones de fondo. Por eso es importante, en este contexto, avanzar en una legislación para que los humedales y las islas, en tanto sujeto de derecho, tengan un ordenamiento territorial para el mismo ecosistema y sea de orden estatal.

La legislación debe incluir en el contralor al conjunto de las asambleas ambientales y organizaciones de trabajadores que tengan por fin defender la biodiversidad. Es necesario elaborar un inventario catastral de los propietarios y/o usurpadores capitalistas de las tierras, y en especial un relevamiento que incluya a los pescadores artesanales, pequeños productores ganaderos, pobladores isleños, artesanos de cestería, alfareros, carpinteros, apicultores y trabajadores de otras actividades. A partir de la recopilación de estos datos, impulsar un nuevo régimen de tenencia y usos de la tierra organizando cooperativas de trabajadores de las distintas ramas que formen parte de la defensa de los bienes comunes y sean convivientes de esos territorios.

En conclusión, nuestra propuesta centralmente tiene como norte la expropiación sin resarcimiento de las tierras usurpadas por los especuladores capitalistas del delta para formar un parque nacional del patrimonio común.

En la movilización por los humedales debemos sostener un programa de intervención política de la clase trabajadora convocando a ser inflexibles con los poderes del Estado serviles al sistema de muerte. Estos argumentos nos parecen vitales a la hora de enfrentar la barbarie capitalista.

El maquillaje del “capitalismo verde” en el Congreso

En el Congreso hay doce proyectos de ley en Diputados y el Senado, la mayoría con el maquillaje del “capitalismo verde”. Todos plantean más o menos lo mismo, presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible. Se definen humedales, se plantean objetivos, se proponen autoridades de aplicación y sus competencias, los fondos y establecen un régimen de sanciones. Sostienen el principio precautorio y preventivo, es decir, no intervenir el territorio hasta que estén finalizados los estudios que demuestren que no impactan en el ambiente y, por consiguiente, en la salud pública. Además, enuncian vagamente inventarios sin muchas precisiones.

Escribe Silvia Flamini

Una vez más, los vecinos del paraje serrano de Casa Bamba, perteneciente a La Calera, salen a luchar exigiendo el libre tránsito por el camino público que fue bloqueado por la minera Camarassa hace más de un año, entre otros reclamos. Desde el domingo 30 de agosto se encuentran acampando frente al portón ubicado en la ruta E55, que es el único acceso al poblado.

A pesar de las reiteradas denuncias, pedidos y presentaciones realizados por los vecinos y vecinas ante el municipio de La Calera y ante el gobierno de la provincia de Córdoba, el portón continúa bloqueando el paso y Camarassa lleva adelante su actividad de explotación minera sin ningún tipo de controles dentro de una reserva natural.

Sumado a este impedimento, los habitantes de Casa Bamba reclaman también la colocación de un puente pasarela que les permita cruzar el río de forma segura, ya que lo tienen que hacer por vados o cruces de piedra imposibles de hacer cuando el río crece. Hace dos años que un puente de hierro se oxida a la orilla del camino y las autoridades no han hecho nada para colocarlo.

En la última semana la situación se vio agravada, tomando un mayor estado mediático debido a los incendios que, en una vasta extensión de la provincia, arrasaron con el bosque nativo para beneficio del agronegocio y la especulación inmobiliaria. En Casa Bamba los habitantes quedaron acorralados entre el fuego, que rodeaba la comuna, y el río, crecido por la apertura de las compuertas, teniendo que ser evacuados a través de las vías del tren por los bomberos.

Desde Izquierda Socialista venimos apoyando esta lucha y denunciando, junto a las y los vecinos, la responsabilidad del municipio de La Calera, del gobierno provincial y de la Justicia cómplice que cuidan los intereses empresariales sin importar el costo ambiental y las condiciones de vida de la población. Exigimos que se dé una solución inmediata a esta situación insostenible que atenta contra los derechos básicos y contra la salud y la vida de los habitantes de Casa Bamba.

Asimismo, reclamamos que se respete la reserva a través de su reglamentación con guardaparque, plan de manejo del fuego y presupuesto. Y que se termine con la explotación minera y retiren la cantera. Exigimos también la inmediata colocación del puente, el cierre de las compuertas del dique San Roque y la liberación del camino de ingreso a la reserva mediante declaración de servidumbre de paso, que obliga a la propiedad a dar camino y paso de entrada y salida.

Finalmente, y en el marco del desastre ambiental que recorre a la provincia y que se manifestó recientemente con los incendios y destrucción del bosque nativo, exigimos al gobierno de Schiaretti que deje de pagar la deuda externa provincial y que ese dinero, junto con un impuesto especial a las grandes fortunas, se destine a atender las urgentes necesidades de la población.

No por repetida la noticia deja de ser preocupante, la pandemia sigue a pleno. Los casos de contagios ya se cuentan de a 8.000 por día, los muertos también son récord. En varias provincias también se observa el crecimiento, o la reaparición, de casos. En Jujuy la situación ya está totalmente desbordada. Frente a esta realidad, del lado del gobierno nacional peronista de Alberto Fernández, de los provinciales del mismo signo político, o de aquellos manejados por la oposición patronal de Juntos por el Cambio, se sigue con el planteo de “abrir más actividades”, a la medida de los reclamos de los negocios empresarios, y se carga la culpa de los contagios sobre la “irresponsabilidad personal”. Se invisibiliza así la realidad, los millones que tienen que salir todos los días a trabajar sin que las empresas garanticen los protocolos sanitarios, o aquellos que deben romper la cuarentena para “ganarse el peso” como sea ante la imposibilidad de vivir con los 10.000 pesos bimensuales del IFE.

El otro hecho del que se habla por estas horas se refiere a los dichos del ex presidente peronista Eduardo Duhalde en el programa Animales sueltos del pasado lunes. Allí Duhalde sostuvo que el año próximo no va a haber elecciones y predijo un “golpe de Estado”. Evidentemente, se trata de una afirmación totalmente desubicada, una locura, algo que no está planteado en la realidad. Y que desde ya repudiamos. Pero, a la vez, no vemos que haya ningún tipo de avance de la militarización ni que se fortalezca “la derecha”. Por supuesto que Duhalde se refirió a algo que sí existe, el miedo de las patronales y sus políticos ante la profundización de la crisis, la marginación y el hambre de los sectores populares. Así, el ex presidente afirmó: “Se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos’, porque vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001, ya que puede terminar en una especie de guerra civil”. Y, frente a esto, planteó la necesidad de la “unidad nacional”. Duhalde ve una dinámica que avanza, más allá de que en este momento no nos encontremos en un pico de luchas obreras y populares, que va a suceder con el incremento de la miseria, el hambre, los despidos y las bajas salariales. Por eso insiste con su fórmula, la misma que puso en práctica en 2002, cuando fue presidente tras la rebelión del Argentinazo, unir al oficialismo y la oposición patronal con la burocracia sindical y la Iglesia. Recordemos que el objetivo en aquel momento era frenar el repudio total a los políticos patronales y reconstruir, de alguna forma, el régimen político y el “orden” necesario para que sigan reproduciéndose las ganancias empresarias. Duhalde ahora critica al gobierno por la reforma judicial, y al mismo tiempo dice defenderlo. Pero es una defensa “locoide”. A pesar de que Duhalde se ha reunido varias veces en el último tiempo, y que incluso lo ha hecho la semana pasada con el gobernador Kicillof justamente para analizar la situación social del conurbano, el propio gobierno ahora sale a repudiar fuertemente los planteos del ex presidente. Los dichos de Duhalde son, en conclusión, un reflejo de la  crisis del peronismo y del régimen político en su conjunto.

Mientras tanto, Alberto Fernández siguió con la costumbre de hacer un anuncio que “cae simpático” cada semana. Esta vez fue la declaración como “servicio público” de la telefonía, la televisión por cable e internet y el congelamiento de sus tarifas hasta fin de año. Evidentemente, esto último es un paliativo, pero no resuelve ni de lejos el problema de los millones que siguen sin acceder a la conectividad. Mientras tanto, en los últimos meses se dejaron correr los aumentos de estos servicios que les permitieron, y les permiten, ganar millonadas a estas empresas, todos monopolios transnacionales como Telefónica, Telecom y Claro, o grandes grupos nacionales como Clarín. Empresas que ya están amenazando con que “se van a frenar las inversiones” y “se verá deteriorada la calidad del servicio”. Demostrando que, si se quiere terminar de una vez con los privilegios de estos monopolios y garantizar de verdad el acceso a telefonía, el cable e internet para todos, la única salida pasa por la reestatización de estas empresas bajo control de sus trabajadores.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad planteamos que, ante toda esta realidad, el desastre sanitario y el aumento de la miseria, los despidos y la pulverización de salarios y jubilaciones, es más necesario que nunca un programa de emergencia ante la crisis. Hay que implementar ya mismo un impuesto a las grandes riquezas. Y tenemos que dejar de pagar inmediatamente la deuda externa y romper con el FMI para así poder otorgar un ingreso mensual de 30.000 pesos a toda familia que lo necesite, poner en marcha todo el equipamiento sanitario, en personal y recursos, para atender la pandemia del Covid-19 y resolver todas las urgentes demandas del pueblo trabajador. Mientras seguimos luchando día a día contra el ajuste, proponemos esta salida. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

En referencia con la pandemia, tanto el gobierno peronista como la oposición patronal de Cambiemos quieren instalar la idea de que “lo peor ya pasó”. Responden así a la presión de la patronal, que busca poner en marcha el aparato productivo, a riesgo aún de prolongar los sufrimientos y la pérdida de vidas que ocasiona la pandemia que nos aqueja. La televisión, las radios y la prensa difunden diariamente mensajes inequívocos de que se pueden levantar las medidas de aislamiento. La responsabilidad pasa ahora a la población. “Las reuniones familiares son las que producen los contagios”, repiten con absoluta falsedad tanto oficialistas como opositores, ocultando que la aglomeración en los lugares de trabajo, en los transportes, centuplica la circulación viral.

Una población crispada por el aislamiento y apremiada por la necesidad de procurarse el sustento, recibió aliviada la semana que pasó la noticia sobre una vacuna inminente. Hábilmente presentada por los “comunicadores”, contribuyó al proceso de vuelta al trabajo que quiere la patronal y a aflojar las prevenciones frente a una pandemia que no cesa. Una vacuna inminente, que no es vacuna –faltan las pruebas de la fase 3, que establecerían si puede servir o no– ni tampoco es inminente porque podría estar a mediados del año próximo. Detrás de estas promesas, de lejana concreción, la fea cara de la realidad aparece en forma de números que dicen que la pandemia no mengua, por el contrario, se extiende a otras regiones del interior del país, como lo muestra el artículo sobre Jujuy en este periódico digital.

La fea cara de la realidad, en cifras

En nuestro país, al momento de escribir estas líneas, hay 350.000 casos confirmados y 7.400 decesos. La tasa de infectados cada 100.000 habitantes es, sorprendentemente, mayor que la de Italia. Pero incomparablemente menor que la de los Estados Unidos, Brasil, Chile y otros países que se negaron al aislamiento, lo cual confirma lo correcto que es adoptar la cuarentena para disminuir la circulación del virus. Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud nacional, a mediados de mayo la proporción de los casos del AMBA respecto del total del país era de 90 a 93 por ciento. Sin embargo, en la última semana la proporción de casos del AMBA había caído a 82%, pero no porque bajaran los casos, sino por el aumento en el resto del país. El AMBA parece haberse estabilizado en una meseta, pero a valores muy altos de casos diarios, mientras crece en el interior. Si descartamos a CABA y la provincia de Buenos Aires, cinco provincias ya han alcanzado tasas superiores a 100 de casos confirmados cada 100.000 habitantes: Chaco (270), Río Negro (207), Tierra del Fuego (193), Jujuy (180) y Neuquén (154).

El problema del recurso humano en salud

Las estadísticas muestran que nuestro país tiene una tasa de defunciones por Covid-19 sensiblemente más baja que los países mencionados. Dicen algunos expertos que eso se debe al aislamiento temprano, y es posible que así sea. Pero, en muy importante parte, se debe al enorme esfuerzo que realizan los trabajadores de la salud en deficientes condiciones de seguridad, con jornadas prolongadas, que llevaron a que muchos se infectaran y otros pagaran con su vida. Las estadísticas del Ministerio de Salud del 12 de agosto marcan 18.410 trabajadores infectados. De ellos, el 65% son mujeres. El total de fallecidos alcanza a sesenta, veintidós mayores de 60 años y treinta y ocho son menores. De los sesenta fallecidos, treinta y nueve (65%) registraron comorbilidades asociadas, ocho presentaban hipertensión arterial, tres no tenían comorbilidades, pero eran mayores de 60 años, y sobre los diez restantes no se registran referencias. Este dato, ominosamente tardío, da la razón a quienes, como Cicop en la provincia de Buenos Aires, reclamaban el licenciamiento de los mayores de 60, o de los que tenían comorbilidad. Tanto el gobierno peronista de Kicillof, como el de Cambiemos de Larreta y la patronal sanatorial se negaron tenazmente a dichas licencias, siendo responsables políticos de esas muertes evitables.

Las medidas siguen planteadas

El presidente dijo que “otra cosa no se podía hacer”. Nosotros sostenemos que sí, que otras cosas se podían y se pueden hacer, cuidar a los trabajadores de la salud otorgando las licencias preventivas al personal de riesgo y testeando masivamente al resto, llenando las vacantes con nuevas designaciones, dando un aumento salarial de emergencia. Para mantener la cuarentena, subsidiar a los trabajadores con 30.000 pesos para que puedan cumplir el aislamiento. Concentrar todo el sistema de salud para garantizar el libre acceso de la población y dejar de subsidiar al sistema privado, como viene haciendo Kicillof. Finalmente, financiar todas estas medidas con un impuesto a las grandes fortunas y dejando de pagar la deuda externa.

Escribe Fernanda Giriborne

La situación en Jujuy es apremiante. Aunque la provincia permaneció casi dos meses sin casos, el rebrote de mediados de junio dejó al sistema de salud colapsado. Hospitales y centros de salud se encuentran sin terapias intensivas y rechazan pacientes.

La explosión sanitaria que los jujeños atravesamos hoy en la pandemia del Covid-19 no es casual. Tiene su explicación en el desfinanciamiento de la salud pública, que si bien es de larga data, se agravó en los últimos años a partir del proceso de privatización puesto en marcha por el ministro de Salud Gustavo Bouhid, con su Plan Estratégico de Salud. En este marco, y con una curva de contagios que parece imparable, el gobernador Gerardo Morales prioriza las ganancias de sus socios y amigos y liberó una gran cantidad de actividades económicas fomentando la circulación.

El brutal incremento de contagios hoy ubica a Jujuy entre las tres provincias con mayor cantidad de positivos, detrás de Buenos Aires y CABA. La cuarentena es un saludo a la bandera, no protege a la gran mayoría de la población. El sistema de salud está colapsado, y aunque el gobierno diga que las camas de terapia intensiva están en un 93%, la realidad es que no hay cupo para internación y la gente que pide derivación a hospitales es ignorada.

El Estado incurre en el abandono de personas por la saturación del sistema de salud. Los cementerios tampoco dan abasto. Muchas personas que presentan síntomas y que son tomadas como positivas, porque ya no se testea, se encuentran aisladas en sus hogares sin acceso a atención médica alguna.

Resulta imposible comunicarse con el Comité Operativo de Emergencia (COE) por teléfono o videollamada. El SAME tampoco responde las llamadas. Hay personas que mueren tratando de llegar por sus propios medios a hospitales y otras fallecen en sus casas. En departamentos como Ledesma y San Pedro esta situación se agrava y se ve, por las denuncias de medios locales y redes sociales, el colapso absoluto.

La liberación de actividades económicas en pleno rebrote y la falta de un plan sanitario (el único que implementa el gobierno es la represión) hicieron que los contagios ya pasaron de la “primera línea de exposición” (personal de salud y seguridad), a los trabajadores del sector privado. 

Cuando los casos comenzaron a dispararse de manera irremediable en julio, claramente se identificaban unos pocos focos de contagio, confirmando que la circulación del virus sucedía principalmente en los lugares de trabajo. Por ejemplo, cuando la minera multinacional Exar alcanzó los doscientos casos, solo esta empresa contaba con el 20% del total de positivos de la provincia. Otro tanto se concentraba en personal de salud y otro en el de seguridad. Lamentablemente, el desinterés por la salud de los trabajadores hizo que las empresas y el Estado no tomaran las medidas necesarias para frenar la propagación del virus.

A pesar de esta incontrastable evidencia, el gobernador Gerardo Morales, de Cambiemos, y el COE, literalmente se lavan las manos y acusan al pueblo trabajador por no hacer “lo necesario” para no contagiarse. Han decretado, para las cámaras de televisión, la etapa de la “responsabilidad social individual”, y con ello trasladaron todas las culpas a las personas, las “juntadas” con amigos y los días festivos.

Estos argumentos no son exclusivos del mandatario jujeño, ya que el gobierno peronista de Alberto Fernández sostiene también que los contagios no se generan en los trabajos sino en las reuniones sociales y los asados. Cuando los casos parecen no encontrar su pico en la CABA y el AMBA y empiezan a aparecer rebrotes en distintas provincias del país, el gobierno demuestra no estar dispuesto a hacer algo mejor que culpar a la gente y lavarle la cara a los empresarios.

En Jujuy, la minería y el azúcar, baluartes económicos, continuaron funcionando con normalidad a pesar de los reiterados reclamos y denuncias de casos positivos entre sus trabajadores y por el incumplimiento de los protocolos. Estas patronales explotadoras se negaron a bajar el ritmo de producción o la cantidad de operarios para evitar los contagios. La minera Exar acumuló no menos de 260 contagios, hasta donde informaron, y la azucarera Ledesma, de la familia Blaquier, acumula 343 casos y doce fallecidos.

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) denuncia que la empresa se ha convertido en un foco de contagio para toda la comunidad. Por ello reclaman la realización masiva de testeos a los trabajadores, cambios en el departamento de medicina laboral, el control estricto de los protocolos, el licenciamiento de los empleados mayores de 60 años y el respeto del salario de los trabajadores que se encuentran en aislamiento. Por supuesto, la patronal sigue sin cumplir con estos reclamos.

El gobernador Gerardo Morales permite que las patronales no cumplan con los protocolos, lo que termina generando estas muertes, absolutamente evitables. El presidente Fernández, por su parte, tampoco los sanciona, y hay que decir que en las múltiples oportunidades en las que se ha referido a la realidad de nuestra provincia ni siquiera menciona a los Blaquier. Antes con la dictadura, y hoy con la pandemia, se perpetúa la impunidad.

En síntesis, ni el gobernador radical Morales ni el presidente peronista Alberto Fernández ofrecen política alguna para resolver la crisis sanitaria y social.