Nuevamente llevamos adelante el pasado viernes 24 el segundo encuentro virtual de los trabajadores de la salud de Izquierda Socialista, con el aporte de muchas compañeras y compañeros independientes llegando a cincuenta participantes.

Contamos con representantes del interior del país, de Córdoba, Tucumán, Misiones y de quienes trabajamos en el ámbito metropolitano de Capital y Gran Buenos Aires. 

Lo primero a destacar es el espíritu de camaradería que recorrió toda la charla y el acuerdo por seguir sumando e intentar coordinar acciones y espacios para impulsar los reclamos por insumos, las condiciones de bioseguridad laborales y la urgente incorporación del personal necesario para poder dar adecuada respuesta frente al pico de la pandemia del Covid-19 previsto para fines de mayo o principios de junio.

También surgió con fuerza el repudio a la campaña que viene desarrollándose desde los distintos gobiernos provinciales y el nacional, volcando la responsabilidad del contagio en el ámbito hospitalario en los profesionales de la salud, por supuestamente no respetar protocolos y el incorrecto uso del material de aislamiento, cuando lo que ocurre es la falta de elementos en cantidad y calidad adecuadas.

En realidad han de ser esta nueva etapa llamada “cuarentena administrada” y las próximas programadas cada vez más laxas, las que generan las condiciones para la circulación del virus en la misma medida en que se permite e impulsa el aumento de la circulación de las personas para asegurar las ganancias a los grupos económicos.

Precisamente, con el ánimo de salirle al cruce a esa campaña de desprestigio, se acordó unificar la acción propuesta para el martes 28 en los accesos a los hospitales y sanatorios públicos y privados para visibilizar las pésimas condiciones en que debemos trabajar, exponiéndonos permanentemente al contagio del coronavirus.

Fueron muchas las instituciones públicas y privadas donde, a pesar de las fuertes lluvias, presentaron el pasado martes a las 11 las imágenes de trabajadoras y trabajadores reclamando por nuestros derechos, como en los hospitales Piñero, Penna, Garrahan, Italiano, Durand, Tornú, solo por mencionar algunos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.  

El segundo conversatorio finalizó con un nuevo compromiso común de seguir trabajando por una mayor y mejor coordinación en el camino de la pelea por una salud pública gratuita, universal y de excelencia, donde nosotros, quienes trabajamos en ella, seamos también parte a la hora de definir las políticas integrales.

Corresponsal

Escribe Claudio Funes

Ya hacía varias semanas que las patronales venían planteando que se rebajaran los salarios. De hecho, lo venían realizando en muchos sectores. Ahora han logrado lo que querían con la vergonzosa colaboración de la burocracia sindical traidora y el aval del gobierno.

Así lo establece el “Acta tripartita para consensuar medidas que tiendan al sostenimiento del trabajo y la producción frente al Covid-19” firmada por Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT, Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja por la UIA y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Detrás de este rimbombante título hay una sola realidad: la pérdida para millones de trabajadores del 25% de su salario.

En concreto, se plantea que todo trabajador que esté cumpliendo la cuarentena sea encuadrado como “suspendido” durante sesenta días a partir del 1° de abril, recibiendo apenas el 75% del salario neto que le hubiera correspondido. Increíblemente, el acuerdo ni siquiera prohíbe reducciones mayores, sino que dice que, si así las hubiere deberán ser “sometidas a la autoridad de aplicación a fin de evaluar su procedencia, de acuerdo con la situación del sector o de la empresa”. Lo traducimos: sucederá que, con acuerdo de la burocracia sindical traidora y la patronal se presentarán justificaciones para reducciones mayores, que obviamente la “autoridad de aplicación”, léase el Ministerio de Trabajo, terminará avalando.

Encima, este acuerdo ni siquiera retrotrae las innumerables situaciones de reducciones salariales y abusos cometidos previamente por las patronales (repetimos, con la complicidad de la burocracia). Así se establece que “no será de aplicación para la situación de quienes hubieren ya acordado o acuerden en el futuro otros criterios de suspensión”. Así quedan bendecidas las reducciones salariales previas (y mayores) de los petroleros privados, la UOM, las terminales automotrices, o las empresas de comida rápida. Se trata nada más ni nada menos que de 231.483 suspensiones y rebajas salariales en lo que va de la cuarentena, con los metalúrgicos a la cabeza con 126.000 casos, seguidos por los petroleros con otros 64.500. Si se agrega el resto de los sectores, ya eran 300.000 los trabajadores a los que se les habían recortado los salarios antes del acta acuerdo.

En síntesis, este acta acuerdo cumple la función de plantear una reducción generalizada de 25% de los salarios para todos los trabajadores en cuarentena, que se suma a todos los otros “acuerdos” previos de reducción salarial y suspensiones.

El acta dice expresamente que viene a complementar el DNU 376/20, que ya era un gigantesco subsidio a las patronales, por el que se establecía el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El Estado se hace cargo del 50% del salario de los trabajadores del sector privado a través de la Anses (nuevamente a costa de vaciar las cajas jubilatorias).

En concreto, con la excusa de la pandemia las patronales primero logran que el gobierno les subsidie el 50% de los salarios. Ahora a eso le agregan la rebaja salarial de 25 por ciento.

Este reparto de cientos de miles de millones de pesos irá a parar, en su gran mayoría, a las grandes multinacionales negreras: automotrices como General Motors, Ford, Volkswagen y otras; a petroleras como Tecpetrol, Total, Pan American Energy, Shell y Exxon Mobil, pertenecientes al grupo de las once empresas que en los últimos tres años facturó $2,5 billones en Vaca Muerta mientras recibía millonarios subsidios del Estado.

La excusa de todo esto es que así se “preservarán las fuentes de trabajo”. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de que existe un DNU previo que “prohíbe” despidos y suspensiones (lo mismo que ahora se promueve), este decreto se transformó en un papel sin contenido, como lo demuestran todos los casos ya denunciados en las semanas previas.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad y el sindicalismo combativo denunciamos el papel traidor de la burocracia sindical y seguimos planteando ¡no a ningún tipo de rebaja salarial! ¡Prohibición efectiva de suspensiones y despidos! Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Escribe Liliana Olivero, legisladora provincial (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El peronismo gobierna la provincia hace veinte años. Es responsable -con la complicidad de los radicales y la burocracia sindical- de una deuda externa de 166.000 millones de pesos (de los cuales el 95% está en dólares) y de una grave crisis económica, ahora agravada por el coronavirus. Por eso emitió 9.000 millones de pesos en bonos para pagar a proveedores, mientras amenaza con lanzar una cuasimoneda provincial, rebajar el salario de los estatales y postergar el pago de jubilaciones. 

En medio de la cuarentena suspendió, sin pago, a 27.000 trabajadores de planes de empleo y capacitación como PPP, PIP y otros. Compañeras y compañeros que hace años cumplen tareas junto a los de planta permanente pero con sueldos de 5.000 a 9.600 pesos por mes. ¡La mitad de la canasta de indigencia!

Ahora Schiaretti rebaja 45% su sueldo y el de la planta política del Ejecutivo y lo imitan los demás poderes. Estamos de acuerdo que todos ellos ganen menos. Cuando en 2002 obtuvimos nuestra banca presenté un proyecto de ley (que fue rechazado por las otras bancadas patronales) para que legisladores y funcionarios políticos ganáramos igual que una maestra con veinte años de antigüedad. Desde entonces, únicamente nuestros legisladores lo cumplen. Por eso denunciamos que lo de Schiaretti es solo un acto demagógico y tramposo, porque igual ganarán mucho más que el monto que propusimos y solo regirá por el tiempo que dure la cuarentena en lugar de ser permanente. Con el peligro que permitirá justificar el diferimiento del pago de jubilaciones provinciales y la rebaja salarial de estatales y docentes. Algo inaceptable. 

Además, ante semejante crisis esta resolución es insuficiente. Mientras el gobierno cede a la presión de las grandes y medianas empresas para volver a trabajar, todos vemos que hoy la mejor protección es la cuarentena. Por lo tanto, miles de trabajadoras y trabajadores, desocupados, los que viven de changas, los suspendidos de los planes de empleo y los de otras actividades no esenciales deben recibir ya una ayuda de emergencia para poder subsistir. Caso contrario, para poder comer se verán obligados a romper la cuarentena aumentando el riesgo de contagio y de perder sus vidas. Asistir a estos trabajadores, además de equipar a los hospitales y a todo su personal, requiere de miles de millones de pesos que se deben obtener a partir  de dejar de pagar la millonaria deuda externa provincial, eliminar toda exención impositiva a las grandes empresas y crear un fondo de emergencia con un impuesto a las mismas,  los bancos y latifundios. Y también a las grandes fortunas, como Roggio, Urquía, Allende y otros millonarios provinciales. 

Sin estas medidas de fondo, lo de Schiaretti es puro verso. Es para no tocar a los usureros ni a los ricos. Ellos obtuvieron estos últimos años fabulosas ganancias que jamás compartieron con sus trabajadores. En cambio, ahora sí quieren compartirles las pérdidas, por eso se niegan a pagar el 100% del salario que es una ínfima parte de lo que embolsaron. Y con la complicidad de la burocracia sindical peronista y el aval del Ministerio de Trabajo siguen despidiendo, suspendiendo y rebajando salarios. Debemos organizarnos para luchar, como se viene haciendo a nivel mundial, y también aquí, en empresas y gremios. Esta crisis la deben pagar los capitalistas, no los trabajadores.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Larreta está impulsando el tratamiento de un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, denominado “ley de Emergencia”, para la atención de la situación económica y financiera generada por la pandemia que, de aprobarse, en lugar de aliviar la situación crítica que aqueja al pueblo trabajador que vive y trabaja en la Ciudad, la agravará.
La iniciativa impulsada por PRO faculta al Ejecutivo para reorientar los recursos económicos y otorgar prioridades sobre la base de descargar la crisis en las trabajadoras y los trabajadores.
Este proyecto, al igual que los anuncios en otras provincias del país, propone que puedan ser congelados los salarios de todas las trabajadoras y trabajadores dependientes del Gobierno de la Ciudad, estatales, docentes, personal de salud, municipales, e incluso pagados en cuotas, algo que no sucedió en la Ciudad más rica del país ni en la crisis de 2001.
En el artículo 17 se expresa con claridad que no se podrán instrumentar retribuciones extraordinarias ni beneficios como premios, incentivos o suplementos salariales en dinero. En el artículo 19 también se faculta al pago escalonado y/o diferido de haberes de sus nóminas salariales.
Para el caso de la docencia, como denuncia Ademys, se puede ver afectada la segunda cuota de aumento que estaba pendiente para el mes de junio. Pero a su vez plantea para todos los trabajadores una imposibilidad para la reapertura de paritarias, necesaria para no ver rebajado el salario toda vez que la inflación pronosticada en un 50% va a desvalorizar más el salario ante este congelamiento.
En otros pasajes el proyecto plantea el congelamiento de las plantas de trabajadores, impidiendo la incorporación de quienes reemplacen a otros por licencias o jubilaciones. por ejemplo. Y menos aún contempla el pase a planta de trabajadoras y trabajadores precarizados.
Incorpora también el recorte a la obra pública, que afectará a los barrios más precarios, de donde provienen la mayoría de los obreros de la construcción que se quedarán sin empleo y porque las obras pendientes se paralizarán.
De avanzar este proyecto, se estaría atacando exclusivamente a los salarios ya de pobreza de las y los trabajadores estatales, docentes y de los municipales en general, mientras no se afecta la propia deuda pública de la Ciudad que ha crecido, no se tocan los intereses de los bancos radicados en la capital ni de las grandes empresas privadas que amasaron enormes fortunas con la especulación inmobiliaria y los negociados. Se privilegian los intereses de los ricos a costa de la pobreza del pueblo trabajador.
Llamamos a los trabajadores de la Ciudad a rechazar este nuevo proyecto ajustador de Larreta.

Escribe José Castillo

Nadie duda que estamos ante una emergencia. Se necesita con urgencia duplicar el monto que se está destinando a la pandemia. Se requiere tanto para atender las demandas sanitarias (más equipos, más insumos, más hospitales, más trabajadores de la salud con mejores salarios y todos los elementos de protección), como también la crisis social que se ha profundizado en estas semanas (más comida en los barrios populares, dinero para los que han perdido sus ingresos, etcétera). Nuestra posición es clara, se requiere un fondo de emergencia financiado sobre la base del no pago de la deuda y un impuesto especial a las grandes fortunas y a las ganancias de los grupos económicos más importantes.

Con respecto a esto último, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad hemos presentado una propuesta: un impuesto de 10% a los cincuenta principales millonarios del país y a las veinte empresas que más facturan. El gobierno hace semanas que también viene planteando un proyecto de impuesto a la riqueza, aunque mucho menos riguroso que el nuestro. Venimos sosteniendo que, más allá del debate de cuál es el mejor para la actual coyuntura, lo importante es que se efectivice ya, que no quede en el mero discurso.

Pero la realidad es que siguen pasando los días, la necesidad de los fondos aumenta y el proyecto va y viene. El gobierno primero argumentó que tenía que “coordinar”  y “unificar” diferentes propuestas de diversos legisladores oficialistas. Luego la discusión derivó en que no se podía “hacer por decreto” ya que todo lo impositivo tiene “necesariamente” que pasar por el Congreso. Ahí se desató una auténtica comedia de enredos, en la que sin duda aportaron los legisladores de la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Se abrió la discusión bizantina de si es válido sesionar en forma virtual o hay que hacerlo indefectiblemente de manera presencial. Se llegó al ridículo de decir que había que hacer una primera y única sesión presencial al solo efecto de cambiar el reglamento para que entonces fuera válido sesionar virtualmente. Por si todo esto fuera poco, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió hacer una consulta a la Corte Suprema sobre la validez de las sesiones virtuales, que la Corte respondió diciendo que no era pertinente la pregunta (en concreto, que primero se realice la sesión virtual y luego la propia Corte vería si había sido legal o no). Finalmente, se acordó una salida “mixta”, en parte presencial y en parte virtual, a realizarse recién la semana próxima.

¿A dónde va todo esto? Es evidente que las grandes patronales y los propios multimillonarios involucrados están haciendo lo imposible para que no se les aplique impuesto alguno. Para eso embarran la cancha con la inestimable ayuda de la oposición patronal y los jueces. El objetivo es que el tema se alargue y, finalmente, no se trate nunca. El gobierno, por su parte, tampoco hace demasiado por acelerar las cosas.

Queremos ser claros, es absolutamente falso el argumento de exigir el funcionamiento del Congreso en defensa de “la democracia”. La verdadera intención detrás de todo esto es postergar todo lo posible y de ser posible que no se apruebe ningún impuesto a los ricos. Por otra parte, aun cuando el Parlamento llegara a reunirse, ¿qué saldría de allí? Tenemos miles de ejemplos de para quién juega esa cueva de bandidos. Cada vez que se reunió el Congreso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad intervenimos denunciando a los partidos patronales y planteando nuestras propuestas alternativas. Pero no guardamos ninguna expectativa de que de esa “deliberación” de políticos patronales salga algo a favor de los trabajadores.

Esto no quiere decir, tampoco, que le demos un cheque en blanco a Alberto Fernández para que gobierne por decreto. ¡Por supuesto que no aprobamos que se gobierne por DNU! Sabemos que este gobierno, y todos los del mundo, utilizan la pandemia y la cuarentena como excusa para actuar, ahora y siempre, contra los trabajadores. Y que incluso, cuando emiten alguna resolución que aparentemente “favorece” a los trabajadores, como el DNU que prohíbe suspensiones y despidos, dejan espacios para que sea violado por las patronales junto a la burocracia sindical, para que después el Ministerio de Trabajo homologue esos acuerdos.

Por eso insistimos, no tenemos que caer en la trampa de la discusión entre el Parlamento y el Ejecutivo por sus decretos. Nosotros no tenemos confianza en ninguno de los dos. Ni en ninguna otra institución patronal, como la Justicia (tal como lo podemos ver en la intervención en el tema de la Corte Suprema). Solo creemos en la fuerza de la movilización y las exigencias del pueblo trabajador. Esta es la única presión que puede obligar al gobierno a que, por el mecanismo que fuere, salga el impuesto a los ricos. No nos importa la forma, sino el contenido. ¡Basta de dilaciones! Que se imponga ya mismo que las grandes fortunas y empresas tengan que poner su plata para financiar un fondo de emergencia ante la pandemia. Que esta crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.