Escribe José Castillo

Una jueza yanqui dio a conocer una sentencia por la que nuestro país fue condenado a abonar 16 mil millones de dólares y a entregar como “parte de pago” acciones de YPF. Un fallo colonial escandaloso. 

El lunes 30 de junio, la jueza de Nueva York Loretta Preska determinó que el 51% de las acciones de YPF debían ser entregadas al fondo Burford Capital. Inmediatamente, otros fondos buitres que están en juicio contra la Argentina, aprovecharon la volteada y también pidieron que se les pagara con acciones de la petrolera estatal.

La jueza fijó el monto actual del fallo a favor de Burford en 16 mil millones de dólares (más un agregado de intereses que siguen corriendo a razón de 2,5 millones de dólares por día). El monto es tan absurdo que trascendió que Burford está dispuesto a negociar llevándose “sólo” 5 mil millones de dólares en efectivo. O un monto un poco mayor en bonos de la deuda externa argentina. En síntesis: estaría contento con pasar a ser un acreedor “privilegiado” de nuestra deuda externa.

Increíblemente, el actual presidente de YPF, Horacio Martín, colocado allí por Javier Milei y a su vez directivo de Techint, afirmó: “la jueza falló a favor de YPF”, aduciendo que como el juicio fue contra el Estado argentino, no afecta a la empresa. Debería haber aclarado que al que no afecta es a Techint, o a los intereses entreguistas del presidente ultraderechista. Por el contrario, a estos el fallo les cae como gran excusa para avanzar con la privatización y entrega de la petrolera estatal.

Los buitres que rondan a YPF

Milei cuestiona su reestatización. De eso “culpa” a Cristina Fernández y a Axel Kicillof. Nosotros, desde Izquierda Socialista estuvimos y estamos a favor de la reestatización, así como denunciamos al propio peronismo kirchnerista por haber dejado pasar el tiempo hasta 2012 para recién entonces llevarla adelante. Bajo la excusa de una presunta “argentinización” hizo entrar a la empresa al Grupo Petersen. Y que, cuando se produjo la reestatización, en vez de recrear lo que debía ser la YPF Sociedad del Estado, se mantuvo YPF S.A., con el estado como accionista mayoritario, pero con un 49% en manos privadas.

Ese 49% de las acciones de YPF cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. Hay fondos de inversión que adquirieron cantidades importantes de esas acciones y aspiran a poder influir y eventualmente tener mayoría en el directorio de la empresa. Estos buitres que están “a la caza” son VR Advisory Services, Mirae Assets Global Investment, Duquesne Family Office LLC y NWI Management LP.

Claro que uno de los que está agazapado es la propia transnacional española Repsol, la misma que vació a YPF en su momento y se fue llevándose 5 mil millones de dólares en bonos de deuda (que luego se valorizaron hasta ser 10 mil), a pesar de los dichos del entonces ministro de Economía de Cristina, Axel (“no les vamos a pagar un peso”). Sucede que cuando, en 2008 y a pedido del propio Néstor Kirchner, entró al 25% del capital de la empresa el Grupo Petersen (con la familia Eskenazi a la cabeza, dueña del Banco de Santa Cruz), lo hizo sin poner un peso. “Pagó” con un préstamo otorgado por un pool de bancos europeos y la propia Repsol, que iba a ser cancelado con las ganancias de YPF. Pero luego de 2012, YPF dejó de pagar dividendos y el Grupo Petersen no tuvo como seguir cancelando los préstamos y fue a la quiebra. Las acciones del grupo se vendieron para pagar parte de la deuda con los bancos. Al mismo tiempo se vendió el “derecho a litigar” contra YPF al grupo Burford por 15 millones de dólares (nótese el negocio, 15 millones contra los 16.100 que dictaminó la jueza Preska que deben cobrar).

La deuda pendiente del Grupo Petersen, o sea lo que le pagaría el fondo Burford si cobrara el juicio, asciende a 1.147 millones de dólares. El principal acreedor, que cobraría de manos de Petersen es nada más ni nada menos que la propia Repsol, siguiéndole el Banco Credit Suisse International, BNP Paribas, Goldman Sachs, Natixis, HSBC y Merrill Lynch. Todos nombres conocidos de buitres acreedores de nuestro país, que aspiran a quedarse con “pedazos” de la petrolera o en su defecto con bonos de deuda externa argentina. 

Está en juego la principal empresa de la Argentina y un jugador decisivo en el negocio de Vaca Muerta, con un nivel de reservas calculada en 548 millones de barriles de petróleo y 2.688 billones de pies cúbicos, lo que da un total de casi 1.100 billones de barriles (el 30% del total de las reservas desarrolladas y no desarrolladas del país). Además,YPF domina también el negocio de la refinación con más del 50% de la capacidad total del país, a través de las refinerías de La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huincul. En la comercialización también es el número uno del país, con el 31,9% del total de las estaciones de servicio. En lo que respecta al gas, el 28,7% de toda la producción de gas de 2024 surgió de yacimientos que gestiona YPF, con centro en Vaca Muerta.

El gobierno ultraderechista de Milei, el Grupo Techint a través de Tecpetrol (que ha colonizado la presidencia de YPF) y todos los buitres que hemos citado más arriba son los que están al acecho para, con la figura de “abrir el capital de la petrolera” quedarse con la mayoría de la empresa y controlando su directorio, utilizarla para el saqueo del gas y petróleo de nuestro país. 

Por una YPF 100% estatal

Hay que repudiar el fallo de la jueza Preska. ¡Ninguna negociación! Ni un dólar, ni una acción, deben salir del país en este concepto. Al mismo tiempo debe quedar clara una lección: la actual YPF S.A. está indemne ante estas maniobras. Hay que estatizar el 100% de la empresa, a la vez que se deben rescindir todos los contratos de concesión con las otras petroleras que operan en el país. Es tiempo de reconstruir una gran empresa estatal, gestionada por sus propios trabajadores y técnicos, integrada desde la prospección, la extracción, el refinamiento y la comercialización. Que, a la vez, realice toda su actividad en común acuerdo con las comunidades locales donde se deban realizar estas actividades. 

Escribe José Castillo

La semana pasada, JP Morgan, uno de los principales bancos de especulación financiera del mundo, el mismo que hace apenas un par de meses había formado parte del pool de bancos que le prestaron al gobierno ultraderechista de Javier Milei dos mil millones de dólares, pasó a recomendar “irse” de la Argentina, en concreto llevárselos. Todo un llamado internacional a la fuga de capitales. 

Bajo el eufemístico título “tomarse un respiro”, el banco yanqui dijo “preferimos dar un paso atrás y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos”. Sugiere desarmar las posiciones de carry trade (bicicleta financiera)  es decir, tomar ganancias y pasarse de pesos a dólares. Por supuesto, el JP Morgan aclara “mantenemos una visión constructiva sobre las perspectivas de mediano plazo de Argentina, dada la desinflación y el progreso fiscal, pero preferimos reducir el riesgo por ahora”. 

Los buitres financieros imperialistas (de los cuales JP Morgan es una de sus cabezas emblemáticas) siguen aplaudiendo la motosierra y el súper ajuste. Pero como tienen dudas de que pueda seguir llevándolo adelante (tanto porque ven un dólar artificialmente alto, como también por la capacidad o no del gobierno de La Libertad Avanza para derrotar al pueblo trabajador e imponer sus medidas), prefieren llevarse los dólares y ver el desenlace “por televisión”, sin arriesgar un centavo.

No es la primera vez que pasa esto, con los mismos personajes. Ya sucedió en abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. El 25 de abril de ese año, el mismo JP Morgan vendió Lebac (los papeles de deuda en pesos “de moda” en ese momento) y al mismo tiempo compró 800 millones de dólares. Fue la señal de largada para que todos los fondos especulativos que desde diciembre de 2016 le venían prestando al macrismo a cambio de entrar a una bicicleta financiera en pesos, pasaran a fugar esos capitales, dejando de regalo un enorme incremento de deuda externa. En pocos días, el voló por los aires, Macri se quedó sin un dólar de financiamiento y terminó recurriendo unas semanas más adelante al FMI, que le agregó a la deuda externa argentina más de 40 mil millones de dólares. El aprendiz de brujo que venía llevando adelante todo ese endeudamiento era el actual ministro de Economía, Luis Caputo. 

Hoy la historia se repite. El mismo JP Morgan “traiciona” a sus socios, con el guiño de ellos mismos, de su amigo Caputo, de sus ex empleados, el secretario de Finanzas Pablo Quirno y el viceministro de Economía José Luis Daza. 

La historia de siempre, “prestar”, endeudar al país, valorizar con bicicleta financiera y después fugarse, dejando un mayor endeudamiento. Todo con la complicidad de los actores locales, los funcionarios de turno. Se trata de un nuevo capítulo de la historia sin fin de nuestro endeudamiento externo. Por eso, una vez más, insistimos, no hay salida sino dejamos de pagar esa deuda inmoral, ilegal e ilegítima, y así en vez de engordar a estos buitres, ponemos todos los recursos para resolver las más urgentes necesidades populares. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Este 9 de julio, en un nuevo aniversario de la independencia nacional, Cristina Kirchner grabó un discurso para la militancia convocada en Parque Lezama. Se refirió a la deuda externa con el FMI. "No recuerdo otro 9 de julio como este. Nunca tuvimos este grado de dependencia", dijo refiriéndose al endeudamiento de Milei con el Fondo Monetario. ¿Qué propuso?

“Compatriotas, es imprescindible encarar el problema del endeudamiento, si no somos boleta. Hay que ponerse a laburar y resolver con las tres C, como digo: cabeza, corazón y coraje. Como hizo Néstor Kirchner. Por un lado hizo la reestructuración de deuda más importante de la que se tenga memoria y, por el otro, le pagó al Fondo Monetario”. Está clarísimo. Cristina y el peronismo proponen poner cabeza, corazón y coraje para pagar una deuda usurera y fraudulenta, no para desconocerla y enfrentar al FMI como hicieron nuestros héroes patrios con el reino español.

En su discurso Cristina reconoce la deuda con el FMI. Dice “Le debemos al Fondo Monetario los 45.000 que le dieron a Macri, más los 12 que le dieron a Milei hasta ahora, porque pueden ser más. Y se lo debemos al prestamista de última instancia, que es el Fondo”. Pero al FMI no le debemos nada. Precisamente porque los 45.000 millones de dólares con que nos endeudaron Macri y Caputo fueron a la bicicleta financiera. Ni un solo dólar fue al pueblo trabajador. ¿Por qué entonces habría que pagar una supuesta deuda que el pueblo no vio?

Cristina en vez de desconocer ese endeudamiento, hizo lo contrario. En 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández, la reconoció hasta con una ley votada en el Congreso entre el peronismo y el PRO, dejando un país con el 42% de pobreza. 

El discurso de la ex presidenta terminó de esta forma: “Y esa tarea nos toca a nosotros, los peronistas. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Tenemos que pedir que nos acompañen, porque lo vamos a hacer, como ya lo hemos hecho, y lo vamos a volver a hacer una y mil veces”. Más claro aún. Si se vota al peronismo, se vota para pagarle al FMI. En cambio, si se vota para que haya más diputadas y diputados del Frente de Izquierda, será para luchar por liberarnos de las ataduras con ese organismo imperialista y empezar a tener una patria liberada con una segunda y definitiva independencia que combata de raíz los males sociales.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Luego del emplazamiento votado en la sesión del 2 de julio en la Cámara de Diputados, el ultraderechista José Luis Espert (presidente de la comisión de Presupuesto) se vio obligado a convocar a las comisiones, donde se avanzó en el debate de dos temas clave en la lucha contra la motosierra del gobierno.

Con la presencia de trabajadoras y trabajadores del Garrahan, junto a residentes, se llevó a cabo el primer plenario con el objetivo de avanzar en un dictamen sobre una Ley de Emergencia para el hospital pediátrico de alta complejidad más importante del país. Hubo tres dictámenes: uno de Unión por la Patria, la UCR y otros bloques; y dos de rechazo presentados por La Libertad Avanza y el PRO. Desde el FIT Unidad presentamos también el nuestro, donde planteamos que no hay emergencia real sin incorporar la derogación de la resolución 2109/2025 (que transforma las residencias en becas precarizadas) y sin garantizar que ningún trabajador del hospital gane menos que la canasta familiar calculada por ATE-Indec, que en mayo fue de 1.800.000 pesos, con su debida actualización. Propusimos que el financiamiento surja del fin de las exenciones impositivas al negocio de la salud privada, un impuesto a los grandes laboratorios y el no pago de la deuda externa.

En un segundo plenario se dictaminó sobre una nueva Ley de Financiamiento Universitario, con un dictamen de mayoría respaldado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), federaciones de docentes y no docentes, y la FUA. Desde el FITU volvimos a presentar un dictamen propio. Las conclusiones que dejó la lucha por el presupuesto universitario son fundamentales para lo que se viene: en caso de que ambas leyes se aprueben, Javier Milei podría vetarlas. Por eso insistimos en que solo con la movilización se puede conquistar el presupuesto que necesitamos y torcerle el brazo a cualquier veto autoritario, avalado por los cómplices del gobierno en el Congreso.

Somos claros, lo que define es la lucha en las calles. La primera parada será el 17 de julio con la movilización de residentes y trabajadores de la salud, mientras seguimos exigiendo la convocatoria de una nueva Marcha Federal que retome el camino de las históricas movilizaciones de 2024 y saque a toda la comunidad educativa a la calle en defensa de las universidades públicas.

Porque una cosa es lo que pase en el recinto, y otra muy distinta es lo que se conquiste en las calles. Por eso seguimos reclamando que la CGT rompa el pacto con el gobierno y convoque un nuevo paro general. Si gana el Garrahan, ganan las universidades… y ganamos todas y todos.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Cuando uno acude a un hospital, sea por un grave accidente o una simple descompostura, será atendido por un médico residente. Lo mismo si está internado, quien está junto a su cama continuamente será un residente.

La residencia es un sistema supervisado de formación en trabajo al que acceden los profesionales una vez graduados. Inicialmente fue para médicos, pero luego se extendió a todas las profesiones de la salud; hay residencias de enfermería, radiología, laboratorio, odontología, psicología, trabajo social y sociología, entre otras.

Una historia de luchas por derechos laborales

Además de la formación de profesionales bien entrenados, las residencias (que existen desde hace  sesenta años) se han convertido en la base fundamental de la actividad asistencial durante 24 horas al día, de lunes a lunes en los principales hospitales del país. Su extenuante jornada tiene una parte asistencial, otra académica más un promedio de ocho guardias mensuales durante tres o cuatro años que se completa la formación y cesa la relación con el establecimiento.

En estas décadas, las sucesivas generaciones de residentes lograron el reconocimiento de su rol de trabajadoras y trabajadores de la salud en una lucha, que también tuvo en los años ’70 desaparecidos, presos y exiliados. Desigualmente según cada jurisdicción (nacional, provincial, municipal universitaria o privada) se fueron obteniendo derechos laborales como aporte jubilatorio, obra social, ART/seguro de mala praxis, vacaciones pagas, aguinaldo, licencia por enfermedad y maternidad y otros derechos.

¿Qué busca el gobierno?

La resolución 2109/2025 del ministro de Salud, Mario Lugones, viene a quitar los derechos laborales e ignora el carácter de trabajador del residente reduciéndolo a becario en formación con dos modalidades: una, la beca “Institución”, (en la que el residente recibe el haber) sin descuento jubilatorio, sin cobertura ART/mala praxis, ni aguinaldo ni vacaciones, que tiene que pagar de su propio bolsillo; la otra, la beca “Ministerio”, con recibo formal y el mismo haber bruto, pero al que se practican los descuentos previsionales, la cobertura de obra social estatal y ART/mala praxis a cargo de la institución.

Negando el carácter de trabajadora y trabajador del residente, el gobierno ultraderechista aspira a mantener el funcionamiento del sistema público con mano de obra servil, pagándole un mínimo estipendio. Busca disminuir los costos al sacar los beneficios sociales que le corresponden como a cualquier trabajadora o trabajador complementando esta rebaja pagando sueldos de miseria al resto de las y los trabajadores de salud de planta, recortando los presupuestos de tecnología de diagnóstico y tratamiento como así también abandonando y dejando caer la infraestructura sanitaria. La maliciosa argumentación de “becas de capacitación” sólo encubre más precarización laboral y conduce a más vaciamiento sanitario, todo en perjuicio de la atención de las y los trabajadores y el pueblo.

Apoyemos al Garrahan y a las y los residentes para frenar el ataque contra la salud pública

Esta ofensiva especial contra las y los residentes busca también quebrar la pelea actual de todas y todos los trabajadores del Garrahan, hospital orgullo de la sanidad argentina. Nos dan un ejemplo de lo que hay que hacer para derrotar los planes del gobierno de destrucción de la salud pública. Debemos rodear de solidaridad su lucha para defender las conquistas de las y los trabajadores de la salud y al mismo tiempo garantizar la salud pública a la clase trabajadora y sectores populares. La concentración convocada por las y los trabajadores del Garrahan para el día 17 de julio es una cita de honor para poner un freno a los planes de súper ajuste del gobierno.