Escribe José Castillo

En apenas un mes de gobierno del ultraderechista Milei, se viene sufriendo un golpe nunca visto a los  bolsillos populares. Entre la megadevaluación de los primeros días, pasando por el DNU, la ley ómnibus y los inminentes tarifazos, se está dando un super-ajuste al servicio de las grandes empresas y el FMI.

Primero fue la megadevaluación del 118% lanzada por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. En pocos días los precios de todos los bienes que componen la canasta de consumo masivo, volaron por los aires. Salarios y jubilaciones, que ya venían muy golpeados, directamente se pulverizaron. Hoy, terminado ya diciembre, vemos su consecuencia: una inflación del 30%, que se anuncia continuará a ese nivel al menos en los tres primeros meses de 2024.

Luego llegó el DNU. Milei presentó este auténtico engendro anticonstitucional donde hay de todo, siempre contra el pueblo trabajador y a favor de los grandes empresarios y los ricos. De un plumazo modifica o deroga 300 leyes. La lista es infinita: deroga la ley de alquileres, dejando a los inquilinos a merced de propietarios y especuladores inmobiliarios; da vía libre a remarcaciones y cualquier tipo de abusos con los precios, derogando la ley de abastecimiento, la de góndolas, la de promoción comercial y el observatorio de precios del ministerio de Economía; libera las restricciones para subir tarifas a las empresas de medicina prepaga; favorece a las empresas extranjeras frente a las pymes nacionales, eliminando la ley de compre nacional, el código aduanero y la promoción industrial. Un punto especialmente importante es que, en la práctica, deroga todo el derecho laboral argentino, dando por tierra con conquistas ganadas por la clase trabajadora argentina en casi un siglo de luchas; en esencia, apunta a “abaratar” los despidos de las y los trabajadores y virtualmente prohíbe el ejercicio del derecho de huelga. El DNU también avanza derogando la ley de tierras, permitiendo el acceso de grandes capitalistas extranjeros a latifundios y zonas de frontera. Deroga también la llamada “ley del fuego”, dando un guiño a que se incendien campos para luego comprarlos por monedas. Y abre la puerta a la privatización de prácticamente todas las empresas públicas, una auténtica “bandera de largada” al saqueo.

La “ley ómnibus”

El mismo día en que la CGT realizaba su marcha a Tribunales, protestando por el DNU, el presidente Milei lanzó la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. En esencia profundiza lo ya extremadamente reaccionario del DNU. La ley ómnibus se compone de 664 artículos, comenzando por reclamar para el presidente Milei poderes extraordinarios ante lo que denomina “la emergencia” hasta 2025, prorrogable por dos años más. O sea, que el presidente ultraderechista se convierta en un virtual monarca durante todo su mandato.

La ley ómnibus plantea suspender la movilidad jubilatoria, reemplazándolas por “aumentos” discrecionales cuando así lo quiera el presidente Milei. Además, el gobierno se apropia de un plumazo, robándole a los jubilados y jubiladas 5.600 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (la plata acumulada de las AFJP, estatizadas en 2008). Se habilita el despido de decenas de miles de estatales. Se enuncia una larga lista de 41 empresas y entes estatales a privatizar, en lo que implica un saqueo total a nuestras riquezas (ver nota “La patria no se vende”). Se rebajan impuestos a los ricos (bienes personales) y se habilita un nuevo blanqueo, a medida de especuladores y fugadores de capitales. Se dispone la más absoluta libertad para exportar gas y petróleo, abriendo el camino al desabastecimiento del mercado interno. También contiene un gran paquete de disposiciones represivas, que fortalecen y agrandan el protocolo represivo de Bullrich (ver nota “más represión para hacer pasar el ajuste”).

Lo que se viene

Milei promete más ajuste: “todavía no vieron nada” amenazó. El ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, promulgan diariamente montones de pequeñas normas que todas, sin excepción, van contra el pueblo trabajador. Así, se liberalizó los intereses que pueden cobrar los bancos por tarjetas de crédito, se eliminó la devolución del IVA a quienes perciben jubilaciones y otros beneficios sociales (borrando de un plumazo 18.000 pesos a los que menos tienen), etcétera. Ya se habilitaron los aumentos de boletos de colectivos y trenes. Y, en lo inmediato, comenzarán los tarifazos en gas y electricidad.

Hay que parar este ajuste, ya mismo. Es una cuestión de vida o muerte. Por eso, mientras apoyamos todas las luchas que se están llevando adelante, participamos de los cacerolazos y todo tipo de protestas, tenemos que garantizar con todo el paro y movilización del próximo 24 de enero, al mismo tiempo que le exigimos a la CGT y las CTA que le den continuidad con un plan de lucha. Es la tarea de la hora.  

Es verdad que, a lo largo del gobierno peronista del Frente de Todos, se dio un fuerte ajuste que lo pagó el pueblo trabajador. Como también que la caída de salarios y jubilaciones viene de más atrás, incluyendo el gobierno de Macri. Pero no es cierto que ese “cambio” que muchos decían que se necesitaba, deba ser este plan motosierra, de guerra contra las y los trabajadores y jubilados. No es cierto que “hay que ajustarse hoy, para crecer mañana”, una afirmación que esconde que lo que se está efectuando es sacarle plata del bolsillo a los que menos tienen para llenar las arcas de las grandes empresas y los ricos.

Lo que se necesita es lo opuesto. Otro plan económico, sí, de emergencia, pero obrero y popular

La primera emergencia es aumentar inmediatamente todos los salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. Aumento que, con la inflación actual, debe ajustarse mensualmente.
Plata hay, y el primer lugar para obtenerla es dejar de pagar la deuda externa y romper el acuerdo con el FMI.
Otro lugar para obtenerla es a través de nuevos impuestos a las grandes fortunas y empresas.
La falta de dólares también puede resolverse si terminamos con la fuga de capitales, nacionalizando la banca y el comercio exterior.
A los tarifazos les oponemos la reestatización de los servicios públicos privatizados, para que pasen a ser gestionados por sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios.
Frente a la carestía y los abusos, planteamos el congelamiento de los precios de la canasta familiar y la puesta en ejecución de la ley de abastecimiento (la misma que Milei quiere derogar) para sancionar a los especuladores.
Hay otra alternativa, entonces. Que para ponerla en marcha requiere que gobiernen los que nunca lo hicieron, las y los trabajadores y la izquierda, en camino hacia una sociedad socialista.

Escribe José Castillo

En la “ley ómnibus” presentada por el presidente ultraderechista Javier Milei establece la privatización de un enorme listado de empresas y otros entes públicos.

La más importante, sin duda, es YPF. Se busca así entregar a manos de los grupos multinacionales del gas y el petróleo todos los yacimientos, tanto convencionales como no convencionales (que incluye Vaca Muerta, con todas las consecuencias ambientales que ello significa). Como la misma ley ómnibus autoriza la más absoluta liberalización de todo el negocio gasífero-petrolero, no teniéndose que hacer cargo del mercado interno, nos encontramos acá con la joya de la corona del saqueo.

También se privatizará Aerolíneas Argentinas, volviendo a liquidar, como sucedió en los ‘90, nuestra aerolínea de bandera, liberando el negocio de cabotaje a cualquiera, con las consecuencias que implica en términos de zonas que quedarán sin conexión y peligros a la seguridad de los usuarios (recordemos que, con un modelo similar, se dieron los terribles “accidentes” de LAPA y Austral en la década menemista).

Otro de los entes a privatizar es el Banco Nación y todas sus subsidiarias. La mayor entidad bancaria del país, la única en múltiples ciudades pequeñas y pueblos. Una cartera enorme de depósitos que busca ser capturada por grandes bancos nacionales o internacionales, utilizando luego ese dinero al servicio de la especulación y la fuga de capitales.

También se plantea privatizar Arsat, a la medida de los negocios de Elon Musk y Starlink, al igual que la privarización del Vehículo Espacial Nueva Generación. Otra entidad es Nucleoeléctrica Argentina, quien está a cargo nada menos que de las tres centrales atómicas argentinas: Atucha I, II y Embalse (¿abrimos el camino a un Chernobyl argentino?).

Una vez más, aparecen como privatizables todos los ferrocarriles: ya sabemos como termina eso, con una mayoría de cierre de ramales y una minoría de servicios precarios que pueden terminar en masacres como la de Once.

Otros organismos en el listado privatizador son la Administración General de Puertos (un regalo a los monopolios exportadores, al contrabando y al narcotráfico), Aysa (recordemos que en su momento se la estatizó luego del desastre que estaba ocasionando la empresa privada a la salud de los usuarios), el Bice (Banco de Inversión y Comercio Exterior); la Casa de la Moneda; Contenidos Públicos; Corredores Viales; Correo Argentino (la última vez dió lugar a la estafa del Grupo Macri); Coviara; Dioxitec; Educ.ar; Eana; Fábrica Argentina de Aviones; Fabricaciones Militares; el Polo Tecnológico (liquidando toda nuestra capacidad de investigación y desarrollo en ciencia y técnica); todo el conjunto de medios públicos (Radio y Televisión Argentina, varias radios y televisiones de universidades del interior, Télam), Yacimientos Carboníferos Fiscales, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio; Intea e Intercargo.

En síntesis, el gobierno de Milei planifica una entrega de nuestros recursos, riquezas y capacidades mucho más grande de la que hizo el menemismo. Significará centenares de miles de despidos, pueblos transformados en fantasmas por falta de conección o cierre de empresas claves, más contaminación, vaciamiento de recursos no renovables y un retroceso de décadas en cualquier posibilidad de desarrollo. El grito de “¡la patria no se vende!” ya empezó a unificar a los que luchan a esta entrega. En las calles la enfrentaremos. El paro y movilización del 24 será un primer paso. Luego habrá que seguir con un plan de lucha que lleve a voltear este proyecto privatizador.

Escribe José Castillo

El plan motosierra tiene claros perdedores: el pueblo trabajador, las y los asalariados, las y los jubilados, los que perciben planes sociales, el que vive de changas, en síntesis, la inmensa mayoría empobrecida de nuestro país. Del otro lado unos pocos ganadores: los grandes exportadores, los grupos monopólicos de la alimentación, los laboratorios, las empresas de medicina prepaga, los especuladores inmobiliarios,entre otros. Pero hay un ganador destacado: el FMI. Y, junto a él, los buitres y pulpos especuladores de la deuda.

Durante el mes de diciembre, a costa de la feroz devaluación realizada por el gobierno, que la pagó todo el pueblo trabajador con una inflación cercana al 30%, el Banco Central se hizo de 3.000 millones de dólares de reservas. Pero el total de ese dinero, y más aún (3.200 millones) fueron separados para los inminentes pagos de deuda externa.

En diciembre, mientras se decía que “no había plata”, se pidieron prestados más de 900 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento para pagar un vencimiento al FMI.

Ahora, en enero, hay que pagar 1.900 millones de dólares más al Fondo. Para eso, y para garantizar la continuidad de los pagos futuros, ha venido una delegación de ese organismo a nuestro país. Es que sólo en el primer cuatrimestre del año vencen más de 4.000 millones de dólares sólo con el FMI. A lo que hay que sumarle otros pagos de deuda externa, hasta alcanzar un monto de 17.000 millones de dólares en todo 2024.

El plan motosierra no es “ajustarnos hoy para estar mejor mañana”. Es simplemente, seguir alimentando la estafa infinita de los pagos de una deuda ilegal, inmoral, ilegítima e impagable. La salida es lo opuesto: romper con el FMI y dejar de pagar inmediatamente la deuda externa, para que esos recursos se pongan al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Guido Poletti

Desde el comienzo del gobierno de Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich arrancó con su línea de represión de la protesta social. Así, comenzó planteando la prohibición del corte de calles, pretendiendo que los manifestantes “caminen por las veredas”.

Por supuesto que la ministra tuvo su primera derrota cuando intentó impedir la marcha por el aniversario del 20 de diciembre, que se transformó en una expresión de repudio al gobierno de Milei. Bullrich trató de disimular su derrota haciendo un show en el Departamento Central de Policía, presentándose junto con el presidente Milei para “monitorear” el operativo de la marcha. Pero esa misma noche, Bullrich tuvo su segunda derrota, cuando miles salieron a la calle, a pesar del protocolo, para repudiarlo junto a todo el plan de ajuste.

Posteriormente, la ministra Bullrich volvió a montar una provocación en la desconcentración de la marcha de la CGT a Tribunales, con manifestantes, periodistas e incluso transeúntes ocasionales golpeados y detenidos.

Cuando se conoció la ley ómnibus, se llegó al colmo de la restricción a las libertades democráticas. Se plantea que cualquier manifestación pública de “más de tres personas” debe pedir autorización, que puede ser negada. Y que cualquier acto, protesta o manifestación (que pasaría a ser ilegal) sería responsabilidad de los “organizadores”, teniéndose por tales a cualquiera, incluso aquel que meramente comparta un llamado por una red social. Todo con penas de prisión efectiva y multas civiles y económicas.

Se trata de una violación absoluta a los derechos humanos y las libertades democráticas, inéditas desde 1983. Claramente violatorias de varios artículos de la constitución nacional.

El protocolo represivo de Bullrich y las medidas complementarias planteadas en la ley ómnibus no se encuentran aisladas del plan motosierra de Milei. Una cosa está estrechamente articulada con la otra. Porque el gobierno de La Libertad Avanza sabe perfectamente que el super-ajuste no pasa sin una feroz represión. Y para eso se preparan. Todas estas medidas están al servicio de fortalecer al aparato represivo y dotar de herramientas judiciales para criminalizar la protesta social.

Buscan, además, meter miedo amenazando con que “van a filmar a la gente y sacarle los planes”, o que “los van a ir a buscar a la casa”. El pueblo trabajador argentino ya derrotó a la dictadura militar, y a todos y cada uno de los intentos de impunidad a los genocidas. No dejó pasar, en todos estos años, ninguna de los crímenes cometidos por los distintos gobiernos patronales. Pasó con Teresa Rodríguez, con Carlos Fuentealba, con los caídos del 19 y 20 de diciembre de 2001, con Kosteki y Santillán, o con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Al protocolo de Bullrich, junto con el ajuste de Milei también lo derrotaremos en las calles.