Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista y candidata a senadora por el FIT-Unidad

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el peronismo (ahora bajo el nuevo nombre Fuerza Patria) intenta presentarse como el gran salvador frente al desastre económico y social del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, desde el FIT Unidad sostenemos que el peronismo no es ninguna solución: al contrario, es parte del problema.

En primer lugar, porque ya gobernó con Alberto Fernández, Cristina, Sergio Massa y la coalición Unión por la Patria. Al terminar su mandato, dejó una inflación del 200% y una pobreza del 42%. Su pésima gestión fue la que abrió la puerta a la ultraderecha para que llegara al gobierno. Milei, que tiene un pequeño bloque en el Congreso, pudo aprobar medidas de ajuste con el apoyo del PRO, de la UCR y de varios peronistas “con peluca”. Todavía está fresco el recuerdo del asado en Olivos, cuando el presidente homenajeó a los 83 diputados que votaron contra el aumento a las jubilaciones, ¡llamándolos héroes!

En segundo lugar, Milei llegó hasta acá porque tuvo cómplices dentro y fuera del Congreso. Más allá del poroteo parlamentario, lo central fue la complicidad de la burocracia sindical peronista (con la CGT a la cabeza) que se borró con la excusa de que “no había fuerzas” para convocar a un paro general. Prefirieron pactar con el presidente para mantener sus privilegios de burócratas en lugar de organizar un plan de lucha que frenara los despidos y defendiera aumentos de salarios y jubilaciones.

En ese sentido, las listas porteñas de Fuerza Patria no son la solución. A la cabeza está Itaí Hagman. Le sigue la exministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, defensora del proyecto neoliberal de Carlos Menem. También figura Santiago Roberto, ligado a Víctor Santa María (titular del Grupo Octubre), cuyos periodistas denuncian salarios de pobreza. En la Provincia de Buenos Aires, el vacunado VIP Jorge Taiana encabeza la lista, junto a dirigentes sindicales como Vanesa Siley (Judiciales), Sergio Palazzo (La Bancaria) y Hugo Yasky (CTA), quienes hicieron poco y nada para enfrentar la motosierra en las calles. También la integra Juan Grabois, dirigente de Patria Grande, que meses atrás se había manifestado en contra de las huelgas docentes.

Por último, más allá de los nombres, está el programa político del peronismo. Cuando gobernó, lo hizo al servicio de la entrega de nuestros bienes comunes: avaló la megaminería, impulsó Vaca Muerta con gravísimas consecuencias ambientales e incluso firmó contratos con la empresa israelí Mekorot, que le roba el agua al pueblo palestino y hoy gestiona parte de AYSA.

La deuda externa se paga con el hambre del pueblo

Hace pocos días, el gobernador bonaerense Axel Kicillof declaró en una entrevista con Clarín que era “infantil” desconocer la deuda externa (incluso la de Mauricio Macri y Luis Caputo) y que su propuesta es negociar con los organismos usureros cómo pagarla. La misma línea que sostuvo Cristina Fernández de Kirchner cuando se autodefinió como “pagadora serial”.

Desde el FIT Unidad decimos otra cosa: no se trata de una deuda legítima entre pares, sino de una verdadera estafa al servicio de los organismos multinacionales usureros que ganan siempre. Es ilegal, ilegítima e impagable. Por eso, no pagar no es infantil, sino un acto de soberanía. Es la única salida para que el pueblo trabajador (golpeado por todos los gobiernos y sus planes de ajuste) pueda tener educación, salud, vivienda y salarios dignos.

El próximo 26 de octubre es clave que votes para que haya más diputadas y diputados del FIT Unidad en el Congreso. Somos quienes enfrentamos a Milei desde las bancas y en las calles, junto al sindicalismo combativo: todos los miércoles con las jubiladas y los jubilados, con las y los trabajadores del Hospital Garrahan, con las universidades y con quienes lograron imponer la emergencia en discapacidad.

Para fortalecer estas luchas y evitar que vuelvan los mismos de siempre (los que se acomodan y terminan tranzando), necesitamos tu voto para una alternativa distinta: la del FIT Unidad, que propone romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa y que gobiernen, por fin, quienes nunca gobernaron: el pueblo trabajador y la izquierda.

Escribe Liliana Olivero, primera candidata a diputada nacional Córdoba por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y actual candidato a diputado por el frente Provincias Unidas, reaparece en la escena electoral rumbo a los comicios del 26 de octubre. Después de haber garantizado la gobernabilidad de Javier Milei junto al actual gobernador Martín Llaryora (prestando funcionarios y votando a favor de la Ley Bases), ahora, ante el derrumbe de La Libertad Avanza (LLA) y la necesidad de disputar el electorado cordobés que ambos sectores comparten, busca reacomodarse y presentarse como crítico y opositor, intentando instalarse como una “tercera vía” entre el peronismo nacional y la ultraderecha de LLA.

Más allá de su discurso, la realidad cordobesa y sus propias propuestas revelan el acuerdo que mantiene con la política de Milei y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Schiaretti critica al presidente diciendo que “no podemos seguir cortando clavos para llegar a fin de mes”, cuando en Córdoba la pobreza supera el 35% y los aumentos salariales se aplican por debajo de la inflación. Lo mismo sucede con las y los jubilados: en plena pandemia, y bajo su propio gobierno, se implementó la Ley 10.694 (aprobada con el voto de Natalia de la Sota), que recortó fuertemente las jubilaciones, dejando la mínima en 700 mil pesos. Una cifra que los mantiene en la indigencia y contra la cual pelean cada miércoles en las rondas de protesta.

Al mismo tiempo, Schiaretti propone una reforma impositiva que, al igual que la de Milei, beneficia a las grandes patronales y al sector agroexportador, con medidas como la eliminación de las retenciones, mientras el pueblo trabajador se empobrece cada vez más. Habla de impulsar “un proyecto federal, de producción y de trabajo”, pero la actividad industrial provincial acumula una caída que la llevó a sus niveles más bajos desde 2007. El empleo industrial registrado retrocedió un 4,2% a fines de 2024, a la par que aumentó la precarización laboral. En simultáneo, avanzan los despidos, como en Coca-Cola, y el cierre de empresas como la Petroquímica Río Tercero, consecuencia de la liberación de las importaciones, acordada por los diputados que hoy integran Provincias Unidas.

Tanto él como Martín Llaryora y el frente Provincias Unidas promueven la misma política de ajuste que el gobierno nacional, centrada en la eliminación del déficit fiscal mediante recortes a los sectores más vulnerables, mientras se siguen garantizando las ganancias de los más poderosos. La única diferencia es un discurso menos agresivo. Él mismo lo reconoce: “Todos nuestros gobernadores tienen equilibrio fiscal, pero no hecho a los hachazos como el del Gobierno nacional”.

Ante el derrumbe del gobierno nacional, Schiaretti y su armado de gobernadores intentan construir una alternativa de recambio burgués de centroderecha, que continúe con el ajuste y las reformas que recortan derechos, tal como exige el FMI, pero con un tono político más moderado. Sin embargo, no existen diferencias de fondo con el plan económico del Gobierno nacional y del organismo internacional.

Por eso sostenemos que Milei no va más, pero el cambio no puede ser volver a quienes ya gobernaron, como el peronismo nacional o provincial. La única alternativa real que plantea una salida a la situación crítica que padecen las y los trabajadores, las mujeres, las disidencias y la juventud, es la que propone el Frente de Izquierda, tanto en las calles como en las elecciones. Para fortalecer la lucha contra el plan motosierra, los gobernadores y el FMI, necesitamos más diputados y diputadas del FIT Unidad.

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista y secretaria Federación Universitaria Argentina

En la sesión del 17 de septiembre logramos quórum contra el veto. El 2 de octubre la pelea sigue en el Senado y luego por su implementación.

La Tercera Marcha Federal, junto al Hospital Garrahan y otros sectores en lucha fue fundamental para golpear al gobierno de Javier Milei y tirar abajo el veto a la Ley de Presupuesto Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica en la Cámara de Diputados. Fue con un gobierno debilitado tras los escándalos de corrupción, el descalabro de su plan económico y la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires. A los pocos días de su derrota, el presidente ratificó su rumbo político y económico contra la educación y la salud pública enviando el veto a estas leyes que cuentan con un gran apoyo popular.

Ante el veto, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la mesa sindical de gremios docentes y no docentes, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores, convocaron a la Tercera Marcha Federal, después de meses de mantener planchada la lucha en defensa de las educación. 

Desde la Juventud de Izquierda Socialista dimos una batalla importante, junto a sectores combativos de docentes y nodocentes, para lograr una marcha masiva y unitaria con todos los espacios dispuestos a enfrentar al gobierno. Propusimos impulsar asambleas interclaustros, ocupaciones de universidades, clases públicas, ruidazos y cortes, todas instancias fundamentales para que el movimiento estudiantil sea protagonista de esta lucha histórica.

Esta marcha ratificó la voluntad de salir a luchar, con convocatorias importantes en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y otras ciudades del país. La jornada culminó con una movilización masiva frente al Congreso, donde miles celebraron en las calles mientras se confirmaba que los vetos cayeran en Diputados.

Todavía falta el rechazo del Senado. Por eso, no podemos volver a la normalidad. Es necesario profundizar el plan de lucha, con asambleas y diferentes acciones, para preparar otra gran movilización junto al Garrahan el 2 de octubre, cuando el Senado sesione.

Alertamos que el radicalismo y el peronismo no están convocando a instancias de discusión ni organizando la lucha en las calles. Están en sintonía con la burocracia sindical de la CGT y las CTAs, que no convocaron a un paro general el 17 de septiembre y, pese a la debilidad del gobierno, siguen sin plantear un plan de lucha. Su objetivo es que la bronca popular se canalice exclusivamente por la vía electoral de cara a las elecciones de octubre, evitando que estalle una rebelión como las tomas universitarias del año pasado.

Debemos redoblar la lucha, no solo porque necesitamos que el veto sea rechazado por completo, sino también por lo que vendrá después. Esta semana quedó demostrado: cuando se cayó el veto a la Ley de Discapacidad, el gobierno declaró que “no había plata” para implementarla. Para el presidente y su gabinete corrupto y estafador, sólo hay recursos para “el 3% de Karina”, para reprimir a jubilados y para pagarle al FMI. Hay que lograr que el veto caiga y profundizar el plan de lucha para garantizar su implementación.

La pelea en defensa de la universidad pública seguirá hasta conquistar salarios dignos para docentes y no docentes, becas estudiantiles, un boleto educativo nacional y el presupuesto necesario para ciencia y tecnología. También contra todas las reformas que buscan mercantilizar nuestro futuro, como la Ley de Educación Superior y el Sistema de Créditos Universitarios. ¡Por una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo!

Escribe Rodolfo Sánchez, Investigador del CNEA-Conicet y referente de Izquierda Socialista Bariloche

El gobierno de Javier Milei intenta iniciar el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). El Estado nacional conservará el 51% del capital y pondrá a la venta el 44% de las acciones, con un 5% bajo el Programa de Propiedad Participada.

Demián Reidel, presidente de NASA, en febrero presentó su Plan Nuclear: el parate de proyectos en marcha como el Carem (reactor modular 100% argentino), la entrega de bienes a privados y el vaciamiento del Estado. NASA cuenta con 3.100 empleados y es propiedad del Ministerio de Economía (79%), la CNEA (20%) y Enarsa (1%). Administra y opera las centrales nucleares de Atucha I y Atucha II, en la localidad de Lima, y Embalse, en Río Tercero. También se encarga de la generación y comercialización mayorista de energía eléctrica nuclear, así como de la gestión de proyectos. NASA fue responsable de los trabajos para la extensión de vida de la Central Embalse, realizados con personal técnico y profesional propio.

La empresa controla el 4,1% de la capacidad bruta de potencia instalada del país (1.763 MW) y genera el 7,35% de la energía del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), red eléctrica de alta tensión que interconecta las distintas regiones de Argentina con más de 20 mil km de extensión. Es una de las estatales que generan ganancias.

Argentina es uno de los pocos países en el mundo que completó el ciclo nuclear: formación de recursos altamente especializados, producción de energía eléctrica y combustibles para centrales, fabricación de agua pesada como moderador, desarrollo de capacidades como el enriquecimiento de uranio, construcción y exportación de reactores, y puesta en marcha de centros especializados en medicina nuclear destinados al tratamiento de distintos tipos de cáncer.

Tras los anuncios de la privatización, los trabajadores del sector se movilizaron coordinadamente en todas las sedes de NASA y de la CNEA, exigiendo una urgente recomposición salarial. Las categorías más bajas en la CNEA están apenas por encima de la línea de indigencia, mientras que las categorías intermedias apenas alcanzan los valores de la canasta familiar. Debido al congelamiento de ingresos, existe un número importante de trabajadores precarizados (becarios y contratados) que exigen el pase a planta permanente.

El escaso presupuesto para el funcionamiento, situación que afecta a todo el sistema científico y tecnológico y a las universidades públicas, gravemente golpeadas por la política de ajuste del gobierno. Los bajos salarios y el congelamiento presupuestario provocan el éxodo de profesionales y personal capacitado, así como el deterioro del funcionamiento. ¡No al vaciamiento, no a la privatización, no a la entrega!

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Milei y su ministro Caputo viven su peor momento. Un gobierno en crisis, ve como vuelan el dólar y se le diluyen las reservas. Una vez más, está sobre la mesa quién pagará la crisis: si el pueblo trabajador o los que se están beneficiando con ella. 

No alcanzan los adjetivos. Desastre, caos económico, corrida cambiaria. “Esquema cambiario bajo estrés” titulaba el viernes 19 a la tarde, tras el cierre de los mercados, el hasta ayer oficialista La Nación+. La periodista Cristina Pérez, que conducía el programa arrancó  diciendo: “este título se queda corto”. 

El viernes 19 por la tarde, el dólar cerró a 1.575 pesos, bien por encima de la banda cambiaria establecida en su momento con el FMI. Recapitulemos, en los días previos el gobierno ya venía vendiendo dólares “de callado” y haciendo todo tipo de maniobras. La semana pasada reconoció que estaba entregando dólares del tesoro. Pero desde el miércoles 17, ya abiertamente, el Banco Central empezó a liquidar públicamente los dólares de las reservas, los mismos que había entregado el FMI con el compromiso de que no se usarían para esto, ya que tenían como destino el pago de los próximos vencimientos de deuda externa, en particular el de enero próximo, de 4.600 millones de dólares. La progresión fue geométrica, el jueves 18 vendió 379 millones, pero el viernes 19 tuvo que hacerlo por el doble: 678 millones. En sólo tres días se desprendieron más de 1.100 millones de dólares. Y así y todo no están pudiendo contener la corrida especulativa. Mientras tanto, el riesgo país voló por encima de los 1.500 puntos, el Merval (índice de la Bolsa de Valores de Buenos Aires) se fue a pique, tanto en acciones como en bonos. Por supuesto, hierven las especulaciones financieras, con algunos buitres que ya se acomodan ganando millones. 

El ministro Luis “Toto” Caputo volvió a decir en su medio favorito (el canal de streaming Carajo, del Gordo Dan, lo que ya es todo un símbolo de la seriedad del propio funcionario): “Vamos a vender hasta el último dólar”. Los buitres especuladores y las consultoras que asesoran a las grandes empresas lo escuchan y se preguntan: “¿y después qué?”, o “¿cuánto tiempo se pueden seguir vendiendo reservas de esta manera?”.

Scott Bessent: la nueva carta de Milei

Decenas de economistas del establishment hacen cola en los medios para pegarle al gobierno, al ministro Luis “Toto” Caputo en particular. La ola de rumores, que salían del seno de las propias patronales y sus cámaras empresarias, iban y venían, incluyendo supuestas “salidas” del ministro.

El viernes 19 por la tarde en Córdoba, Milei buscó calmar la situación diciendo “estamos muy avanzados”, refiriéndose a un hipotético préstamo de emergencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Algunos hablan de un swap de monedas (parecido al préstamo de China). Préstamo que ni siquiera está confirmado, ya que había sido mencionado como posible por el secretario del Tesoro yanqui, Scott Bessent, en abril pasado. Pero, por ahora, nadie más volvió a hablar del tema en los Estados Unidos. Recordemos que Milei en casi dos años ni siquiera logró una reunión formal con Trump. 

¿Quién va a pagar este estropicio? 

Milei lleva casi dos años ajustando salvajemente al pueblo trabajador. Pulverizaron salarios y jubilaciones, se perdieron centenares de puestos de trabajo, se está reventando la educación y la salud pública, se cerraron decenas de organismos públicos, se dejó en la intemperie a más de cien mil personas con discapacidad, se está produciendo una virtual liquidación de la investigación en Ciencia y Técnica. Es la famosa “motosierra” de la que se jacta el presidente. Acompañado por la más fenomenal corrupción, enquistada en el propio corazón del gobierno con Karina Milei. Todo con el objetivo de cumplir con las exigencias del FMI y garantizar los pagos a los buitres acreedores. 

Ahora, aquel a quien Milei llamaba “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”, junto con el propio presidente, que se auto postuló para el premio Nobel de Economía, chocaron la calesita. En medio de sus derrotas políticas, la de las elecciones de provincia de Buenos Aires, y la caída de los vetos, de las multitudinarias movilizaciones y de la bronca popular creciente, están vendiendo los mismísimos dólares que deberían estar reservados para los buitres acreedores. Algo insostenible, que hace que muchos especuladores hoy los abandonen.

Por supuesto, más allá de cómo sea el desenlace de esta crisis aguda, es obvio que las patronales, el establishment financiero y el FMI tratarán de que la pague, una vez más, el pueblo trabajador, con más ajuste, miseria, hambre y marginación. 

Por supuesto que, ante este escenario, hoy más que nunca, hay que seguir en la calle, siguiendo el ejemplo de la multitudinaria Marcha Federal del miércoles 17. Y redoblar la lucha, exigiendo a la burocracia de la CGT que rompa su ya escandaloso pacto con el gobierno y llame a un nuevo paro general, de 36 horas y un plan de lucha para derrotar el plan motosierra de Milei y el FMI.

A nadie se le escapa que una parte importante de esta coyuntura se define políticamente el 26 de octubre. Por eso la pelea es en las calles, pero también en las elecciones. 

Es fundamental debatir cuál es la salida. El peronismo no es solución. El propio Axel Kicillof dijo en estos días que considera “infantil” romper con el FMI. ¡Cuándo de eso se trata, justamente! Por eso hay que apoyar, fortalecer y votar en octubre al Frente de Izquierda Unidad, para que haya más diputadas y diputados de la única fuerza que plantea un auténtico programa alternativo obrero y popular que empieza por romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa, para que esa plata vaya a las urgentes necesidades populares.