Escribe José Castillo

El ministro de Hacienda Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central Guido Sandleris han establecido el “super-cepo” que impide comprar más de 200 dólares por mes. Ya rascando el fondo de la olla de las reservas, los funcionarios insisten en que “no hay dólares para nadie”.

Pero mientras tanto lo poco que queda se utilizará para seguir cumpliendo con los vencimientos de deuda. La semana pasada se pagaron 350 millones de dólares del cupón de renta del Bonar 24. Pero esto no es todo: esta semana vencen otros 321 millones de dólares de las letras “reperfiladas” por Lacunza semanas atrás y unos 16.000 millones de pesos en bonos del tesoro (Bontes). Sumando todo hasta el final del mandato de Macri, se abonarán nuevos vencimientos por 2.500 millones de dólares. Como se ve, el macrismo se va poniéndoles plata en los bolsillos a los pulpos acreedores hasta el último día.

Escribe José Castillo

No es un mecanismo nuevo. El kirchnerismo supo abusar de este recurso. Ante el hecho de que no existe nadie en el mundo que hoy le presta a la Argentina, y que el propio FMI no entregó los 5.000 millones de dólares pautados como cuota en el acuerdo firmado el año pasado, el gobierno de Macri recurrió a meter la mano en el bolsillo a los jubilados. En concreto, “le encajó” un dos letras (una en pesos y otra en dólares) al Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS) del Anses, por un monto de 11.000 millones de pesos (126 millones de dólares).

Es un secreto a voces que el próximo gobierno, ante la imposibilidad concreta de poner cumplir con los pagos de los vencimientos de deuda, lo primero que “reperfilará” compulsivamente será la que se denomina cínicamente deuda “intra-sector público”. En concreto, le hará el “pagadiós” a los jubilados que verán como, una vez más, el FGS es usado para cualquier cosa menos para su verdadero fin: ayudar a que se paguen pensiones dignas. Una verdadera vergüenza.

El viernes pasado se realizó un plenario de secretarios generales de la CGT, que recibió la visita de Alberto Fernández. El presidente electo les prometió que “la CGT va a ser parte del gobierno”. En realidad, la reunión se hizo para asegurar que la burocracia sindical cegetista será oficialista, garantizando vía el pacto social que la clase trabajadora no salga a pelear por la recuperación de sus salarios.

Escribe Guido Poletti

La “foto” fue en el tradicional salón Felipe Vallese del edificio de la CGT. Allí se hicieron presentes prácticamente la totalidad de los dirigentes sindicales de los distintos gremios que componen la central obrera. Estuvieron los dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto a Hugo Moyano (camioneros), Antonio Caló (metalúrgicos), Sergio Sassia (Unión Ferroviaria), Omar Maturano (La Fraternidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Ramón Ayala (Uatre), Sergio Palazzo (bancarios), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (comercio), Roberto Fernández (UTA), y Amadeo Genta (municipales), entre otros. Salvo el sector de Luis Barrionuevo, todas los otros agrupamientos en que se encuentra dividida la burocracia sindical se hicieron presentes. Era la primera vez que Alberto Fernández pisaba el edificio de la CGT. La reunión, de hecho, no fue ningún “plenario obrero” para discutir nada. Apenas si se permitieron dos discursos introductorios de Daer y Acuña, para pasar enseguida a escuchar a Alberto Fernández.

Ahí el presidente electo formuló la frase de que “la CGT va a ser parte del gobierno”. ¿A qué se estaba refiriendo exactamente? Por supuesto no a que quiénes van a gobernar serán los trabajadores. Pero tampoco se planteó resolver ninguno de los problemas acuciantes que hoy aquejan a nuestra clase. No se habló de dar un aumento de emergencia a salarios y jubilaciones para recuperar lo perdido por la inflación. Tampoco de prohibir suspensiones y despidos. Mucho menos de retrotraer los tarifazos. Entonces, además de agradecer a “Cristina Kirchner, que hizo posible la unidad del peronismo para ganar”, ¿a qué se refirió en concreto Alberto Fernández?

¿Para qué sirve el pacto social?

El presidente electo dijo: “En este edificio vivieron grandes hombres del sindicalismo. Saúl Ubaldini tenía acá un lugar donde vivir. Y un enorme dirigente que tuvo la CGT, que se llamó José Ignacio Rucci. Gran motor de la vuelta de Perón a la Argentina y de la llegada de Perón al gobierno nuevamente. Acá fue donde Perón llamó a un pacto social”. Es que este es el caballito de batalla de Fernández. El gran eje de su política, que supuestamente resolvería todo, es el llamado a un nuevo pacto social. Y acá está el lugar destinado a la burocracia sindical que se hizo presente masivamente en la reunión.

Se trata de juntar a la dirigencia sindical con los empresarios (para esto Fernández ya tiene comprometida a la UIA), sumar a los movimientos sociales afines, todo bendecido por la Iglesia Católica. En esa reunión se negociaría algún “congelamiento” de precios y salarios. En concreto, los empresarios, que por eso se están adelantando y aumentando todo en estos días, garantizarían que durante un plazo determinado habría una canasta de bienes que se mantendrían sin aumentar. A cambio de eso, los trabajadores también deberían comprometerse por idéntico plazo a “congelar” sus salarios. Esto quiere decir a no salir a pelear aumentos en paritarias ni, mucho menos, pedir recomposiciones por el más de 25% del poder adquisitivo perdido en estos años. Por supuesto que todo eso será dibujado con algún aumento por única vez, bono, o pago a cuenta, que no cubrirá ni de lejos lo perdido.

A la burocracia sindical, presente el viernes en la CGT, le tocará un rol fundamental: ser los firmantes del pacto “en nombre de la clase trabajadora” y los garantes de que la base no se desborde reclamando nada por fuera del acuerdo.

Qué rol jugará la burocracia en dicha negociación ya la podemos imaginar por adelantado a partir de las propias declaraciones de sus miembros más importantes. Desde un Yasky diciendo que “le parecía bien” que se congelaran los salarios, pasando por un Daer que sostuvo que bajo ningún concepto se pediría un 35%, un Andrés Rodríguez que afirma que ni siquiera pedirá un bono de fin de año o un Caló que explica que “si le dieron tregua a Macri, cómo no lo van a hacer con Alberto Fernández”. Ninguno, como vemos, es garantía alguna de que van a defender los intereses de los trabajadores.

No fue casual la mención de Alberto Fernández a Rucci y el pacto social de 1973. Es que ese acuerdo es mostrado como el gran “ejemplo” a seguir. Vale recordar cómo terminó dicho pacto: tras dos años donde los trabajadores fueron perdiendo sistemáticamente el poder adquisitivo de sus salarios, todo terminó estallando en el “Rodrigazo” de 1975.

El pacto social no es, entonces, ninguna salida para los problemas más urgentes de la clase trabajadora. Por el contrario, se puede convertir en una trampa. Desde el sindicalismo combativo y la izquierda planteamos que tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, consultar y debatir con los compañeros en cada lugar de trabajo, llamar a asambleas, sacar pronunciamientos de los cuerpos de delegados, apuntando a un único objetivo: que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino quienes la provocaron, las patronales, los banqueros y los acreedores de la deuda externa.

-¿Qué opinás del Pacto Social que se viene planteando?

Es una trampa. Los que vamos a perder, una vez más, somos los trabajadores. Fijate que la transición la están utilizando para meternos todos los aumentos que pueden. Es una auténtica guerra contra los trabajadores y la clase media. El laburante ya perdió un 20% este año. Y la CGT mira para otro lado, como si no tuvieran nada que ver. Si ahora dejan pasar esto, sin reclamar nada, ¿qué van a hacer cuando se sienten con los empresarios en la mesa del Pacto? ¡Está todo servido para que nos cocinen!

Con estos dirigentes no sólo no vamos a recuperar lo perdido, sino que el año que viene vamos a terminar perdiendo más todavía. Supuestamente se van a congelar los precios y los salarios. Ya sabemos cómo termina esto: lo único que va a quedar “congelado” va a ser el salario. Van a usar el pacto y a los burócratas para tratar de que no pidamos recomposición salarial y, de ser posible, que ni se reabran las paritarias.

-La CGT se reunió con Alberto Fernández en un plenario de secretarios generales

¿Viste la escena? La mayoría son los responsables de haberle dado tregua al gobierno estos cuatro años, sino Macri no hubiera llegado hasta acá. Es que el sindicalismo actual, o sea la “foto” que vimos en la CGT con Fernández, no representa a los trabajadores. Lo que sí les interesa es controlar a los trabajadores, para que no salgan a pelear. Son siempre “oficialistas”, y en realidad representan a sus propios intereses. Ahora su máximo objetivo es encolumnar a todo los sindicatos detrás del apoyo a Alberto Fernández. Para garantizarle “estabilidad”, en vez de pensar en las más urgentes necesidades que tenemos los trabajadores.

-¿Cuál es la salida entonces?

Vamos a tener que salir de nuevo a luchar. Como hicimos con el gobierno de Macri. Por algo el Sarmiento fue la única línea que no tuvo despidos en estos cuatro años. Es que hacemos lo que hicimos siempre: organizarnos para eso desde abajo. Escuchando a la base. Sacando mandatos de los delegados. Haciendo asambleas para consultar a los compañeros y respetando lo que se decide en ellas. Y, además, apoyar y coordinar todas las luchas que se dan, no importa en el gremio que sea. Este es el método que venimos desarrollando desde el sindicalismo combativo. Y que, desde el Plenario de Lanús de ya hace un par de años, apostamos modestamente a construir un espacio de referencia para toda la clase trabajadora. Es que, de últimas, se trata de pelear por una nueva dirección democrática y combativa.

El pasado lunes 10 de noviembre se realizaron en el país diversas movilizaciones y actos repudiando el golpe en Bolivia que significó la salida anticipada de Evo Morales y todo su gabinete. En Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Neuquén, Bariloche, Rosario, Jujuy, Mendoza, Córdoba, donde participaron Liliana Olivero y Ezequiel Peressini, y otras ciudades, fueron miles los que salieron a expresar su rechazo al golpe consumado el domingo por la derecha encabezada por Luis Camacho, representante de la oligarquía de la región de Santa Cruz y el ex-candidato Carlos Mesa, junto a oficiales del ejército boliviano y sectores de la policía.

En Buenos Aires, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto con organizaciones sociales y políticas, de derechos humanos, sindicatos, componentes de la colectividad boliviana en el país y de los pueblos originarios, se concentraron en el Obelisco para marchar al Consulado de Bolivia para rechazar el golpe.

Fue una enorme y colorida columna vestida con las banderas de Bolivia y la whipala de los pueblos andinos, que con varias cuadras se nutrió con la presencia de delegaciones de ATE, CTA, Suteba, Ademys, Sipreba, AGD, ferroviarios, camioneros, estatales, estudiantes, mujeres y movimientos piqueteros, que entre tantos otros, expresaron en las calles céntricas el apoyo y la solidaridad al pueblo boliviano.

Izquierda Socialista estuvo presente junto a los legisladores Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer y Mercedes Trimarchi. Schlotthauer señaló el carácter “xenófobo, racista y fascista del golpe” y explicó: “no estamos acá por un hombre o un nombre, sino por el pueblo boliviano y su agenda de octubre que es nuestra bandera, que es lo que queda pendiente y por lo que queremos seguir peleando”. A su turno Mercedes Trimarchi remarcó: “la movilización en repudio al golpe de la derecha y los militares” haciendo llegar el saludo de Izquierda Socialista e Isadora al pueblo boliviano.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad seguiremos acompañando al combativo pueblo boliviano, un pueblo con una interminable historia de lucha, llamando a los trabajadores, las mujeres y la juventud de Argentina y Latinoamérica a repudiar el avance de la derecha racista y los militares, replicando y sumándonos a todas las acciones de solidaridad que se realicen en su apoyo.