Siempre, los gobiernos justifican los aumentos de combustibles por el aumento del precio del petróleo a nivel mundial. Sin embargo, cuando el precio del crudo baja, como acontece en estos momentos, los combustibles no acompañan esa oscilación. Conclusión: las petroleras siempre ganan y los consumidores nunca se benefician. Hay que cambiar esta lógica.

Escribe Adolfo Santos

Sin dudas, en política petrolera existe una continuidad entre los gobiernos de Kirchner, Macri y ahora de Alberto Fernández. Todos ellos se han subordinado a los intereses de las multinacionales del petróleo. Inclusive los que presentaron el proyecto: “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, de expropiación de YPF, y acabaron pagando a Repsol más de lo que valía la empresa.

Gobierno tras gobierno, la historia se repite. Siempre ganan las petroleras. Ahora que el precio mundial del petróleo está por el piso, en vez de bajar los combustibles y así reducir los costos de fletes para dar un alivio al bolsillo del pueblo trabajador, el debate en el gobierno es con cuanto subsidiar a las petroleras “para que no pierdan”. Como dijo Darío Martínez, diputado  del Frente de Todos por Neuquén: “hay que buscar urgente un precio (por encima del costo mundial) para el ´barril criollo´”. O sea la preocupación no es bajar los precios de los combustibles para favorecer a los más vulnerables, sino subsidiar a las multinacionales y a YPF para mantener sus ganancias. Claro que eso lo pagarán los consumidores cuando lleguen al surtidor.

Con Vaca Muerta, el megayacimiento de gas y petróleo, algunos querían hacernos creer que se resolverían todos los problemas. Según especialistas, tiene reservas de gas por 200 años y de petróleo para varias décadas. Las patronales y los gobiernos se relamían con esa riqueza enterrada a miles de metros de profundidad. Pero una vez más, esa riqueza, no estaría al servicio del pueblo trabajador. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se impulsó un acuerdo con la multinacional Chevron en condiciones de entrega total. El convenio firmado tiene cláusulas secretas, sobre todo en lo concerniente a la repatriación de capitales sin condiciones y a la responsabilidad del gobierno de garantizar las ganancias en caso de caída de los precios, superando los precios internacionales.

El gobierno de Macri le dio continuidad a ese proceso. Firmó una nueva “adenda Petrolera” que consistió en un acuerdo con el sindicato dirigido por el burócrata Guillermo Pereyra del Movimiento Popular Neuquino (MPN) por entonces senador nacional, con el respaldo del gobierno provincial y las multinacionales en el que se impuso la más brutal flexibilización laboral. Se perdieron numerosas conquistas obreras a cambio de, supuestamente, garantizar puestos de trabajo. La producción pegó un salto, principalmente en gas, pero a un alto costo humano, ya  que ocho obreros perdieron la vida desde esa fecha hasta ahora por los ritmos y condiciones de trabajo. Una vez más, ganaban las petroleras y perdían los trabajadores.
En 2017, cuando el precio internacional del gas era de 3,80 dólares por millón de BTU, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, decidió entregar subsidios a las empresas que hicieran inversiones con el sistema de fracking, la explotación no convencional de gas y petróleo, con graves impactos ambientales. Esa resolución, estableció el precio del gas en 7,50 dólares por millón de BTU para luego caer a 7 en 2019, 6,50 en 2020 y 6 dólares en 2021. Un subsidio extraordinario para garantizar las ganancias de las grandes empresas petroleras y gasíferas. A pesar de esos subsidios, 1.800 de los 20.000 obreros petroleros, fueron enviados a sus casas con reducción salarial.

El gobierno de Alberto Fernández no actúa diferente.  De entrada, mientras le sacaba 100.000 millones de pesos a los jubilados, rebajaba del 12 al 8% las retenciones a la actividad petrolera y prometía una serie de beneficios a las multinacionales. Era una clara señal para que inviertan sabiendo que tendrían sus lucros asegurados. Sin embargo, el coronavirus le puede complicar las cosas al gobierno. La pandemia ha generado una caída mundial del precio del petróleo y Vaca Muerta se hace inviable si no es con fuertes subsidios del estado.

Esta situación nos coloca ante una tarea importante: exigir la rebaja de los combustibles e impedir que el gobierno continúe subsidiando las transnacionales del sector (Chevron, Shell, Total, Pan American Energy, Tecnopetrol y otras) y destine ese dinero para la emergencia que estamos viviendo. Mientras tanto, desde Izquierda Socialista y el FIT, continuaremos luchando por retomar el control de las riquezas del subsuelo para colocarlas al servicio de la población trabajadora. Por una YPF 100% estatal dirigida por sus trabajadores y técnicos que tomen en sus manos toda la exploración, producción y comercialización del petróleo.

Conversamos con Montserrat “Tata” Gayone, docente y activista en la lucha por la defensa del ambiente en Bahía Blanca. Desde la CTA se ha sumado a la organización de la Primera Marcha Plurinacional por el agua para los pueblos.

-¿Cuáles son los reclamos en Bahía Blanca en relación al problema del agua?

-Desde hace décadas hay escasez  de agua potable y no llega a los hogares, las escuelas y hospitales en condiciones de salubridad. El mantenimiento de las redes está tercerizado y casi no se ha extendido el servicio a los nuevos barrios. La última obra realizada, el Dique Paso de las Piedras, se hizo hace 50 años. En ese período la población creció de 160.000 a 301.000 habitantes. Lo grave, es que las plantas del Polo Petroquímico, que usan el agua como refrigerante,  tienen prioridad para el abastecimiento. La privatización del Puerto de Ingeniero White, el ferrocarril, la concesión de tierras para la ampliación del parque industrial, la extensión del dragado  y los nuevos muelles, ha puesto en peligro también al estuario de Bahía Blanca y las especies que crecen y se reproducen en el humedal.

Los cortes de ruta y del acceso al puerto por parte del pueblo de Ingeniero White ante los escapes de Cloro (Solvay Indupa) y Amoníaco (Profertil) en agosto del 2000, la protesta de los Pescadores Artesanales, por causa de la contaminación y la pueblada de General Cerri  la instalación de nuevos muelles son los hitos más importantes de las últimas dos décadas, en defensa del agua, el aire, la tierra  y la vida y contra la depredación del modelo extractivista apoyada por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

-¿Qué más nos podés contar de esta lucha?

-Las organizaciones de La Marcha Plurinacional por el agua para los pueblos, con la participación de movimientos ambientalistas, comunidades originarias y jóvenes contra el cambio climático, entre otros, nos ha posibilitado romper  con el cerco provincial y nacional. Los ríos, los acuíferos y glaciares, no son provinciales, como establece hoy la ley, sino continentales. Y nos unimos para defenderlos sumando experiencias de lucha, compartiendo la información que los gobiernos y la prensa oficial ocultan, socializando conocimientos ancestrales que han sido silenciados por las sucesivas oleadas colonizadoras. Si bien finalmente la marcha no va a realizarse en la CABA por la pandemia del coronavirus, el 22 M estaremos haciendo pública en todo el país la denuncia  al saqueo y la contaminación y  difundiendo  las voces de las víctimas del sistema  a través de los medios y redes sociales en cada localidad. Los invitamos a sumarse.

El coronavirus ya llegó a la Argentina. Se suma al dengue para poner al desnudo la crisis sanitaria provocada por años de ajustes llevados adelante por todos los gobiernos. Ante la emergencia, se impone la medida más importante: dejar de pagar inmediatamente la deuda externa

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El coronavirus se suma a los males del pueblo trabajador como la inflación, los despidos y los salarios de pobreza. El gobierno de Alberto Fernández pasó de minimizar la pandemia a improvisar medidas de emergencia. Pese a que hace meses el virus está causando muertes en el mundo, el ministro de salud Ginés González García dijo que “no esperaba que llegara tan rápido”.
El gobierno cerró las fronteras, canceló eventos públicos y ahora suspendió por quince días las clases. Lo hizo por presión de los docentes, ya que en muchos establecimientos escolares no hay lavandina, alcohol en gel, jabón, ni toallas, los baños son deplorables y los pastos están sin cortar.

Se esperan otras medidas, pero millones siguen siendo obligados a ir a trabajar viajando en transporte público y exponiendose al contagio. Y hay preocupación en que no se respeten los puestos de trabajo y los salarios de quienes tengan que someterse a una cuarentena. En enero ya hubo 40.000 nuevos despidos y siguen las suspensiones.
El presidente dice que “es mejor tomar decisiones extremas a arrepentirse después”. Pero solo destinó 20 millones de dólares para la emergencia mientras Kicillof pagó de contado 250 millones de dólares por una deuda usurera. ¡Es mentira que este gobierno prioriza a los más vulnerables! Fernández ya le había sacado impuestos a las petroleras, mineras y a los bancos mientras les recortó 100.000 millones de pesos a los jubilados. Y se dispone a renegociar una deuda millonaria contraída por Macri y el FMI. Desde el Frente de Izquierda peleamos por lo opuesto: para que se deje de pagar ya esa deuda usurera y fraudulenta y se destinen todos esos millones a combatir el coronavirus, el dengue y la tremenda crisis sanitaria, escolar y social.

Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores

La situación es muy grave. Si hoy los hospitales públicos ya están colapsados antes del coronavirus, es por culpa de los ajustes de los sucesivos gobiernos. Imaginémonos lo que va a pasar si el coronavirus se extiende. La salud pública lleva años de recortes para favorecer la salud privada y sin dar abasto para atender a los pacientes. Por eso las y los trabajadores y profesionales vienen reclamando desde hace décadas por más presupuesto y mejores salarios.
¡Hacen falta medidas de fondo! Hay que invertir todo lo necesario para prevenir la epidemia y revertir el colapso del sistema sanitario y educativo. Hay que comprar todos los insumos y garantizar camas (incluyendo la de las clínicas privadas), aparatología, nombrar a todos los médicos, enfermeros y auxiliares necesarios. Hay que aumentarles los salarios y pagar las horas extras. Que los laboratorios garanticen medicamentos e insumos gratuitos para todos los hospitales y que todos los estudios se hagan gratuitamente en los hospitales o el sistema privado de salud.

Que se utilicen estos días de receso escolar para que el gobierno garantice los insumos y solucione los problemas de infraestructura en las escuelas. Si no cumple, que no se retomen las clases. Que el gobierno garantice la comida para todos los chicos y las licencias pagas por parte de las patronales para los padres que deben cuidar a sus hijos en las casas.
Hay que exigir protección laboral. Y donde no se garantice, suspender la actividad sin sanciones a los trabajadores. ¡Ningún despido ni rebaja salarial por esta crisis!
Para todo esto la plata debe salir del no pago de la deuda externa ya que no se puede priorizar a los usureros y banqueros por sobre la salud y la vida del pueblo trabajador. Y que se apliquen impuestos especiales a las multinacionales, bancos y grandes terratenientes para que sean ellos y no los trabajadores quienes paguen la crisis. Llamamos a luchar por estas medidas.
 

Las medidas “extraordinarias” del gobierno

Escribe Guido Poletti

Se ha anunciado un paquete de medidas económicas ante la emergencia. Lamentablemente no se ha asignado un peso más a los hospitales, la infraestructura o los salarios de los trabajadores de la salud. En lo que respecta a las medidas en sí mismo desde lo económico, tal vez a algunos compañeros les parezcan correctas o progresivas. Queremos reflexionar al respecto.
Se ha anunciado un bono por única vez de 3.000 pesos para los jubilados de la mínima, junto con idéntico monto para la AUH. Nuevamente, los jubilados que cobran más de los 20.000 pesos (muy por debajo de la canasta de pobreza) no recibirán un peso. En definitiva, se trata de una redistribución para un sector de la disminución de la masa de dinero (100.000 millones de pesos) que le tocaba a los jubilados y que se les redujo para destinarla a los pagos de deuda con el cambio de movilidad jubilatoria.

Los trabajadores otra vez son postergados. Ni un peso de aumento o “bono” alguno. Más aún, las patronales ya están planteando con el guiño del gobierno que “ante la emergencia” se deben suspender las paritarias. Mientras tanto, todos vemos como los precios siguen para arriba, pulverizando los salarios. Los artículos de limpieza y farmacia, estratégicos frente a la pandemia, son los que más suben. Todas las “advertencias” del gobierno no tienen como contrapartida ninguna medida concreta: no hay castigo a las grandes cadenas de supermercados formadoras de precios, que siguen haciendo superganancias con la desesperación de la gente.
El gobierno ha anunciado también que subsidiará a las empresas que no pueden pagar sus sueldos, “para evitar los despidos”. Las que se van a aprovechar de esto, como ya sucedió otras veces, son las grandes multinacionales: recordemos que en 2008 se le llegó a otorgar con esta excusa un crédito a la mismísima General Motors ¡Lo que hay que hacer es prohibir por ley las suspensiones y despidos, no darle a las patronales la plata que se necesita para la emergencia sanitaria!

A todo esto se lo ha llamado “medidas extraordinarias”. Pero no hubo ningún anuncio obligando a las grandes empresas, los bancos, o los pulpos especuladores a que entreguen algo de sus superganancias. ¡Hasta sigue vigente la reducción de retenciones a petroleras y mineras! Y lo más importante de todo es que sigue vigente la decisión central del gobierno: pagarle a los usureros de la deuda externa y al FMI. Ahí, exactamente, está el dinero para las verdaderas medidas extraordinarias que requiere la crisis.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El dengue, una virosis tropical transmitida por el mosquito Aedes Egiptii, entró en nuestro país para quedarse. El cambio climático y, sobre todo, la inexistencia de prevención, le abrieron la puerta.
Desde el 1 de enero hasta el 29 de febrero de este año hubo en la Ciudad Autónoma de Buenos 364 casos, de los cuales 170 eran importados y 194 autóctonos. En la provincia de Buenos Aires el brote de dengue llegó a 17 municipios. En CABA, a 8 de las 15 comunas. Murieron tres personas. El virus quedó instalado en 11 provincias de las 17 donde hubo casos.

El sarampión, que había sido prácticamente erradicado, volvió en la primavera. En las 24 semanas transcurridas, se registraron 144 casos de los cuales 118 correspondieron a la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que el 80% de los casos son niños no vacunados. La distribución geográfica de ambas epidemias es la misma: afecta a quienes viven en los barrios obreros de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y de los partidos del llamado Tercer cordón del Conurbano. La miseria y la enfermedad castigan juntas a los trabajadores.                        

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El sistema público de salud no está preparado para enfrentar la pandemia y no se ve en las medidas que propone el gobierno una posibilidad de mejoría. En primer lugar, el sistema no está pudiendo responder con eficacia a la actual epidemia de dengue. Ni en las medidas preventivas, que quedan totalmente en manos de la población, sin apoyo sanitario, ni en la atención de los enfermos. En este último sentido hay severos problemas de infraestructura: no hay lugar para aislamiento. Los mosquiteros fijos deben ser renovados en casi todos los hospitales y, aunque parezca insólito, no hay mosquiteros de tul individuales para cada cama. El paciente de dengue requiere un seguimiento minucioso para el que no da abasto el recurso humano ni los insumos.

Es necesaria una partida presupuestaria de emergencia que permita dar respuesta a la escasez creada por años del vaciamiento hospitalario ejecutado por los distintos gobiernos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene este año el presupuesto de salud más bajo de su historia. Con esta partida hay que dotar los recursos humanos necesarios. Solo en esa Provincia, se requieren 2.500 cargos de profesionales; obviamente, con salarios dignos y no con los actuales que ofrece el gobierno. Se requieren también insumos para la atención a los pacientes y, además, y muy importante, para la protección del personal de salud. En la memoria de los profesionales de enfermería está fresco el recuerdo de la epidemia de A1H1 que en el año 2009 se llevó la vida de ocho enfermeras a nivel nacional, todas ellas mujeres.

Las propuestas del gobierno nacional, de la Ciudad y provincia de Buenos Aires son generalidades que enmascaran en realidad la falta de voluntad del gobierno y sus aliados patronales para resolver el problema. De sus decretos, lo más concreto son las disposiciones que ponen al personal de salud en disponibilidad, pre anunciando la sobrecarga de trabajo y la intención de combatir la pandemia a costa de la salud de los trabajadores de salud sin distinción de categorías. ¿Qué lógica mueve al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a convocar enfermeros jubilados, que son parte del sector más vulnerable? ¿No es suficiente alerta la muerte de un médico italiano de 67 años atendiendo a los infectados? Es necesario que los trabajadores controlen el esfuerzo y los recursos para garantizar la eficacia y, al mismo tiempo, poder preservar su propia salud. Por eso es necesario crear comités de crisis en los establecimientos como ya pasó en muchos hospitales en el 2009.