Editorial

Un reconocido conductor televisivo dijo hace unos días que iba a tener que invitar a algún extranjero para que hable sobre Argentina, porque acá solo se opina de Bolivia y Chile. Su comentario refleja dos cosas. Primero, que está muy bien que en nuestro país se repudie al golpismo en Bolivia y se apoye solidariamente a la heroica rebelión del pueblo chileno contra el ajustador y represivo Piñera. Es lo que viene haciendo el Frente de Izquierda en cada acto, marcha o programa televisivo que haya. Segundo, que no es cierto que de Argentina no se hable porque no pasa nada, sino porque en esta transición pactada entre Macri y el Frente de Todos -entre un gobierno que se va y el otro que aún no asumió- quieren mostrar que todo “está tranquilo”, mientras el ajuste, los despidos y los aumentos de los precios no dan tregua. Realidad que tanto el gobierno de Cambiemos como el Frente de Todos intentan usar en beneficio propio.

El ministro de Economía, Hernán Lacunza, dijo que Macri está entregando una Argentina que no está del todo mal. “Hay más gente con frío pero tenés más agua caliente en el termotanque”, graficó. Por el lado de Alberto Fernández, están preparando la campaña para cuando asuma el 10 de diciembre diciendo “mirá con qué nos encontramos”, “todo está peor de lo imaginado”, las soluciones no van a llegar. En el medio, millones de trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales ven disminuir sus ingresos, mientras Daer de la CGT y la UIA se pusieron de acuerdo en que ni si quiera va a haber un bono de fin de año para trabajadores o jubilados.

Más allá de los discursos de ocasión, el tema recurrente vuelve a ser la deuda externa, en el que insistió nuestro partido y el Frente de Izquierda en la campaña electoral.

El ministro de Economía acaba de reconocer que “el 80% de los 44.000 millones de dólares que prestó el FMI se utilizó para pagar deuda en dólares y el 15% deuda en pesos” (Clarín, 26/11). Es decir, ni un dólar entró para aumentar salarios o jubilaciones o construir alguna vivienda popular. Una estafa sideral. ¿Por qué entonces el pueblo trabajador tendrá que pagar con más ajuste una deuda que no contrajo? La deuda es la mayor cifra que se va en cada presupuesto (nacional o provincial) en desmedro del salario, las jubilaciones, hospitales y escuelas.

A todo esto, el FMI cambió al Jefe de la Misión para nuestro país. Reemplazó a Roberto Cardarelli (el que se reunió con bizcochitos de por medio con Kicillof) por el economista venezolano Luis Cubeddu, quien lleva 23 años en el organismo, estuvo diseñando los ajustes en Grecia e Indonesia y fue representante del FMI en Argentina entre 2002 y 2004. Le lavan la cara a un organismo imperialista y expoliador para encarar la renegociación de la deuda con el próximo gobierno. Renegociación en la que el FMI va a simular que es “bueno” (porque dialoga y podría estirar los vencimientos) y el gobierno va a aprovechar para decir que eso le va a permitir crecer para después poder pagar. Una renegociación que va a incluir nuevos condicionamientos y más ajuste. “No va a haber magia”, repite Fernández. Por eso cualquier anuncio de “ponerle plata en el bolsillo a la gente” -como prometió el Frente de Todos en campaña- será guardado bajo siete llaves. Porque si se cumple con el FMI y se paga la deuda no habrá salario, trabajo, ni se va a reactivar la economía. Solo habrá anuncios rimbombantes para encubrir que la política central del próximo gobierno será “honrar los pagos”, como se hizo en los doce años del gobierno peronista-kirchnerista anterior. Y que se van a recomponer las ganancias de las patronales. “Queremos que obtengan ganancias en Argentina”, le remarcó Alberto Fernández a los directivos de Carrefour esta semana.

El devaneo periodístico sobre los posibles nombres del futuro gabinete no debe preocuparle al pueblo trabajador, ya que lo importante no serán los hombres o mujeres del gobierno que viene, sino adónde apuntará la economía, si a cumplir con la deuda (como dice Fernández) o con el pueblo trabajador (como peleamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda junto al sindicalismo combativo).
Llamamos a seguir luchando para que se deje de pagar esa deuda usurera y romper con los dictados económicos y políticos del FMI, volcando los fondos y la enorme riqueza nacional que genera el pueblo trabajador para saldar la deuda social con millones de necesitados, combatiendo el hambre, la pobreza, la desocupación y los salarios y jubilaciones de miseria.

Los precios de los alimentos, medicamentos y combustibles siguen en ascenso. Hace falta un aumento salarial y jubilatorio de emergencia para combatir, aunque sea en parte, el tremendo robo inflacionario.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

La pobreza y la miseria crecen. ¿A qué se debe? A que todos los días los precios de los productos básicos y tarifas suben y los salarios, jubilaciones y planes sociales están súper retrasados, lo que implica que millones no llegan a cubrir la canasta para dejar de ser pobres. Los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales directamente viven en la indigencia (ingreso menor a 17.430 pesos), sin poder acceder a los productos básicos para subsistir.

La inflación se incrementó 284% desde noviembre de 2015 a octubre de 2019, mientras los salarios del sector registrado solo el 211%. El salario real cayó 20% en estos últimos 4 años y la pérdida en estatales supera el 30%, ni qué hablar de los trabajadores en negro.
Se necesitan 35.436 pesos para dejar de ser pobre. Hay millones de trabajadores que no tienen esos ingresos. Desde que asumió Macri, la leche y demás productos lácteos subieron un 303%, los aceites un 422%, los útiles escolares un 264%, el gas 1.002%, electricidad 1.925%, el agua 818% y el transporte público 401%. (Dirección Estadísticas y Censos CABA, Página12 23/11/2019).

Por todo esto es que el Frente de Izquierda viene luchando por un aumento de emergencia y hasta lo propuso en el Congreso, donde los diputados del gobierno y del peronismo ni siquiera habilitaron para tratar el tema (ver recuadro), usando al Congreso para votar medidas cosméticas simulando que combaten la inflación (como la ley de góndolas, ver columna en esta página).

Daer y la UIA contra los trabajadores

Las paritarias firmadas durante este año han quedado muy por debajo del 55% inflacionario que se proyecta. Los dirigentes sindicales traidores son cómplices de esta situación. Rodolfo Daer, titular de la CGT, acaba de decir que está en contra de un bono de fin de año para todos los trabajadores y en todo caso que se pida por gremio. Una forma elegante de darle la espalda a un reclamo desesperado de millones por tener aunque sea algún paliativo ante los tremendos aumentazos y de dividir el reclamo por sector. En esto coincide con el jefe de las patronales alimenticias, Funes de Rioja (titular de la Copal), diciendo que los bonos son nocivos y que hasta el otorgado por 5.000 pesos no se viene pagando. El mismo que afirmó que las alimenticias están perdiendo plata. Daer y Funes de Rioja son los convocados por Alberto Fernández para impulsar el pacto social contra los trabajadores.

Se dice que Alberto Fernández va a “sorprender” con algún anuncio de suma fija, el cual sería a cuenta de futuros aumentos. O sea, nos adelantarían plata que es nuestra.

El salario y las jubilaciones no pueden esperar. La clase trabajadora es la única que produce y los jubilados dejaron los mejores años de su vida para los patrones y empleadores. Basta de que millones sigan en la pobreza mientras los remarcadores de precios aumentan todo.
Hace falta un aumento inmediato de emergencia en los salarios y jubilaciones hasta cubrir de la canasta familiar (en septiembre superó los 55.000 pesos según ATE Indec). Se tienen que reabrir ya las paritarias. Medidas que tienen que ir unidas a la prohibición de los despidos, el 82 % móvil, la anulación de los tarifazos, entre otras urgentes.

Llamamos a los trabajadores a luchar por ellas y a exigirles a los dirigentes sindicales que abandonen la complicidad con el gobierno y llamen a alguna medida de acción.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

En la última sesión en Diputados se quiso hacer pasar a la ley de góndolas, tanto por el oficialismo como el peronismo, como una ley que va a combatir el aumento de los alimentos y las posiciones dominantes de los formadores de precios. ¿Qué determina la ley? Que en las góndolas de los supermercados pueda haber espacio para que se exhiban productos de pymes y regionales. ¡Pero el problema no es que los alimentos no se ven en las góndolas sino que millones no los pueden comprar!

Con el verso de que con esta ley los precios van a ser “transparentes y competitivos” y que se va a combatir a los empresarios monopólicos y/o abusos desleales es una mentira total. Ya los mismos diputados patronales habían votado la ley alimentaria diciendo que de esa manera se combatía el hambre, algo que fue desmentido por nuestra diputada Schlotthauer cuando se abstuvo, mostrando que esa ley era una farsa que ni siquiera se aplicó.

Si la pobreza va a llegar al 40%, hay millones de niñas y adolescentes que no acceden a los alimentos básicos y el consumo de leche es el más bajo en 29 años es porque los grandes empresarios, de la mano de Macri ahora y antes con el gobierno kirchnerista, tienen una completa impunidad para subir los precios.

Los alimentos se venden al exterior y acá al precio del dólar, por eso suben cotidianamente a pesar de la recesión.
El nuevo gobierno de Alberto Fernández anunció una tarjeta alimentaria (que ya existe) como parte del plan Argentina contra el Hambre. Pero va a destinar 40.000 millones de pesos anuales para alimentos, mucho menos de lo que se va para pagar los intereses de la deuda externa.
Se necesitan medidas de fondo para combatir la inflación, el hambre y la pobreza, no una ley de góndolas. Esto es lo que señaló Schlotthauer junto al resto de los diputados del Frente de Izquierda. Schlotthauer propuso que se apliquen precios máximos y castigo a los remarcadores. Anulación de los tarifazos. Aumento inmediato de salarios y jubilaciones. Por un millón de viviendas populares para reactivar la economía. Plata para combatir la pobreza, no para la deuda, y la nacionalización del comercio exterior, para terminar con el negocio capitalista con los alimentos y que los mismos lleguen a las mesas populares.

Diputados dio media sanción a la “ley de alquileres” que regula las relaciones contractuales entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Un parche que lima algunos abusos pero que no soluciona la demanda habitacional. Desde la izquierda proponemos construir un millón de viviendas populares.

Escribe Martín Fú

La futura ley, de aprobarse en senadores, modificará la relación inquilino-propietario, entre otras cosas extendiendo el contrato de alquiler por tres años, la actualización anual de los precios en vez de semestral, entre otros cambios.
Nueve millones de personas, según Inquilinos Agrupados, tienen problemas de vivienda. Si tomamos cada una de esas personas como integrante familiar, tenemos que multiplicar por dos o tres, esto nos da casi treinta millones que no tienen vivienda y necesitan alquilar. Si, así como se lee, tres cuartas partes de los argentinos no son propietarios de su vivienda y tienen que recorrer el “vía crucis” del inquilino, sufriendo los abusos de propietarios e inmobiliarias. Han pasado los gobiernos y sin embargo, en un país inmenso de 3,7 millones de kilómetros cuadrados, la mayoría de los trabajadores y sectores populares no tienen resuelto su techo.

Ninguno de los partidos políticos que han gobernado avanzó con un proyecto de viviendas populares. Todo lo contrario, han apoyado la privatización del espacio público y el desarrollo de viviendas para los sectores más poderosos y concentrados de la economía. Así el boom de Puerto Madero y los barrios privados, que tiene a Nordelta por uno de los más emblemáticos, ha sido la única política gubernamental a favor de las viviendas… ¡pero para las clases privilegiadas! Cotizándose en Argentina el metro cuadrado al valor de Estados Unidos o de la Unión Europea, con salarios y jubilaciones de pobreza.

En los doce años de gobierno de Macri y Larreta en Ciudad de Buenos Aires se privatizaron o concesionaron 473 hectáreas a favor de desarrolladores inmobiliarios como Elzstain (IRSA), Constantini (Nordelta-Consultatio) y el grupo Werthein (Pagina12, 23/11) sólo para dar algunos ejemplos. Todo esto mientras a lo largo y ancho del país crecen los asentamientos y las villas, como en Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Santa Fe. En 2018 se calculaban unas 4000 villas o barrios de emergencia en todo el país, lo que representa una superficie mayor a toda la ciudad de Buenos Aires (Infobae, 27/01/2018).

Esta ley morigera algunos abusos pero no va a fondo con la cuestión estructural ni viene a resolver los problemas de las mayorías. Buscan lavarle la cara al gobierno en retirada y al conjunto de los partidos patronales que se vienen alternando en el poder, como el peronismo, sin hacer nada. Hasta lo ha remarcado en el debate en el Congreso el diputado de Cambiemos Lipovetzky, diciendo “tenemos con la vivienda una deuda de 30 años”. ¿Y qué hicieron en estas décadas? Gobernar para el negocio inmobiliario, incluso con grandes coimas, no para los millones que necesitan el techo propio. A tal punto que en 2016 se necesitaban 134 sueldos para acceder a una vivienda, es decir, once años de trabajo.

Desde Izquierda Socialista siempre hemos afirmado que el problema de la vivienda en la Argentina es de fácil y rápida solución. Porque como dijo nuestra diputada de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Mónica Schlotthauer en el debate en el Congreso cuando se debatió la ley, además de imponer un fuerte impuesto hasta llegar a la expropiación de las viviendas suntuosas, “tenemos la tierra, tenemos la necesidad de los que están sin techo y también tenemos los brazos y las espaldas de quienes pueden construir las casas, lo que tenemos que tener es la voluntad política para elegir entre los buitres y los bancos o los sin techo de nuestro país” llamando nuevamente a “romper con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la deuda para que con esa plata resolvamos estos problemas”.

Con los 15.000 millones de dólares que vencen el año próximo de la usurera deuda externa y la mitad de lo que se va anualmente por la fuga de capitales se podrían construir un millón de viviendas populares. De esa forma se comenzaría a solucionar la crisis habitacional y se reactivaría también el trabajo y la economía. Es una decisión política que no han tomado ninguno de los gobiernos patronales y que proponemos desde la izquierda para dar una real y definitiva solución al problema de la vivienda que aqueja a millones de trabajadores y sectores populares.

El Barrio Confluencia es uno de los más antiguos. Se empezó a poblar con la fundación de la ciudad dado que está ubicado en la proximidad de la confluencia del Río Limay y Neuquén, que forman el conocido Río Negro que desemboca en Viedma. Tan antiguo como abandonado por todos los gobiernos.

En dicho barrio viven miles de familias. Las menos, en sectores privados y cerrados, otras, la mayoría, en calles urbanizadas. Y unas 500 familias con recursos limitados lo habitan a lo largo de tres a cuatro generaciones sin poder satisfacer la necesidad básica de un techo digno. Ello provoca un gravísimo hacinamiento al tener que convivir dos o tres familias dentro de unidades habitacionales con dimensiones para albergar a un solo grupo familiar, en situación de promiscuidad forzada e insalubridad física y psicológica.

En medio del barrio existe un predio fiscal de casi cinco manzanas administrado por la municipalidad, que está abandonado desde hace más de 50 años como terreno baldío. Hace más de un mes lo ocuparon más de 100 familias con niñas/os de distintas edades instalando sus precarias casillas exigiendo los lotes, que están dispuestos a pagar en cuotas de fomento. Esta nueva ocupación es otro de los capítulos en los intentos de los vecinos para urbanizar ese baldío, las anteriores fueron cruentas como cuando el “canillita” Rubén Arias murió inmolado en el año 2001 rechazando la violenta acción policial de desalojo de la vivienda que ocupaba; o en el 2008 cuando más de cien familias montaron sus primeras casillas para ocupar el predio y fueron desalojadas mediante una violenta represión con varios heridos.

No a la represión

En esta oportunidad también fueron reprimidos porque las autoridades municipales (Cambiemos) pidieron el desalojo de la toma y las autoridades provinciales (del MPN) ejecutaron la orden con una feroz y persistente represión durante diez días que originó, entre otras, la grave lesión al vecino Franco Borda al borde de perder su ojo izquierdo.

Ambas embestidas policiales fueron ataques masivos que se extendieron por el interior del barrio y a toda hora, produciéndose el ataque más fuerte en medio del dictado de clases, ocasionando heridos y momentos de extremo temor a la comunidad educativa de la Escuela Nº 136, además de haber usado la topadora para barrer las casillas y cargar en decenas de camiones las pertenencias de las familias.

Organismos de derechos humanos se solidarizaron. Por Izquierda Socialista los hicieron nuestro compañero concejal Manuel Sánchez y la diputada Angélica Lagunas, quienes durante varios días tuvieron un rol muy destacado acompañando a los vecinos para frenar la represión y una vez frenada la misma, acompañaron a los representantes del barrio en las distintas instancias de mediaciones y negociaciones que se abrieron en el ámbito judicial donde los vecinos reclaman fin a la represión y que el gobierno municipal y provincial den respuesta positiva al loteo social en el predio ocupado para urbanizarlo y construir allí las viviendas que necesitan. Para legalizar este reclamo están exigiendo una ordenanza que determine el loteo, apoyados por Manuel Sánchez y otros concejales opositores.

Corresponsal