Escribe Guido Poletti

A pesar de las imágenes de Perón y Evita y del folklore de la marcha peronista, la fuerza política que ahora retorna al gobierno en nuestro país es muy distinta a aquel movimiento nacionalista que generó conquistas reales para los trabajadores y mantuvo una relativa independencia del imperialismo hace casi 80 años.

¡Vamos a volver!. Fue la consigna más cantada en los actos y concentraciones del peronismo kirchnerista. “Volvimos para ser mejores”, cerró su discurso el presidente Alberto Fernández el día de su asunción por la noche ante la multitud reunida en Plaza de Mayo.

El peronismo, otra vez, vuelve al poder. No es la primera vez que retorna. Lo hizo, con muchísima más expectativas populares que ahora, en 1973, con Cámpora y Perón. Retornó, luego de la hiperinflación alfonsinista, con Menem en 1989. Y otra vez fue gobierno luego del Argentinazo, fugazmente con Rodríguez Saá, luego con Duhalde y a partir de 2003 y durante 12 años, con el kirchnerismo de Néstor y Cristina. Ahora, tras el desastre del gobierno antipopular de Macri, el peronismo vuelve a ser el receptor del voto castigo y también de las expectativas de que “algo va a mejorar”.

Si bien ya nadie da “la vida por Perón”, el peronismo sigue siendo, para muchos, el partido más “popular”, el que supuestamente va a gobernar “priorizando a los que menos tienen”. Para esto se retrotraen a una historia de casi 80 años atrás, cuando el primer peronismo, en medio de las condiciones internacionales excepcionales del final de la Segunda Guerra Mundial, otorgó conquistas reales a la clase trabajadora: el aguinaldo, las vacaciones pagas, el fuero laboral, estatuto del peón, los hospitales públicos, los hoteles sindicales y un largo etcétera. Se nacionalizaron la banca y el comercio exterior y se estatizaron y crearon innumerables empresas, como Ferrocarriles Argentinos, Entel, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, Somisa, etcétera. Ese primer peronismo se negó a ingresar al FMI.

Pero el peronismo ya hace mucho que dejó de ser ese movimiento nacionalista burgués que, con sus contradicciones y sus más y sus menos, mantuvo en el período 194555 una relativa independencia con respecto al imperialismo yanqui y garantizó conquistas reales a los trabajadores. Ya en 1973, Perón volvió tras el Cordobazo. No vino para hacer el “socialismo nacional” que esperaba la izquierda peronista, tampoco para volver a los “años felices” de la década del 40. El peronismo del ´73 al ´76 fue el del pacto social entre Rucci y Gelbard, que terminó con salarios a la baja y el ajuste del Rodrigazo a medidos del 75. Ese peronismo fue el que gobernó con Isabel, López Rega y la Triple A.

En 1989, con Menem, no vino el “salariazo” y la “revolución productiva” que pregonó en la campaña electoral. Por el contrario, llegaron las privatizaciones, los despidos en masa, Cavallo y Alsogaray. Y luego del Argentinazo llegaron los Kirchner. Con un discurso distinto, “nacional y popular”, en realidad un doble discurso. Decían que nos habíamos desendeudado, pero asumieron con 190.000 millones de deuda externa, pagaron 200.000 en efectivo y se fueron con una deuda de 240.000. Nunca derogaron la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, lo que permitió, como lo reconoció la propia Cristina Fernández, que “los bancos se la llevaran en pala”. Y si el primer peronismo había inaugurado el aguinaldo, el kirchnerismo fue quién prácticamente lo derogó, ya que un sector enorme de la clase trabajadora perdía un monto similar o superior teniendo que pagar el “impuesto a las ganancias”. Tras una recuperación inicial, los salarios empezaron a perder contra la inflación, que era escondida con los números truchos del Indec. Todo eso terminó en un enorme voto castigo en 2015, donde importantes sectores de la clase trabajadora y el pueblo, en forma equivocada, terminaron beneficiando a Macri.

Ahora el peronismo “vuelve” una vez más. En la foto están los gobernadores de siempre y los burócratas sindicales socios de todos los gobiernos, prometiendo “priorizar” a los más humildes. Siempre lo dijeron. Pero después, a la hora de la verdad, las banderas de la ·justicia social, soberanía política e independencia económica” una vez más serán arriadas para cumplir con los usureros externos, los bancos y multinacionales.

Ya nada quedó de ese movimiento nacionalista burgués de los 40 del siglo pasado. Políticas como la nacionalización de la banca y el comercio exterior, reestatización de las privatizadas o recuperación del gas y el petróleo, sólo las planteamos desde la izquierda. Así como la principal medida antiimperialista: dejar de pagar la deuda y romper con el FMI. Ese es el auténtico programa alternativo, de emergencia, al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para solidarizarse con los reclamos de las asambleas vecinales y el pueblo de la Provincia del Chubut que están movilizados contra la mega minería. A su vez, apoya el proyecto originario presentado como Ley por Iniciativa Popular que la prohíbe.

Chubut es una provincia de lucha contra la mega minería extractiva y contaminante. En 2003 un plebiscito en Esquel frenó a las transnacionales extractivas tras enormes jornadas de lucha (el 82% votó por “no a la mina”). A partir de este rotundo resultado y de la presión social, se promulgó la ley 5001 que prohíbe la minería, pero se le incorporó un artículo por el cual dejaron abierta la posibilidad de realizar una “zonificación” para habilitarla, algo que el proyecto de Schlotthauer repudia.

Al momento que se presentaba el proyecto en el Congreso eran reprimidos y encarcelados varios luchadores frente a la Legislatura de Chubut que se manifestaban alertas para que no pase ningún proyecto que introduzca la mega minería.

Schlotthauer señaló: “El lobby minero sigue actuando mientras los políticos patronales locales comienzan a presionar para fomentar el saqueo de las multinacionales”. Este proyecto va en línea con otro que interpusimos desde Izquierda Socialista en 2017 (Proyecto de ley 2830-D-2017) disponiendo la expulsión de la Barrick Gold de Argentina.

Editorial

Un reconocido conductor televisivo dijo hace unos días que iba a tener que invitar a algún extranjero para que hable sobre Argentina, porque acá solo se opina de Bolivia y Chile. Su comentario refleja dos cosas. Primero, que está muy bien que en nuestro país se repudie al golpismo en Bolivia y se apoye solidariamente a la heroica rebelión del pueblo chileno contra el ajustador y represivo Piñera. Es lo que viene haciendo el Frente de Izquierda en cada acto, marcha o programa televisivo que haya. Segundo, que no es cierto que de Argentina no se hable porque no pasa nada, sino porque en esta transición pactada entre Macri y el Frente de Todos -entre un gobierno que se va y el otro que aún no asumió- quieren mostrar que todo “está tranquilo”, mientras el ajuste, los despidos y los aumentos de los precios no dan tregua. Realidad que tanto el gobierno de Cambiemos como el Frente de Todos intentan usar en beneficio propio.

El ministro de Economía, Hernán Lacunza, dijo que Macri está entregando una Argentina que no está del todo mal. “Hay más gente con frío pero tenés más agua caliente en el termotanque”, graficó. Por el lado de Alberto Fernández, están preparando la campaña para cuando asuma el 10 de diciembre diciendo “mirá con qué nos encontramos”, “todo está peor de lo imaginado”, las soluciones no van a llegar. En el medio, millones de trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales ven disminuir sus ingresos, mientras Daer de la CGT y la UIA se pusieron de acuerdo en que ni si quiera va a haber un bono de fin de año para trabajadores o jubilados.

Más allá de los discursos de ocasión, el tema recurrente vuelve a ser la deuda externa, en el que insistió nuestro partido y el Frente de Izquierda en la campaña electoral.

El ministro de Economía acaba de reconocer que “el 80% de los 44.000 millones de dólares que prestó el FMI se utilizó para pagar deuda en dólares y el 15% deuda en pesos” (Clarín, 26/11). Es decir, ni un dólar entró para aumentar salarios o jubilaciones o construir alguna vivienda popular. Una estafa sideral. ¿Por qué entonces el pueblo trabajador tendrá que pagar con más ajuste una deuda que no contrajo? La deuda es la mayor cifra que se va en cada presupuesto (nacional o provincial) en desmedro del salario, las jubilaciones, hospitales y escuelas.

A todo esto, el FMI cambió al Jefe de la Misión para nuestro país. Reemplazó a Roberto Cardarelli (el que se reunió con bizcochitos de por medio con Kicillof) por el economista venezolano Luis Cubeddu, quien lleva 23 años en el organismo, estuvo diseñando los ajustes en Grecia e Indonesia y fue representante del FMI en Argentina entre 2002 y 2004. Le lavan la cara a un organismo imperialista y expoliador para encarar la renegociación de la deuda con el próximo gobierno. Renegociación en la que el FMI va a simular que es “bueno” (porque dialoga y podría estirar los vencimientos) y el gobierno va a aprovechar para decir que eso le va a permitir crecer para después poder pagar. Una renegociación que va a incluir nuevos condicionamientos y más ajuste. “No va a haber magia”, repite Fernández. Por eso cualquier anuncio de “ponerle plata en el bolsillo a la gente” -como prometió el Frente de Todos en campaña- será guardado bajo siete llaves. Porque si se cumple con el FMI y se paga la deuda no habrá salario, trabajo, ni se va a reactivar la economía. Solo habrá anuncios rimbombantes para encubrir que la política central del próximo gobierno será “honrar los pagos”, como se hizo en los doce años del gobierno peronista-kirchnerista anterior. Y que se van a recomponer las ganancias de las patronales. “Queremos que obtengan ganancias en Argentina”, le remarcó Alberto Fernández a los directivos de Carrefour esta semana.

El devaneo periodístico sobre los posibles nombres del futuro gabinete no debe preocuparle al pueblo trabajador, ya que lo importante no serán los hombres o mujeres del gobierno que viene, sino adónde apuntará la economía, si a cumplir con la deuda (como dice Fernández) o con el pueblo trabajador (como peleamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda junto al sindicalismo combativo).
Llamamos a seguir luchando para que se deje de pagar esa deuda usurera y romper con los dictados económicos y políticos del FMI, volcando los fondos y la enorme riqueza nacional que genera el pueblo trabajador para saldar la deuda social con millones de necesitados, combatiendo el hambre, la pobreza, la desocupación y los salarios y jubilaciones de miseria.

Los precios de los alimentos, medicamentos y combustibles siguen en ascenso. Hace falta un aumento salarial y jubilatorio de emergencia para combatir, aunque sea en parte, el tremendo robo inflacionario.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

La pobreza y la miseria crecen. ¿A qué se debe? A que todos los días los precios de los productos básicos y tarifas suben y los salarios, jubilaciones y planes sociales están súper retrasados, lo que implica que millones no llegan a cubrir la canasta para dejar de ser pobres. Los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales directamente viven en la indigencia (ingreso menor a 17.430 pesos), sin poder acceder a los productos básicos para subsistir.

La inflación se incrementó 284% desde noviembre de 2015 a octubre de 2019, mientras los salarios del sector registrado solo el 211%. El salario real cayó 20% en estos últimos 4 años y la pérdida en estatales supera el 30%, ni qué hablar de los trabajadores en negro.
Se necesitan 35.436 pesos para dejar de ser pobre. Hay millones de trabajadores que no tienen esos ingresos. Desde que asumió Macri, la leche y demás productos lácteos subieron un 303%, los aceites un 422%, los útiles escolares un 264%, el gas 1.002%, electricidad 1.925%, el agua 818% y el transporte público 401%. (Dirección Estadísticas y Censos CABA, Página12 23/11/2019).

Por todo esto es que el Frente de Izquierda viene luchando por un aumento de emergencia y hasta lo propuso en el Congreso, donde los diputados del gobierno y del peronismo ni siquiera habilitaron para tratar el tema (ver recuadro), usando al Congreso para votar medidas cosméticas simulando que combaten la inflación (como la ley de góndolas, ver columna en esta página).

Daer y la UIA contra los trabajadores

Las paritarias firmadas durante este año han quedado muy por debajo del 55% inflacionario que se proyecta. Los dirigentes sindicales traidores son cómplices de esta situación. Rodolfo Daer, titular de la CGT, acaba de decir que está en contra de un bono de fin de año para todos los trabajadores y en todo caso que se pida por gremio. Una forma elegante de darle la espalda a un reclamo desesperado de millones por tener aunque sea algún paliativo ante los tremendos aumentazos y de dividir el reclamo por sector. En esto coincide con el jefe de las patronales alimenticias, Funes de Rioja (titular de la Copal), diciendo que los bonos son nocivos y que hasta el otorgado por 5.000 pesos no se viene pagando. El mismo que afirmó que las alimenticias están perdiendo plata. Daer y Funes de Rioja son los convocados por Alberto Fernández para impulsar el pacto social contra los trabajadores.

Se dice que Alberto Fernández va a “sorprender” con algún anuncio de suma fija, el cual sería a cuenta de futuros aumentos. O sea, nos adelantarían plata que es nuestra.

El salario y las jubilaciones no pueden esperar. La clase trabajadora es la única que produce y los jubilados dejaron los mejores años de su vida para los patrones y empleadores. Basta de que millones sigan en la pobreza mientras los remarcadores de precios aumentan todo.
Hace falta un aumento inmediato de emergencia en los salarios y jubilaciones hasta cubrir de la canasta familiar (en septiembre superó los 55.000 pesos según ATE Indec). Se tienen que reabrir ya las paritarias. Medidas que tienen que ir unidas a la prohibición de los despidos, el 82 % móvil, la anulación de los tarifazos, entre otras urgentes.

Llamamos a los trabajadores a luchar por ellas y a exigirles a los dirigentes sindicales que abandonen la complicidad con el gobierno y llamen a alguna medida de acción.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

En la última sesión en Diputados se quiso hacer pasar a la ley de góndolas, tanto por el oficialismo como el peronismo, como una ley que va a combatir el aumento de los alimentos y las posiciones dominantes de los formadores de precios. ¿Qué determina la ley? Que en las góndolas de los supermercados pueda haber espacio para que se exhiban productos de pymes y regionales. ¡Pero el problema no es que los alimentos no se ven en las góndolas sino que millones no los pueden comprar!

Con el verso de que con esta ley los precios van a ser “transparentes y competitivos” y que se va a combatir a los empresarios monopólicos y/o abusos desleales es una mentira total. Ya los mismos diputados patronales habían votado la ley alimentaria diciendo que de esa manera se combatía el hambre, algo que fue desmentido por nuestra diputada Schlotthauer cuando se abstuvo, mostrando que esa ley era una farsa que ni siquiera se aplicó.

Si la pobreza va a llegar al 40%, hay millones de niñas y adolescentes que no acceden a los alimentos básicos y el consumo de leche es el más bajo en 29 años es porque los grandes empresarios, de la mano de Macri ahora y antes con el gobierno kirchnerista, tienen una completa impunidad para subir los precios.

Los alimentos se venden al exterior y acá al precio del dólar, por eso suben cotidianamente a pesar de la recesión.
El nuevo gobierno de Alberto Fernández anunció una tarjeta alimentaria (que ya existe) como parte del plan Argentina contra el Hambre. Pero va a destinar 40.000 millones de pesos anuales para alimentos, mucho menos de lo que se va para pagar los intereses de la deuda externa.
Se necesitan medidas de fondo para combatir la inflación, el hambre y la pobreza, no una ley de góndolas. Esto es lo que señaló Schlotthauer junto al resto de los diputados del Frente de Izquierda. Schlotthauer propuso que se apliquen precios máximos y castigo a los remarcadores. Anulación de los tarifazos. Aumento inmediato de salarios y jubilaciones. Por un millón de viviendas populares para reactivar la economía. Plata para combatir la pobreza, no para la deuda, y la nacionalización del comercio exterior, para terminar con el negocio capitalista con los alimentos y que los mismos lleguen a las mesas populares.