Alberto Fernández y Cristina Kirchner llevan un poco más de un mes gobernando. Los distintos medios vienen opinando sobre la nueva gestión del Frente de Todos y es un debate en medio del verano de millones de trabajadores y jóvenes.

El peronismo gobernante ha convertido en una muletilla la frase de “que está gobernando para los más vulnerables”. Consideramos que no es así. El recorte a los jubilados, las sumas fijas a los salarios por debajo de la inflación, la continuidad en la suba de los precios, el apoyo a la megaminería, los impuestazos como el de Kicillof y esencialmente la política de reconocer la deuda externa contraída por Macri, entre otras medidas plasmadas en la ley de emergencia votada en el Congreso indican que el gobierno tomó la decisión de salvar las ganancias capitalistas en vez de combatir los males sociales

Miremos qué dicen los grandes empresarios, el FMI y los especuladores. El empresario automotriz y CEO de Fiat, Cristiano Ratazzi -quien fue un macrista acérrimo hasta siendo fiscal de mesa en las elecciones para el PRO-, dijo: “Creo que fue brillante […] hay medidas dolorosas como el sistema previsional, pero si no se reforma no hay solución de ningún tipo”. Y lo más contundente fue el FMI. “Estas primeras medidas nos hacen ver que el gobierno se va moviendo en una dirección positiva” afirmó Alejandro Werner, director del organismo para el Hemisferio Occidental. El FMI no elogia a cualquiera, sino a los gobiernos que aplican medidas de achique social y en especial a los que le van a pagar la deuda, como lo ha ratificado Fernández.

Que se está aplicando un ajuste lo reconoció el propio presidente: “Si ajustar es ordenar las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste”. ¿Cuál es el ajuste? En primer lugar, el robo a los jubilados y a los trabajadores. A cambio de 5.000 pesos en enero y febrero para quienes cobran la mínima se les suspendió la movilidad, es decir, no se les pagará el reajuste del 27% que les correspondía. Lo mismo está haciendo con los salarios. Con sumas fijas absolutamente insuficientes el gobierno intenta patear las paritarias y eliminar la cláusula gatillo firmada en algunos gremios, convalidando, de la mano de la burocracia, sindical lo perdido en la era Macri. Los gobernadores siguen el mismo camino en las provincias.

¿Cuáles son los objetivos de las medidas de Fernández? Ahorrar para pagar la deuda y aumentar las ganancias de los grandes empresarios y multinacionales. La ley de emergencia habilita a renegociar la deuda. Pero renegociar implica avalar el pacto con el FMI y pagar una deuda usurera y fraudulenta. Patear los vencimientos para más adelante no es ninguna solución. “Honrar deudas” que no contrajo el pueblo trabajador significará nuevos ajustes. No hay ningún país del mundo que salió de la mano del FMI pagando deudas fraudulentas.
Otro tema a resaltar en los primeros días de gobierno es el aval de Alberto Fernández a la megaminería. El Frente para la Victoria de Mendoza votó junto al gobernador de la UCR la reforma a la ley 7722 que la prohibía. Esto provocó inmensas movilizaciones que terminaron en un triunfo. Por lo mismo se lucha en Chubut. Luchas que son un gran aliciente para enfrentar el pacto social. También hubo marchas en contra del ajuste y el congelamiento salarial en algunas provincias.

Con el argumento de la “tierra arrasada” de Macri el gobierno hace campaña que “le estamos poniendo plata al bolsillo de la gente”. No es lo que se está viendo. Por eso, opuesto a lo que dice el gobierno habrá menos plata para los bolsillos de los trabajadores.

Sabemos que millones aún no lo ven así, mantienen expectativas en el gobierno o dicen “si aguantamos el desastre de Macri cómo no vamos a esperar un poco más”. A ellos llamamos a seguir el debate mientras los convocamos a defender el salario y el trabajo. Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguirá luchando para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores, postulando un plan económico alternativo, fundamentalmente para que la plata vaya a salario, trabajo y a reactivar la economía, no para la deuda y el FMI, entre otras medidas de fondo.

Escribe Guido Poletti

El año 2019 terminó con una inflación acumulada de 53,8%, la más alta desde la hiperinflación de 1991. Los precios de la canasta básica (alimentos, productos de limpieza y tocador, etcétera) subieron mucho más. Con el cambio de gobierno esto no se ha detenido. Diciembre registró una alta inflación y los precios siguieron subiendo en lo que va de enero.

A comienzos del año, para echar más leña al fuego, volvió el IVA a los productos de la canasta básica que estaban exentos. El gobierno de Alberto Fernández trató de disimular el impacto por medio de una serie de “acuerdos” con las grandes cadenas de supermercados y las empresas productoras monopólicas. Pero esto no sirvió para evitar lo que todos vimos: los precios siguieron incrementándose y pulverizando los salarios.
El gobierno para combatir la carestía ha relanzado el programa de “precios cuidados”. No es nuevo, se implementó durante el anterior gobierno del peronismo kirchnerista y siguió vigente durante toda la era Macri. Nunca sirvió para controlar la inflación: operaba con “promociones” de ciertos productos que aparecían o desaparecían de las góndolas según las conveniencias de las empresas.

El nuevo “precios cuidados” reduce el listado de los productos, con la excusa de que estos productos son la “referencia” de todos los demás. Aquellos bienes que venían de antes, y por lo tanto permanecen en el programa, lo hacen con un aumento promedio de 30%.

No hay azúcar en “precios cuidados” y con la carne, el aceite y los lácteos, se repite lo de siempre: una oferta escasa, que no cubre ni de lejos la compra de una familia trabajadora.

El gran problema será, además, el control que lo productos aparezcan en las góndolas y a los precios acordados.

Lo único que hasta hoy se propone es que los trabajadores nos bajemos una aplicación para “controlar” nosotros mismos.

En síntesis, precios cuidados es una farsa. Lo que hay que hacer es fijar de verdad precios máximos para los productos de la canasta familiar y controlarlos desde el estado con sanciones reales, como las que plantea la ley de abastecimiento: multas, clausuras y expropiaciones a quien los viole. Pero, por sobre todo, hay que terminar con el castigo infinito a los bolsillos trabajadores: se necesita aumentos de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar.

Escribe Adolfo Santos

En medio de tanta crisis, muchos compañeros se ilusionan con el discurso del gobierno peronista que acuñó un nuevo término: ser “solidario”. Alberto Fernández machaca con  este concepto tratando de generar una imagen favorable, ya que se trataría de ser “solidario con los que menos tienen, con los más vulnerables” y que los que pagarían el ajuste, esta vez, serían los de arriba. ¿Esto es así?

El gobierno insiste en que la prioridad es la lucha contra el hambre, la protección de los jubilados que cobran la mínima, de los que están en pobreza extrema y los que pagarían el ajuste serían los de arriba. Sin embargo, en las medidas concretas que ha propuesto hasta ahora, no vemos que esa sea la práctica.

La mayoría de los jubilados, aunque están por debajo del costo de la canasta para el sector, no recibirán de forma integral el aumento de 11,56% programado para marzo, ni el reajuste de 15% para junio. ¿Saben por qué? Porque tienen que ser “solidarios” con los que cobran la mínima. También los trabajadores en general tendrán sus paritarias postergadas y recibirán sumas fijas inferiores a la inflación del período, para permitir que los salarios más bajos reciban un poco más. El gobierno de Alberto Fernández está proponiendo, que los que son un poco menos pobres, sean solidarios para resolver el problema de los muy pobres. En nombre de la solidaridad, están produciendo un verdadero achatamiento salarial. ¡Un absurdo!
Es lo que muchas veces denunciamos como doble discurso. Mientras se pide “sacrificio” a la clase trabajadora, siguen los privilegios para los ganadores de siempre. ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández no le aplica impuestos a Arcor, Aceitera Deheza, Techint, Coto y a tantos otros poderosos en nombre de la solidaridad, para aumentar los salarios y sacar de la pobreza a los sectores más vulnerables?

A los bancos que ganaron millonadas con la devaluación tampoco se los toca, por el contrario, se les sacó el impuesto a la renta financiera que existía en el último período. También a las mineras y petroleras se les rebajaron las retenciones y a las sojeras, que le iban a retener 3% para los jubilados, terminaron perdonándolas. Además, a las privatizadas se les reconocieron todos los aumentos de tarifas anteriores y ahora se las beneficia con más subsidios.

Mientras tanto, Alberto Fernández sigue reuniéndose con grandes empresarios, ofreciendo todo tipo de beneficios. Así lo hizo con el dueño de la minera canadiense Lundin Gold, que viene a llevarse el oro y el cobre del subsuelo sanjuanino a costa de degradar el ambiente y ofrecer trabajos precarios, lo mismo que hace la Barrick Gold, que ya envenenó cinco ríos de San Juan. Ignorando la protesta de los mendocinos. También vimos al presidente junto con las petroleras para tranquilizarlas con el aumento de los combustibles, les pidió que le traigan una propuesta para analizar. Además, les prometió a Chevrón agilizar el tratamiento del proyecto de la ley de Vaca Muerta y pulir una propuesta que sea atractiva para sus ganancias. Tampoco se les pide “sacrificio” ni “solidaridad” alguna a los acreedores de la deuda externa y el FMI. Para ellos están disponibles 4.500 millones de dólares (300.000 millones de pesos) que serán destinados a los pagos inmediatos de deuda, casi el triple, que los 100.000 millones de pesos que suman todos los programas sociales juntos.

En síntesis, el gobierno le pide solidaridad y sacrificio a los que dependen de un salario devaluado y no toca a los grandes empresarios, a los banqueros, a las privatizadas ni a los pulpos acreedores. Por más doble discurso que se utilice, eso se llama “ajuste”, no solidaridad. Los compañeros peronistas que tienen expectativas en este proyecto deberían preguntarle a este gobierno: si los jubilados y los trabajadores en general son los que más perdieron en los últimos años, mientras los grandes empresarios se la llevaron en pala ¿quién tiene que ser solidario en este momento?

El Socialista entrevistó a Eugenio Semino, defensor general de la Tercera Edad, para analizar la suspensión de la movilidad para los jubilados establecida en la llamada ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva impulsada por el gobierno de Alberto Fernández.

 - ¿Qué opinión le merece la suspensión de la movilidad jubilatoria y su reemplazo por bonos fijos?

En lo que hace a la seguridad social, este gobierno es una continuidad manifiesta del anterior. La administración Macri no tenia capital político para seguir avanzando, entonces, hay una profundización de lo que no podía hacer la administración anterior. Lo del bono es una dádiva, bienvenido al que le llegó al bolsillo. Pero como todo bono es injusto. El bono, mostró un grado de perversión brutal, muchos bancos no le pagaron el bono al jubilado porque tenía deudas o adelantos de tarjeta de crédito, entonces se lo confiscó, algo que no podría hacer si fuese remunerativo. Tampoco se le pagó al que está recibiendo 14 mil pesos y tiene un subsidio por discapacidad de 5 mil, le sumaron los dos ingresos, un disparate, porque subsidio es un derecho que no tiene nada que ver con el haber. Esto habla de la deshumanización de un sistema perverso. Además de ser una medida inconstitucional.

- ¿Podemos decir que es una política regresiva en relación a la movilidad?

Sí. Aunque hay que aclarar que la movilidad nunca fue una forma de recomponer el haber, es simplemente un reajuste para mantener algún tipo de paridad relativa con la inflación. Nunca recompone totalmente, los jubilados “pre financian” la inflación. La nueva ley de Solidaridad significa una pérdida para el jubilado, porque el bono es inferior al cálculo que surge de la movilidad. Por la alta inflación de 2019, sería alrededor del 27% en el primer semestre de 2020 (11,5 en marzo y 15 en junio).

- ¿El jubilado debe dar por perdido ese reajuste?

Aunque se haya suspendido, la ley continua vigente y el gobierno va a tener que pagar el 11,5 en marzo y el 15% en junio a todo el sistema, aunque sea mediante acciones judiciales. El jefe de gabinete dice que van a pagar reajustes mediante bonos. Aceptar eso es el peor de los mundos. Parece que las leyes no valen nada. No se puede llegar al fin de un ciclo de vida dedicado al trabajo y que el gobierno te diga: “le vamos a dar lo que podamos…”, eso no da ninguna seguridad social al trabajador. Nos están diciendo desembozadamente que ya no va a haber más un sistema que era de reparto solidario.

- Aunque insuficiente, la movilidad le daba cierta previsibilidad al jubilado…

Ha habido diferentes fórmulas de movilidad. En 2008 el Congreso saca una ley de movilidad, con una fórmula que contemplaba 50% por el índice de aumento salarial y la otra mitad por la variación de la recaudación de impuestos que tienen porcentuales destinados a la seguridad social. Que quede claro que ni con esta ni con otras movilidades, el jubilado nunca recompuso su haber. En diciembre de 2017, en el inicio del eclipse de la gestión Macri, se hace un cambio de fórmula. Ingresa un componente importante que era la variación del índice de la inflación. El proyecto original consideraba el 100% de la inflación, pero los senadores de la oposición, que ahora son del oficialismo la alteraron y pusieron 70% inflación y 30% de salario. Macri creía que esta fórmula lo iba a favorecer porque tenía una pauta inflacionaria para 2018 de 20 puntos. Pero como en 2019 la inflación disparó, llegando al 53,8 %, considerando el 70% y 30%, el cálculo para el primer semestre sería del 26,5% (11,5 en marzo y 15 en junio), no es gran cosa, pero es una recomposición mínima para evitar mayores pérdidas. Pero viene el gobierno de Fernández y la suspende, lo que genera una tremenda incertidumbre. Es una irregularidad muy grande porque, aunque suspendida, ya están adquiridos los derechos de la ley, porque no está derogada.

- Cabría preguntarse: ¿solidaridad con quién?

Claro, paradójicamente la ley que suspende la movilidad, lleva el mismo nombre de la cuestionada Ley de Solidaridad Previsional editada por Domingo Cavallo en 1995 que se usó para privatizar el sistema. Pero es peor, había un artículo que afectaba las petroleras y lo sacaron, había tres puntos de retenciones para las sojeras que iban a ir al fondo de sustentabilidad de Anses y lo suspendieron, por lo cual los únicos que quedaron pagando el pato de la boda en esta mal llamada “solidaridad”, son los jubilados.

Nuestras propuestas

Desde Izquierda Socialista FIT-Unidad, rechazamos el modelo de aumento para los jubilados presentados por el gobierno para el mes de marzo. Serán aplicados aumentos de forma diferenciada, a través de sumas fijas, de las que resultarán porcentajes mayores para los que cobran haberes mas bajos y ajustes menores para los que están recibiendo más, con esta maniobra cubriría los 11,5% de promedio exigidos por ley. En vez de tocar los intereses de las mega mineras, de los sojeros, de los bancos, de las petroleras o los grandes empresarios para dar un aumento capaz de cubrir el costo de la canasta del jubilado, calculada en 37.800 pesos, propone que un sector de jubilados financie el aumento de otro sector. Es inadmisible! No aceptamos ese tipo de “solidaridad” que iguala para abajo, achatando jubilaciones.

Para garantizar el 82% móvil a los jubilados y equiparar los haberes mínimos con el costo de la canasta del jubilado, hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y que profundizaron los gobiernos posteriores; realizar un blanqueo de los trabajadores en negro. Si hiciera falta cubrir algún faltante, debe salir de la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa y con impuestos extraordinarios a las grandes empresas y fortunas, por ejemplo las petroleras y mineras, que acaban de ser “premiadas” con una reducción de las retenciones. La prioridad, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, las patronales y el FMI.

Por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡El Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad deben usarse nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!

Canasta básica de los jubilados

La canasta básica de los jubilados está completamente desfasada del haber jubilatorio. Desde hace once años, la Defensoría de la Tercera Edad, calcula semestralmente este costo en las grandes ciudades. Considera tres ejes: alimentación (consumo de dos mil calorías diarias), vivienda y salud, que no es solo medicamento, sino insumos como fijador para dentaduras, descartables, sales hiposódicas, etcétera. El último cálculo, del 6 de octubre de 2019, fue de 37.800 pesos. O sea que una jubilación mínima apenas cubre un tercio de ese costo que está desactualizado. Estos índices son repasados a las autoridades de gobierno que, con sus medidas, demuestran una completa indiferencia a esta grieta entre costo de vida y haberes jubilatorios.

Fondo de Sustentabilidad y Garantía

El decreto de formación de ese fondo, de 2007, tenía un artículo sexto que exigía que el FSG debía tener un capital equivalente a la erogación anual del sistema. Legislaciones posteriores anularon esa exigencia y los distintos gobiernos patronales de turno pasaron a utilizar el fondo para pagar deudas o para otorgar créditos blandos a los amigos, nunca para cubrir los desfasajes de la inflación y mejorar los haberes de los jubilados. En el gobierno de Cristina Kirchner, se llegó a prestar a la multinacional General Motors 259 millones de pesos a una tasa diferenciada inferior a la del mercado para “fomentar el crecimiento económico”. De esa forma, ese fondo que llegó a tener 63 mil millones de dólares, hoy tiene apenas 23 mil millones. Altos funcionarios de Anses como Diego Bossio o Emilio Basabilbaso, responden por denuncias a la justicia. Luis María Blaquier, ex presidente del FGS, fue procesado por haber suscripto en 2016 con los fondos de la Anses obligaciones negociables de Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado. Es inadmisible que este fondo para atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público, sea utilizado de forma discrecional por funcionarios designados por los políticos de turno.

El caso Nisman se ha vuelto a poner en el tapete en todos los medios al cumplirse cinco años de la muerte del fiscal. Ocurrió el 18 de enero de 2015. Desde entonces se han tejido todo tipo de hipótesis (suicidio, suicidio “inducido” o asesinato) y sin llegar a nada concreto. Nexflit difunde un documental sobre el tema. Gobierno y oposición macrista-UCR usan el caso Nisman para sus disputas judiciales y de poder. Pero ninguno va al fondo del problema.

Escribe Luis Covas

Para millones no hay dudas de que la muerte de Nisman está bajo sospecha. Los medios lo han transformado en un caso policial. Nexflix ha aportado una película documental. El enredo es muy grande. A tal punto que en el documental de Nexflit el actual presidente Fernández aparece diciendo, cuando ni era candidato, que no creía en la versión del suicido. Ahora cambió de opinión: “las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que fue un asesinato”, alentando la idea de revisar la pericia de la Gendarmería que apunta a la hipótesis del crimen. Mientras Sergio Massa hace declaraciones diciendo que se inclina por que fue “crimen o suicidio inducido”. Aparecen todo tipo de interpretaciones sobre la escena del baño. Diego Lagomarsino suma nuevas confusiones. Siempre rondan los “espías” y, en especial, el famoso Stiusso. Pero la muerte de Nisman esconde cuestiones políticas muy importantes. Él investigaba la causa del atentado de la Amia producido en julio de 1994.

Izquierda Socialista, como miembro del FIT, siempre tuvo una postura clara ante estos graves hechos que es importante volver a ubicar.

En primer lugar, sobre qué pasó con la muerte de Nisman, si fue suicidio o un crimen. No está en nosotros dar una respuesta. La responsabilidad de que aún no se sepa la verdad está en los gobiernos de turno, tanto el de Cristina Kirchner (2015) como el de Mauricio Macri y en la justicia del sistema. Es un caso bajo sospecha. La misma carátula del expediente decía “muerte dudosa”. Desde el primer día reclamamos su esclarecimiento(*). La investigación no fue clara. Basta recordar que se “ensució” la escena de la muerte. El rol confuso de la fiscal Viviana Fein, la entrada en el edificio de Berni o las idas y venidas de los custodios. Durante el gobierno de Macri la pericia se pasó a la Gendarmería sobre la cual no se puede depositar ninguna confianza.

En segundo lugar, sobre el atentado de la AMIA, que se produjo hace 25 años, que dio el triste saldo de 85 muertos, nuestra corriente socialista fue clara. Lo repudiamos desde un primer momento, cualquiera haya sido su autor, y nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Rechazamos la versión de Israel y de los dirigentes de la AMIA y la DAIA de que se tratara de un “acto antisemita” y que había que “buscar la “conexión local”. Luego la CIA e Israel pasaron a denunciar a Irán. De esa forma se buscó siempre desviar que el origen del atentado estaba en el conflicto del Medio Oriente y en el rol criminal del estado genocida de Israel contra el pueblo palestino. Y en el hecho de que el gobierno peronista de Menen había apoyado en 1991 la invasión imperialista a Irak (ver recuadro).

En tercer lugar, siempre se dijo, de parte del macrismo-UCR, que la investigación de Nisman sobre la Amia y su denuncia contra el memorando con Irán, firmado en el 2013 por el gobierno kirchnerista, buscaban llegar a la verdad sobre el atentado a la AMIA. Mientras el peronismo kirchnerista dio la versión, en el último tramo de su gobierno, de que el acuerdo con Irán era una “búsqueda de la verdad” y que evitaría “nuevos atentados”. Estas dos versiones son falsas. Ni Cambiemos ni el peronismo K buscaban la verdad sobre el atentado de la AMIA. Ambos, desde distintas posturas, avalaron siempre el punto de vista de los Estados Unidos e Israel, que fue un “atentado antisemista” organizado por Irán, desligado del conflicto de Medio Oriente, del rol genocida de Israel sobre el pueblo palestino y el apoyo de Argentina a la invasión yanqui a Irak en 1991.

El fiscal Nisman siempre fue un vocero de la postura yanqui y del sionismo. Y al momento de su muerte, con su denuncia por el acuerdo con Irán, se sumaba al bloque patronal opositor al gobierno kirchnerista. Pero lo que se pierde es que fue el propio Néstor Kirchner quien designó a Nisman en el 2004 como fiscal de la causa Amia. Para ello pusieron al ex Side y espía Stiusso a su servicio y pidieron el aporte de datos a la CIA y al FBI. Así se alineaban con el gobierno de Bush que había declarado a Irán el “eje del mal”. Para confirmar esto el 21 de septiembre de 2006, Cristina Kirchner, siendo senadora y primera dama, y el canciller Taiana se reunieron en Nueva York con los representantes de la poderosísima comunidad judía norteamericana, uno de los principales sostenes del Estado de Israel. Allí les pidieron que cuanto antes hubiera un dictamen en la Argentina acusando a Irán por el atentado. Pasado apenas un mes, se cumplió con ese pedido político-judicial. El fiscal Alberto Nisman, sin pruebas, dictaminó que el cruento atentado de 1994 fue ideado y realizado por el gobierno de Irán.

En cuarto lugar, es también falso que con la firma del memorando con Irán (2013), Cristina Kirchner daba un giro “antiyanqui” (**) En realidad esta negociación se adecuaba al cambio del imperialismo que con el nuevo gobierno de Obama se había orientado a negociar un acuerdo antinuclear con Irán. Cambiando la línea “dura” de Bush por los fracasos en Afganistán e Irak. Hasta Israel criticaba la táctica de Obama. Justamente ese acuerdo con Irán lo rompe años después Trump.

En quinto lugar, Cambiemos ratificó su alineamiento con Israel y Estados Unidos usando el caso Nisman y el tema del fallido pacto con Irán para hacer campaña electoral contra el peronismo K, buscando apoyo de amplios sectores de clase media. Y luego desde el gobierno lo usó para rearmar el poder judicial a su favor. Ahora el nuevo gobierno peronista trata de usar el caso Nisman para revertir esos cambios judiciales y las causas de corrupción pendientes en su contra. Ninguno buscó ni busca la verdad para el caso Amia ni para el caso Nisman.

La confusión política que genera el caso Nisman sumado el odio al macrismo y sus políticas proyanquis desembozadas y su uso represivo de la Gendarmería y demás servicios de seguridad, puede abrir expectativas entre la clase trabajadora y la juventud en que el nuevo gobierno peronista pueda producir cambios más favorables. Que se cambiará, por ejemplo, la política de todos los gobiernos de alinearse con Estados Unidos e Israel. El repentino viaje de Alberto Fernández a Israel mostraría lo opuesto. O cambios de fondo ante el tema de los “espías” y las investigaciones truchas (tipo Nisman) como, por ejemplo, disolver todos los servicios de inteligencia, empezando por la ex Side, y abrir todos los archivos desde la época de la dictadura. Lamentablemente los hechos están mostrando lo contrario. No lo hizo, en su momento, el gobierno de Cristina Kirchner y tampoco parece estar en los planes del nuevo gobierno.

(*) Ver declaración de Izquierda Socialista del 19 de enero de 2015.

www.izquierdasocialista.org

(**) Ver declaración Izquierda Socialista, El Socialista N°239. (27-2-2013). idem