Escribe Claudio Funes

El lunes 25 de noviembre se realizó la primera audiencia del juicio a Daniel Ruiz y César Arakaki, perseguidos políticos del gobierno de Macri que debieron soportar prisión preventiva de un año y tres meses respectivamente.

Ese mismo día a las 13 se llamó a una movilización y acto en las puertas de los tribunales de Comodoro Py. Además de PSTU y PO, estuvieron presentes Izquierda Socialista, PTS y otras organizaciones políticas, sociales y sindicales. En el palco, desde el que Ruiz y Arakaki dirigieron la palabra, se encontraban acompañando Nora Cortinas, nuestras diputadas Mónica Schlotthauer y Laura Marrone, Gabriel Solano, Myriam Bregman y Vilma Ripoll, entre otros.

La movilización se llevó a cabo bajo la consigna “Absolución de César Arakaki, Daniel Ruiz y todos los luchadores perseguidos por luchar contra la reforma previsional del 18 de diciembre de 2017”.

Ruiz y Arakaki participaron de aquella protesta de más de 100.000 personas que resistian el robo jubilatorio siendo reprimida frente al Congreso Nacional por la policía de Patricia Bullrich.

El juicio a Daniel Ruiz y César Arakaki es parte de la judicialización de la protesta para amedrentar a los que luchan contra los planes de ajuste de los gobiernos patronales. Izquierda Socialista se solidariza con Ruiz y Arakaki y exige absolución.

Editorial

El martes 19 el presidente electo, Alberto Fernández, tuvo su primera conversación con Kristalina Georgieva, la titular del FMI. Según un tuit en el que el propio Fernández relató la reunión, habría planteado que propondrá al Fondo un “plan económico sostenible para crecer y pagar la deuda”. Según versiones periodísticas, le habría dicho a la jefa del FMI que “la Argentina está en un momento particularmente difícil”, rechazando “un ajuste mayor al que ya hizo Macri”.

Muchos compañeros pensarán que “Fernández estuvo bien”, ya que planteó que no habrá más ajuste. ¿Esto es así? ¿Realmente se puede pagar la deuda y a la vez crecer y redistribuir la riqueza? ¿Acepta el FMI un plan que no contenga ajustes? Para responder a esto podemos ver el propio planteo de Kristalina Georgieva, que sostuvo que nuestro país “deberá encontrar la forma de mantener las restricciones presupuestarias que existen”. Traducido: seguir ajustando para garantizar pagar. Y si queremos algo más que meras declaraciones, ahí tenemos la realidad de los últimos planes acordados con el Fondo Monetario: Ecuador y el intento de ajuste de su presidente, Lenin Moreno, que lo frenaron las movilizaciones populares hace apenas un mes es el mejor ejemplo.

Alberto Fernández repite algo que viene planteando desde hace meses junto a sus economistas: que su prioridad es pagarle a los acreedores y al FMI, que sólo piden reacomodar las fechas de vencimientos (el famoso “reperfilar” la deuda) y que, de esa forma, aún sería posible reactivar la economía, graficada por la famosa frase “ponerle plata en el bolsillo a la gente”. ¿El Frente de Todos va a devolvernos lo que perdimos en salarios y jubilaciones? ¿Retrotraerá los tarifazos? ¿Priorizará la educación y la salud públicas? Sabemos de las expectativas de muchos compañeros de trabajo o estudio. De lo que se conversa en los barrios populares. Hay una gran esperanza de que “algo mejorará” con el nuevo gobierno. Las respetamos, pero les decimos fraternalmente que no las compartimos. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos durante toda la campaña electoral: si se paga al FMI y al resto de los acreedores, no habrá dinero para resolver las más urgentes necesidades populares. Y eso no se resuelve con una renegociación más o menos inteligente. “Con quita” o “sin quita”, corriendo más o menos algunos vencimientos para adelante, siempre terminaremos en lo mismo: o la deuda o el salario, o la deuda o la educación, o la deuda o la salud.

¿En qué consiste entonces ese famoso “plan económico” de Alberto Fernández del que tanto se habla? Tiene un eje central: el pacto social. Patronales empresarias, burócratas sindicales, jefes de los movimientos sociales más afines al futuro gobierno peronista y la iglesia, se reunirán en aras de un supuesto “acuerdo de precios y salarios”. Donde desde ya los empresarios anuncian que no habrá ni bono de fin de año, ni doble indemnización ante los despidos, ni recomposición salarial de lo perdido en este último tiempo. “El empresariado no es Papá Noel”, dijo cínicamente Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA. Lo peor es que los propios burócratas sindicales también anticipan que no pedirán nada. Así, Héctor Daer salió a justificarse diciendo que “no estamos en momento de puja distributiva”.

Sabemos que muchísimos trabajadores votaron a Alberto Fernández para sacarse de encima las políticas de Macri. Pero estas no le pertenecen solamente al presidente que ahora está cumpliendo sus últimos días de mandato. Son las del FMI, son las que les garantizan cobrar a los pulpos acreedores. Son también, y tenemos que decirlo, las que llevaron y llevan adelante los gobernadores peronistas, con el máximo ejemplo en estos días de Mariano Arcioni, que tuvo meses sin cobrar, mientras los reprimían, a maestros y estatales en Chubut.

Si queremos que no siga el ajuste, habrá que sacarse de encima al FMI y dejar de pagar la deuda externa. Habrá que nacionalizar la banca y el comercio exterior para terminar con la especulación financiera y la fuga de capitales. Habrá que retrotraer los tarifazos y reestatizar las privatizadas. Habrá que recuperar nuestro gas y petróleo. Si se hace todo eso, entonces sí tendremos los recursos para resolver los urgentes problemas de salario, trabajo, educación, salud y vivienda. Todo esto dijimos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda en la campaña electoral y lo seguimos sosteniendo. Y lo continuaremos planteando durante el próximo gobierno.

Las multinaciones del gas y el petróleo vienen haciendo superganancias con la dolarización de los precios de combustibles y tarifas. Sin embargo, se les otorga una nueva compensación a días de la finalización del mandato de Macri. Hay que terminar con todos estos negociados y recuperar esos recursos estratégicos reestatizando las empresas bajo gestión de sus propios trabajadores.

Escribe José Castillo

El gobierno de Macri acaba de otorgarle a los monopolios gasífero-petroleros 24.524 millones de pesos por “diferencias cambiarias”. A través de una resolución del Enargas se “compensa” a las empresas por diferencias entre los cuadros tarifarios surgidas en el período abril de 2018 (cuando se dio el primer salto del dólar) y el 31 de marzo de este año. ¡No sería extraño que dentro de algunos meses estas mismas empresas reclamen otra “compensación” por los meses restantes de este año! La excusa para enviar este dinero es que las tarifas se encuentran dolarizadas y que el gobierno no les reconoció ese incremento desde la devaluación. Todo esto después que el gas aumentó un 1.000% en el período previo.
Recordemos que el gobierno de Macri, en un primer momento, había pretendido que fueran los usuarios los que directamente pagaran la devaluación vía las tarifas. Para eso se ideó un esquema donde el aumento se dividiría en 24 cuotas a abonarse a partir de enero de 2019. Fue tal el repudio a esto que el gobierno tuvo finalmente que dar marcha atrás. Pero, para sostener las super ganancias, ahora opta por directamente mandarles el dinero como subsidios del Estado.

Se trata de una auténtica vergüenza: Nadie “compensó” a los trabajadores o a los jubilados por la pulverización de sus ingresos luego de la devaluación. Todos tuvimos que achicarnos ante la feroz suba de precios. Mientras tanto, gasíferas, petroleras y distribuidoras siguieron subiendo sus precios y tarifas. Recién en los últimos meses, en medio de la campaña electoral, se “suspendieron” los incrementos. Nunca se eliminaron, simplemente se “corrieron” para los bimestres siguientes. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver inmediatamente en el gas, donde los mayores consumos del invierno se disimularon pasándolos para su cobro en verano, que será cuando lleguen las facturas con aumentos. En síntesis: los pulpos del gas y el petróleo nunca perdieron. Simplemente quieren ganar más. Y eso es lo que les garantiza el macrismo en sus últimos días de gobierno. Alberto Fernández, mientras tanto, hace un atronador silencio y “deja correr”.

Hay que cortar con este robo. No se puede seguir con los tarifazos ni mucho menos con la dolarización de precios. Hay que retraerlos inmediatamente. Por eso cuestionamos el planteo de Alberto Fernández de “pesificar” tarifas pero aceptar los incrementos anteriores como “cosa del pasado”. Tampoco se puede continuar con los subsidios a estos pulpos, política que ya tiene sus antecedentes durante los doce años del kirchnerismo.

La única salida pasa por rescindir todas las concesiones gasíferas y petroleras, a lo largo de toda la cadena, desde la producción, pasando por el transporte hasta la distribución final y la comercialización. En el caso del petróleo, hay que reconstruir una YPF 100% estatal, gestionada por sus trabajadores y técnicos. En el tema del hoy desguazado negocio del gas, también se trata de concentrarlo en una gran empresa estatal, recuperando la experiencia de décadas de Gas del Estado, que supo ser una de las más importantes gasíferas del planeta.

En el caso de la electricidad, también hay que reestatizar todo el negocio. Para así poder planificar, desde las reales necesidades populares, cuál es la matriz energética que necesitamos, articulando las centrales térmicas, el desarrollo hidroeléctrico, la energía nuclear y también las energías alternativas (eólica, solar). En lo que respecta a la distribución, la reestatización del servicio se debe hacer bajo gestión de trabajadores y asociaciones de usuarios, garantizando acceso para todos y tarifa social para quienes la necesiten.

¿Quiénes se benefician?

Exceptuando a YPF y Ieasa (la ex Enarsa), el dinero irá a manos de las grandes empresas del sector. Las más beneficiadas serán la multinacional francesa Total, que recibirá 2.356 millones de pesos; Panamerican Energy, de la familia Bulgheroni, con 1.371 millones; Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios más cercanos a Macri, 1.218 millones; la alemana Wintershall, 962 millones; Pan American Sur, 751 millones; Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, 635 millones; Pluspetrol, del Grupo Techint con 476 millones; y Compañía General de Combustible, de Eduardo Eurnekian, con 409 millones. J.C.

Escribe Guido Poletti

Para el presidente electo Alberto Fernández, apostar a Vaca Muerta es una de sus prioridades. No es un secreto: está en la plataforma electoral del Frente de Todos y fue planteado públicamente decenas de veces. Uno de sus principales asesores económicos, Guillermo Nielsen, viajó a la zona y se explayó ante empresarios del sector. Así, se supo que se está estudiando conformar un fideicomiso, algo así como un fondo cerrado a donde vayan las ganancias de Vaca Muerta, con jurisdicción internacional, y a cubierto de que se les cobre impuesto alguno. Esto, junto con otras exenciones impositivas para la importación de maquinarias y la continuidad de la superexplotación laboral, representa el centro del proyecto estratégico de Fernández para el sector. Totalmente por fuera queda cualquier preocupación por el saqueo de estos recursos no renovables y, mucho menos, el desastre ambiental que ya se está causando o los derechos de los pueblos originarios que habitan en el área.

La extracción por medios no convencionales (fracking) fue un proyecto que nació durante el gobierno de Cristina Fernández. En el origen estuvo el escandaloso pacto secreto con la multinacional yanqui Chevron. A posteriori, Macri tomó la posta, y comenzaron a llegar los otros pulpos del sector. Siempre en medio de los máximos privilegios, comenzado con la firma de un convenio colectivo de trabajo ultraflexibilizado. Así, en los últimos cuatro años, macristas y peronistas kirchneristas se la pasaron peleándose acerca de quién fue el verdadero promotor de Vaca Muerta. Por eso no extraña que ahora Alberto Fernández lo plantee como una de sus propuestas estratégicas.

Pero la realidad es que las inversiones en Vaca Muerta se vienen reduciendo en los últimos meses. Como excusa se toma la famosa resolución 566/19, que congeló el barril de petróleo por debajo del internacional. Medida, como sabemos, que fue un parche frente al desastre que estaba causando la devaluación del peso desde abril de 2018. El freno objetivo en la producción fue no sólo de las empresas a cargo de cada pozo, sino también de las de servicios que las acompañan. Así, en total ya se registran más de 1.800 suspensiones y despidos.

Los pulpos del sector chantajean: o se los deja seguir subiendo libremente los precios de los combustibles (no importa si extraídos en forma convencional o por medio del fracking) o no habrá inversiones en Vaca Muerta. Por eso el futuro gobierno del Frente de Todos se cuida muy bien de hablar de congelamiento de naftas o gasoil (ni qué decir de volver los precios anteriores). Es que saben que parte de los privilegios que les deben garantizar a los pulpos depredadores del gas y el petróleo incluye que sigan subiendo el precio de los combustibles al compás de las alzas internacionales (lo que no los limitará para que, en el caso de que el valor internacional del barril descienda, pasen a reclamar ser “compensados” por este hecho).

En síntesis, el planteo del futuro gobierno de Fernández no solo significa continuar con el saqueo y destrucción del ambiente de las multinacionales. También es la “excusa perfecta” para garantizarles a los pulpos del sector la continuidad de sus super-ganancias, incluso con los métodos convencionales. Como lo dijimos infinidad de veces, la salida pasa por la estatización de todo el complejo gasífero-petrolero, que debe pasar a funcionar gestionado por sus propios trabajadores. Y de la prohibición del fracking como método extractivo contaminante utilizado por las multinacionales al servicio de sus superganancias.

Alberto Fernández viene insistiendo en que una de sus políticas prioritarias será para “combatir el hambre y la pobreza extrema”. A esto ha dedicado una parte significativa de sus reuniones en aras de un futuro pacto social, con la UIA, los burócratas sindicales y la dirigencia de los movimientos sociales, sobre todo a los ligados a la iglesia católica. Pero ninguna de sus medidas resolverá el drama de la pobreza en nuestro país.

Escribe Adolfo Santos

Por intermediación de Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, el pasado miércoles 13 Fernández se reunió en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina con organizaciones de movimientos sociales como la CTEP, el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán o la CCC/PCR, entre otras. Uno de los temas centrales en debate fue el plan “Argentina contra el hambre”, que según el nuevo gobierno será “la primera política de Estado del siglo XXI”.

Daniel Arroyo, participante de esa reunión y futuro ministro de Desarrollo Social, explicó que el plan funcionará mediante una tarjeta que permitirá comprar alimentos a su portador: “El sistema beneficiará entre 1.800.000 y 2 millones de personas y el presupuesto, que este año fue de 27 mil millones, en 2020 será de 40 mil millones de pesos”. Como vemos, no alcanza a cubrir ni de lejos, al total de la propia población afectada. Primero, porque según informa el propio Arroyo, “hoy hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria”. Entonces, no queda claro cómo será atendido casi el 80% que quedarán por fuera del plan anunciado. Segundo, porque si consideramos una inflación anual, en 2019, de 55%, los recursos destinados por Fernández para combatir el hambre, serán proporcionalmente inferiores a los de Macri.

El plan “Argentina contra el Hambre” es completamente insuficiente. Veamos las declaraciones del propio Arroyo: “Argentina está yendo a una generación de chicos obesos y petisos […] 14% de los niños tienen lo que se llama inseguridad alimentaria severa […]”. El gobierno debe asistir con alimentos a la población más vulnerable de forma urgente, pero eso será apenas un paliativo si no se combina con medidas que combatan de verdad la pobreza.

Hay efectivamente que agrandar las partidas alimentarias. No sólo para los comedores populares. Las escuelas deben recibir presupuesto para que la comida que reciban los niños en ella garantice la nutrición suficiente. También deben aumentarse los montos de las asignaciones universales por hijo y, por supuesto, ningún desocupado debe quedar sin recibir una cobertura. Pero la real solución pasa por la creación de trabajo genuino. Para eso hay que lanzar un gran plan de obras públicas, que debe comenzar con la construcción de viviendas populares, escuelas y hospitales, o la refacción de los existentes.

Los burócratas sindicales ya abren el paraguas acerca de que no se debe esperar recomposiciones salariales que recuperen lo perdido. La excusa es que “la prioridad es el hambre”, contraponiéndola a las necesidades de los trabajadores. Somos claros: no hay real combate a la miseria si los salarios y las jubilaciones están por debajo de la línea de pobreza. Por eso, parte de esa “lucha contra la pobreza” requiere un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar.

Por supuesto que todas estas medidas requieren responder a una pregunta básica: ¿de dónde saldrá el dinero para financiarlas? La respuesta es simple y sencilla. Todo esto será posible si suspendemos inmediatamente los pagos de deuda externa y rompemos con el FMI. Por eso insistimos en la disyuntiva de hierro: plata para acabar con la miseria o para los pulpos acreedores. Esa es la cuestión.