Escribe Guido Poletti

Ninguna de las medidas de Lacunza frenarán la corrida cambiaria. Es que ni el viejo “cepo” del kirchnerismo ni el actual del macrismo sirven para esto. Así vamos camino a quedarnos sin reservas. Muchos trabajadores, con justa razón, temen por sus ahorros, ya más de una vez confiscados por los bancos en las últimas décadas. Las patronales, los grandes exportadores y los ricos en general, encuentran fácilmente la forma de pasarse, de una manera u otra al dólar, con la complicidad de los propios bancos, de quienes son sus clientes privilegiados.

Por eso decimos que la verdadera salida para terminar con la especulación y la fuga de capitales, y la única garantía para el pueblo trabajador de que sus ahorros estarán a salvo es con la nacionalización de la banca y el comercio exterior.

Una banca nacionalizada garantizará que los pequeños ahorristas, puedan dormir tranquilos. Porque esos ahorros ya no estarán a merced del uso que decidan darle los banqueros privados, que lo juegan a la ruleta de la bicicleta financiera para al final fugarlo y robarle la plata a sus clientes. Una banca nacionalizada tendrá como prioridad cuidar esos ahorros y otorgar créditos hipotecarios a tasa baja o para el consumo popular.

Al mismo tiempo, hay que nacionalizar el comercio exterior, para terminar con el negociado de los monopolios agroexportadores. Que, como ya han hecho otras veces, burlarán los controles que ahora se le ponen subfacturando exportaciones (para declarar menos dólares que los que cobran realmente) o sobrefacturarán importaciones (para que el estado les venda más dólares que los que necesitan y con eso alimentar el mercado del blue). Los dólares seguirán saliendo por mil y un agujeros que crean todos los días los grandes especuladores hasta que se corte de raíz y haya un solo organismo del estado que monopolice su compra y su venta.

Escribe José Castillo, candidato a Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires

La palabrita la inventó Guillermo Nielsen, uno de los principales asesores económicos de Alberto Fernández. Explicó varias veces que su propuesta era garantizarles a los pulpos acreedores que seguirán cobrando la deuda, y que para eso proponía “renegociar” para correr un poco los plazos de vencimientos. Eso llevó a que estos doblaran la apuesta quejándose por anticipado de que esta “renegociación” podía implicar alguna quita.

Nielsen, finalmente, terminó aclarando que el Frente de Todos garantizaba pagar todo, sin quita, y que lo único que planteaban era correr vencimientos, o sea “reperfilar” la deuda. Así nació la famosa palabrita.

El que lo retomó fue el ministro Hernán Lacunza en su discurso del miércoles pasado, donde llamó a comenzar a negociar para “reperfilar” los vencimientos de deuda, tanto con el FMI como con los acreedores privados. Hay una total coincidencia en esto, entonces, entre macristas y peronistas.

Aclaremos de qué se trata. Pagar la deuda, como explicamos en la nota central, es un robo. Pagar el 100% del valor de los distintos bonos de deuda es, además, un robo al cuadrado. Porque estos mismos bonos hoy cotizan a menos de la mitad de su valor, lo que quiere decir que ni los mismos bonistas calculan que van a cobrarlos. Eso expresa el “riesgo país” a más de 2.400 puntos: quiere decir que el establishment económico internacional ya descuenta que lo más probable es que no se pague nada. ¡Y a esos buitres, que ya harían un negocio redondo si cobraran algo, Macri y Fernández, le quieren pagar el valor nominal total de los bonos!

Pero eso no es lo más grave: para “reperfilar”, se les ofrecerá a los acreedores mayores intereses que los actuales. Poniéndolo en números: cada año que “se corren los vencimientos” significa reconocerle a los acreedores un 20% más. Suponiendo que se “reperfile” en cuatro años, eso significa duplicar el total de la deuda: ¡terminaremos debiendo más de 800.000 millones de dólares!

Y, para hacerlo peor todavía, la renegociación o “reperfilamiento” de la parte de la deuda que es con el FMI, viene con la exigencia adicional de aceptar un mayor ajuste (reforma fiscal) y las reformas previsional (reventar a los jubilados actuales y futuros) y laboral (flexibilizando a los trabajadores hasta los máximos niveles de superexplotación imaginables).

Amigo lector, no te dejes engañar por las palabras. Lo que te van a “reperfilar” va a ser tu salario y tu trabajo. El FIT Unidad es el único que dice con todas las letras que esto es un robo, planteando que la plata debe ir a resolver las más urgentes necesidades populares, no a los pulpos acreedores ni al FMI.

Estamos en crisis. Cada día peor. Los salarios y las jubilaciones se siguen pulverizando. Comenzó una nueva oleada de despidos y suspensiones. Crece astronómicamente la pobreza. “Otra vez”, como tantas en los últimos 40 años. ¿Por qué? Nuestra respuesta es clarísima: se debe a que estamos encadenados al saqueo de la deuda externa. Se trata del principal mecanismo de expoliación imperialista sobre nuestro país. Una deuda ilegal, inmoral, fraudulenta y encima impagable. Que se agranda cual bola de nieve y cada vez nos hunde más.

Escribe José Castillo, candidato a Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires

Contraída por la dictadura genocida de Videla y Martínez Hoz –nunca nos cansaremos de subrayar esto que hoy todos quieren esconder- fue reconocida y pagada por absolutamente todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983: Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner y ahora Macri. Para cumplir con los pulpos acreedores se ajustó en base al hambre y la miseria a nuestro pueblo y al final de cada mandato se debía más que al principio.

Siempre dijimos que era impagable. Tanto que varias veces los gobiernos entraron en “default” (cesación de pagos) al no poder siquiera pagar los vencimientos que se iban dando. Esto sucedió al final de la dictadura, cuando de los más de 40.000 millones de dólares de deuda externa que dejaron los militares, 16.000 ya estaban vencidos. Idéntica situación se dio con Alfonsín, que también dejó de pagar los vencimientos en abril de 1988. Y volvió a pasar en estos días, en que el ministro Lacunza anunció que la deuda de corto plazo, no sería abonada en tiempo y forma, pateando los vencimientos hacia el próximo gobierno (generando lo que se llama un default parcial y “técnico”).

Cuando fue distinto: el Argentinazo impuso el no pago

Tanto ahora como en 1982 y 1988 se dejó de pagar una parte de la deuda. Así, tanto la dictadura, como Alfonsín o actualmente Macri se “ahorraron” una porción de plata. Claro que lo hicieron vergonzantemente, porque no les quedó otra y destinando ese dinero a tratar de garantizar los negociados y las ganancias de “otros” pulpos financieros. Ni un peso fue a salario, empleo, educación o salud.

Pero hubo una vez que fue distinto. En 2001 el hambre, el desempleo y la miseria, producto de priorizar al máximo los pagos de deuda, había llegado a un punto límite.Y finalmente, el pueblo trabajador explotó. Millones se movilizaron y echaron al entonces presidente De la Rua y a su ministro Cavallo. Ese “argentinazo” (con ese nombre pasó a la historia) impuso el no pago. El propio presidente recién nombrado, Adolfo Rodríguez Saa, se vio obligado a proclamarlo desde el Congreso.

Esa enorme masa de dinero, que de otra manera hubiera ido a parar al barril sin fondo de la deuda fue la que se terminó utilizando, por la presión de las masas movilizadas, para que se tuvieran que otorgar dos millones de planes jefas y jefes de hogar en marzo de 2002. En los meses y años siguientes comenzó un proceso de reactivación y los trabajadores pudimos arrancarles aumentos salariales a los gobiernos primero de Duhalde y luego de Kirchner. Había plata disponible, justamente la que no se usó para pagar la deuda, hasta que Kirchner, su ministro Lavagna y su segundo Guillermo Nielsen, firmaron el canje de 2005 y así volvieron los pagos a los acreedores y al FMI que pocos años después otra vez nos hundirían en la crisis.

El kirchnerismo, que había llegado al poder con una deuda que no se estaba pagando de 190.000 millones de dólares, pagó desde ese momento en efectivo 200.000 millones (tal como reconoció la propia Cristina Kirchner), para terminar su mandato con un endeudamiento total de 240.000 millones. Por eso siempre lo denunciamos: el proclamado “desendeudamiento kirchnerista” fue una vulgar mentira.

El macrismo, por su parte, nos endeudó en otros 150.000 millones, dejando una deuda total superior a un PBI (más de 400.000 millones de dólares, todo lo que la Argentina produce en un año) y terminó entregándonos de pies y manos al FMI. Culmina su mandato dejando servidos un acuerdo con el Fondo donde se nos exigen metas de super-ajuste y con vencimientos inmediatos para los próximos tres años de 150.000 millones de dólares.

¿Cuál es la salida?

Tanto Macri como Alberto Fernández coinciden en que van a continuar con el FMI, “renegociando” o “reperfilando” el acuerdo. Ambos garantizan a los acreedores que les van a pagar el 100% de sus deudas. Desde el Frente de Izquierda Unidad somos clarísimos: ni la más mínima política de redistribución de la riqueza, aumento de salarios o jubilaciones o reactivación de la economía va a ser posible si seguimos sometidos a los dictados del Fondo y entregando miles de millones de dólares al barril sin fondo de la voracidad de los acreedores.

Sólo alimentaremos una deuda usurera al servicio de imponer reformas laborales y mayores ajustes al pueblo trabajador. Con las más terribles consecuencias en materia de salario, trabajo y miseria.

Por eso insistimos, la única salida es romper el acuerdo con el FMI y suspender inmediatamente todos los pagos en concepto de deuda externa. Para así, con esa plata, volcarla a resolver las más urgentes necesidades de salario, trabajo, educación, salud y vivienda.

Escribe Guido Poletti

El candidato presidencial del Frente de Todos se reunió con la entidad que agrupa a las distintas expresiones patronales del campo: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Coninagro y Federación Agraria. Lo primero que pidió fue olvidar el conflicto de 2008: “fue historia, ya fue”, afirmó Fernández, para dejar en claro que en su gobierno no habrá ningún conflicto con esas entidades y se le garantizará a los grandes terratenientes, a los pooles de siembra y a los monopolios agroexportadores la continuidad de todos sus privilegios.

“No piensen que van a haber mecanismos distorsivos ni prohibiciones a las exportaciones. Las exportaciones son el camino necesario para las divisas”, recalcó el candidato presidencial, alejándose de cualquier tipo de control sobre el comercio exterior. Incluso se deslindó de lo que había insinuado Felipe Solá, acerca de la reimplantación de la Junta Nacional de Granos. Recordemos que esta entidad, que existió entre 1933 y fue cerrada por Menem en 1991, apenas si garantizaba tenuemente que los precios de los granos no se dispararan demasiado hacia arriba (repercutiendo de esta manera en el precio de la harina y el pan, en el caso del trigo) o hacia abajo (perjudicando al pequeño productor que no alcanzaba a cubrir sus costos). Pero el Frente de Todos, tal como por otra parte hizo el kirchnerismo, no piensa dar marcha atrás en esta liberación absoluta del sector.

La realidad es que Alberto Fernández ni siquiera piensa hacer uso a fondo de las retenciones, que hoy están apenas en 4 pesos por dólar exportado, y reduciéndose rápidamente con el avance de la devaluación.

Los representantes de las patronales agrarias salieron exultantes de la reunión. “Se acabaron los desencuentros”, afirmaron.
Ciertamente, un futuro gobierno del Frente de Todos le seguirá garantizando sus negocios a los dueños de miles hectáreas en lo mejor de la Pampa Húmeda y a los monopolios transnacionales exportadores como Nidera, Dreyfuss, Cargill o Cofco.

La inmensa potencialidad de nuestro campo, la fertilidad de una de las tierras más rentables del mundo y la capacidad de producir alimentos para diez veces nuestra población, será una vez más regalada a las patronales del agronegocio. Desde el Frente de Izquierda somos claros: hay que hacer exactamente lo contrario que lo que pregona Alberto Fernández. Es necesario nacionalizar el comercio exterior y realizar una profunda reforma agraria para que toda esa inmensa riqueza sea un puntal para el desarrollo de un programa económico alternativo, obrero y popular, que aporte recursos para resolver las reales necesidades pendientes de salario, trabajo, vivienda, educación y salud.

Escribe Guido Poletti

Es la gran coincidencia entre macristas y el Frente de Todos: ambos compiten por quién le promete más privilegios a los pulpos transnacionales del gas y el petróleo para la explotación de Vaca Muerta. Sólo se pelean por quién fue el verdadero “fundador” de esa explotación no convencional. Cristina en su libro Sinceramente afirma que, tras la estatización parcial de YPF, el pacto secreto firmado con Chevrón fue el puntapié inicial que dio lugar a que comenzara el negocio. Los macristas retrucan que “el verdadero comienzo” de Vaca Muerta fue con los nuevos privilegios y subsidios que ellos le otorgaron durante su gobierno.

Pero más allá de esta pelea “de cartel”, la realidad es que cuando se les pregunta a los dirigentes del Frente de Todos por cuáles serán los ejes privilegiados de su gobierno, Vaca Muerta aparece como el número uno. Así lo explicó Guillermo Nielsen en innumerables foros, donde incluso promovió que todo el negocio tomara la forma de una off-shore: prácticamente no pagará impuestos y tendrá una extraterritorialidad tal que parecerá que la zona ya no pertenece a la Argentina.

La explotación de Vaca Muerta, por medio del fracking, mecanismo denominado “no convencional”, está duramente cuestionada por todas las organizaciones ambientalistas. Su potencialidad destructiva del ambiente es pavorosa. A ello se le agrega que la explotación se realiza prácticamente pasando “por arriba” a las comunidades locales, entre ellas varias de pueblos originarios que tienen allí sus tierras ancestrales. Y, por si todo esto fuera poco, Vaca Muerta está produciendo con trabajadores sometidos a la más feroz superexplotación, producto de un convenio colectivo de trabajo ultra-flexibilizado, que ya ha causado varias muertes de obreros por violar las más elementales medidas de seguridad. Todo al servicio de que un puñado de transnacionales del sector se lleve nuestro gas y petróleo.

Este es el “modelo productivo” que prioriza el programa económico del Frente de Todos. El nuestro, una vez más, es el opuesto: pasa por aumentar los salarios, prohibir las suspensiones y despidos, reestatizar las privatizadas (entre ellas constituir una gran YPF y una gran Gas del Estado que concentren todo el negocio gasífero-petrolero), en definitiva, en vez de un modelo de saqueo, otro de desarrollo al servicio del pueblo trabajador.