La ley impositiva se aprobó en la Legislatura bonaerense con los votos del Frente de Todos y Cambiemos. Es un nuevo ajuste contra los trabajadores y los sectores populares. Lo recaudado será utilizado para pagar deuda y no para resolver los urgentes problemas sociales. La banca del FIT votó contra la ley y planteó que la única solución para salir de la crisis es romper con el FMI, dejar de pagar la deuda e imponer una ley impositiva donde realmente paguen más los que más tienen.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense de Izquierda Socialista/ FIT Unidad

La ley impositiva de Kicillof, que establece los impuestos que cobrará la provincia este año, generó una fuerte polémica. Tras la votación, el gobernador reconoció que “beneficia a los sectores concentrados”. Por su parte, la vicegobernadora Magario dijo que no servirá para resolver los problemas de “nuestras escuelas, hospitales y la emergencia social”. Pero, pese al doble discurso, la ley fue votada con el acuerdo de los bloques del Frente de Todos y Cambiemos. El FIT fue el único bloque que votó en contra.

El gobernador y sus ministros se encargaron de aclarar que con la ley impositiva no buscan resolver los urgentes problemas sociales de los sectores populares bonaerenses, sino que quieren hacer caja para pagar la deuda externa de la provincia. Este año quieren pagar 2.700 millones de dólares (567 millones en enero) a los usureros internacionales.

Esta ley no establece “impuestos progresivos”, donde paguen más los que más tienen. Se trata de un impuestazo contra los trabajadores y los sectores populares, que pagarán el grueso de la recaudación de la provincia, mientras que las grandes empresas y los terratenientes seguirán pagando una porción menor, además, de seguir evadiendo sin control.

Así, por ejemplo, a la mayoría de los trabajadores se le impondrá un aumento del 55% en el impuesto Inmobiliario Urbano de sus viviendas, porque la ley define que las propiedades (terreno con vivienda) cuyos valores de mercado estén comprendidos entre 40 mil y 135 mil dólares deben pagar ese aumento. El gobernador dijo que es lógico pagar tanto porque “es equivalente a la inflación”, pero los salarios de los trabajadores están congelados y el gobierno se niega a actualizarlos.

Como evidencia de que los grandes terratenientes no recibirán el mismo peso de los impuestos, la ley define un aumento del 75% en el impuesto Inmobiliario Rural, pero sólo lo pagarán unas 200 terratenientes, cuando en la provincia hay más de 2.500 grandes propiedades mayores a 2 mil hectáreas. Además, los valores fiscales de esas propiedades no se actualizan desde 2012, lo que reduce el monto que pagarán. Este impuesto no les hace ni cosquillas a los grandes propietarios y oligarcas.

Encima, el impuesto de mayor recaudación, Ingresos Brutos, también recaerá sobre los trabajadores y sectores populares. Este impuesto se realiza sobre las actividades económicas de empresas, supermercados y otras actividades. Pero la realidad es que las empresas y supermercados siempre trasladan el impuesto a los precios, que termina pagando todo el pueblo trabajador. La reducción de este impuesto en algunas actividades (medicamentos o venta minorista de alimentos básicos) no traerá un beneficio importante para los golpeados bolsillos populares.

La banca de Izquierda Socialista en el FIT Unidad rechazó esta ley impositiva porque es un impuestazo contra los trabajadores y el pueblo. Es parte de un paquete de medidas nacionales y provinciales, como las leyes de emergencia, que responden a las recetas de ajuste del FMI.

Para resolver los urgentes problemas sociales en trabajo, salud, educación y vivienda es necesario romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa usurera y fraudulenta, que en último periodo engrosó Vidal con el apoyo parlamentario del peronismo, y que fue utilizada para hacer negocios financieros. Es necesaria una verdadera reforma tributaria, donde paguen más los que más tienen, empezando por cobrarle a los grandes terratenientes, a las empresas multinacionales y a las cadenas de supermercados formadoras de precios.

Se fue Macri y asumió el peronismo del Frente de Todos. Alberto Fernández empieza a gobernar con todos los índices sociales a la baja. Lo usa para enarbolar el discurso de la famosa herencia recibida (“tierra arrasada”) diciendo que habrá que esperar y que muchos temas no tienen soluciones inmediatas. Su promesa de crecer para posteriormente honrar los pagos de una deuda usurera, es una receta que ya se probó en los doce años kirchneristas, el país no se desendeudó y los males sociales persistieron. Las expectativas en el nuevo gobierno chocarán con la necesidad de salir a enfrentar la carestía de la vida y el pacto social que preparan empresarios y burócratas sindicales.

Macri se despidió de la Casa Rosada ante unos pocos empleados con caras largas. Les dijo, es un “lunes especial”. Es que los Ceos de Cambiemos perdieron el poder. Si bien logró remontar dos millones de votos en las elecciones de octubre, el grueso de los trabajadores y sectores populares lo castigó. Su resignado objetivo sólo fue entregar el sillón de Rivadavia sin trastabillar, conformándose con que un gobierno no peronista termine el mandato.

Millones esbozan alegría al sacarse de encima a un gobierno ajustador y mentiroso, títere del FMI, las multinacionales y la patria financiera. Hoy asume el Frente de Todos, pero los luchadores, el sindicalismo combativo y la izquierda tuvieron mucho que ver para echar a Macri, ya que la rebelión de diciembre de 2017 contra el robo jubilatorio (ante la claudicación de la CGT y el voto favorable de la ley de gran parte del peronismo) significó un antes y un después del cual Macri nunca se pudo recuperar. El pacto con el FMI lo terminó de enterrar.

Desde allí la burocracia sindical traicionó las luchas y junto al peronismo fueron cómplices de Macri en la aplicación del ajuste llamando a canalizar la bronca vía las elecciones. Así culminó el ciclo de la denominada “derecha liberal”.

La vuelta del peronismo y la receta de la renegociación

El Frente de Todos comandado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner es el tercer gobierno peronista desde que cayó la dictadura. En la asunción hubo decenas de miles movilizados y siguen las muestras de importantes expectativas con el nuevo gobierno. Pero el propio Fernández le viene bajando los decibeles a las apresuradas aspiraciones de que se puedan resolver los males que deja Macri.

Son tan desastrosos los índices sociales que cualquier medida que adopte el nuevo gobierno, aunque sea parcial o cosmética, será considerada como positiva. Los anuncios de un bono para jubilados, la asignación por hijo o una suma fija para los trabajadores, serán solo un paliativo. En eso consistirá la política de “ponerle plata al bolsillo de la gente”. Pero la pobreza que superó el 40%, el 50% de la industria parada, la pérdida salarial y jubilatoria del 20% y los 158.000 puestos de trabajo privados industriales que se perdieron, necesitan medidas de fondo para combatirlos, no parches coyunturales.

Fernández asume en una mayor crisis capitalista comparado con la que la que le tocó al kirchnerismo en 2003 cuando asumió. En ese momento había un viento de cola, un elevado valor de las materias primas (la soja al doble de la actual) y un país que había dejado de pagar la deuda por varios años. Eso le permitió hacer algunas ayudas sociales imprescindibles. Hoy la crisis capitalista nacional y mundial se lo impedirá.

No negamos que la crisis sea profunda, el debate está en qué políticas hacen falta para enfrentarla. Se ha instalado en el ideario popular por dichos del flamante Ministro de Economía estrella -como fue presentado el catedrático Martín Guzmán -que el gobierno “dejaría de pagar la deuda por dos años”. Pero nunca el Frente de Todos dijo que va a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario ni mucho menos que no va a pagar.

La receta que propone el gobierno es la “renegociación constructiva” de la deuda para postergar por un tiempo los vencimientos, lo que no tiene nada que ver con ningún “no pago”, ni desconocimiento del acuerdo con el FMI. El no pago de la deuda lo impuso el Argentinazo de 2001 tras una enorme rebelión popular. El plan de Fernández es otro, la renegociación.

Los bonistas privados que deberían cobrar los vencimientos de 2020 seguramente pedirán para renegociar la cobertura política del FMI, organismo que seguirá actuando en la vida nacional y exigirá más condicionamientos económicos y políticos. Si Argentina posterga algunos vencimientos tal vez lo haga con el visto bueno de Trump y el FMI para amortiguar la tremenda crisis social y evitar un estallido. Lo harán a cambio de asegurarse que con Fernández se van a garantizar los pagos de la deuda a costa de más ajuste aunque el gobierno lo intente encubrir. Por eso no habrá ninguna “renegociación nacional y popular”.

La política de Fernández solo tiende a postergar vencimientos cuando lo que hace falta es romper con el FMI. Lo dicen hasta los propios especialistas en el tema (ver reportaje a Eric Toussaint donde recomienda romper con dicho organismo, algo que no está en la prédica de Fernández).

Fue tan siniestro el endeudamiento de Macri y el préstamo de 46.000 millones de dólares del FMI, que Fernández lo aprovecha para que le tiren una soga y tratar de renegociar en mejores condiciones. Si lo logra, simulará que “convenció” al Fondo Monetario ante la crítica situación, dándole el carácter de un FMI bueno, cuando se trata de un organismo imperialista que donde actuó solo impuso ajustes, tarifazos, privatizaciones y más endeudamiento de la mano de los gobiernos de turno desde siempre.

“Los muertos no pagan”, decía Néstor Kirchner, frase quereplica el actual gobierno. El plan de renegociar (con quita o no) es para volver a pagar como ya lo hizo el kirchnerismo pos Argentinazo. Pasamos de un Macri que decía “el FMI nos va a salvar”, a un Alberto Fernández que a través de su doble discurso dice “vamos a renegociar para crecer y poder pagar”. Vuelve a quedar claro que la alternativa sigue siendo, o priorizar la plata para salario, trabajo, comida, salud, educación, vivienda o presupuesto para combatir la violencia de género, como postula la izquierda, o pagarle a los usureros internacionales como pregonan los Fernández.

Las perspectivas de Argentina en una Latinoamérica convulsionada

“La luna de miel entre las sociedades civiles y los gobiernos son cada vez más cortas. Los “cheques en blanco” sencillamente ya no existen. Alberto Fernández entrará a la Casa Rosada con gran legitimidad de origen que tendrá que revalidar día a día”, escribió el periodista peronista Mario Wainfeld (Página12, 1/12). Está reconociendo que el gobierno tendrá momentos difíciles.

Por su parte, Monseñor Ojea (presidente de la Conferencia Episcopal Argentina) dijo en la misa que brindó en Luján delante de Macri y Alberto Fernández: “Todos somos conscientes de lo que viene en el mundo y en Latinoamérica. Necesitamos de todos, nadie sobra en esta construcción”. La “misa anti-grieta” celebrada por esta institución retrógrada y privilegiada va en consonancia con el mensaje moderado y por la “unidad” de Alberto Fernández en la asunción, y del macrismo en su rol de opositor. Larreta dijo “si a Alberto le va bien nos va bien a todos”. Es un mensaje a la clase capitalista de que más allá del signo político de los gobiernos que se alternan, sean de derecha o nacionales y populares, el objetivo de ellos pasará por recomponer las ganancias empresariales e intentar maniatar a los que luchan. Cuando hablan de cerrar la grieta, se refieren a eso.

El famoso pacto social (“contrato ciudadano”) entre gobierno, empresarios, dirigentes sindicales y la Iglesia, tiene ese objetivo. Van a simular que se controlarán los “precios y salarios”, mientras se mantendrán el robo de las privatizadas, la flexibilización laboral por gremio, la garantía de que seguirá el saqueo con una ley especial de hidrocarburos para las multinacionales que operan en Vaca Muerta y los pagos de la deuda.

Como no habrá soluciones de fondo, el espejo en el que se tendrá que mirar Alberto Fernández, en perspectiva, será Chile, más allá de las desigualdades en los procesos de lucha de cada país. En el país trasandino no pueden parar una rebelión popular contra el modelo capitalista y represivo de Piñera.Antes fueron Puerto Rico (donde cayó el gobernador), luego Ecuador, donde se frenó un aumentazo en las naftas aconsejado por el FMI, y ahora la rebelión en Colombia, como parte de una oleada que recorre el mundo, ahora con epicentro en la huelga ferroviaria en Francia.

Sacar las rejas de la Plaza de Mayo para simular que desde ahora ese espacio “vuelve a ser del pueblo” o la actitud de Cristina de no mirar a Macri o no usar la misma lapicera para firmar el libro del cambio de mando, son gestos para posar de que se está ante “un gobierno distinto”, que “rechaza el ajuste de la derecha”, dando el mensaje que con gobiernos nacionales y populares se solucionarán los problemas. Pero no solo están siendo repudiados los gobiernos ligados directamente a Trump como Macri, Piñera, Iván Duque de Colombia o Lenin Moreno de Ecuador, sino también los gobiernos patronales supuestamente progresistas del doble discurso, como Lula, Evo Morales, Maduro y Ortega, que por mantener los pilares del capitalismo y no aplicar medidas de fondo (lo cual han envuelto en discursos “antiimperialistas y contra la derecha”), han permitido que la derecha se fortalezca, o llevado a regímenes totalitarios en Venezuela y Nicaragua, y en todos aplicando el ajuste. El hecho de que Fernández haya invitado a su jura al presidente ajustador y represor de Chile, Sebastián Piñera -el cual no pudo venir porque se cayó un avión militar- y el compromiso de visitar aquel país, es un claro apoyo a ese mandatario repudiado por millones y un revés al heroico pueblo chileno en su lucha por sacarlo.

El sindicalismo combativo y la izquierda tienen el desafío de acompañar al pueblo trabajador ante el nuevo gobierno de Alberto Fernández, llamando a que el salario, las jubilaciones y el trabajo no pueden esperar. Lo mismo el reclamo del movimiento de mujeres por el aborto legal, el cual ni fue mencionado por Fernández en su largo discurso en el Congreso. El paro de las Guardas del Sarmiento que lograron abrir una negociación para que se cumplan las condiciones laborales de higiene y seguridad; la rebelión de los residentes de CABA que con su lucha obligaron a que se retrotraiga una ley que los superexplotaba y precarizaba, y las aguerridas docentes y estatales de Chubut que dieron una enorme pelea contra el gobernador Arcioni (Frente de Todos) marcan el camino. Un gran aliciente para seguir llamando a enfrentar el pacto social y seguir denunciando que si Argentina sigue sometida a los dictados de las multinacionales, los bancos y el FMI y pagando una deuda fraudulenta, no habrá solución a los males sociales. Para dar estas peleas llamamos a seguir fortaleciendo a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda Unidad.

Berni y Solá

Felipe Solá es el flamante canciller de Alberro Fernández. Desde hace tiempo se viene impulsando en su contra la campaña #ConEllosNo en repudio a quien es acusado ante la justicia por ser autor político e intelectual de la Masacre de Avellaneda, donde fuerzas de seguridad reprimieron una protesta social y asesinaron a los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

La orden de reprimir la dio Felipe Solá, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a otros miembros del Poder Ejecutivo. Solá dijo ante los hechos que se trataba de ‘un enfrentamiento de pobres contra pobres’ y felicitó públicamente al entonces comisario y asesino Fanchiotti. “Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy”, dicen los familiares. Sergio Berni, por su parte, fue designado por Kicillof como ministro de Seguridad bonaerense. El ex carapintada Berni es experto en reprimir conflictos obreros, como en Lear. El propio Berni se autodenomina “un hombre de derecha” y un soldado de Cristina, y es defensor de las pistolas taser de Bullrich y mucho más. Una pinturita.

Lo dijo el portavoz de CADTM, red internacional que aboga por la anulación de la deuda del Tercer Mundo. Estuvo en Buenos Aires la semana pasada en un evento convocado por la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos. Si bien Toussaint apoyó la propuesta oficial de suspender por dos años el pago de capital e intereses de la deuda, postuló una salida que no es la de Alberto Fernández.

Ante la pregunta: “¿Argentina tendría que cuestionar o desconocer el acuerdo?”, el economista belga fue contundente: “Desconocer. Porque cuestionar no sirve realmente. Esto generaría una corriente de simpatía en el mundo” (Página12, 9/12). Y agregó: “El crédito otorgado a la Argentina es contrario al interés de la Nación, por lo tanto no nos sentimos obligados a seguir con ese acuerdo. Los resultados nefastos de ese crédito están a la vista. Mi planteo es argumentar en función de la doctrina de la Deuda Odiosa que dice que la naturaleza del régimen que contrató no importa (si dictadura o democracia). Lo que importa es el uso que se hizo de la deuda y el propósito. Esta doctrina dice que si la deuda ha sido contratada contra el interés de la Nación, el Estado o el pueblo, puede ser desconocida. Revierte la carga de la prueba: es el acreedor quien debe demostrar que no tenía condiciones de saberlo”.

Y agrega: “Tomar ese criterio indicaría para Argentina una situación muy fuerte; no mantenerse en una situación de denuncia sino en un acto soberano unilateral, basado en argumentos de derecho internacional. El gobierno actual podría decir “no podemos cargar sobre nuestro pueblo una deuda que fue contratada contra su interés”.

Interrogado sobre qué reacción internacional habría de aplicarse esta medida, Toussaint señaló: “Argentina podría distribuir más poder de compra a la mayoría de la población, mejorar sus condiciones de vida, salarios, jubilaciones y tener gasto público. Podría reactivar la economía rápidamente, generar empleo, demanda para los productores internos. El otro esquema es mantener el acuerdo con el FMI y pagar a los bonistas privados. El FMI va a exigir las mismas políticas por las que el pueblo de Ecuador se levantó. Hay que plantear que ese acuerdo debe desconocerse. No solamente tener un default técnico diciendo no tengo la plata para pagar, sino que además el pueblo de Argentina no tiene que pagarla por tal y tal razón”.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Economistas y periodistas afines al actual presidente dan por sentado que Argentina tiene que renegociar la deuda y pagar sí o sí. Lo justifican de distintas maneras. Refutamos esta tesis y postulamos un camino opuesto.

 “El acreedor es el FMI, que a la vez es privilegiado, y el deudor es Argentina, que no puede disponer el default de esa deuda ni pretender una quita de capital. En el mejor escenario, puede aspirar a que el repago de esa deuda no lo asfixie”. Esto dice el columnista y economista de Página12, Alfredo Zaiat (Página12, 27/11).

Con este mensaje, se quiere hacer creer que el FMI es “acreedor”, que Argentina es “deudora” y que como la deuda fue contraída por el gobierno de Macri en nombre del pueblo argentino, como lo dijo Alberto Fernández, no podemos zafar y tenemos que pagar. Este razonamiento es la forma leguleya de legitimar una deuda usurera y fraudulenta.

El otro argumento del mismo Zaiat es que como “los accionistas del FMI son 189 países, se entiende entonces que no es viable declarar la cesación de pagos a todos esos países, en especial a las potencias económicas. En caso de hacerlo el país se convertiría en un paria financiero y comercial, sin posibilidad de tener vínculos con el resto del mundo” (Idem). Es decir, tendríamos que seguir sometidos a los dictados de las potencias imperialistas de por vida y nunca podríamos salir de sus condicionamientos económicos y políticos.

Pero Zaiat no menciona ninguno de los antecedentes de no pago de los más de 200 que hubo en el mundo a lo largo de la historia y esconde el de Argentina en el 2001. Zaiat, como hace todo el peronismo kirchnerista, oculta que la rebelión popular que se denominó Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001 impuso la suspensión de los pagos de la deuda permitiendo que durante varios años Argentina contara con fondos para otorgar más de dos millones de planes sociales que posibilitaron paliar en parte la tremenda crisis social. En esos años, lejos de lo que pronostica Zaiat, Argentina no sufrió ningún boicot, invasión, sanción, ni nada que se le parezca.

Estos voceros que apoyan ciegamente a Alberto Fernández le dan el carácter de “acreedor” al FMI, un organismo explotador y chupasangre, legitimando el acuerdo sellado con Macri. Critican a Macri pero le avalan un pacto mafioso pactado con un organismo que responde a los dictados de Donald Trump, la Unión Europea y los banqueros internacionales.

Todo este palabrerío de Zaiat (algo que dista mucho de alguien que se titula de “nacional y popular”) es para terminar avalando la renegociación de la deuda. “Argentina tiene que crecer para pagar”, dice Fernández. Con eso lo único que se garantizará es que el pueblo trabajador tendrá que sufrir un nuevo ajuste. Además, si Argentina crece, debería ser para combatir los males sociales, no para pagar una deuda mafiosa.

Al revés de lo que dicen que con el no pago no aislaríamos del mundo, proponemos una salida opuesta. No hay ningún país que haya salido adelante de la mano del Fondo Monetario. Además, como lo reveló el economista Guillermo Calvo, en caso de que Argentina disponga la suspensión de los pagos quien entraría en crisis no sería nuestro país sino el propio FMI. “El que perdería sería el FMI, dijo Calvo. Centralmente porque Argentina demostraría a los pueblos del mundo que las deudas son usureras, hecho que podría ser imitado por otros países latinoamericanos facilitando la conformación de un frente de países deudores para dejar de pagar, uniendo la lucha de Chile, Ecuador, Colombia, Haití, Puerto Rico, junto a los poderosos Brasil y México, para derrotar en conjunto los planes de ajustes capitalistas y los condicionamientos del Fondo Monetario, Estados Unidos y las potencias explotadoras.

Argentina necesita dar pasos en camino a la Segunda Independencia, no en seguir postrada como alientan los seguidores del Frente de Todos. La deuda es con el pueblo, no con los usureros. Por eso insistimos en que la salida pasa por desconocer el pacto con el FMI (ver nota en esta página) y no pagar. Todo lo demás es doble discurso, el que enarboló el gobierno kirchnerista anterior, diciendo que pagando nos íbamos a desendeudar y a salvar. 

Escribe José Castillo

Aquel que esperaba alguna definición en el discurso inaugural de Alberto Fernández sobre aumentos de salarios o jubilaciones, se quedó con las ganas. Por ahora no hay nada. Si hubo definiciones con respecto a la deuda: “queremos pagar, pero no podemos”. La frase de Alberto Fernández, en su discurso inaugural, vino de la mano del nombramiento de su ministro de Economía Martín Guzmán. Considerado un “tapado” (apareció en los últimos días, ya que se mencionaba otros nombres para ese cargo), inmediatamente se empezaron a reproducir declaraciones suyas de poco tiempo atrás, que se resumían en una frase: suspender el pago de capital e intereses de deuda externa por dos años.

Vamos por partes. Primero y principal, se trata de un reconocimiento de aquello que sólo la izquierda venía planteando durante toda la campaña electoral: no hay ninguna posibilidad de pagar los vencimientos de deuda, incluso los más inminentes. La Argentina está al borde de la cesación de pagos. Sólo sería posible hacerlo a cambio de un mayor ajuste sobre el pueblo trabajador que el que implementó el propio Macri. Pero Alberto Fernández sabe que eso es un suicidio político. Por si quedara alguna duda de que “no se puede” ahí están los ejemplos de las últimas semanas en Ecuador y Chile: los pueblos ya no toleran más ajustes y están dispuestos en las calles a resistirlos.

Segundo: ¿quiere decir esto que el gobierno de Alberto Fernández va unilateralmente a suspender, aunque sea por el plazo de dos años, todo pago de deuda? No es eso lo que se está planteando. Martín Guzmán dijo que “estamos en consultas con los acreedores” y que “las conversaciones que ya iniciamos con el FMI forman parte de esto”. En concreto, supedita todo a una negociación con los buitres de las finanzas internacionales y con los organismos representantes del imperialismo. Pero no existe en toda la historia del FMI ningún acuerdo sin la exigencia de un plan de ajuste. El propio Fondo ya dijo, una y mil veces, que está dispuesto a “renegociar”, pero pasando del actual préstamo stand by a otro “de facilidades extendidas”, donde se pueden correr vencimientos (nunca eliminarlos) a cambio de que el gobierno argentino implemente las reformas jubilatoria, laboral y mayores ajustes.

Tercero. Aún si se diera el caso de que el gobierno obtuviera un acuerdo con los acreedores de “correr” los pagos de capital e intereses por dos años, lo único que se lograría es patear el problema para adelante. Si se acumulan intereses sin pagarlos durante dos años, al final de ese período nos encontraremos con que la deuda se habrá incrementado en más de 50.000 millones de dólares por la simple acumulación de intereses impagos.

No hay salida sin dejar de pagar la deuda externa, repudiarla absoluta y definitivamente por ilegal, fraudulenta e inmoral y romper con el FMI. Todos esos recursos deben ser dirigidos a un auténtico plan de emergencia. La lucha contra la desocupación y el hambre solo se gana si se crea trabajo genuino, con un verdadero plan de obras públicas que, al mismo tiempo que resuelva el drama del déficit habitacional, genere millones de puestos de trabajo. Del mismo modo, hay que recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores. Esto no se arregla con una “suma fija a cuenta de futuros aumentos”. Se trata de aumentar de verdad los salarios y las jubilaciones para que nadie gane menos que la canasta familiar, y desde ahí, se indexen mes a mes según la inflación. Al mismo tiempo, se tienen que reabrir todas las paritarias, sin techo ni restricción alguna. Hay que retrotraer los tarifazos, al mismo tiempo que se reestatizan todas las privatizadas bajo gestión de trabajadores y usuarios. Y, si se quiere terminar de verdad con la especulación financiera, la fuga de capitales y las maniobras con el dólar, hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior. Así si habrá, de verdad, un auténtico programa de emergencia, obrero y popular