El candidato del peronismo sigue en campaña diciendo que hay que “reconstruir el desastre” que nos deja Macri. Pero a renglón seguido volvió a reconocer el acuerdo con el FMI, sus asesores se volvieron a reunir con el Fondo Monetario y dijo que va a pagar toda la deuda contraída por Macri, sin ninguna quita. Somos categóricos: de esa forma no habrá solución para las urgentes necesidades del pueblo trabajador.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Millones votaron contra Macri con alguna esperanza de que algo va a cambiar. El voto castigo lo canalizó el Frente de Todos, con Alberto Fernández a la cabeza. Pero la actitud del candidato de Cristina en estos días, sumada a la de los gobernadores y los dirigentes de la CGT que lo apoyan, distan mucho de las expectativas que tienen millones.

Ya escuchamos al propio Fernández decir que el dólar debía estar a 60 pesos, avalando con ello la devaluación que llevó a otro robo salarial y jubilatorio. O Daer de la CGT diciendo que no hay que hablar de paro a pesar del nuevo mazazo al bolsillo popular. Y los gobernadores que apoyan a Fernández fueron a la justicia porque están en contra de que se congele por unos meses el aumento de los combustibles, de la rebaja al impuesto al salario y que se reduzca parcialmente el IVA de algunos alimentos. Cuestionan hasta estos paliativos a los que estuvo obligado a aplicar Macri, poniéndose del lado de las petroleras y los monopolios formadores de precios.

Ni siquiera una quita

“Nadie puede plantear una quita porque es una deuda tomada hace dos años por un gobierno democrático”, señaló Alberto Fernández en el simposio convocado por Clarín (ver columna). Y volvió a ratificar que en su gobierno “no hay ninguna posibilidad de default”. Estas definiciones implican darle el aval al pacto firmado por Macri con el FMI a espaldas del pueblo trabajador en perjuicio de millones.

El propio Fernández reconoció que la plata que ya entró del FMI como parte de los 57.100 millones de dólares acordados, fue a financiar la fuga de capitales. Argentina va a tener que pagar en 2022 y 2023 la friolera de 46.000 millones de dólares por ese concepto. Nos preguntamos: ¿por qué se tiene que pagar una supuesta “deuda” si esa plata no fue para salario, trabajo o a reactivar la economía? ¿Cómo se va a obligar al pueblo argentino a seguir haciendo enormes sacrificios para seguir engordando los bolsillos de los usureros de la deuda?

No es cierto que hay que aceptar lo que hace un “gobierno democrático” si eso va en perjuicio de millones. El Argentinazo de 2001 se sublevó contra el ajuste de un gobierno corrupto y ajustador como el de de la Rúa y desconoció los pagos de la deuda. También se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto final que beneficiaron a los genocidas. Estados Unidos, el padre del imperialismo, dejó de pagar sus deudas externas argumentando que no habían sido contraídas en beneficio de su pueblo. Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, no le pagó una deuda legítima a Argentina por la venta de carne. Si ellos desconocen hasta las deudas legítimas, ¿por qué nosotros no podemos desconocer las deudas ilegítimas? Claro que se puede.

Si sigue el FMI se viene un nuevo ajuste

Fernández miente cuando dice que se va a pagar la deuda externa y a la vez va a combatir los males sociales. No hay posibilidad de que haya un verdadero aumento de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar o un plan de viviendas populares para reactivar la economía si siguen los dictados del Fondo Monetario y Argentina se sigue desangrando para pagar una deuda ilegítima y fraudulenta.
El Frente de Todos pasó de proponer una “renegociación” con el FMI a la ahora denominada “reperfilación” de la deuda (pagar todo, sin ninguna quita).

Pedir el voto para “terminar con la tierra arrasada” de Macri, como pregona Fernández, y reconocer el acuerdo con el FMI y pagar una deuda que el pueblo no vio, es parte del doble discurso al que nos tuvo acostumbrado el kirchnerismo durante sus doce años de gobierno.
Muchos trabajadores podrán seguir creyendo que hay que votar por el Frente de Todos para sacarse de encima a Macri. Pero les decimos que hay que sacarse de encima a Macri y también al FMI.

El kirchnerismo se la pasó haciendo actos contra el FMI en fechas patrias, y ahora se propone nuevamente como pagador serial de una deuda que el pueblo no contrajo. Desde la izquierda, en cambio, proponemos luchar y votar contra el FMI y para que la plata vaya a salario y a trabajo, no para la deuda. Para eso pedimos el voto al Frente de Izquierda Unidad.

Deuda de la dictadura

“En 2003 discutíamos una deuda que empezó en la dictadura, no tiene nada que ver con la actual”. Así justificó Alberto Fernández la renegociación con quita de Néstor Kirchner en 2005 sobre la deuda. Con esa frase develó que el kirchnerismo, lejos de ser “nacional y popular”, pagó deuda que venía de la dictadura, es decir, bajo un genocidio donde fueron asesinados nuestros queridos 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos.

Cuando el peronismo se vanagloria diciendo que hasta pagan deudas contraídas por gobiernos anteriores, incluyen a la contraída con sangre y fuego por Videla y Martínez de Hoz.

Alberto y los pobres K

“Lo único que produjo Macri son 5 millones de pobres”, señaló Alberto Fernández la semana pasada. Repudiamos la nueva pobreza de Macri y tenemos un programa de fondo para combatirla. Pero el Alberto en modo campaña se volvió a deschavar. Al reconocer esa cifra dejó al descubierto que de los 14 millones de pobres actuales, descontando los 5 millones que provocó Macri, 9 millones venían del gobierno anterior. Está claro. La pobreza creció bajo todos los gobiernos capitalistas, incluido el kirchnerismo.

La flexibilización del Frente de Todos

El candidato presidencial de Cristina Kirchner se la pasa diciendo que no impulsará ninguna ley de reforma laboral como exige el FMI. ¿Alberto está en contra de la flexibilización? No.

Una cosa es que Fernández diga hoy que no hace falta “una ley” de reforma laboral por temor a una nueva rebelión como la que se dio contra el robo jubilatorio a fines de 2017. Y otra muy distinta es que no avale ninguna flexibilización.
Sobre la que ya se aplica en Vaca Muerta ocasionando varias muertes obreras por el cambio de convenio a la baja Alberto dijo: “En este caso los trabajadores lo aceptaron, por qué voy a decir lo contrario”. ¡Pero quién la aceptó fue el repudiable burócrata Guillermo Pereyra, no los trabajadores!

También hay otros convenios flexibilizadores firmados en varios gremios. ¿Alberto levantó la voz contra alguno de ellos? Nunca. Es más, su economista Guillermo Nielsen se la pasa hablando contra los viejos convenios que hay que cambiar, al mejor estilo Macri. Y ya el mismo Daer de la CGT había firmado una solicitada en apoyo a una reforma laboral, el mismo que apoya a Alberto.
No te dejes engañar. Para enfrentar a la reforma laboral que se viene hay que votar al FIT-Unidad que lleva en sus listas al sindicalismo combativo que la combate todos los días en los lugares de trabajo.

Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT y miembro del cuerpo de delegados del Sarmiento

La Cámara Federal porteña decidió dejar sin efecto la resolución del juez Martínez De Giorgi en la que procesaba al ex ministro de Planificación Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López, entre otros, por “negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y dádivas” en relación a las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

La “justicia” patronal, avizorando el futuro cambio de gobierno luego de la aplastante derrota de Macri en las PASO, recalcula y se da vuelta como un panqueque. Una costumbre que se extiende a todos los ámbitos.

La nulidad alcanza a la falta de mérito que se había dictado para el primo del presidente, Ángelo Calcaterra y Corcho Rodríguez, entre otros empresarios, “por no haberse corroborado el circuito de coimas”. De rebote, ahora Calcaterra queda “enganchado”, no porque se quiera realmente condenar a los culpables, sino como efecto contrario a la absolución de los funcionarios K.

A raíz del escándalo desatado en Brasil, conocido como Lava Jato, se supo que los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado coimas por 35 millones de dólares a funcionarios argentinos por las obras del Soterramiento entre 2007 y 2014. Obra donde hubo direccionamiento de la licitación a favor del consorcio. A pesar de lo evidente, Macri, que condenaba de palabra la corrupción kirchnerista, le dio continuidad a la obra, hasta que el ajuste pactado con el FMI le impidió continuarla para seguir beneficiando a los otros integrantes Iecsa (Calcaterra ), Ghella (Franco Macri).

El cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento viene denunciando, desde 2006, este gran monumento a la corrupción que es el soterramiento. Manifestando que los corruptos, tanto peronistas kirchneristas como macristas deben ir a la cárcel. Los ferroviarios tenemos claro qué obras de infraestructura son necesarias para mejorar el servicio, hacerlo más seguro, eficiente y con tarifas populares. Por ello decimos que es necesaria la reestatización de todo el sistema ferroviario, carga y pasajeros, bajo gestión de sus trabajadores y usuarios.

El sindicalismo combativo y la izquierda, somos los únicos que levantamos esta propuesta de fondo a favor del pueblo trabajador, que es el que utiliza el sistema ferroviario diariamente. También somos los únicos que exigimos cárcel a De Vido, Calcaterra y demás corruptos, sean políticos o empresarios; porque la coima necesita de los dos. Por todo esto, estimado lector, le proponemos que en octubre vote por el Frente de Izquierda-Unidad.

Laura Marrone (Izquierda Socialista), junto a Myriam Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO) presentó en la Legislatura porteña un repudio alasesinato de Jorge Martín Gómez, de 40 años, ocurrido en el barrio porteño de San Cristóbal, quien murió en el hospital Ramos Mejía luego de recibir una patada en el pecho por parte del policía de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Ramírez. Estos hechos fueron de público conocimiento debido al video de las cámaras de seguridad que se difundió en las redes sociales. En el video se ve un gran despliegue que incluye a dos patrulleros, una moto y seis policías para reducir a un solo hombre que según ellos, entorpecía el tránsito.

Este asesinato, se da en el marco del crecimiento de la represión, los abusos policiales y los casos de gatillo fácil, incentivados por el gobierno de Macri y su ministra de seguridad Bullrich. Estos hechos se suman a los abusos policiales cotidianos por parte de las fuerzas policiales en los barrios populares y la criminalización de la protesta social que se viene desarrollando ante las luchas contra el ajuste en curso, como ocurrió días atrás con los docentes y estatales de Chubut.

Desde las bancas del FIT-Unidad repudiamos las declaraciones de Marcelo D’Alessandro, ministro de justicia y seguridad porteño y de Patricia Bullrich, que siguen la línea de la llamada doctrina Chocobar para justificar el gatillo fácil y los abusos policiales, al servicio de fortalecer el aparato represivo en el marco del acuerdo con el FMI. La mayoría automática del PRO en la Legislatura rechazó nuestro repudio al asesinato policial, incluso negándonos la palabra para evitar pagar un costo político mayor. Pero tuvo que aprobar un pedido de informe sobre el accionar policial ese día que termino con la muerte de una persona. Exigimos el juicio y castigo a los responsables de este crimen.

Una persona con demencia senil murió tras ser golpeado por la seguridad de Coto. Una manifestación de vecinos autoconvocados repudiaron el accionar de la empresa, reclamando justicia.

Escribe Laura Marrone, legisladora de Izquierda Socialista/FIT y candidata a Diputada Nacional por CABA

Vicente Ferrer tenía 68 años y sufría demencia senil. Vivía solo en un departamento del barrio de San Telmo, en Ciudad de Buenos Aires. El 27 de agosto murió por traumatismo craneoencefálico y hemorragia cerebral luego de ser reducido por dos empleados de la seguridad privada del Supermercado Coto de su barrio. A Vicente lo persiguieron por haber sustraído una botella de aceite, 500 gramos de queso y chocolate, por un valor que no superaba los 900 pesos.

Al día siguiente, más de 300 vecinos indignados se autoconvocaron en las puertas del supermercado para expresar su indignación por la actuación de Coto. Cubrieron de carteles las paredes del local y llenaron la acera de velas en señal de repudio y dolor.
Vicente vivía la violencia que sufren tantas personas mayores, jubilados con ingresos mínimos o directamente sin jubilación y que ya no tienen para comer, pagar servicios o comprar medicamentos. Jubilados que pasan hambre y hasta frío, a veces para no gastar en gas. Son casi 4,5 millones los que cobran la jubilación mínima de 11.520 pesos, apenas 6,6 dólares por día, la mitad de una hora de trabajo de un empleado doméstico en Estados Unidos.

A Vicente lo mató la violencia que una empresa poderosa como Coto ejerce sobre sus empleados para que defiendan su mercadería, a los golpes si es necesario, bajo amenazas de despidos y sanciones. Alfredo Coto, su dueño, posee la cadena más importante de supermercados nacionales, con más de 120 sucursales. Con una fortuna de 1.100 millones de dólares y una facturación anual de 53.000 millones pretende que sus empleados sean patovicas de la mercadería contra todo intento de hurto. Cuando existieron peligros de puebladas como en la crisis del 2001, exigió a sus empleados que pernoctaran en los locales munidos de palos de hockey para defenderlos de posibles asaltos.

A Vicente lo mató la violencia represiva con que la empresa de Seguridad Dogo Argentino, contratada por Coto y dirigida por ex policías forma a los vigiladores para que defiendan a los golpes y a tiros, si es necesario, la propiedad de las grandes empresas y supermercados, aun de pequeños hurtos de los que no tienen para comer. Solo en la Ciudad de Buenos Aires hay 560 empresas de seguridad y 22.400 vigiladores habilitados para tareas de seguridad, 900 de los cuales pueden usar armas.  Con la desocupación y la crisis las empresas de seguridad privada se tornaron un negocio floreciente.

A Vicente lo mató la Doctrina Chocobar de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Cuando la ministra otorga impunidad a las fuerzas de seguridad que mata por la espalda o a patadas está alentando a que esta doctrina se extienda también a las fuerzas de seguridad privada que hoy equiparan en número a las de la policía en la Ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 26.000 policías, un promedio de 873 por cada 100.000 habitantes, una cifra que triplica las recomendaciones de las Naciones Unidad de 300 por cada 100.000. Junto a la seguridad privada son casi 50.000 personas dedicadas a tareas de vigilancia.

Represión y violencia son las respuestas del gobierno y los empresarios a una población cada día más empobrecida y postergada. La reacción de los vecinos de San Telmo, sin embargo es un llamado a no naturalizar la violencia que la política de ajuste y hambre de este gobierno provoca sobre la población. 

Escribe José Castillo

Otra vez el FMI está de visita en la Argentina. Se reunió primero con el equipo económico del gobierno. Nada excepcional salió de ese encuentro: el ministro Hernán Lacunza aseguró que cumplirá estrictamente con las metas de ajuste pactadas en el acuerdo del año pasado y se mostró confiado en que el FMI desembolsará la próxima cuota del préstamo, que muchos analistas sostienen que está “en duda”.

Pero la “perla” era, sin duda, la reunión con el equipo económico del Frente de Todos, que fue presidida por el propio Alberto Fernández. Tras la misma, el Frente de Todos emitió un comunicado donde parece criticar tanto al gobierno de Macri como al Fondo: “Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”.

Quizás algunos compañeros puedan pensar que “por fin” Alberto Fernández se ha decidido a enfrentar al FMI. Nada más alejado de la realidad. El propio comunicado sostiene que “coincide con los cuatro objetivos principales del acuerdo con el FMI: recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación, y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública”, escondiendo que “coincidir” con los objetivos del Fondo es una lavada de cara para avalar el plan de ajuste del organismo.

Lo que sucedió es que la misión del FMI trató de que Alberto Fernández se hiciera corresponsable de los números del ajuste que debe presentar el gobierno para que se dé el visto bueno a la nueva cuota que debe enviar el organismo. Fernández, que ya le ha dado garantías de “gobernabilidad” a Macri no puede “firmar” como presidente antes de las elecciones y por lo tanto, deslinda esa responsabilidad ante el Fondo hasta que asuma. Donde sí continuará el acuerdo con el FMI, planteando una renegociación en los términos establecidos por el organismo (que incluye las reformas laboral y previsional). El FMI sigue cumpliendo su rol de “virrey” de la economía argentina. Una prueba más de que la única salida es romper con este organismo y dejar de pagar la deuda para resolver las más urgentes necesidades populares, como lo planteamos desde el FIT-Unidad.