Escribe Adolfo Santos

Con o sin pandemia, el salario continúa siendo la variable de ajuste que utilizan los gobiernos. No es diferente con Alberto Fernández. Además de haber postergado las negociaciones paritarias hasta después de la cuarentena, lo que en los hechos significa un congelamiento, avaló la reducción salarial de 25% pactada entre la UIA y la CGT. Ahora va por más. En medio de las dificultades que sufren los trabajadores sin poder defender sus salarios frente a una inflación que no para, el gobierno emitió un decreto que ataca derechos laborales, que establece que “el sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre del año 2020 del personal del sector público nacional en actividad será abonado en hasta cinco (5) cuotas consecutivas con las remuneraciones de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del corriente año”.

Es evidente que esta nefasta medida, que sienta un pésimo precedente, va a ser adoptada por los gobiernos provinciales y municipales, afectando a amplios sectores de trabajadores. Ya la implementó el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y hay patronales solicitando extenderla al sector privado. Carlos Acuña, uno de los líderes de la CGT y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, se adelantó y acordó fraccionar el medio aguinaldo en dos cuotas, la primera a comienzos de julio y la segunda en agosto. Armando Cavalieri estaría negociando un acuerdo similar al de Acuña. Vergonzoso. El resto de la burocracia sindical, sobre todo la que debería representar a los trabajadores estatales, como ATE o UPCN, dice que no concuerda pero no propone ninguna medida de lucha para frenar este ataque.

El doble discurso del gobierno peronista sobre la defensa de los más débiles no se sustenta. Los jubilados, aquellos que Alberto Fernández prometía proteger por ser uno de los sectores más vulnerables, fueron los primeros en ser atacados. La suspensión de la movilidad, una fórmula de la época del macrismo, hizo con que los seis millones de jubilados, incluyendo los del haber mínimo, hayan perdido parte de sus ingresos mensuales. La jubilación mínima, por ejemplo, que con la movilidad debería ser de 17.405 pesos, fue reducida a 16.864 pesos, una pérdida neta de 541 pesos. Queda claro que “los vulnerables” forman parte de uno de los sectores sobre los que Alberto Fernández está descargando la crisis. Mientras tanto, el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, emitió un dictamen a favor de que la Anses le pague una pensión vitalicia de 400.000 pesos mensuales a Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, condenado  por corrupción. Indignante.

Es inaceptable que, con la excusa de la pandemia, se descargue una serie de ataques contra los trabajadores, rebaja salarial, pago en cuotas del aguinaldo, despidos y suspensiones. No hay margen para perder salario cuando el costo de la canasta familiar de “consumo mínimo”, lo que significa un modelo básico de subsistencia –según datos de ATE Indec–, es de 68.200 pesos. Son millones de trabajadores y jubilados que quedan muy lejos de esos números y a los que el gobierno no asiste adecuadamente. Sin embargo, destina millones para subsidiar empresas privadas y eximirlas del pago de impuestos, entre otros tipos de asistencias, como reconoció el propio Miguel Acevedo, presidente de la UIA, en una entrevista concedida a Clarín (21/6).

La baja recaudación no puede ser una excusa del gobierno para descargar el ajuste sobre los trabajadores. El FIT Unidad presentó un proyecto de ley para gravar las grandes fortunas que le permitiría recaudar 20.000 millones de pesos al gobierno, con lo que se podrían aumentar las jubilaciones, atender a las demandas de los trabajadores autónomos que se ven obligados a romper la cuarentena para poder comer y a resolver las graves falencias detectadas en la salud pública. Lamentablemente los diputados peronistas, en todas sus variantes, y de la oposición patronal, se negaron a tratar nuestro proyecto en un claro posicionamiento a favor de los ricos y poderosos. No vamos a pagar una crisis de la que no somos responsables. Reclamamos el pago del medio aguinaldo en una sola cuota y, junto a los docentes, decimos “los aguinaldos y los salarios no se tocan”. Exigimos la reapertura de las paritarias para evitar más pérdidas salariales, el cumplimiento de la ley que prohíbe despidos y suspensiones de trabajadores y la asistencia a los compañeros autónomos. Y le reclamamos a la CGT que rompa la tregua y se ponga a la cabeza de los reclamos. 

Escribe José Castillo

Intempestivamente, y con sus trabajadores enterándose por los diarios, Latam Argentina anunció la suspensión de sus operaciones por tiempo indeterminado y el despido de sus 1.715 trabajadores. Se trata de una decisión escandalosa realizada por una de las multinacionales más importantes de Latinoamérica. Furiosamente antiobrera y antisindical, la empresa llegó al país con el nombre de Lan en 2005, en el marco de uno de los mayores escándalos de la corrupción kirchnerista. Chocó decenas de veces con sus trabajadores, que resistieron la imposición de condiciones de superexplotación e intentos de rebajas salariales. Ahora anuncia que se va del país después de cobrar los ATP con que pagó parte del salario de sus empleados y después de haber presionado para que aceptaran una reducción de sueldo de 50 por ciento. 

De Lan a Latam Argentina: una historia de corrupción y flexibilización laboral

Lan llegó a nuestro país en 2005. Lo hizo absorbiendo a los trabajadores de Lafsa, empresa creada luego de una lucha durísima que tuvieron que dar los ex empleados de Lapa y Dinar para no quedar en la calle. La salida fue la creación de una aérea estatal (Líneas Aéreas Federales S.A.). Pero el gobierno, de la mano del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, usó a Lafsa para una de las primeras y más escandalosas maniobras de corrupción del kirchnerismo. Firmó un acuerdo para la utilización de rutas con Southern Winds, que se descubrió que se usaba para el envío de cocaína de contrabando a España. Para tapar todo ese escándalo las rutas de Lafsa/Southern Winds fueron otorgadas a Lan, que así comenzó a operar en la Argentina.

Lan desembarcó con un nuevo gerenciamiento que, de entrada, se fijó como objetivo atacar a los trabajadores, desconociendo el convenio, quitándoles convenios y pretendiendo rebajar el salario. Tras varias peleas, los compañeros y compañeras lograron resistir el intento de flexibilización al estilo del que funcionaba en otras empresas del grupo. 

En los primeros años Lan Argentina creció a expensas de una Aerolíneas Argentinas vaciada y todavía en manos de Marsans. Así fue ganando rutas en los destinos más rentables (Bariloche, Iguazú, Calafate, Córdoba, Mendoza). Recién después de la estatización de Aerolíneas, Lan se encontró con un competidor real. 

Lan, primero, y a partir de 2016  con su nueva denominación Latam Argentina, creció y se consolidó como la segunda línea de cabotaje del país. Así llegó a tener el 16% del total del mercado de cabotaje, con tres millones de pasajeros anuales. Últimamente volaba a doce destinos domésticos (Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Calafate y Ushuaia), y cuatro internacionales (Santiago, San Pablo, Lima y Miami). Explotaba también los únicos dos vuelos mensuales a las islas Malvinas, uno de Latam Chile vía Río Gallegos, y otro de Latam Brasil vía San Pablo. La flota de Latam Argentina posee doce aviones Airbus 320. 

En 2019 incorporó también por el sistema de Interchange  nueve Boeing 767 de matrícula chilena, lo que generó una crisis con el gremio de los pilotos, provocada por la propia empresa que lo aprovechó para crear un sindicato propatronal que empezó a “aceptar” normas de flexibilización laboral. Entre los cambios estuvo la no renovación del contrato de leasing (alquiler) del Boeing B767 con el que realizaba el vuelo más rentable de la compañía (Ezeiza-Miami), que pasó a ser operado exclusivamente por los pilotos del nuevo sindicato “de empresa” (Unión de Pilotos Aviadores de Latam).

En los últimos cuatro años Latam Argentina empezó a mostrar “pérdidas” en su balance. Esto coincidió, curiosamente, con el momento en que su ex CEO Gustavo Lopetegui pasó a ejercer el cargo de vicejefe de gabinete en el gobierno de Macri. Lo que sucedía es que, en el marco de las políticas de desregulación promovidas por el gobierno de Cambiemos, los grandes negocios (que incluían los vuelos internacionales y toda la operatoria de Latam Cargo) pasaron a ser facturados directamente por Latam Internacional. La filial argentina solo registraba los tickets de vuelos locales, encima en un contexto donde entraron en la competencia las empresas low cost, como FlyBondi y JetSmart. Ya, desde hace un par de años, la política de Latam Internacional fue la de reducir las operaciones de su filial local. Así cerró las bases de San Juan y Bahía Blanca y dejó de volar a esos destinos, al mismo tiempo que envió uno de los Airbus 320 a volar a Chile. Una señal de que sí apostaba a los vuelos internacionales es que gastó más de un millón de dólares en acondicionar su sala VIP en el aeropuerto de Ezeiza.

Latam aprovechó la pandemia como excusa para acentuar su política de readecuación. Empezó a “derivar” sus aviones a Chile, incluso cambiando las matrículas y, a pesar de que recibía ATP del gobierno argentino para pagar los sueldos, comenzó a presionar a sus trabajadores para que acepten una rebaja de 50% en sus salarios.  

El gobierno “dejó hacer”

El actual gobierno peronista de los Fernández conocía perfectamente la situación de Latam Argentina. No hizo ningún reclamo cuando la empresa, a partir de marzo, apenas iniciada la pandemia, procedió a enviar algunos de los aviones Airbus 320 de matrícula argentina (LV) a Chile, en una evidente maniobra para empezar a “vaciar” su filial argentina. Tampoco hizo nada cuando, en mayo, es decir antes del anuncio de la suspensión de las operaciones, esos aviones aparecieron en los hangares de Santiago de Chile repintados con la matrícula chilena CC. 

Latam le debe al Estado argentino el pago de tasas aeroportuarias atrasadas (entiéndase, ya se las cobró al pasajero con el ticket, pero nunca las depositó). En una reunión, hace algunas semanas, el propio jefe de gabinete Santiago Cafiero permitió la refinanciación de esa deuda hasta 2021. Y, por supuesto, Latam Argentina fue una de las grandes empresas que se benefició con los ATP, por lo que el pago de una parte importante de los sueldos de la empresa corrieron por cuenta del Estado argentino. 

El gobierno de Alberto Fernández también sabe que, bajo la figura “cese de operaciones por tiempo indeterminado” se esconde una trampa. Lo reconoció el propio ministro de Transporte Mario Meoni: “Significa que no pierden las rutas y pueden volver a operar en cualquier momento”. Por eso no dicen explícitamente “cierre”. Latam Argentina se juega a no perder las rutas y, en un tiempo, reaparecer para operarlas con otro formato, más al estilo low cost, con otras tripulaciones y empleados, con menores salarios y peores condiciones de trabajo, como ya lo viene haciendo en Perú y Ecuador.

También saben que pedir el “procedimiento preventivo de crisis” es otra trampa, ya que es un mecanismo legal para empresas que siguen en actividad (donde lo que se busca es negociar la cantidad de despidos, el monto de la indemnización, etcétera). Pero en este caso Latam Argentina plantea echar a toda su planta. El “procedimiento preventivo” es una chicana administrativa para no pagar siquiera la doble indemnización fijada por la ley. 

El gobierno, en las declaraciones del propio presidente Fernández, como de los ministros de Transporte, Mario Meoni, y de Trabajo, Claudio Moroni, deja correr todo esto, no denuncian el vaciamiento ni las otras maniobras, peor aún, justifican a Latam por su decisión aduciendo que se debe a la crisis global de las empresas de aeronavegación producto de la pandemia. 

¿Cuál es la salida?

Desde Izquierda Socialista decimos que se deben preservar los más de 1.700 puestos de trabajo. Por eso apoyamos todas las acciones que tomen sus trabajadores para luchar por ello y exigimos a la CGT una medida para que su pelea no quede aislada. 

Al mismo tiempo, sostenemos que la salida de fondo pasa por estatizar todos los activos de Latam Argentina. Hay que embargar y estatizar de inmediato los aviones Airbus 320 con matrícula argentina (LV) que están en nuestro país y exigir la devolución de los enviados a Chile repintados con la matrícula chilena (CC). Hay que expropiar sus oficinas comerciales, el salón VIP del aeropuerto de Ezeiza, las oficinas de Latam Cargo y toda otra instalación que tenga en la Argentina. Se deben rescindir los convenios de todas las rutas internacionales que Latam pretende seguir usufructuando por medio de otras empresas del grupo, retirar todas las rutas de cabotaje que estaba explotando, que deben seguir activas una vez terminada la pandemia, volando con los mismos aviones, pilotos, tripulación y personal de tierra, respetando los salarios y las condiciones de trabajo a partir de la conformación de una nueva empresa estatal gestionada por sus trabajadores, que luego se unifique con Aerolíneas Argentinas. Todo en el camino de tener una auténtica aerolínea de bandera, que maneje todo el negocio de cabotaje, permita realmente unificar pueblos y regiones y haga que volar deje de ser un privilegio de unos pocos sino un derecho de todo el pueblo trabajador.  

Escribe José Castillo

Latam Argentina no es simplemente una empresa quebrada por la pandemia. Es la filial argentina de una gran multinacional, Latam Airlines Group, nacida en 2016 de la unión de dos empresas, Lan International (de origen chileno, vinculada a la familia del presidente Piñera, pero ya hace años con mayoría accionaria yanqui) y la brasileña TAM. Con esta fusión pasó a ser la línea de aviación más grande de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, transportando 74 millones de pasajeros anuales. También explota Latam Cargo, una de las empresas de carga vía aérea más importante, con 4.000 metros cuadrados en el aeropuerto de Miami y líder en el negocio entre los Estados Unidos y Latinoamérica. 

Latam viene ganando millones de dólares año a año mientras superexplota a sus trabajadores, presionando para que acepten las condiciones de trabajo de las low cost, a la vez que hace todo tipo de maniobras utilizando sus filiales para evadir el pago de impuestos. En este marco, y con una deuda de 7.000 millones de dólares, se presentó en los Estados Unidos a “capítulo 11”, que es como se denomina en ese país al pedido de quiebra. Ya despidió a 1.400 trabajadores en Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Sin embargo, al mismo tiempo, repartió dividendos entre sus accionistas por 57 millones de dólares. En otra señal de que “tan quebrada” no está, la filial brasileña sigue su proceso de expansión, acordando volar bajo código compartido con Azul en cincuenta rutas hacia y desde Brasilia, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Campinas y San Pablo. Como vemos, se trata de una multinacional en crisis por lo que deja de ganar con la pandemia, sin dudas, pero que separa cuidadosamente sus ganancias, a repartir entre los dueños capitalistas, incluyendo sus planes de futuros rendimientos, mientras “socializa” sus pérdidas a costa de las espaldas de los trabajadores y presionando para que los gobiernos latinoamericanos las asuman. 

La situación de las empresas de aeronavegación en el mundo

El caso de Latam Airlines Group no es un hecho aislado. Es un ejemplo más de lo que está sucediendo con todas las grandes empresas de aviación del mundo. Ciertamente, entre enero y julio se cancelaron 7,5 millones de vuelos en el planeta y las empresas vieron reducidos sus ingresos en un 50% con respecto a 2019.

¿Qué hicieron las más importantes líneas de aeronavegación del planeta? Procedieron inmediatamente a descargar la crisis con planes de recortes internos, despidos masivos, suspensiones, reducción de sueldos y flexibilización de los convenios. Aprovecharon la situación para destruir las condiciones de trabajo de los trabajadores, un objetivo que se venían planteando desde hace años, en medio de las peleas entre esas grandes empresas y las low cost. Año a año, los trabajadores de British Airways, Lufthansa, Air France , entre otras, lograban contener la ofensiva patronal por medio de luchas radicalizadas. Ahora las grandes compañías vieron que la pandemia es su gran oportunidad.

Esta política de las grandes corporaciones aéreas ya ha generado en Europa que British Airways despida a 12.000 trabajadores, KLM a 8.300 y Lufthansa a 10.000. Norwegian Air, por su parte, suspendió a 7.000 trabajadores y SAS a otros 9.000, además de echar a 5.000.

En los Estados Unidos, American Airlines va a recortar 5.100 puestos y ofreció “retiros voluntarios” a 34.500 empleados. Delta anunció despidos y les dio “vacaciones” sin goce de sueldo a 13.000. United Airlines, la tercera empresa aérea yanqui, avisó que achicará 30% su plantilla. Air Canada también piensa despedir a 19.000 trabajadores. 

Un recorrido a escala mundial sigue dándonos números de terror, Emirates habla de reducir su plantel en 30.000 puestos, Virgin Atlantic ya echó a 3.500, Ryanar a 3.000 y EasyJet a 4.500.

Esta auténtica “masacre” de puestos de trabajo fue acompañada por el pedido de salvataje de los gobiernos, que pusieron millones de dólares, en medio de la pandemia, para “rescatarlas”, incluyendo en muchos casos hacerse cargo de deudas multimillonarias. Se calcula que, hasta el momento, los dueños de las aerolíneas recibieron 123.000 millones de dólares entre préstamos, subsidios y garantías. A eso hay que sumarle que los distintos gobiernos pagaron los sueldos de 800.000 trabajadores de las compañías. Como vimos, todos estos “auxilios”, siempre con la excusa de evitar despidos, no impidieron que las empresas dejen centenares de miles de personas en la calle. Así, por ilustrar con los ejemplos más resonantes, Lufthansa recibirá 9.000 millones de euros, Air France 7.000 millones, KLM entre 2.000 y 4.000 millones y Alitalia 500 millones. En los Estados Unidos la “ayuda estatal” a las aerolíneas ya suma 25.000 millones de dólares. En algunos de todos estos casos, como Lutfhansa o Alitalia, se habla incluso de la entrada del Estado en el capital de las empresas en una suerte de “nacionalización” para sanearlas e inmediatamente devolverlas a sus dueños capitalistas. Otras, como fue en el caso de Latam Airlines, decidieron acogerse a algún sistema de quiebras a la espera de que el salvataje venga por ese mecanismo. 

¿Quién paga la crisis?

Todo este panorama del negocio aerocomercial a escala planetaria no es más que un reflejo de la crisis económica mundial del capitalismo imperialista. Es lo mismo que está sucediendo con multinacionales de otros rubros. Así, hace pocas semanas, vimos a Nissan cerrar su planta en Barcelona dejando también a miles de trabajadores en la calle. O el anuncio de Renault, de su achicamiento en la misma Francia. 

La pandemia del coronavirus solo acentuó una crisis que ya venía desplegándose desde 2007/2008. Y donde las salidas de las patronales y los gobiernos imperialistas siempre fueron las mismas, rescatar a las empresas y hacer que la crisis la paguen los trabajadores, con despidos, rebajas salariales y flexibilización de las condiciones de trabajo. Y con salvajes planes de ajuste monitoreados por organismos internacionales como el FMI. 

Así funciona el capitalismo. Es el reino de la ganancia a costa de quién sea y cómo sea. Si para ello hay que destruir el ambiente del planeta, lo hacen. Si para mantener las superganancias hay que mandar a la muerte, bajo riesgo de contagio, a millones de trabajadores, no importa. Si otros tantos millones quedan sumidos en la desesperación del desempleo, tampoco. Los trabajadores y los pueblos del mundo precisamos otro régimen social con una economía planificada sobre la base de las reales necesidades de todos, gobernado democráticamente. Se trata, en síntesis, de una economía y un mundo socialistas.

Editorial

Los contagios no dan tregua y ya estamos aproximándonos al pico de la pandemia. Es común que cualquier habitante del AMBA (Capital y conurbano) a esta altura se entere de que un familiar, vecino, compañero de trabajo o pariente haya contraído el Covid-19. Esto se da en momentos en que el gobierno nacional, Kicillof, Larreta y los gobernadores, más allá de sus “diferencias” mediáticas, han flexibilizado peligrosa e irresponsablemente la cuarentena. La apertura de la industria en la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, va de la mano con las caminatas de los runners habilitadas en Capital. Que haya más actividad –como lo vienen exigiendo las grandes patronales– aumenta la circulación de millones en los medios de transporte facilitando el contagio. Y se está dando la vergüenza nacional de que, a tres meses de declarado el aislamiento obligatorio, los trabajadores y profesionales de la salud tengan que seguir protestando porque no tienen insumos y protección, o tener que lamentar muertes como la de la enfermera del Gandulfo, que se infectó y falleció porque no le dieron la licencia.

La pandemia del coronavirus se une a otra, la de la crisis social y económica que se descarga sobre el pueblo trabajador. Si decenas de miles están obligados a “romper la cuarentena” para lograr el sustento diario es culpa del gobierno nacional del Frente de Todos de Alberto Fernández, con el acompañamiento de los gobernadores e intendentes de todos los colores. ¿O acaso los 10.000 pesos asignados a quienes hacen changas son suficientes?  Si dividimos la cifra por los meses en que se cobrará se trata en realidad de 5.000 pesos mensuales. ¿Alguien cree que con eso se puede quedar en su casa evitando el contagio?

Los pequeños comercios, talleres y kioscos piden préstamos y no se los dan, mientras que el Estado le paga el 50% de los salarios a multinacionales y grandes empresas, o les da créditos a patronales explotadoras.

Que se les haya rebanado el 25% de los salarios a los trabajadores a través de un pacto entre la UIA, la CGT y el gobierno y les sigan robando a los jubilados es un ajuste repudiable en plena pandemia y crisis social. Con la frase de Alberto Fernández “el Estado va a ayudar a todos”, se sigue subsidiando a las grandes empresas mientras dejan correr la campaña contra los que luchan y la izquierda, acusándolos de “minorías irresponsables”, como dijo el ministro Ginés González García, o con los planteos de dirigentes sindicales afines al gobierno que llaman a ser “responsables” cuando no mueven un dedo ante la crítica situación que sufren millones de trabajadores.

Para combatir las dos pandemias se necesitan medidas de fondo. Alberto Fernández no hace ningún anuncio, ni aunque sea insuficiente, desde hace semanas. ¿Y el impuesto a la riqueza? Pasan los meses y el proyecto todavía no fue presentado. Lo usan como campaña recurriendo al doble discurso “contra la derecha”, pero se trata de una cortina de humo. ¿Por qué en plena pandemia no cobrarle un impuesto especial a Techint, las petroleras, las automotrices, los grandes laboratorios, bancos, privatizadas y terratenientes? Al gobierno se le está cayendo la careta con el doble discurso. Viene hablando de los empresarios “vivos” pero no los toca mientras la crisis capitalista la descarga sobre el pueblo trabajador.

¿Y la deuda eterna? ¿Cómo puede ser que la negociación con los bonistas sea la prioridad de este gobierno autodenominado “popular”? ¿Cómo puede ser que les siga mejorando la oferta a los bonistas usureros internacionales amigos de Donald Trump como paso previo a encarar otro pacto con el FMI, reconociendo el endeudamiento que nos dejó Macri con una estafa mil veces mayor que la de Vicentin con el Banco Nación? Encima, el gobierno dice que si hay un arreglo por la deuda se podrá aplicar en los próximos años un plan económico “sustentable y sostenible”, cuando ya ahora hay un ajuste y será mayor en el futuro si la Argentina sigue sometida al Fondo Monetario y pagando una deuda fraudulenta.

El sindicalismo combativo y la izquierda levantan una clara propuesta para combatir las dos pandemias. En primer lugar, llamando a que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. Es lo que se hizo valer en la jornada nacional de protesta de este martes convocada por el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo. Se dijo ¡no a la rebaja salarial y jubilatoria! ¡basta de despidos y suspensiones! Que se estatice toda fábrica que cierre o despida. Que se expropie Penta. Que se aumenten los salarios, repudiando la postergación de las paritarias acordadas con la CGT y las CTA. Exigimos un aumento de emergencia que cubra la canasta familiar, un salario social en cuarentena de 30.000 pesos para todo aquel desocupado o quien lo necesite. Plata para los hospitales y la salud pública, no para las clínicas privadas, como hizo Kicillof, destinando 400 millones de pesos desfinanciando el IOMA, entre otras medidas.

En segundo lugar, decimos que hace falta imponer un fondo de emergencia con un impuesto especial a los grandes grupos empresarios nacionales (Bulgheroni, Techint, Arcor, Perez Companc, Coto, Eurnekian, Grobocopatel), a las multinacionales, a la gran banca (HBSC, Santander, BBVA-Francés, Galicia, Macro, Citi Bank, entre otros) y suspender de inmediato todo pago de deuda. De esa forma se obtendrían 20.000 millones de dólares para volcar a la emergencia.

Esta pelea la damos en las luchas, en las calles, en los plenarios de trabajadores, en los debates televisivos y en el Congreso. Al día de hoy los únicos proyectos que hay en el Parlamento para imponer de verdad un impuesto a la riqueza y para que se deje de pagar la deuda externa y se rompan los lazos con el FMI (iniciativa de la diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer) son los del Frente de Izquierda Unidad. Y ahora se sumó el que exige la estatización de Vicentin bajo control de sus trabajadores. Llamamos a seguir apoyando y coordinando las luchas en curso y a seguir postulando y peleando por esta salida de fondo. 

Escribe José Castillo

El mayor monopolio agroexportador de capital nacional, Vicentin, entró en convocatoria de acreedores tras una maniobra fraudulenta realizada a los ojos de todos. Ahora han trascendido nuevos “datos”. La empresa se benefició con una cantidad increíble de créditos durante el gobierno de Macri y recurrió a todas las maniobras posibles para evadir impuestos y fugar divisas. En la última etapa, directamente se lanzó a una maniobra de vaciamiento con la complicidad del entonces presidente del Banco Nación Javier González Fraga y el obvio visto bueno de todo el gobierno de Cambiemos. En el medio dejó un tendal de deudas por 100.000 millones de pesos, que incluye a bancos estatales (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires), privados nacionales y extranjeros, la AFIP, el gobierno y varias municipalidades de la provincia de Santa Fe y, lo más grave, dos mil pequeños productores a los cuales nunca les pagó la soja que Vicentin ya vendió y cobró del exterior.

Dentro de estas maniobras está todo el proceso de triangulación por medio de empresas fantasmas (Vicentin Paraguay, Uruguay y Panamá) y la entrega de la mayoría del paquete accionario de Renova (la mayor planta de biodiésel de la Argentina) a la multinacional suiza Glencore, a cambio de un dinero que nadie sabe dónde está.

El conjunto de la patronal, sus cámaras empresarias, medios de comunicación –como el Grupo Clarín o La Nación–, Juntos por el Cambio, Lavagna y hasta ex funcionarios peronistas kirchneristas como el mismísimo Guillermo Moreno, salieron de punta a oponerse a la expropiación, denunciando la “violación a la propiedad privada”. Entre toda la estrategia discursiva que desplegaron, la que se destacó fue mostrar a Vicentin como una empresa nacional, familiar, nacida y desarrollada en la pequeña ciudad de Avellaneda, en el norte santafecino, “benefactora de la comunidad”, que simplemente había tenido un problema financiero “coyuntural” que la había obligado a solicitar el concurso de acreedores.

Muy lejos de la realidad está esa imagen idílica que se quiere vender de Vicentin, bucólicamente campesina, casi al estilo de la familia Ingalls o de Bonanza. Se trata, en cambio, de una empresa que hizo negocios con todos los gobiernos desde hace décadas. Participó en la represión de la dictadura militar, marcando y permitiendo el secuestro de trabajadores de la firma y hasta utilizando para el acta del operativo una máquina de escribir de la propia empresa. Se benefició con la estatización de la deuda externa privada llevada adelante por Domingo Cavallo en el final de la dictadura. Luego tuvo crédito abierto del Banco Nación durante décadas (de hecho, el mayor salto en su endeudamiento se dio durante el gobierno kirchnerista). Participó del circuito de las coimas durante ese gobierno (uno de sus dueños figura en la causa de los cuadernos). Y , por supuesto, después tuvo todas las relaciones habidas y por haber con el macrismo, desde ser su principal aportante de campaña hasta haber intentado colocar el candidato oficialista a gobernador de Santa Fe (no lo fue por el veto de Elisa Carrió, que justamente los acusó de “corruptos”).

Nada de “salvataje”, ¡estatizar ya mismo!

El presidente Alberto Fernández dijo repetidas veces que de lo que se trata es del “salvataje” de la empresa. Seamos claros, a los que hay que salvar es a los trabajadores de la empresa, a los pequeños productores estafados, al patrimonio de los bancos estatales perjudicados, a la AFIP y a las municipalidades a las que este pulpo exportador no les pagó.

“Salvataje” y “rescate” es justamente lo que quiere Vicentin y apoya el conjunto de la patronal: que el Estado se haga cargo de las deudas, “capitalice” (léase ponga plata en la empresa) y le permita a la firma seguir con sus negociados. Lo que corresponde es la expropiación lisa y llana de la totalidad de los activos del grupo y que los dueños, la familia Vicentin, respondan con su propia riqueza acumulada por la deuda que generaron. Ellos y sus socios en la estafa, como Javier González Fraga, deben responder con sus propios patrimonios por el desastre que generaron. Y ante el planteo de que ese dinero “no alcanza” para pagar todas las deudas, la respuesta es clara, una auditoría profunda que determine, tras el pago a los trabajadores, los pequeños productores, los bancos estatales, la AFIP y las municipalidades, si hay algún otro al que debe abonársele o si se trata de cómplices en la maniobra de vaciamiento. Y, desde ya, está cantado quiénes no deben cobrar: los bancos internacionales que ahora aparecen como acreedores.

La estatización debe alcanzar a todo el grupo

Es tan cierto que Vicentin tiene que ser tomado como grupo en su totalidad que, justamente, un pool de estos bancos, encabezado por el mismísimo Banco Mundial y en el que también participan los holandeses FMO, ING Bank y Rabobank y los franceses Natixis y Credit Agricole iniciaron un procedimiento para averiguar cuáles son los activos del Grupo Vicentin en el mundo (el procedimiento se llama justamente Discovery) para así poderle “cobrar” su deuda. Vicentin le debería 16.504 millones de dólares al Banco Mundial (a su brazo que le presta a los privados, la Corporación de Fomento Internacional), 9.228 al FMO y sumas algo menores al resto de los bancos internacionales, hasta totalizar una deuda externa por 33.137 millones de dólares.

Por eso es fundamental que la estatización alcance a todo el grupo, y no solo a Vicentin SAIC, la cerealera. Hay que estatizar Renova y las otras plantas de oleaginosas, Textil Avellaneda, las bodegas, las empacadoras y, por supuesto, el puerto privado de la empresa. En el caso de Renova hay que desconocer la supuesta “venta” del paquete accionario a la multinacional Glencore, efectuada ya en medio de la etapa final del vaciamiento.

¿Por qué debe ser 100% estatal?

El gobierno estaría hablando de crear una sociedad anónima, de economía mixta, con la participación de Vicentin más las operaciones que hoy están a cargo de YPF Agro. No es esa la salida que se necesita. La propia experiencia de la estatización parcial de YPF es el mejor ejemplo. En su momento se creó YPF S.A. con mayoría estatal y 49% de participación privada. Esta figura jurídica (ser una sociedad anónima y no una sociedad del Estado) es la que permitió que se haya llevado adelante el acuerdo secreto con Chevron, pieza maestra del comienzo del saqueo y la destrucción del ambiente en Vaca Muerta. Las empresas mixtas son una cobertura que se usa en muchos países del mundo para esconder a un Estado que se hace cargo de las pérdidas mientras, por atrás, accionistas privados se hacen con las ganancias de los grandes negocios.

¿Por qué debe estar bajo control de los trabajadores?

La segunda cuestión es quién debe gerenciar la futura empresa expropiada y estatizada. No tenemos dudas, deben ser los propios trabajadores, acompañados en todo caso en el control por los pequeños productores. No tenemos que repetir experiencias como la de Aerolíneas Argentinas, que luego de la estatización se transformó en una caja de negocios y clientelismo del peronismo kirchnerista, y de La Cámpora en particular.

Una discusión de fondo es si los trabajadores pueden gestionar una empresa de esas dimensiones. Respondemos tajantemente que sí, recurriendo, por supuesto a profesionales y técnicos comprometidos con la clase trabajadora para los detalles específicos que sean necesarios, pero apelando, siempre, al conocimiento y la decisión final de los propios trabajadores que, durante décadas, aportaron con su esfuerzo a la existencia de la empresa.

Con Vicentin sola no alcanza, hay que nacionalizar el comercio exterior

El gobierno de los Fernández insiste en que la expropiación de Vicentin busca cumplir tres objetivos: tener una empresa testigo del mercado de cereales, evitar la extranjerización del comercio exterior y apuntar a la “soberanía alimentaria”.

Para que todo esto no se termine transformando en un nuevo ejemplo de doble discurso, tenemos que decir que con Vicentin solo no alcanza. Se trata de apenas el 9% del total de las exportaciones agropecuarias. El 90% restante lo manejan los grandes pulpos extranjeros (Cargill, Dreyfuss, ADM y Cofco, y ,como socios menores, otras grandes empresas locales, como Aceitera General Deheza y Molinos). Y eso nadie lo controla, de hecho desde el menemismo, cuando se cerró la Junta Nacional de Granos, todos los gobiernos posteriores sin excepción dejaron correr la máxima libertad para que estos pulpos internacionales hicieran lo que quisieran. Por eso, junto con la expropiación de Vicentin y su conversión en una empresa 100% estatal gestionada por sus trabajadores, hay que avanzar en la nacionalización del comercio exterior. Como, aunque sea parcialmente, existió en nuestro país en la época del primer peronismo con el IAPI. De esta forma sí se tendrán las herramientas para decidir cuánto se exporta, cuánto se dedica al mercado interno, y a qué precios, priorizando la mesa del pueblo trabajador y no, como ahora, los negocios de las grandes transnacionales.