Escribe José Castillo

Los últimos datos oficiales dicen que al 30 de septiembre de 2018 la deuda ya ascendía a 307.656 millones de dólares. La cuenta no termina allí, tenemos que sumarle las deudas de las provincias y del Banco Central. En conclusión, la deuda externa pasa largamente los 400.000 millones de dólares.

Veamos los vencimientos más próximos: este año (2019) tendremos que abonar 37.927 millones de dólares. Para hacerlo recibiremos del FMI 22.555 millones. La diferencia saldrá del ajuste al pueblo trabajador.

Pero las cosas se pondrán peor en 2020. Ahí hay vencimientos por 25.719 millones de dólares. Del Fondo todavía quedará un remanente del préstamo (entrarán 3.875 millones). El resto se pagará con un ajuste más severo aún que el de este año.

En 2021 el monto de deuda que vencerá será más grande: 35.179 millones de dólares. En 2022 los vencimientos ya son decididamente astronómicos: 57.197 millones, entre ellos 22.206 millones que le tendremos que “devolver” al FMI por el actual préstamo. Y en 2023 vencen 49.982 millones (incluyendo la devolución al Fondo de 23.370 millones de dólares).

Esto es el “futuro” que nos ofrece la bola de nieve sin fin de la deuda externa: ajustes cada vez mayores. Pagar cada vez más vencimientos mientras, a la vez, debemos cada día más. A esto hay que sumarle la fuga de capitales que solo en 2018 ha sido de 27.000 millones de dólares. Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda sostenemos que no existe la menor posibilidad de resolver las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, educación, salud y vivienda si no rompemos ya mismo las cadenas que nos atan al FMI y dejamos de pagar esa deuda usurera, un barril sin fondo por donde se saquean el trabajo y la riqueza de nuestro pueblo.

Escribe José Castillo

Macri despidió 2018 con nuevos tarifazos. El transporte público de Capital y Gran Buenos Aires (subte, trenes y colectivos) subió 40%. El subte llegará a 21 pesos en abril. La luz aumentará 43% entre febrero y marzo y luego tendrá otras subas, hasta llegar a 55% para todo 2019. El gas aumentará 35% el 1° de abril. La boleta del agua vendrá con un incremento de 17% en enero y otro 27% en mayo. Y ABL (equivalente al impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires) ya está viniendo con un 34% de incremento. Los peajes de las autopistas de entrada a la Capital también subieron 35%.

Todos estos aumentos se acumulan en los primeros meses del año. Y el gobierno ya anticipó que habrá más tarifazos en los próximos meses.
Y esto se suma a los que ya venían. “Entre octubre de 2015 y octubre de 2018 las facturas residenciales de electricidad de un hogar de Buenos Aires aumentaron entre 1.053 y 2.388 por ciento, las tarifas de gas natural escalaron entre 462 y 1.353, mientras que en el servicio de agua y cloacas la suba fue de 832 por ciento” (Mariano Barrera, Flacso-Conicet, Página12, 21/01).

El gobierno viene justificando los aumentazos diciendo que las tarifas estaban “atrasadas”, que las empresas “trabajaban a pérdida” o que se pagaba por una boleta el valor de “un café o una pizza”. De esa manera justifica las subas siderales que generan ganancias astronómicas de los empresarios privatizadores de los servicios públicos. Es decir, las tarifas están dolarizadas (el dólar subió 100% el último año), mientras los ingresos populares están en pesos devaluados. Ganancias en dólares para las privatizadas y saqueo para el pueblo trabajador.

Mientras tanto, las empresas privatizadas siguen recibiendo además cuantiosos subsidios (terminaron 2018 con más subsidios que en 2017), lo que agranda sus ganancias. Son, junto con los bancos, los grandes “ganadores” del año pasado. La contrapartida es que siguen sin invertir un peso, brindando servicios pésimos. Basta ver el nuevo apagón en Capital y el conurbano de este martes, que dejó a miles de usuarios sin luz. O recordar la enorme cantidad de zonas geográficas del país a las que no llega la red de gas, mientras las empresas siguen siendo subsidiadas para el monumental saqueo y depredación ambiental que se está realizando en Vaca Muerta.

Nuestro partido llama a luchar para derrotar ahora estos tarifazos. Que se anulen ya. Unificando a los que salen a protestar con los “cacerolazos” o “ruidazos”, o las importantes marchas de las antorchas en pleno enero en CABA y Rosario, más allá del rol nefasto de las conducciones políticas y sindicales (ver otra nota). Y peleamos por una salida de fondo que solo desde la izquierda planteamos: que se rescindan todos los contratos a las empresas de servicios públicos privatizadas y se reestaticen. Ante el nuevo apagón decimos: ¡fuera Edesur y Edenor! ¡Reestatización ya del servicio! La luz, el gas, el petróleo o el agua son recursos esenciales que no deben quedar en manos del lucro capitalista. Esto es lo que también pasó con el kirchnerismo, donde se mantuvieron las privatizaciones con subsidios millonarios que llevaron, como en el transporte, a la masacre de Once. Tampoco ahora el kirchnerismo dice que hay que terminar con el robo privatizador.

El Estado se tiene que hacer cargo de esos servicios y para evitar la corrupción deben ser gestionados y administrados por los trabajadores bajo control de las organizaciones de usuarios. Solo así tendremos tarifas accesibles y servicios eficientes para el pueblo trabajador.

Escribe Equipo de Villa Dolores

Los vecinos de varias localidades han obtenido un importante triunfo fruto de su organización y movilización. Lograron hacer votar a sus concejos deliberantes la prohibición de la explotación megaminera de litio a cielo abierto. Esto hubiese alterado y contaminado los ríos y el ambiente de toda una región. Schiaretti, como Monsanto, ha sido nuevamente derrotado.

Traslasierra es un lugar turístico que conserva la mitad del bosque nativo cordobés. Es un lugar elegido para vivir por quienes aspiran a una vida en contacto con la naturaleza y tiene una tradición de resistencia popular a los emprendimientos megamineros. En 2005 una gran movilización popular derrotó el proyecto de extracción de uranio en Nono, que dio lugar a la ley provincial que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en Córdoba.

Esta vez es en Las Tapias, un lugar con 2.000 habitantes con alta desocupación, donde prima el empleo estatal, junto con la fabricación de ladrillos y la minería artesanal, donde la minera australiana Dark Horse, principal productora de litio del mundo, pretende instalar su base. A partir de un informe de la mesa técnica del Foro Ambiental Traslasierra (FAT), la población toma conocimiento del peligro del proyecto desarrollado en silencio y con el acuerdo de las autoridades provinciales, donde se denuncian no solo los efectos nocivos contra la salud y el ambiente, sino también las razones políticas por las que las multinacionales del saqueo han elegido nuestro país como productor de estas materias primas. Comenzaron con un paquete de leyes en la dictadura, que continuaron con Menem en la década del ’90 y se mantienen en el presente con la complicidad de todos los partidos patronales. Estas leyes han convertido al Estado en el principal organizador del saqueo y entrega de nuestras riquezas naturales. Esto incluye a los Kirchner, que en 2005 con un decreto eximieron a las multinacionales de reinvertir sus ganancias en el país, el veto a la Ley de Glaciares, que impedía la minería en los periglaciales y áreas naturales protegidas, exigencia impuesta por las empresas que están tras el oro patagónico y, por último, el acuerdo secreto del convenio con Chevron en Vaca Muerta que entrega nuestro petróleo.

Desde el Foro se instó a la creación de asambleas en otras poblaciones, constituyéndose las de Villa Dolores, Villa Las Rosas y Las Tapias que eligieron representantes, dando lugar a una coordinación que permitió la creación de comisiones de prensa, de seguridad, de finanzas, etcétera. Esta coordinación alrededor del FAT exigió a las autoridades de los tres municipios expedirse públicamente. El intendente de Las Rosas adhiere en una asamblea vecinal al rechazo a la instalación de la mina, posteriormente lo hace el Concejo Deliberante de Villa Dolores, con una ordenanza que prohíbe la megaminería e insta a los demás municipios a expedirse en igual sentido. Estos triunfos parciales obligan al legislador departamental y actual vicegobernador Oscar González (UPC), que defendió enfáticamente el proyecto durante meses, a pronunciarse contra la instalación de la mina. Faltaba solo la decisión del Concejo Deliberante de Las Tapias donde se instalaría la mina. Desde el FAT y con la coordinación de las asambleas de vecinos se escribe la ordenanza que prohíbe la megaminería en su ejido, votada por unanimidad ante la presencia de una movilización histórica para Las Tapias, de más de 1.000 vecinos de los tres municipios y organizada en tan solo tres días, en un día frío y lluvioso, donde Izquierda Socialista participó con numerosos militantes y la presencia de Liliana Olivero. Una vez más se demuestra que la organización y la lucha en las calles es la forma de parar el saqueo de Macri y los gobernadores. Schiaretti, su socio ajustador, ha sufrido una nueva derrota. Pero el FAT y las asambleas no deben bajar los brazos, se deben mantener alertas ante posibles vetos o maniobras.

Macri sigue descargando un brutal ajuste con la complicidad de los gobernadores. El gobierno usa la “calma del dólar” y la supuesta “tranquilidad en diciembre” para mostrar que tiene todo controlado. Pero millones repudian sus políticas de hambre y la popularidad del presidente sigue cayendo. Si el gobierno puede continuar con el ajuste es por la tregua de la CGT y la “gobernabilidad” cómplice que le brinda el peronismo. Este año hubo dos contundentes paros generales e innumerables luchas, presagiando un 2019 convulsionado con nuevos choques sociales. Oficialismo y oposición buscan encarrilar la crisis hacia las elecciones. Los luchadores y la izquierda deben seguir postulando una salida de fondo, en las calles y en el proceso electoral.

El mismo gobierno que no pudo garantizar el River-Boca quiere hacernos creer que tiene todo controlado. Muestra para ello la “efectividad” del mega-operativo de seguridad que le cuidó las espaldas a los jefes imperialistas del G20. Y para seguir encubriendo los efectos del ajuste, ahora el gobierno enarbola la campaña de la ministra Patricia Bullrich otorgando licencia para matar a sus fuerzas represivas. Pero por más que Macri trate de ocultar la cruda realidad y se muestre ante el imperialismo y el FMI como capaz de garantizar el ajuste, tiene serios problemas.

A tres años de gobierno se muestra de cuerpo entero la crisis económica y la de un gobierno ajustador y patronal, títere del FMI. El país sigue en recesión y con una inflación altísima, que terminará el año rondando el 50%. La desocupación y la pobreza continúan creciendo. Hubo 70.000 despidos en el último año (39.000 en la industria). En los tres años de Macri la inflación subió 155%, el dólar 290%, los combustibles 200%, los tarifazos 1.000% de promedio y la deuda externa creció hasta 400.000 millones de dólares. Los próximos vencimientos globales hasta 2023 alcanzarán los 150.000 millones de dólares, mostrando que la deuda es impagable y una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar.

Todo esto genera un crecimiento de la pobreza y la marginalidad social (afectando mucho más a los jóvenes) y un constante deterioro en el nivel de vida de millones. El robo salarial y jubilatorio es sideral. A tal punto que para compensar esta pérdida el famoso “bono” que pactó la CGT debería ser de 75.000 pesos en vez de 5.000.

Es ridículo que ante semejante situación el ministro de Producción Dante Sica promueva la “semana de la moda” con promociones en tres cuotas para los comercios de indumentaria, o que Vidal anuncie 3.500 pesos para una parte de los jubilados. Es la imagen que se quiere vender de un FMI que “contemplaba a los más vulnerables”. Son migajas, mientras siguen aplicando un tremendo ajuste que saquea al pueblo trabajador y a los sectores populares con el único fin de garantizar los pagos de la deuda externa y asegurar las ganancias de banqueros, multinacionales y petroleras.

Casi ocho de cada diez repudian al gobierno

Macri solo cumplió dos de veinte promesas de campaña, y de las dos, una fue mantener la asignación por hijo (aunque su poder adquisitivo se vio casi pulverizado por la inflación) y la otra es la “ley del arrepentido” que da más impunidad en las causas judiciales. Por eso es que al mote de “gobierno para los ricos” se le sumó, con razón, el de “gobierno mentiroso”.

A tal punto es la profundización del ajuste y los intentos represivos del gobierno que hasta la reaccionaria Elisa Carrió dijo “no vamos a ir al fascismo”, ante la resolución de la ministra Bullrich que habilita el gatillo fácil. También Carrió criticó en estos días la nueva ley electoral posibilitando que las empresas aporten a las campañas de los partidos patronales. Todo esto sería irrelevante si no fuera porque está mostrando las tremendas peleas por arriba -al igual que otras tantas entre Macri y la UCR- en una coalición de gobierno en permanente crisis política al calor de la aplicación del ajuste y ante la constante pérdida de su base social y de la propia clase media que los votó. Ocho de cada diez no votarían al gobierno. El chacarero Alfredo De Angeli en una cumbre de PRO reconoció que “cuando tocamos timbre no sabemos si va a salir un vecino o un bulldog”, mostrando la indignación popular con el gobierno.

Ahora saltó que el padre y el hermano de Macri, igual que su primo Calcaterra, están seriamente involucrados con las coimas que le pagaron al kirchnerismo para quedarse con el negocio de las autopistas.

Pero si hay un fenómeno donde se ve más claramente la ruptura de millones con el gobierno, es en las luchas. Los paros generales, verdaderos plebiscitos contra el ajuste, fueron masivos. Lo mismo que la rebelión educativa de este año y las innumerables huelgas y movilizaciones obreras y populares por el salario, contra los despidos, la defensa de la salud y la educación pública. Millones de mujeres también se sumaron a la movilización en las calles, expresándose contra el gobierno, la Iglesia y los partidos patronales que les negaron el derecho al aborto legal.

La complicidad de la CGT y del peronismo

La relativa “calma” que Macri intenta mostrar hay que buscarla en el rol cómplice de la CGT y del peronismo. Los burócratas sindicales no marcharon contra la aprobación del presupuesto 2019 y cambiaron un posible paro por un bono miserable. Moyano fue a una misa a Luján. Ahora la CGT junto a la CTA Yasky y los movimientos sociales (CTEP, CCC, Barrios de Pie), consensuaron un documento que le presentaron a la Iglesia vía el Episcopado para “intercambiar ideas” con el gobierno ante la crítica situación social (Clarín, 11/12).

Del lado del PJ tampoco hay ningún disimulo en el apoyo al gobierno. Pichetto defendió la necesidad de votar el presupuesto del FMI y avaló la represión en las marchas en su contra del 24 de octubre y el 14 de noviembre al mejor estilo Bullrich. Massa enarboló la consigna electoralista “Macri fracasó” después de que el Frente Renovador le votara todas las leyes. El peronismo nucleado en Argentina Federal (Pichetto, Urtubey, Schiaretti, Massa), que en todos estos años coqueteó con el gobierno, ahora busca canalizar el espacio que dejan Macri y Cristina con una variante patronal absolutamente ajena al movimiento obrero y popular.

Pero quien movió el tablero político en estas semanas fue Cristina Kirchner. La ex presidenta y actual senadora, que viene siendo imputada ante probados casos de corrupción bajo su gobierno confesados incluso por los propios empresarios de la obra pública y hasta por su ex jefe de Gabinete Abal Medina, acaba de generar un gran impacto en la base kirchnerista al hacer público su llamado a la “unidad del peronismo” con quienes le vienen avalando el ajuste a Macri, vía la aplicación en sus provincias o votándoselo en el Parlamento. También es la propia Cristina Fernández quien se encargó de decir que en caso de ganar las elecciones no va a romper con el FMI, sino a renegociar el acuerdo, además de provocar el repudio entre las mujeres de sus propias filas cuando llamó a la unidad de los pañuelos verdes y celestes.

El kirchnerismo critica a Macri solo en pos de lograr un recambio electoral en 2019, pero no para cambiar el modelo económico. Lo reconoció el propio Axel Kicillof al brindar un reportaje en la revista Forbes, una de las leídas por el establishment económico mundial, diciendo que en caso de ser gobierno no van a aplicar una política “antiempresa”. A medida que avanza el ajuste y la crisis, el kirchnerismo se va aggiornando para hacer buena letra y prepararse el año que viene, si le da, para un recambio no traumático para los intereses de las patronales y el imperialismo.

Que Cristina se haya refugiado en el Sur llamando a no participar de la marcha contra el G20 demuestra que su próximo gobierno no “va a sacar los pies del plato” del ajuste capitalista. Esto deja claro que no hay lugar para las medias tintas. O se está por derrotar el ajuste y aplicar medidas de fondo como propone la izquierda, o se está por convivir con el ajuste capitalista y en contra del pueblo trabajador. Esa es la disyuntiva.

Apoyar las luchas y fortalecer al Frente de Izquierda

Un reciente estudio revela un amplio repudio de masas a los partidos tradicionales y a las instituciones de esta democracia para los de arriba. “El promedio regional de satisfacción con la democracia es de 24%, el resultado más bajo para este indicador desde 1995” (Informe 2018, Latinobarómetro). La misma fuente aclara el perfil promedio de quienes más están desencantados: “joven, pobre, con bajo nivel de educación y mujer, es decir, los grupos afectados por las desigualdades”. Esto muestra que las nuevas generaciones repudian a los políticos tradicionales y a esta democracia para los ricos, abriendo nuevas oportunidades para la verdadera izquierda. El repudio a los gobiernos se expresa no solamente en Latinoamérica, sino también en Francia (ver páginas 14 y 15). Lo muestran los chalecos amarillos contra Macron, el presidente que ganó las elecciones con falsas promesas y rápidamente fue repudiado en las calles por aplicar el ajuste y gobernar para los empresarios y los ricos.

En diciembre del año pasado en la Argentina hubo un antes y un después con la rebelión popular contra el robo jubilatorio. Un repudio que fue creciendo y debilitando al gobierno. Esto se agravó con el pacto colonial con el FMI, mostrándo ante las masas el desbarranque económico de un gobierno que prometía que los capitales extranjeros nos iban a salvar.

Al calor de la aplicación del ajuste hay que prepararse para nuevas luchas y confrontaciones sociales. Las elecciones de 2019 se van a dar en medio de nuevos intentos de aplicar el presupuesto de ajuste del FMI, los despidos y robo salarial. La izquierda debe seguir dando respuestas claras. Primero, seguir apoyando las luchas para derrotar el ajuste y el pacto con el FMI ahora, no esperar las elecciones de 2019 como dice la CGT y el peronismo, repudiando la tregua y exigiendo el paro general. Al mismo tiempo, tenemos que enfrentar las medidas represivas del gobierno. Segundo, postular un plan económico alternativo sobre la base del no pago de la deuda externa, como lo viene planteando el FIT, junto con otras medidas de fondo. Tercero, postular al Frente de Izquierda contra Macri y la falsa oposición del peronismo, mostrando que la salida viene por izquierda en la pelea por un gobierno de los trabajadores. El gran acto que nuestro partido llevó a cabo el pasado 8 de diciembre en Ferro está puesto al servicio de estas urgentes tareas. Para todo ello llamamos a fortalecer a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda.

Franco Macri fue citado a declarar. También su hijo Gianfranco Macri, el hermano del presidente. Es por el pago de coimas al gobierno de Néstor Kirchner para quedarse con la concesión de Autopistas del Sol. En la misma causa ya está procesado el primo de Mauricio, Angelo Calcaterra, involucrado en las coimas de Odebrecht para quedarse con el soterramiento del Sarmiento. Y si el presidente Macri ha sido sobreseído en algunas causas (cuentas offshore en paraísos fiscales, por ejemplo) no es porque no sea corrupto, sino porque ahora la justicia actúa para él. Por ahora.

Lo cierto es que la familia presidencial está en problemas. “Mauricio no es Franco”, dicen desde la Casa Rosada. Y agregan: “Esto demuestra que en el gobierno no hay impunidad para nadie”. Una risa.

El gobierno habla de terminar con la decadencia de hace 70 años para encubrir que la familia Macri viene haciendo grandes negociados, en especial con la dictadura del 76 y luego con todos los gobiernos “constitucionales”.

El “Mauricio que no es Franco”, siendo presidente, le perdonó la deuda millonaria que mantenía su padre con el Correo. Y van… Esto prueba que los negocios capitalistas corruptos se dieron tanto con el kirchnerismo como ahora con este gobierno “de la transparencia”. Para los responsables pedimos cárcel ya, mientras seguimos luchando contra este sistema capitalista corrupto al servicio de las ganancias mafiosas de los gobiernos patronales.