Escribe José Castillo

El gobierno de Macri quiso acompañar el nuevo tarifazo a los usuarios del gas con otro pago adicional en favor de las empresas por la devaluación. La bronca lo obligó a tener que dar marcha atrás. Pero igual le garantiza a las empresas ese dinero, sólo que saldrá de subsidios estatales.

El mes de octubre ya venía con el nuevo tarifazo: un aumento formalmente de 35%, pero que para los sectores de menores recursos llega a 50%. Ello es así porque se recortó la tarifa social y se eliminó el 10% de descuento para los usuarios que lograron reducir su consumo. Las tarifas del gas llevan acumulado, desde comienzos de 2016, un incremento de 1.500%.
Pero la indignación mayor estalló cuando se supo que los usuarios tendrían que sumarle otro aumento, ¡pagando de nuevo lo que habían abonado entre septiembre y abril!, para “compensar” supuestas pérdidas de las empresas gasíferas por la devaluación. Se iba a efectivizar en 24 cuotas, ajustadas por interés, que estaban listas para empezar a llegar a los hogares a partir de enero de 2019.
La bronca fue enorme y el escándalo mayúsculo. Finalmente el gobierno, presionado, resolvió que los usuarios no pagarán esa “compensación”, pero que las empresas igualmente la cobrarán. ¿Cómo? La pagará el propio Estado con mayores subsidios.

¿Compensar a las empresas?

Empecemos por la primera mentira: que a las empresas hay que “compensarlas porque perdieron”. Ninguna perdió nada, al contrario. Todos los pulpos del complejo gasífero están teniendo superganancias. Veamos. El negocio del gas se subdivide en tres etapas. Primero están las productoras, que son las firmas que extraen el gas. En nuestro país ese proceso está concentrado en seis empresas monopólicas: cuatro de ellas cotizan en Bolsa (YPF, Panamerican Energy –de Bulgheroni, Tecpetrol –propiedad de Techint– y Pampa Energía –de Marcelo Mindlin). De sus balances públicos se desprende que ganaron 21.462 millones de pesos en 2017. Las otras dos que no cotizan en la Bolsa local también hicieron ganancias multimillonarias (la multinacional francesa Total Austral y la alemana Wintershall).
Después vienen las transportistas, que son sólo dos: Transportadora de Gas del Norte (TGN, propiedad de Techint) y Transportadora de Gas del Sur (TGS, de Marcelo Mindlin), que en conjunto ganaron 3.635 millones de pesos.
Y finalmente, están las distribuidoras (las empresas que en cada región del país hacen llegar el gas a las casas y que son las que envían las boletas a los usuarios): nueve en total. De seis de ellas conocemos sus ganancias por cotizar en Bolsa: Metrogas (controlada por YPF, pero en venta en una operación manejada por el Citibank, donde sus posibles compradores son Corporación América de Eurnekian, Macfarlane y la española Fenosa), Camuzzi Pampeana y Camuzzi Sur (ambas propiedad de Alejandro Mcfarlane, ex directivo del grupo de Mindlin) , Distribuidora Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro (del “amigo del alma” de Macri Nicolás Caputo), Distribuidora del Litoral (de Techint) y Gas Natural Ban (de la multinacional española Fenosa). En conjunto estas empresas tuvieron ganancias en 2017 por 4.379 millones de pesos.
Como vemos, los grandes ganadores son los pulpos que extraen el gas, pero todas las otras empresas también reciben su tajada producto de que el gobierno les autoriza un precio a boca de pozo astronómicamente superior a sus costos e incluso al valor internacional (ver nota en esta misma página) y luego “pasa” ese costo a los usuarios, de tal forma que también ganen su parte las transportistas y distribuidoras.
El subsidio a estos pulpos no es nuevo: viene de la época kirchnerista, cuando a través de los llamados Plan Gas I y Gas II, con la excusa de “promover” el negocio, se les autorizaba a los productores esos precios por el gas fuera de cualquier lógica. Por eso el discurso “indignado” de Cristina el miércoles pasado en el Senado no es más que otra de sus operaciones de doble discurso. Macri, por su parte, siguió sosteniendo este subsidio, por lo que entre esto y lo que se le regala en subsidios a las transnacionales que operan en Vaca Muerta, las empresas se llevarán de arriba nada menos que 2.865 millones de dólares.

Frente al saqueo, ¿cuál es la salida?

Todo es un gran robo: precios por encima de cualquier valorización y regalos en subsidios. Juan José Aranguren, el anterior secretario de Energía y ex CEO de Shell, vino a garantizar la continuidad y ampliación de estas ganancias de sus amigos haciendo, tarifazo tras tarifazo, que la cuenta cada vez más la pague directamente el usuario. Antes de retirarse se aseguró de que quedara establecido que las tarifas estaban dolarizadas y que cualquier modificación del tipo de cambio sería pagada por el usuario. Exactamente por eso Javier Iguacel, el nuevo secretario de Energía y ex vicepresidente de Pluspetrol, trató de imponer la famosa “compensación” a costa de los usuarios.
El gobierno tuvo que dar marcha atrás, pero las empresas no perdieron un peso: cobrarán lo que reclaman por la devaluación. Son 10.000 millones de pesos que engrosarán sus ganancias.
La conclusión es obvia. Con la complicidad absoluta del gobierno, todas estas empresas nos siguen robando. Esto no va más: hay que retrotraer todos los tarifazos y no pagarles un peso más de subsidios, quitándoles todas las concesiones y recreando una gran empresa integrada estatal, tal como fue en su época Gas del Estado.

Escribe José Castillo

Lo que se está haciendo en nuestro país con el gas es un auténtico saqueo. A los pulpos transnacionales se los “estimula” con subsidios y otros incentivos. La excusa es que así invertirán y producirán más. Es una mentira total. En 2017 la producción de gas retrocedió 0,9%. Este año creció 3,5%, pero como producto exclusivo del supernegociado que se está haciendo con Vaca Muerta.

Hoy el 36% de la producción total viene de estos yacimientos llamados “no convencionales”, donde se extrae a costa de producir un desastre ambiental. Pero eso no es todo. A las empresas que operan allí se les garantiza un precio de 7,5 dólares el millón de BTU (medida que se usa para el gas). Un escándalo, ya que en los Estados Unidos, en un yacimiento similar como el de Eagle Ford, se paga 3 dólares el millón de BTU.
En el resto de los yacimientos (los llamados “convencionales”) las empresas reciben 5,98 dólares el millón de BTU, cuando el costo de extracción (reconocido por YPF en sus declaraciones certificadas ante la SEC, organismo de control de las Bolsas de Valores yanquis) es de apenas 1,9 dólares.
Todo un escándalo. Pagamos el gas infinitamente más caro que otros países, teniendo un costo de extracción en promedio más barato. Un regalo para las transnacionales que vienen a dejarnos sin este vital elemento, hacer sus negocios y luego, cuando ya “no les rinda más” retirarse dejando un tendal en las regiones cercanas a cada yacimiento.

La Argentina es un país gasífero. Podríamos tranquilamente autoabastecernos y proveer ese servicio en forma accesible para toda la población. Y sin embargo vemos cómo las tarifas se acercan a lo inaccesible, mientras millones de argentinos no acceden al gas en red simplemente por la inexistencia de infraestructura. Son justamente los más pobres y necesitados, que dependen del gas en garrafa (más caro que el gas natural) o tienen que recurrir a la leña o al kerosene para calefaccionarse y cocinar.
El gas, igual que el petróleo, es un recurso fundamental y no renovable. Su uso requiere planificación y búsqueda de nuevas reservas. Para hacerlo llegar a toda la población hay que construir gasoductos y luego redes locales. La lógica no puede ser la de la ganancia, sino la de las necesidades y el derecho de todos al acceso al servicio.

Gas del Estado fue una de las empresas gasíferas más importantes del mundo. Junto con YPF fundaron pueblos, contribuyeron al desarrollo de regiones enteras y generaron centenares de miles de puestos de trabajo. Por eso, entre otras cosas, fueron desguazadas.
La única salida frente a los tarifazos, el saqueo del patrimonio de los recursos no renovables, la falta de inversiones y la baja calidad de los servicios pasa por la reestatización del conjunto del negocio gasífero petrolero. Creando una gran empresa integrada, como era Gas del Estado, que concentre la búsqueda de nuevas reservas, la extracción, el transporte y la distribución hasta los domicilios. Todo gestionado por los trabajadores de las distintas empresas en que hoy está dividido el negocio, junto con las organizaciones de usuarios. Así podremos garantizar que el gas deje de ser un negocio y se transforme en el insumo accesible y barato que necesita el pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

Desde hace décadas los grandes negociados pasan por los sobreprecios, los contratos truchos, las inversiones prometidas y nunca realizadas, y otras mil y una “avivadas” que hacen al negocio de la obra pública. Ahora quieren “despegarlas” de los escándalos de la corrupción.

No es algo nuevo. Ya en la época de la dictadura surgieron grandes grupos económicos, como Perez Companc, Roggio, Techint, Macri o Fortabat, que se aprovecharon de las obras faraónicas de entonces (los estadios del Mundial ´78, las autopistas y los grandes contratos de recolección de residuos). Esto siguió en la década siguiente, con Alfonsín, la mayoría de ellos ganaron como contratistas de las entonces empresas del Estado. Siguieron con Menem, muchos de ellos metiéndose como socios menores en las privatizadas y, coimas mediante, entrando en cuanta contratación existía.

La corrupción no es un fenómeno “propio” de los años kirchneristas. Los grandes grupos económicos juegan a esto desde hace mucho. En cada gobierno tienen que compartir el botín con los empresarios “nuevos” que cada gobierno les pone al lado para favorecer. Así, Menem tuvo su Yabrán, los Kirchner sus Cristóbal López, Lázaro Báez y Gerardo Ferreyra. A ello le tenemos que agregar un dato novedoso: la “internacionalización” de la corrupción de la obra pública, con la aparición de transnacionales como la brasileña Odebrecht.
El escándalo de los “cuadernos” volvió a poner sobre el tapete el desmadre de la corrupción kirchnerista. Frente a las denuncias y las revelaciones que surgen día a día, nosotros no tenemos ninguna duda: que todos los culpables vayan presos y sean obligados a devolver lo robado.
Es evidente que el gobierno y la Justicia hacen las mil y una maniobras para “despegar” a la familia del presidente Macri y sus empresas, cuando el Grupo Macri, a lo largo de toda su historia, participó plenamente de estas prácticas. Así sucedió cuando estatizaron su deuda, o cuando se aprovecharon de la mayoría automática de la Corte Suprema menemista para zafar de una causa de contrabando de autos. O cuando, más cerca en el tiempo, quieren evitar pagar las deudas del Corrreo Argentino. Actualmente hacen malabares para evitar que quede involucrada Iecsa, ex empresa de la familia presidencial, en los escándalos vinculados al soterramiento del Sarmiento.
Pero tanto el gobierno como la Justicia no pueden escapar ante la flagrante evidencia de coimas, de tener que investigar, junto con el coimero, al “coimeador”. Y ahí es donde queda pegada parte importante de la elite de los grupos económicos locales, pasando por Carlos Wagner (dueño de Esuco y titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Angelo Calcaterra (ex titular de Iecsa), Luis Betnaza (director corporativo de Techint), Armando Loson (Grupo Albanesi), Juan Chediak (también ex titular de la Cámara de la Construcción), Aldo Roggio (de su propio grupo), Héctor Zabaleta (ex director de Administración de Techint), Javier Sánchez Caballero (ex gerente de Iecsa), Jorge Guillermo Neira (gerente de Electroingeniería), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux Argentina), Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones) y Gabriel Romero (Grupo Emepa).

El gobierno de Macri, los jueces y las cámaras empresarias han puesto en juego entonces una justificación: que el límite de investigación de la corrupción es no poner en riesgo las futuras “inversiones”. En particular se refieren a los contratos de “participación público-privada” (PPP), la nueva forma que ha encontrado para que la obra pública pueda seguir generando negociados, con las propias empresas buscando financiamiento que luego será abonado por el Estado. Un sistema que fomenta incluso más que antes los sobreprecios y la corrupción en todo el entramado de la obra pública. Para que estos negociados puedan seguir realizándose plantean que no se debe confundir a un “directivo corrupto” de una empresa con la propia compañía. Así, Paolo Rocca de Techint, por ejemplo, podría “entregar” a su directivo Luis Betnaza, aduciendo que “la empresa no sabía nada”. En síntesis, se trata de salvar a las empresas y a sus verdaderos dueños, para que sigan robando.
Este mecanismo no es novedoso. Es tan viejo que, al final de la Segunda Guerra Mundial, se dijo que el hecho de que Mercedes Benz, Volkswagen o Bayer hubieran usado mano de obra esclava de los campos de concentración no afectaba “a las compañías”, sino a lo sumo a un pequeño núcleo de gerentes. Se trata del mismo razonamiento: ahora Techint, Roggio, el Grupo Macri y los otros dueños del negocio de la obra pública seguirán lucrando con el presupuesto de los argentinos y llevándose el dinero que debería ir a educación, salud o vivienda.
Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda afirmamos que los corruptos son todos, incluyendo a los empresarios y las propias empresas. Si una firma estuvo involucrada en un acto de corrupción debe ser expropiada, estatizada y puesta a funcionar gestionada por sus propios trabajadores. Y la obra pública debe ser realizada acorde con un plan que priorice las más urgentes necesidades populares y no, como hasta ahora, los negocios de un puñado de grandes empresas.

Escribe Atilio Salusso

La debacle a la que está llevando al país el gobierno de Macri y el FMI, las constantes crisis políticas y el descontrol de la economía, han generado una legítima preocupación entre los trabajadores y luchadores. ¿Macri llega a 2019? ¿Quién lo tendría que reemplazar? El peronismo dice que es la única salida ante Macri. ¿Hay que apostar a variantes del PJ como Massa, Pichetto o Cristina, o por una salida distinta?

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda venimos peleando por una salida de fondo para que al país lo gobiernen los trabajadores y la izquierda. Postulamos un gobierno de los trabajadores y el pueblo con un programa de fondo, teniendo en cuenta que todos los gobiernos patronales que nos vinieron gobernando lo han hecho para beneficiar a los grandes empresarios, los bancos y las multinacionales.

La crisis política de Macri no hace más que ratificar que su gobierno, igual que los anteriores, por gobernar para los de arriba, aplican planes de ajuste y entrega contra el pueblo trabajador para salvar a un grupo privilegiado de bancos, especuladores y oligarcas del campo que han venido esquilmando al país desde hace décadas.
En la Argentina nunca gobernaron los trabajadores y la izquierda. Sería algo completamente distinto. Un gobierno donde las riendas de la economía las debatan, discutan y decidan quienes producen la riqueza, los trabajadores, no las grandes patronales. Con un gobierno de los trabajadores, por ejemplo, la educación sería decidida por los docentes y la comunidad educativa, no por gobiernos mafiosos como el actual que está con el negocio privado en la educación. Igual pasaría con la salud, donde serían los propios médicos, enfermeros y demás profesionales los que desarrollen y fomenten los hospitales públicos. Si los trabajadores del Astillero luchan por defender la empresa y la quieren desarrollar, ¿acaso esto no demuestra que los trabajadores deben tomar las riendas del país?

Hoy Macri nos lleva al caos. Y en los doce años de kirchnerismo, aunque con otro discurso, también continuaron los males capitalistas. No hubo ninguna medida de fondo en el gobierno anterior contra los grandes empresarios, las multinacionales o los bancos, se pagó la deuda externa a más no poder. Sean gobiernos de centroderecha o de los denominados “progresistas”, los trabajadores la pasan mal.
Macri, los radicales y el peronismo, en sus distintas variantes, ya nos gobernaron. Beneficiaron a los de arriba y perjudicaron a los trabajadores y jubilados. La Argentina, culpa de estos gobiernos, sigue siendo una semicolonia dependiente del imperialismo.
Tienen que gobernar los trabajadores para liberar al país de los dictados de las potencias extranjeras, el FMI y el Banco Mundial que aplican sus socios locales, es decir, los grandes empresarios, banqueros y especuladores a través de los gobiernos de turno. Hace falta imponer un plan económico alternativo anticapitalista y socialista, como postulamos desde el Frente de Izquierda, la única manera para poder atacar los problemas estructurales de raíz y empezar a combatir la pobreza, el trabajo en negro y reactivar la economía en beneficio del pueblo trabajador.
Ante la cruda realidad proponemos un plan de lucha nacional para derrotar el ajuste ahora, no esperar a 2019 como dicen el peronismo y la burocracia sindical. Y contra el gobierno de Macri, además del no pago de la deuda y otras medidas alternativas, llamamos a pelear por una salida estratégica, por un gobierno de los que nunca gobernaron: un gobierno de los trabajadores y la izquierda.

Escribe Gabriel Massa

Dieciocho gobernadores, incluyendo siete mandatarios provinciales peronistas, firmaron la “adenda al Pacto Fiscal”, que es una de las bases fundamentales del proyecto de presupuesto de Macri que se votará el 24 de octubre en el Congreso, y del brutal ajuste acordado con el FMI.
El peronismo en sus diversas variantes proveerá al gobierno de Macri de los diputados que le faltan para aprobar el proyecto. Cambiemos tiene 108 y aspira a que la oposición peronista le garantice unos 20 más. Y que el resto de sus diputados, entre abstenciones y ausencias, permita al gobierno salir con el proyecto aprobado.

Se dividen los roles y se aprestan a jugar el circo parlamentario. Massa se pasea por Estados Unidos mostrándose como el candidato “de recambio” confiable para el imperialismo. Acá, mientras tanto, los diputados de su sector (el Frente Renovador) tratan de disimular su complicidad con el ajuste, planteando que el gobierno envíe un nuevo proyecto de presupuesto que incluya las nuevas pautas acordadas con el Fondo. José Ignacio de Mendiguren, ex jefe de la Unión Industrial y principal referente del massismo en la Cámara de Diputados, lo decía con todas las letras en un reciente reportaje en Página 12: “Hay que retirar ese proyecto de presupuesto y armar uno nuevo en función de las pautas que ellos mismos han convenido con el FMI. […] Yo no voy a estar entre los que dicen voto en contra. Quiero darle la oportunidad de que me traigan el presupuesto para que yo analice algo que pueda votar”.

Los legisladores que responden a Urtubey y a Schiaretti, en cambio, se aprestan a votar a favor junto con Cambiemos, sin disimulo. Otros diputados peronistas criticarán el proyecto, para terminar absteniéndose en nombre de la “gobernabilidad” con la excusa de que “no se puede dejar al gobierno sin presupuesto”.
Los kirchneristas, por su parte, tendrán el rol de reparto de lanzar encendidos discursos en contra. Kicillof pidió que se “rehaga el presupuesto y se presente uno nuevo”. Claro que, al mismo tiempo, uno de los posibles candidatos presidenciales por su sector, Agustín Rossi, afirma que si ganan en 2019 respetarán los acuerdos con el FMI, mientras que Alicia aplica más que ningún otro gobernador la política de ajuste en Santa Cruz.
Una vez aprobado en Diputados, el sainete se repetirá, de idéntica forma, en la Cámara de Senadores.

Nada podemos esperar de esta oposición patronal: el peronismo en todas sus variantes y con sus distintos matices le está dando al gobierno y al FMI el sostén y el respaldo que necesitan para descargar todo el peso de la crisis y el ajuste sobre el pueblo trabajador.
Tal como lo decimos desde el Frente de Izquierda y el sindicalismo combativo, lo que necesitamos es salir a pelear ahora mismo contra el ajuste. Empezando por una movilización masiva el 24 contra este presupuesto, impulsando la exigencia de un paro general de 48 horas y un plan de lucha para derrotar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores. El rol del peronismo como “opositor” nos muestra la necesidad, más que nunca, de construir una nueva alternativa política para la clase trabajadora, tal como lo postulamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda.