Escribe Martín Fú

César Milani, ex jefe del Ejército ungido por Cristina Kirchner en 2013, está siendo enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Quien fuera postulado por el kirchnerismo para ser el recambio y la “nueva cara” de las fuerzas armadas, está acusado del secuestro y tortura de Pedro Olivera y su hijo Ramón, ocurridos en La Rioja en 1977, durante la pasada dictadura militar. Milani negó los cargos de los que se lo acusa, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita cuando se desempeñaba como subteniente del Batallón 141.

En su primera declaración, aunque sin nombrarla, se amparó en la derogada Ley de Obediencia Debida, al apuntar más arriba de los mandos militares e intentar lavarse las manos de las responsabilidades que le caben. La estrategia judicial de Milani de invocar la responsabilidad de los mandos superiores, es la que sostienen todos los genocidas que son juzgados hasta el día de hoy. Milani en su alegato leyó una carta en su apoyo de Hebe de Bonafini, que generó el repudio de la madre y hermana de Alberto Ledo.

El general, que se encuentra detenido con prisión preventiva, también está acusado en otras causas de lesa humanidad por la desaparición del soldado Alberto Ledo y la detención de Verónica Mata en 1976. Además tiene otra causa abierta por enriquecimiento ilícito. Milani tuvo un rol central en el armado kirchnerista del último gobierno de Cristina, contando con su apoyo para el pliego de su ascenso a teniente general en el Senado, a pesar de ser impugnado por distintas organizaciones de derechos humanos como el CELS, Serpaj, Madres de Plaza de Mayo y la Comisión Provincial de la Memoria, entre otros, quienes aportaron los antecedentes del rol de Milani en el Operativo Independencia en 1975, la represión ilegal de 1976-1983 y hasta su participación en el levantamiento carapintada de 1987. Desde Izquierda Socialista seguiremos exigiendo juicio y castigo con cárcel común para todos los genocidas.

Nueva derrota electoral del gobierno en el interior. Carrió insulta escandalosamente a dirigentes de PRO. Los radicales plantean abiertamente sus dudas sobre si Macri debe ser candidato. Son todas consecuencias de la crisis y el desgaste de un gobierno cada vez más repudiado por el pueblo.

Escribe José Castillo

En La Pampa Cambiemos sumó su novena derrota consecutiva en lo que va del año. Ya ni es noticia. Las encuestas lo dan en picada, e incluso han trascendido algunas que ponen en duda que el gobierno pueda pasar la primera vuelta (sea porque pierda por más de diez puntos o directamente porque termine tercero, superado tanto por el peronismo kirchnerista como por Alternativa Federal). Las novedades que se van conociendo en estos días, como el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de que irá de vice de Alberto Fernández, o incluso las definiciones que se tomarán en el peronismo federal, lo aterrorizan, tal como lo reconoce por lo bajo más de un funcionario. Aunque, por supuesto, “para afuera” se diga que “acá no pasa nada”, “esto nos favorece”, en la clásica versión futbolera del “siga siga”.

Pero Cambiemos hace agua por los cuatro costados. Y ya es imposible de disimular. Elisa Carrió, en otra época el “tanque” electoral que ponía Macri en la Capital, ya ha pasado de impresentable a directamente una figura destructiva para la propia alianza de gobierno. Venía de decir barbaridades en la elección cordobesa. Ahora directamente trató públicamente de “hijo de puta” al diputado de PRO Nicolás Massot (“lo puteé cinco veces”, se encargó de aclarar la propia Carrió a los periodistas acreditados para asegurarse de que saliera la noticia). Otros diputados de Cambiemos se quejaron de que, con sus exabruptos y provocaciones, Carrió termina poniendo en riesgo la ya difícil rosca que tiene que armar el macrismo con sectores del peronismo para lograr sacar las leyes que necesita, tal el caso de la de financiamiento electoral.

Pero Carrió no es el único problema. Los radicales, sumidos en su propia crisis (ver nota en esta página), ya empiezan a decir abiertamente, en las palabras nada más ni nada menos que de Alfredo Cornejo, el presidente del partido, que “lo mejor es que Macri se baje”, volviendo a poner sobre la mesa lo que hace unas semanas se llamaba la opción “V”, por María Eugenia Vidal. En el marco de la crisis se escucha de todo, hasta los que van más allá y proponen una inviable opción “P”, que consistiría en incorporar un peronista “amigable” en la fórmula como vicepresidente. Incluso se llegó a tirar el nombre de Urtubey. Por supuesto que el involucrado inmediatamente lo negó rotundamente. Es lógico, si el barco se hunde, lo más razonable es que las ratas lo abandonen, no que suban nuevos pasajeros.

Todo esto es expresión de una realidad ya visible hace meses, pero que se sigue profundizando: la bronca popular ante el ajuste. Es que ahora no se trata simplemente de que han roto con Cambiemos los sectores populares que equivocadamente pudieron tener alguna expectativa y lo votaron en 2017, sino de algo más profundo: la ruptura con su propia base de clase media y centroderecha. Incluso importantes sectores patronales se animan a decir en voz alta que este gobierno “ya no les sirve más”. Un dirigente de Cambiemos, sin identificarse, dejó trascender en los medios: “Cómo quieren que salgamos a timbrear (la tradicional forma macrista de campaña electoral) si la gente ya ni nos abre la puerta, solo nos putea”. En este marco, resultan patéticas las declaraciones de Dujovne y otros funcionarios del equipo económico del gobierno, tratando de mostrar como “buena noticia” que la inflación de abril fue de 3,4%, menor que la de marzo, como si ese número no siguiera siendo totalmente astronómico, sumando anualizado un 55%. Es que, más allá de las estadísticas, cualquiera observa en la calle que los salarios y las jubilaciones cada vez alcanzan menos, que siguen los despidos y suspensiones y que crece la desesperación de muchos que ya no saben cómo hacer para llegar a fin de mes, pagar una factura de luz o comprar un remedio.

El único punto a favor que le va quedando al gobierno de Macri es el apoyo abierto del gobierno de Trump y el dinero que le sigue llegando de las cuotas del acuerdo con el FMI. Con eso, y una brutal bicicleta financiera, donde, a cambio de enormes superganancias para los bancos y los especuladores, trata de evitar que se dispare el dólar, se juega a “aguantar” hasta las elecciones. Todo, absolutamente todo, atado a cumplir a rajatabla el ajuste comprometido con el Fondo y a pagar la deuda externa.

Escribe José Castillo

Seamos claros, ya hace muchísimos años que la Unión Cívica Radical dejó de generar alguna expectativa como partido para alguna franja popular. Para la inmensa mayoría del pueblo trabajador es el partido de De la Rúa, que tuvo que huir en helicóptero por el Argentinazo. Para los más memoriosos, es el partido de Alfonsín y la hiperinflación.

Pero la UCR, como partido “histórico” de nuestro país, tiene un despliegue territorial nacional, con punteros en todas las provincias e intendentes en muchísimos pueblos, que fue lo que le permitió a Cambiemos convertirse en una coalición electoral nacional allá por 2015 y de esa forma disputar y finalmente ganar, aquellas elecciones.

Hoy el radicalismo observa el panorama y ve el derrumbe del gobierno. Por eso, fiel a su juego de políticos profesionales “rosqueros”, trata de sacar provecho propio, logrando mejores lugares en las listas. Este es el fondo de la cuestión.

Es cierto que el radicalismo hoy está partido en tres sectores: un núcleo, hoy minoritario, agrupado alrededor de Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) y Daniel Salvador (vicegobernador de Buenos Aires),que se mantiene a rajatabla apoyando como sea al gobierno de Macri. En el otro extremo, el sector de Alfonsín y Federico Storani plantea que hay que irse y negociar lugares en una eventual lista de Roberto Lavagna. En el medio, el espacio que aparece en primera instancia como mayoritario, representado por el propio Cornejo o por operadores como Coti Nosiglia, quieren aprovecharse de la debilidad de Cambiemos y por eso hacen declaraciones afirmando que “Macri no va más, pongan a Vidal”, pensando que esa es la forma de “apretar” al gobierno para conseguir mejores ubicaciones en las negociaciones de cargos en Cambiemos.

¿Qué pasará finalmente? No lo sabemos. Aunque podemos adelantarlo, ya que se trata de los radicales. Probablemente la rosca interna los lleve, como ya anticipó en el programa Animales sueltos Federico Storani, a terminar su convención con una declaración que “los contenga a todos”. O sea que no diga nada. De ahí en adelante se acomodarán como mejor les convenga para tratar de seguir sobreviviendo como políticos patronales decadentes de un partido decadente. Todo este sainete no es más que otra expresión patética de la crisis que hoy recorre al gobierno de Macri y a Cambiemos.

A pesar de los denodados intentos del gobierno y Patricia Bullrich por evitarlo, finalmente el prefecto Francisco Pintos fue detenido, acusado de homicidio agravado por el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, el 25 de noviembre de 2017 en un operativo de desalojo efectuado por Prefectura en la comunidad Winkul Mapu en Villa Mascardi.

Se cae el intento de proteger a quienes lanzaron una feroz represión, con la excusa de responder a “un enfrentamiento”, cuando los ocupantes del predio que resistían el desalojo no estaban armados. Es un duro golpe a las políticas represivas del gobierno y de su vocera más visible, la ministra Bullrich, que como en el caso de Santiago Maldonado intenta justificar el accionar represivo de las fuerzas de seguridad como respuesta a “organizaciones terroristas”, cuando del otro lado los pueblos originarios luchan por el derecho a vivir en sus tierras ancestrales.

Escribe Gabriel Massa

Ha comenzado el primero de ocho juicios a Cristina Kirchner, en este caso junto a trece ex funcionarios de su gobierno, incluyendo el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y el empresario Lázaro Báez, por corrupción en las obras públicas en Santa Cruz. El gobierno presenta este juicio y los otros siete en los que está acusada Cristina como “la gran batalla” contra la corrupción. Cristina y el kirchnerismo lo denuncian por persecución política.

La justicia, con sus jueces y fiscales, está tan metida en la corrupción como los gobiernos. Y juegan de acuerdo a como viene la situación política. El intento de la Corte Suprema de postergar el juicio de esta semana a Cristina está directamente relacionado con el enorme repudio popular al gobierno de Macri y su repercusión en las encuestas electorales. Su marcha atrás fue causada también por el repudio a la maniobra de la Corte. El peronismo kirchnerista quiere utilizar este intento de la Corte para plantear que no existió la corrupción en su gobierno. Totalmente falso.
En torno de las obras y servicios públicos hay con Macri, y hubo antes con el kirchnerismo, una enorme corrupción. Desde empresas como Odebrecht de Brasil, Techint de Argentina, IBM de Estados Unidos, Shell de Gran Bretaña y Holanda, hasta empresarios como Calcaterra o Báez, les pagan coimas a funcionarios del gobierno de turno para ganar licitaciones o directamente les entregan obras, o yacimientos, o servicios públicos.

Las víctimas de la corrupción capitalista somos los trabajadores y el pueblo. Los miles de millones que se roban los corruptos significan hambre, miseria y tarifazos, destrucción de la salud y la educación y masacres evitables como la del ferrocarril Sarmiento en Once.
Repudiamos a esta justicia cómplice y sus maniobras, siempre al servicio de los empresarios y los políticos patronales. Pero al mismo tiempo exigimos cárcel para todos y cada uno de los corruptos y reclamamos la inmediata devolución de lo robado.