Escribe José Castillo

La ministra de Seguridad puso en vigencia una nueva reglamentación para la policía que le permite disparar sin necesidad de identificarse ni dar la voz de alto. Manos libres para matar a los pibes de los barrios o para represiones como la que terminaron con la vida de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel.

El gobierno de Macri ha establecido un nuevo “protocolo de actuación” para las fuerzas de represión federales (policía, gendarmería, prefectura), a la vez que llama a refrendarlo en las provincias para que también pueda ser aplicado por su sus policías. A partir de ahora, las fuerzas represivas podrán disparar sin identificarse previamente (la conocida “voz de alto”) y hacerlo sin necesidad de que se verifique que la otra persona está armada, e incluso tendrán permitido dispararle si la otra persona está corriendo (presumiendo que estuviera “huyendo” de un delito). El protocolo llega incluso a permitir el uso del arma “si el número de los agresores impide materialmente el cumplimiento del deber”. Como se ve, se le da prácticamente vía libre a la policía y otros aparatos represivos para que puedan disparar y, en todo caso, tengan todos los justificativos posteriores que los libre de cualquier consecuencia legal.

El planteo no es aislado. Lo hace la misma ministra que se jugó a fondo para defender a la gendarmería en la represión que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, en la justificación a la prefectura ante el asesinato de Rafael Nahuel y en la defensa del policía Chocobar, caso emblemático de gatillo fácil. La misma Patricia Bullrich que a lo largo del gobierno de Macri siempre fue la primera en salir a defender todas las represiones que se dieron contra las protestas populares.

El gobierno intenta con esto hacer desaparecer de las noticias el tema del feroz ajuste económico, el crecimiento de la miseria y el desempleo y los salarios y jubilaciones que cada día alcanzan para menos, y reemplazarlo por la cuestión de la “seguridad”. Es una vil maniobra para entrar al próximo año electoral.

Obviamente que a los trabajadores y los sectores populares les preocupan el aumento de los robos y la violencia que cotidianamente se sufre en las calles. Ellos son los principales afectados, y no los ricos, cuidadosamente pertrechados en sus barrios privados con su propia seguridad. Pero son los mismos trabajadores y vecinos de las barriadas que ven cómo se persigue, e incluso se mata, a los pibes jóvenes, por el solo “delito” de ir con una gorra, estar en una esquina tomando una cerveza o directamente por “portación de cara”. A la vez que la policía, la gendarmería y la prefectura aparecen involucrados todo el tiempo en el negocio de las “zonas liberadas” para robar, en el negocio de los desarmaderos, la trata, la prostitución y la venta ilegal de drogas.

Con una supuesta “mayor mano dura”, y mucho menos con este protocolo que consagra la impunidad para que la policía mate, no se resolverá nada del drama de la inseguridad. Al contrario. Para hacerlo hay que desmantelar un aparato represivo que, además de estar metido en todos los negocios del delito, es fortalecido y pertrechado exclusivamente para reprimir la protesta popular. Los vecinos autoorganizados en los barrios y la elección popular de los comisarios, son las medidas reales que se necesitan si se quiere de verdad atacar el flagelo de la inseguridad. Unida, por supuesto, a dar trabajo, salud, educación y reales oportunidades en la vida a los pibes de los barrios, hoy puestos en la mira del gatillo fácil por el nuevo protocolo. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda lo rechazamos, como lo hemos expresado en las legislaturas provinciales de Córdoba y Neuquén, donde a iniciativa de nuestros legisladores Ezequiel Peressini y Angélica Lagunas, respectivamente, se votó el repudio a esta vía libre al gatillo fácil de Bullrich y Macri.

Escribe Martín Fú

El pasado 11 de diciembre el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín condenó a Santiago Omar Riveros, ex comandante del IV Cuerpo de Ejército, a 12 años de prisión y a los ex gerentes de Ford Motor Internacional Pedro Muller y Héctor Sibila a diez y doce años de prisión por el secuestro y posterior tortura de 24 trabajadores y delegados de la fábrica entre marzo y abril de 1976. Muchos de ellos fueron secuestrados y torturados en la misma planta, donde funcionó un centro de detención conocido como “El Quincho”, con plena complicidad de la multinacional yanqui. La misma empresa realizaba listas detalladas, que les eran entregadas a los militares.

Se trata de un fallo histórico ya que por primera vez altos jerarcas de una empresa multinacional son condenados, no sólo por cómplices de un plan genocida sino como partícipes y ejecutores de crímenes contra sus trabajadores. Las condenas fueron encuadradas como de lesa humanidad. La sala, colmada de familiares, amigos, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos comprometidos en la lucha contra la impunidad atestiguó la importancia del fallo. Nuestra compañera Laura Marrone, legisladora porteña de Izquierda Socialista/FIT, acompañó con su presencia la lectura de la sentencia.
Lamentablemente, con la excusa de “la edad de los condenados”, cumplirán la sentencia en su domicilio. Seguirá entonces la pelea para que estos genocidas vayan al lugar que les corresponde: la cárcel común y efectiva.

Escribe Rodolfo Sánchez

Tras ocho años de movilizaciones, reclamos de familiares y el impulso de la multisectorial contra la represión, logramos arrancar un juicio oral y público por los crímenes de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas durante la represión del 17 y el 18 de junio de 2010.

La policía de Río Negro tiene nefastos antecedentes de maltrato, violencia (Coco Garrido, “ahorcado” en la comisaría de El Bolsón), gatillo fácil (Diego Bonefoi), desapariciones (Daniel Solano, policías condenados a perpetua), secuestro y ejecución (policía Lucas Muñoz, Bariloche), droga, negocios espurios (menores prostituidas bajo guarda del Estado) y alarmantes cifras de mujeres desaparecidas (superando diez veces al total del resto de las provincias patagónicas). Fue un logro parcial la tibia condena por cuatro años de prisión por homicidio culposo y negligencia en el ejercicio de sus funciones a Víctor Cufré (ex secretario de Seguridad y Justicia), a Jorge Villanova (ex jefe de la policía) y a Argentino Hermosa (ex titular de la Unidad Regional). Para los familiares no hubo justicia. Carmen (mamá de Nino) dijo: “Siento bronca, desilusión, tristeza”, Karina (viuda de Cárdenas): “… la causa estaba caratulada para que las condenas sean excarcelables”. Por la tarde también se leyó la absolución a los policías del caso Garrido. Desde Izquierda Socialista acompañamos la justa indignación de los familiares.

El pasado lunes 3 de diciembre la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal se negó a tratar el pedido de libertad de Daniel Ruiz, dirigente sindical petrolero de Chubut y militante del PSTU, quien está detenido desde el 12 de septiembre de este año por haber participado en la manifestación del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma de la ley previsional. 

A pesar de que los delitos por los que se lo acusa son excarcelables (es decir que aun condenado podría estar en libertad), se lo mantiene detenido desde hace casi tres meses. Desde Izquierda Socialista exigimos su inmediata libertad.

Escribe Martín Fú, miembro de la Comisión Ana María Martínez

Luego de años de lucha encabezada por la Comisión Ana María Martínez, dos altos mandos del Ejército fueron condenados a cadena perpetua. Ana María fue militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), secuestrada y asesinada por un grupo de tareas en 1982. Se acaba de lograr un gran triunfo contra los genocidas y la impunidad a 36 años del hecho.

Jorge Norberto Apa, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201 y Pascual Muñoz, ex jefe de Personal (G1) con sede en Campo de Mayo, fueron condenados el pasado 6 de diciembre por el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín a prisión perpetua con inhabilitación especial (se les retira cualquier pensión o jubilación que reciban) como responsables del brutal crimen de nuestra compañera. 

Apa en su último descargo dijo “que el presidente Alfonsín, con acuerdo del Congreso Nacional” lo habían ascendido al rango de general y tenía un “legajo limpio”, mostrando la impunidad brindada por los gobiernos “democráticos” estos genocidas.

La lectura de la sentencia fue para quienes integramos la comisión (encabezada por Carmen Metrovich, cuñada de Ana María, junto a compañeros de nuestro partido, PTS, Opinión Socialista, MST, PSTU y viejos militantes del PST), la confirmación del acierto de actuar en unidad y en permanente movilización. En todas las audiencias acompañamos a los abogados, encabezados por el doctor Pablo Llonto, y a la querella posibilitada por Guillermo Schelling, venido de Barcelona, compañero de militancia y de Ana María (ver recuadro).

Los abrazos mezclados con el llanto y la emoción eran interminables, rodeados del acompañamiento que hemos recibido durante años de organizaciones sindicales como el Suteba Tigre, de derechos humanos, estudiantes y de diferentes personalidades como Luis Zamora y los compañeros de la Comisión Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata, encabezada por las hermanas Susana y Nora Zaldúa, quienes fueron parte de muchas movilizaciones que convocamos a lo largo de estos siete años de trabajo en conjunto. La Internacional, el himno de los trabajadores, se coreó al unísono dentro de la sala, algo inédito en los estrados judiciales, siendo un momento muy emotivo y de mucha garra recordando con el puño en alto a todas las víctimas del glorioso PST.

Izquierda Socialista acompañó la sentencia con una delegación encabezada por nuestros dirigentes Juan Carlos Giordano, Laura Marrone, Miguel Sorans, Isabel Guzmán y Guillermo Sánchez Porta. Compañeros de Suteba Tigre y jóvenes y estudiantes de San Martín completaron nuestra presencia. Al final se hizo un acto frente a los tribunales donde hablaron los compañeros y abogados participantes de la causa, estando entre ellos el hermano de Ana María, Carlos Martínez.

Ana María conocía en carne propia los riesgos de la militancia en la clandestinidad. Había tenido que huir de Mar del Plata, una ciudad donde el PST fue duramente perseguido, primero por las huestes de la Triple A y luego por la dictadura. Llegada a Buenos Aires continuó con su militancia siempre insertada en el movimiento obrero industrial de zona norte, trabajando en varias fábricas.

Militante y feminista convencida -Ana María hablaba del PST como “el partido de las mujeres revolucionarias”- fue una de las últimas víctimas de la dictadura. Asesinada de rodillas -como se comprobó en el juicio- los mercenarios de uniforme verde y siempre al servicio de las patronales no duraron en apagar su juventud, estando embarazada, de dos certeros balazos.

Si alguna enseñanza nos ha dejado el largo camino que durante años hemos transitado con la Comisión Amigos, Familiares y Compañeros de Ana María Martínez, es que nada nos impide luchar en unidad cuando existe la firme determinación de quebrar el cerco de impunidad impuesto por los gobiernos de turno y la Justicia. Como revolucionarios, esa lucha se transforma en una obligación, porque como continuadores del glorioso PST seguimos levantando las mismas banderas. Así lo hicieron Ana María y un centenar de militantes de nuestra corriente, que pagaron hasta con su vida luchar por un mundo sin opresores ni oprimidos.

La sentencia llegó en un momento muy importante. A la semana se logró la condena a militares y civiles por los secuestros en Ford (otro gran triunfo) y en marzo comenzará el juicio a la Mercedes-Benz, donde los miembros de la comisión interna de la fábrica fueron secuestrados y quince delegados continúan desaparecidos. Esto sumado a los constantes intentos del gobierno de ablandar las condenas de los genocidas, los beneficios de las prisiones domiciliarias y la reciente resolución de la ministra Bullrich que habilita el gatillo fácil.

La vida de un revolucionario es inconmensurable e irreemplazable, y el compromiso que tenemos es seguir peleando para que hasta el último genocida se pudra en cárcel común. Y por lo que pelearon los nuestros, por una Argentina y un mundo socialista. No perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. Este triunfo es un puntal para seguir reclamando justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Ana María Martínez, presente!

El ex compañero de Ana María

Guillermo Schelling, marido de Ana María y ex militante del PST que actualmente reside en Barcelona, fue quien posibilitó iniciar la querella en el juicio. Estuvo prestando declaración y siguió las audiencias.

“Este para mí es un primer paso que tenemos que dar, con el PST detrás; reivindicar deudas pendientes que tenemos, como la Masacre de Pacheco, la de La Plata y los compañeros del PST, algunos que hoy ni siquiera son reconocidos como desaparecidos”, expresó el compañero a la salida de los tribunales de San Martín.

Destacado trabajo de Pablo Llonto

El doctor Pablo Llonto ha tenido nuevamente una labor muy destacada poniéndose al frente del equipo de abogados que llevaron al banquillo de los acusados a los genocidas Apa y Muñoz. “Que viva la compañera Ana María y que viva el glorioso PST”, fueron sus palabras finales en el acto frente a los tribunales.

Llonto señaló: “Tuvimos que lograr que este crimen sea considerado como de lesa humanidad y no como un crimen pasional, como se lo quiso presentar. Ahora hay que encontrar hasta los últimos asesinos, los que dispararon contra Ana María, los que estaban en el Ford Falcon”. Y saludó “a toda esta militancia aportando pruebas y viniendo a los juicios”.

Pablo fue militante del PST y es un reconocido abogado patrocinante de familiares y víctimas de la dictadura. Abogado de mil batallas contra los genocidas, Llonto ha actuado en causas como la ESMA, Campo de Mayo, Etchecolatz, Puente 12, Automotores Orletti y Superintendencia de Seguridad Federal, entre otros emblemáticos juicios de lesa humanidad.

Llonto se mostró muy emocionado, como lo expresó en el acto que realizamos afuera del juzgado luego de leída la sentencia: “Hoy es un día de mucha emoción, no solo por Ana María sino por todas nuestras compañeras y compañeros que dieron la vida por el socialismo y por la revolución. Este juicio ha servido para valorar toda esa militancia, de compañeras como Ana María y tantos otros”. Llonto recalcó la necesidad de seguir movilizados por “todos los militantes anónimos, de los que tan poco sabemos pero por los que tenemos que seguir luchando”.

Palabras de Miguel Sorans

“Saludamos el rol de la comisión y de Pablo Llonto, todos los que estamos acá venimos del glorioso del PST, hermanados en esta causa, hoy con esta gran victoria. Sabemos que la última y verdadera justicia vendrá con un gobierno de los trabajadores y una Argentina socialista. Gracias compañeros y sigamos adelante”, dijo el dirigente de Izquierda Socialista.