Escribe Gabriel Massa

Por no pagar lo que debían al Estado por la concesión del Correo Argentino entre 2001 y 2003 los Macri acumularon una deuda de 300 millones de pesos. Por los intereses y actualizaciones desde entonces la deuda sumaba el año pasado más de 4.000 millones.

El propio gobierno de Cambiemos (con pleno conocimiento del presidente) negoció con representantes del Grupo Macri en 2016 un acuerdo por el que se le hacía una quita de 99% a su deuda. El 1% restante se pagaría en quince cuotas con un interés anual de 7%… hasta el año 2030. Esto provocó en su momento un enorme escándalo nacional y una denuncia de la fiscal Gabriela Boquín, que terminó obligando a anular el acuerdo.

Ante las repercusiones y repudios el gobierno se vio obligado a iniciar una investigación administrativa. La investigación fue realizada por la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro de la Nación, que publicaron resoluciones donde afirman la “inexistencia de irregularidades en el acuerdo entre el Gobierno y el Correo” y la “inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno”. Cumplida esta formalidad, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña publicaron un decreto por el que dieron por terminada la investigación administrativa, tras estas dos resoluciones de dos organismos del Estado controlados por el macrismo.

Mientras tanto la cuestión sigue en la Justicia. Desde fines del año pasado está en manos del juzgado federal del juez Ariel Lijo, que lleva adelante una causa penal en la que está involucrado Macri, el ex titular del Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad y otros funcionarios que intervinieron en el acuerdo. El juez tenía un plazo legal de cinco días para expedirse, pero hasta ahora no sacó ninguna resolución.

Por otro lado, el Grupo Macri reclama el pago de una indemnización de 2.300 millones de pesos más intereses por supuestos perjuicios que sufrió al ser expropiado el Correo por el gobierno de Néstor Kirchner. Es decir, pretende que el Estado le pague tanto o más de lo que debe por el Correo.
Todo esto demuestra que la pretensión de que el gobierno de Cambiemos lucha contra la corrupción de políticos, jueces y empresarios es puro cuento. Macri encabeza una camarilla de empresarios tan corruptos y ladrones como los Kirchner. Y maneja a la Justicia y los jueces a su antojo tal como lo hizo el gobierno de Néstor y Cristina.

El Correo es un caso más de corrupción, que involucra directamente a la familia del presidente. Tal como venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, todos los corruptos deben ir presos y devolver lo robado. Esto vale también para el Grupo Macri, que hizo su fortuna saqueando al Estado con la obra pública y negociados como el del Correo.

Franco Macri, el padre del actual presidente, era nieto de un ministro de Obras Públicas de Benito Mussolini. Cuando cayó el gobierno fascista italiano, la familia tuvo que huir de ese país. Franco vino a la Argentina. Trabajó un breve tiempo de albañil. Pero hábil para las relaciones, logró casarse con la hija de una familia de la oligarquía agropecuaria de Tandil, los Blanco Villegas.

Durante la dictadura del general Onganía en los años ´60 y junto con su familia política, creó una empresa mixta, estatal-privada, que controló las exportaciones de carne. Luego fundó Impresit-Sideco, en asociación con Fiat. Por sus vínculos con funcionarios de la dictadura militar de entonces, logró incidir en decisiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ganando varias licitaciones para el diseño y construcción de plantas industriales, eléctricas, puertos, viviendas y otros proyectos.

En los años ´70 bajo el gobierno de Perón, Franco estableció una estrecha relación con José López Rega, lo que le permitió ganar licitaciones para la construcción de viviendas y expandirse a otros negocios, incluyendo la banca.
Luego del golpe de 1976, con su holding Socma, los Macri también fueron beneficiarios de importantes licitaciones bajo la peor dictadura de nuestra historia. Entre las obras que realizó se encuentran: la represa Yacyretá, la construcción del puente Misiones-Encarnación y las centrales termoeléctricas de Río Tercero y Luján de Cuyo. En la misma época se hizo cargo de la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires con Manliba. También tuvo participación central en la filial argentina de la empresa Fiat, donde llevó a cabo cierre de plantas y despidos masivos.
Hacia el final de la dictadura, con Domingo Cavallo al frente del Banco Central, las empresas de los Macri se beneficiaron -como tantos otros grupos empresarios- con la estatización de su deuda, por un valor de 170 millones de dólares. Al comienzo de la dictadura eran siete las empresas de Socma. A su finalización, más de cuarenta.

Pero ahí no terminaron sus negocios ni su asociación con el Estado. Entre 1974 y 1987 (gobierno de Alfonsín) las empresas de los Macri recibieron 85 millones de dólares en subsidios del Estado.
Macri y su padre estuvieron en 1993 al frente de una operación con la firma Sevel de venta de autopartes e importación de autos de Uruguay, por la que luego serían acusados de recibir ilegalmente reintegros y otros beneficios indebidos.
Además, durante la década del ´90 participaron activamente de las privatizaciones de Menem. El caso más notorio es que tuvieron a su cargo el Correo Argentino entre 1998 y 2003. El gobierno de Néstor Kirchner lo expropió debido a que los Macri no pagaban el canon por la concesión desde el año 2000, llevando a la empresa a la quiebra.

Durante el gobierno kirchnerista, junto con la brasileña Odebrecht, entre otras, la empresa IECSA de los Macri se hizo cargo del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, un verdadero nido de corrupción por las coimas y sobreprecios asociados a la obra.
El actual presidente Mauricio Macri, hijo de Franco, ocupó altos cargos de dirección en varias de las empresas del grupo. En particular participó de un gran número de operaciones con el exterior y, a partir de las informaciones divulgadas por el escándalo conocido como Panama Papers, se le atribuye la propiedad de por lo menos cincuenta sociedades no declaradas en distintos paraísos fiscales. Mediante ellas realizaron transferencias de cientos de millones de dólares de la familia al exterior.

Editorial

Macri tuvo que terminar retrocediendo frente al intento de cobrarle a los usuarios una “compensación” a favor de las empresas gasíferas por la devaluación. Fue un auténtico papelón. Después que el secretario de Energía Javier Iguacel y el propio presidente habían salido públicamente a defender la medida tuvieron que dar marcha atrás ante el repudio creciente. Después todos trataron de despegarse. Dujovne, que estaba en Bali (Indonesia) en la Asamblea Anual del FMI dijo que “él no sabía nada y se enteró al subir al avión”. Los socios radicales de Cambiemos posaron por un segundo de “opositores” y se pronunciaron en contra proponiendo que se haga cargo el Estado. Iguacel, el nuevo secretario de Energía que venía supuestamente a reemplazar al “desgastado” Aranguren con todos los apoyos de parte de los pulpos petroleros y gasíferos, repentinamente quedó sólo y continúa en su cargo debilitado, colgado de un pincel.

Al mismo tiempo asistimos a la idas y venidas de la pelea de Elisa Carrió con el propio Macri, donde primero anunció que iba “a echar” al ministro de Justicia Germán Garavano, acusándolo de mafioso y socio de Daniel Angelici (el dirigente de Boca y operador judicial de Macri), luego pasó a decir que “era un chiste”, después “se durmió” ostentosamente mientras hablaba Macri en un acto, para finalmente terminar presentando el juicio político contra el ministro. Carrió se muestra como “la garantía de la lucha contra la corrupción” en un tiro por elevación directo contra el gobierno. Por supuesto que la dirigente de la Coalición Cívica también es muy selectiva en cuanto a quién acusa de corrupto: a Angelici y a Calcaterra sí, pero en su momento defendió a Macri de los Panama Papers y nunca dijo una palabra sobre los negociados que lleva adelante el Banco Central con los dólares y las tasas astronómicas al servicio de los bancos. Si le agregamos el capítulo en la Corte Suprema de Justicia, con los encontronazos entre el ex presidente Ricardo Lorenzetti y el nuevo presidente Carlos Rosenkrantz, tenemos el mapa completo de la crisis en que está sumido el Poder Judicial macrista. Todo esto no es sino una demostración de que la Justicia sigue siendo la de siempre, al servicio de las patronales y con camarillas, algunas oficialistas y otras opositoras peleándose por los distintos puestos de poder en los juzgados. Carrió refleja a los sectores medios desencantados con este gobierno, por eso critica para retenerlos, reflejando la crisis de Cambiemos y que ningún sector es mejor que el otro, ya que todos son parte del mismo gobierno.

No son los únicos conflictos internos que recorren al macrismo: Patricia Bullrich cuestiona a Carolina Stanley, diciendo que con los planes sociales “se financian las marchas y piquetes”. La propia gobernadora Vidal se hace “la comprensiva ante la cuestión social” y busca despegarse mediáticamente de Macri (lo que no le impide cerrar por decreto la paritaria docente). Vidal juega en tándem con la Iglesia Católica, que busca cumplir un rol de “contención social” y llama al diálogo a dirigentes sociales y sindicales. Son todas señales de un gobierno sumido en una crisis política profunda, que se acrecienta al calor de la indignación contra el ajuste y la carestía de la vida y que ya genera bronca y decepción no sólo en los trabajadores (que ya hace rato rompieron con el gobierno) sino en la propia base social de clase media de Cambiemos.

Macri lidera un gobierno cada día más débil, pero con un objetivo clarísimo y que lo trata de cumplir a rajatabla: continuar con el ajuste y cumplir al pie de la letra las exigencias del FMI. Y las consecuencias de esto las sufrimos todos los días. Esta semana acaba de subir nuevamente el pasaje de los colectivos y trenes de Capital y Gran Buenos Aires. Ya cargar 100 pesos en la SUBE no alcanza más que para un par de días. Este miércoles se conoce la inflación oficial de septiembre, que orillará el 7%, la más alta desde la hiperinflación de 1991. Se siguen publicando datos de cómo se derrumba el consumo popular. Y todos los días nos enteramos de nuevos despidos.
Para avanzar con la aplicación del ajuste el gobierno tiene claro cuál es el paso que sigue: la aprobación del presupuesto 2019, donde está “el corazón” de las medidas de recorte contra el pueblo trabajador. El FMI exige la aprobación rápida de esta ley con el apoyo de los gobernadores y legisladores de la oposición peronista.

El retroceso del gobierno con la “compensación” del gas dio un aliento. Fue una demostración de que, si peleamos, se pueden conseguir cosas. Eso fortalece la lucha de los docentes de la provincia de Buenos Aires, de los médicos de la Cicop y de todos los que están saliendo a exigir la reapertura de las paritarias, como sucede ahora con camioneros y metalúrgicos.
El problema, una vez más, son las direcciones burocráticas. El jerarca de la CGT Héctor Daer, ante la presión de abajo, se vio obligado a decir a regañadientes que “probablemente tengamos que llamar a otro paro antes de fin de año”. Por supuesto sin dar ninguna precisión. Moyano, por su parte, llama a ir a “rezarle a la Virgen de Luján”, junto con Sergio Palazzo y el conjunto del sindicalismo alineado con el kirchnerismo. Todo muy alejado de cualquier medida contundente para enfrentar el ajuste.

Lo más importante de los próximos días se producirá el 24 en el Congreso. Ahí se pondrá en juego el circo parlamentario entre los partidos patronales para aprobar el presupuesto. Esa es la exigencia del FMI: llevar adelante un ajuste que no es sólo del gobierno nacional, sino también de todos y cada uno de los gobernadores. Los distintos bloques en que está dividido el peronismo en el Congreso cumplirán su rol, algunos votando a favor y otros absteniéndose haciendo que aparezca “el número” de diputados que necesita el gobierno para aprobar la ley. ¡Será todo un show que tenemos que repudiar!

Ese día habrá paro de Ctera y tanto las CTA como el sector de Moyano y Palazzo anuncian que se movilizarán. El sindicalismo combativo y la izquierda llaman a marchar masivamente y transformar esa jornada en un auténtico hito en la movilización contra el ajuste y de repudio al FMI. Al mismo tiempo que planteamos que tenemos que oponerle un plan económico alternativo, obrero y popular, que comience por romper con el Fondo, dejar de pagar la deuda externa y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares. En el marco de que la salida de fondo pasa por pelear por otro gobierno, de los trabajadores y la izquierda.
El 24 tenemos que ser decenas de miles y desbordar la plaza del Congreso. El Frente de Izquierda llama a marchar masivamente. De ahí tiene que salir con mucha fuerza la exigencia de un paro general de la CGT y las CTA por 48 horas, con movilización a Plaza de Mayo y el lanzamiento de un plan de lucha nacional contra el ajuste. Organicémonos desde fábricas, oficinas, colegios y facultades para concurrir masivamente. Es la tarea de la hora.

Escribe José Castillo

El gobierno de Macri dio a conocer que, en la mañana del martes, el candidato ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro conversó telefónicamente con el presidente argentino. El comunicado oficial se deshace en elogios con el neofascista brasileño: “Mantuvieron una cordial conversación, en el marco del actual proceso electoral y la relación estratégica entre ambos países”.

No es el primer contacto entre el gobierno argentino y Bolsonaro. El embajador argentino en Brasil, Carlos Magariños, viene llevando discretamente la relación, y el propio ministro de Relaciones Exteriores Faurie afirmó al conocerse los resultados de la primera vuelta electoral que “Brasil votó hacia el futuro, no hacia el pasado”. Bolsonaro en ese momento le retribuyó el elogio mandando “un abrazo a Macri”.
Los elogios cruzados entre Macri y el neofascista, prodictadura, misógino, racista y homofóbico candidato brasileño sólo merecen un adjetivo: vergonzoso.

Escribe José Castillo

El gobierno de Macri quiso acompañar el nuevo tarifazo a los usuarios del gas con otro pago adicional en favor de las empresas por la devaluación. La bronca lo obligó a tener que dar marcha atrás. Pero igual le garantiza a las empresas ese dinero, sólo que saldrá de subsidios estatales.

El mes de octubre ya venía con el nuevo tarifazo: un aumento formalmente de 35%, pero que para los sectores de menores recursos llega a 50%. Ello es así porque se recortó la tarifa social y se eliminó el 10% de descuento para los usuarios que lograron reducir su consumo. Las tarifas del gas llevan acumulado, desde comienzos de 2016, un incremento de 1.500%.
Pero la indignación mayor estalló cuando se supo que los usuarios tendrían que sumarle otro aumento, ¡pagando de nuevo lo que habían abonado entre septiembre y abril!, para “compensar” supuestas pérdidas de las empresas gasíferas por la devaluación. Se iba a efectivizar en 24 cuotas, ajustadas por interés, que estaban listas para empezar a llegar a los hogares a partir de enero de 2019.
La bronca fue enorme y el escándalo mayúsculo. Finalmente el gobierno, presionado, resolvió que los usuarios no pagarán esa “compensación”, pero que las empresas igualmente la cobrarán. ¿Cómo? La pagará el propio Estado con mayores subsidios.

¿Compensar a las empresas?

Empecemos por la primera mentira: que a las empresas hay que “compensarlas porque perdieron”. Ninguna perdió nada, al contrario. Todos los pulpos del complejo gasífero están teniendo superganancias. Veamos. El negocio del gas se subdivide en tres etapas. Primero están las productoras, que son las firmas que extraen el gas. En nuestro país ese proceso está concentrado en seis empresas monopólicas: cuatro de ellas cotizan en Bolsa (YPF, Panamerican Energy –de Bulgheroni, Tecpetrol –propiedad de Techint– y Pampa Energía –de Marcelo Mindlin). De sus balances públicos se desprende que ganaron 21.462 millones de pesos en 2017. Las otras dos que no cotizan en la Bolsa local también hicieron ganancias multimillonarias (la multinacional francesa Total Austral y la alemana Wintershall).
Después vienen las transportistas, que son sólo dos: Transportadora de Gas del Norte (TGN, propiedad de Techint) y Transportadora de Gas del Sur (TGS, de Marcelo Mindlin), que en conjunto ganaron 3.635 millones de pesos.
Y finalmente, están las distribuidoras (las empresas que en cada región del país hacen llegar el gas a las casas y que son las que envían las boletas a los usuarios): nueve en total. De seis de ellas conocemos sus ganancias por cotizar en Bolsa: Metrogas (controlada por YPF, pero en venta en una operación manejada por el Citibank, donde sus posibles compradores son Corporación América de Eurnekian, Macfarlane y la española Fenosa), Camuzzi Pampeana y Camuzzi Sur (ambas propiedad de Alejandro Mcfarlane, ex directivo del grupo de Mindlin) , Distribuidora Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro (del “amigo del alma” de Macri Nicolás Caputo), Distribuidora del Litoral (de Techint) y Gas Natural Ban (de la multinacional española Fenosa). En conjunto estas empresas tuvieron ganancias en 2017 por 4.379 millones de pesos.
Como vemos, los grandes ganadores son los pulpos que extraen el gas, pero todas las otras empresas también reciben su tajada producto de que el gobierno les autoriza un precio a boca de pozo astronómicamente superior a sus costos e incluso al valor internacional (ver nota en esta misma página) y luego “pasa” ese costo a los usuarios, de tal forma que también ganen su parte las transportistas y distribuidoras.
El subsidio a estos pulpos no es nuevo: viene de la época kirchnerista, cuando a través de los llamados Plan Gas I y Gas II, con la excusa de “promover” el negocio, se les autorizaba a los productores esos precios por el gas fuera de cualquier lógica. Por eso el discurso “indignado” de Cristina el miércoles pasado en el Senado no es más que otra de sus operaciones de doble discurso. Macri, por su parte, siguió sosteniendo este subsidio, por lo que entre esto y lo que se le regala en subsidios a las transnacionales que operan en Vaca Muerta, las empresas se llevarán de arriba nada menos que 2.865 millones de dólares.

Frente al saqueo, ¿cuál es la salida?

Todo es un gran robo: precios por encima de cualquier valorización y regalos en subsidios. Juan José Aranguren, el anterior secretario de Energía y ex CEO de Shell, vino a garantizar la continuidad y ampliación de estas ganancias de sus amigos haciendo, tarifazo tras tarifazo, que la cuenta cada vez más la pague directamente el usuario. Antes de retirarse se aseguró de que quedara establecido que las tarifas estaban dolarizadas y que cualquier modificación del tipo de cambio sería pagada por el usuario. Exactamente por eso Javier Iguacel, el nuevo secretario de Energía y ex vicepresidente de Pluspetrol, trató de imponer la famosa “compensación” a costa de los usuarios.
El gobierno tuvo que dar marcha atrás, pero las empresas no perdieron un peso: cobrarán lo que reclaman por la devaluación. Son 10.000 millones de pesos que engrosarán sus ganancias.
La conclusión es obvia. Con la complicidad absoluta del gobierno, todas estas empresas nos siguen robando. Esto no va más: hay que retrotraer todos los tarifazos y no pagarles un peso más de subsidios, quitándoles todas las concesiones y recreando una gran empresa integrada estatal, tal como fue en su época Gas del Estado.