El Socialista entrevistó* a Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro. Aparicio, que ha participado de otras causas por desaparición forzada de personas, nos relata el siniestro laberinto que construyen sectores de las fuerzas de seguridad del Estado para ocultar sus crímenes.
E.S.– Tanto Cristina Castro, como ustedes, sus abogados, afirman que Facundo fue víctima de una desaparición forzada. ¿Cuáles son las pruebas para sostener esa tesis?
L.A.– Los motivos para tener certeza se basan en pruebas subjetivas y pruebas objetivas. Por ejemplo, los tres testimonios de personas que viajaban de Pedro Luro a Bahía Blanca y vieron que Facundo era subido a un vehículo policial a 10 kilómetros de Mayor Buratovich. Dos testigos, veinte minutos después, lo ven tirado en la ruta en Teniente Origoni. El souvenir, en forma de una pequeña sandía con las vaquitas de San Antonio, encontrado en el calabozo de Teniente Origoni. A todo eso, el 15 de agosto se le suma el esqueleto totalmente descarnado, con una zapatilla de Facundo intacta, impecable. Eso es lo que configura el delito de desaparición forzada. Además, la última fuerza de seguridad que lo vio fue la policía, que se ve obligada a dar explicaciones, que son totalmente inconsistentes.
E.S.– ¿Las contradicciones presentadas por la policía para justificar la hipótesis de “accidente” cómo se encadenan con los demás sectores involucrados en la investigación?
L.A.– La explicación de la policía es que dos agentes lo pararon y lo dejaron seguir. La hermanastra de una de esas policías, supuestamente, lo vio haciendo dedo y lo lleva hasta Teniente Origoni. Otro policía de Origoni dice que dio la orden que lo dejen seguir. De ser ciertas, son todas situaciones ilegales. Tendrían que haberlo imputado de algo, de violar la cuarentena por ejemplo, sin embargo la jueza lo único que hizo fue denunciar a mi amigo y colega de esta causa, Luciano Peretto. En este contexto podemos decir que se aplica un protocolo de encubrimiento. Yo lo he padecido en otras causas que defiendo.
E.S.– ¿Ese protocolo significa que existe un modus operandi de estos agentes que hacen parte de la represión institucionalizada?
L.A.– Claro, ese protocolo consiste en inducir falsas declaraciones, que las personas son suicidas, por ejemplo, como en el caso de Facundo o Iván Torres, o buscar declaraciones de “perejiles”, que son en este caso los hermanos de la ex novia de Facundo. Sembrar pistas falsas, como toda esa parodia que hicieron cuando Cristina y Luciano Peretto van a participar de un rastrillaje y aparece esta policial Xiomara Flores como venida de otro planeta y dice que llevó a Facundo hasta Teniente Origoni, y cuando la mamá la quiere interrogar agacha la cabeza.
E.S.– ¿Qué papel ha jugado el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, con antecedentes de denuncias por casos de encubrimiento a la policía bonaerense?
L.A.– Este fiscal, a quien vamos a denunciar penalmente, es el mejor abogado de la policía. Él tiene denuncias desde su nominación de parte del CELS, Hijos y otros organismos de derechos humanos, acusado por desviar investigaciones. Lo que hace el fiscal es un Frankenstein jurídico, destroza las causas, las parte en mil pedazos para dificultar la investigación y encima estamos ahora con una jueza que no imputa absolutamente a nadie, salvo a mi colega Lucho Peretto.
E.S.– ¿Cómo ha actuado el poder político en estas circunstancias?
L.A.– Uno percibe el desfile de la hipocresía. Por ejemplo, el mensaje a Cristina Castro que le manda el secretario privado del ex presidente Macri, que volvió de vacaciones, se siente consternado y quiere hablar con la madre de Facundo. O Patricia Bullrich, que se ofreció a ayudar. Y, por supuesto, decir lo que está pasando en este gobierno “nac & pop” que tiene a este nuevo pequeño Bolsonaro, que fue carapintada, espía de los mineros de Río Turbio, jefe de “los caranchos” cuando en la Panamericana se le tiraban a los coches, fue el que hizo el desalojo “más pacífico de la historia” con tres muertos en el predio del Parque Indoamericano. Es una persona que es un “desaparecedor” más. Los policías le dejan hacer todo a este mamarracho, no es que él sepa, no sabe nada, pero asume una defensa cerrada de la policía y por tanto él, dentro de su función, convierte al Estado en un desaparecedor.
E.S.– Si estamos frente a una asociación ilícita para encubrir el accionar criminal de las fuerzas represivas, ¿quiénes la integran?
L.A.– Esta asociación la integran, obviamente, policías que son el primer núcleo de los que están en Mayor Buratovich, después hay otros agentes, como un comisario de Pedro Luro llamado Briyoni, otro policía de Bahía Blanca llamado Galarza, que es el primero que dice que Facundo ha estado en esa ciudad, con otros policías de la bonaerense que ayudan y acompañan estas tareas de encubrimiento y, por supuesto, el fiscal Ulpiano Martínez. También el periodista Germán Sasso, vinculado a un medio de Bahía Blanca que se llama La Brújula. Otro que es parte de esta organización es Carlos Bevilacqua, el intendente de Villarino. A través del secretario de Seguridad ciudadana han suministrado falsos informes de lectoras de patentes, donde en un día aparece el coche de los tres testigos, y al otro día, como no le gustó, ni siquiera aparece y aparece en el informe el testimonio de la “testigo H”.
E.S.– ¿Cómo continúa este proceso?
L.A.– A esta altura dudamos de todos los datos, lo que queremos es que la lectora de patentes sea auditada. En este contexto, el día lunes 7 va a declarar Cristina y va a hacer que su testimonio sea tomado como una denuncia y vamos a denunciar al señor fiscal y vamos a pedir la recusación de la jueza.
*Entrevistó Adolfo Santos
A continuación reproducimos una carta de Cristina Castro que fue difundida en diversos medios:
Es Facundo. Todavía no sé quién filtró información hace dos días, pero ahora sí sabemos que es él. Fueron días de mucha ansiedad, sin poder dormir. Vamos a seguir sosteniendo la carátula de desaparición forzada. Ahora lo que espero es que los medios salgan a pedir disculpas, aunque no creo que lo hagan, porque seguían con sus placas sin importarles nada a pesar del pronunciamiento de la jueza.
Me cuesta un montón, una cosa es decir que sentía que era Facundo, otra es asimilarlo. Me venía preparando para esta situación, pero es una cachetada muy fuerte de la vida. La realidad me está pegando un sopapo inmenso y me cuesta sobrellevarlo, ver la cara de tristeza de mis otros hijos, a mi papá... Me cuesta un montón.
Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa, para luego seguir peleando, porque todo continúa hasta saber qué pasó con él. De la Justicia solo espero justicia. Que se saque las vendas, las orejeras y el tapabocas.
En este momento solo diré algo que diría Facu, sus propias palabras: Memoria, Verdad y Justicia. Él lo tenía muy presente, fue su lema, por siempre y para siempre. Que el Nunca Más sea Nunca Más en serio.
Escribe Gastón Godoy
La desaparición y el asesinato de Facundo Astudillo Castro por parte de la policía bonaerense no es un hecho aislado. Son cientos los jóvenes que esta fuerza represiva asesina por su forma de vestir, su color de piel, sus ideas o las actividades que realizan.
Facundo militaba en el espacio Jóvenes con Memoria de Pedro Luro. Estaba comprometido para que no terminen en el olvido casos como el suyo, un militante de los derechos humanos que gritó Nunca Más. Ahora sus reclamos se multiplicaron y toman más visibilidad.
Al respecto, su mamá Cristina recordó que “Facundo participó en la elaboración del primer libro sobre desaparecidos en el distrito y viajó a Chapadmalal a un encuentro provincial. Le interesaba mucho ese tema y la violencia institucional”.
“Yo también me sentía muy excluido por la sociedad, por mi forma de ser y porque también soy rapero, hago rap. Entonces me visto como una persona que hace rap, y todos me decían ‘no vayan allá porque ese chico mirá cómo va vestido, es chorro, se droga’, y eso nada que ver”, decía Facundo Castro cuando tenía 15 años en el marco de un encuentro del Semillero Cultural de Jóvenes por la Memoria.
Le gustaba practicar deportes, jugaba al voley y al fútbol, era hincha de Boca. Era un joven que estaba muy lejos de representar un “peligro” para la sociedad. Como comentan sus amigos y amigas, estaba siempre de buen humor y bien dispuesto.
Pero para la policía todo aquel que encaja con ciertos estereotipos es muy propenso a ser parado, detenido, esposado, hasta encarcelado y, muchas veces, asesinado. Esa policía responde a los distintos gobiernos de turno. Hoy al de Alberto Fernández, que en el marco de la cuarentena empoderó al aparato represivo para “garantizar que la cuarentena se cumpla”.
La mamá de Facundo contó anécdotas que ilustran el maltrato y la persecución policial desde siempre: “Con los chicos habían hecho una canchita a la que iban policías a hostigarlos. Paraban el patrullero y les decían ‘ustedes son chorros, son drogones’ y les pegaban sopapos y patadas en el culo”. “Para ellos era un deleite, que todas las mamás del semillero y la batucada vivimos en carne propia”. La mamá de Facundo también habló de los casos de decenas de madres y padres, que también sufrieron el asesinato de un hijo en manos de la policía, que la han llamado para solidarizarse. “Me llamaban y me decían ‘a mi hijo lo detuvieron en la comisaría, y supuestamente se suicidó’. Son miles los casos”.
Desde Izquierda Socialista seguimos exigiendo justicia para Facundo y denunciamos la responsabilidad del gobierno nacional y de la bonaerense de Sergio Berni y Axel Kicillof.
Escribe Diego Martínez
El tema de la semana giró en torno de las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires. Desde algunos medios de comunicación se presentó la cuestión como un hecho ligado exclusivamente al accionar de barrabravas y punteros políticos. Más abajo en este artículo repudiamos el accionar de quienes lucran con la desesperación de la gente que no tiene acceso a una vivienda digna, pero queremos ser claros con un planteo, si se dan las tomas de tierras es por la terrible miseria a la que están sometidas millones de personas en el país. Es esa miseria lo que las obliga a tomar posesión de un un terreno para construir casillas ultraprecarias, con lonas, madera y tirantes. Mientras tanto, la única respuesta que ofrece el gobierno es la represión. Como manifestaron algunos de los ocupantes: “La falta de viviendas no se resuelve con balas”.
Como consecuencia del ajuste que aplican el gobierno nacional y los gobiernos provinciales estamos atravesando una gravísima crisis social. Se calcula que, entre trabajadores formales e informales, cerca de 1.300.000 perdieron su trabajo en los últimos seis meses, y la labor de los cuentapropistas se fue a pique. La demanda de changas es mucho menor. En este contexto, muchas parejas jóvenes con chicos ya no pueden pagar la pieza que alquilaban. A esto hay que sumarle el hacinamiento en los barrios populares, en terrenos donde hay familias ensambladas con dos o tres viviendas en una sola parcela, cuando no viven todos juntos en una sola casa. Esta situación se agrava por la pandemia, en la que también se multiplican los casos de violencia familiar.
Este contexto es el caldo de cultivo que empuja a muchos habitantes de barrios populares, principalmente jóvenes familias, a tomar terrenos, quedando en algunos casos a merced de barrabravas, punteros políticos y narcos que les “venden” o “alquilan” un terreno, aprovechándose su desesperación, para hacer negocios.
Las tomas de tierras reflejan el grave déficit habitacional que hay en el país, 3,5 millones de familias no tienen acceso a una vivienda adecuada y cuatro millones de personas viven en 4.400 villas miseria a lo largo y ancho del país. Según datos del Observatorio Social de la UCA, cuatro de cada diez viviendas en el país son precarias, y tres de cada diez no tienen servicios sanitarios en condiciones. Se trata de un problema que permanece a lo largo de los años y al que ningún gobierno patronal da solución.
Peleas en las alturas que no resuelven el problema de fondo
A raíz de las tomas de terrenos se abrieron distintas peleas en el interior del peronismo. Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, acusó al Movimiento Evita de incentivar las tomas, a lo que el Chino Navarro, referente del Evita y funcionario del gobierno, refutó enfáticamente, a la vez que llamó a resolver las tomas con “diálogo” .
La ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, por su parte, pasó de relativizar tibiamente el carácter delictivo de las tomas a hacer una defensa a ultranza de la propiedad privada en consonancia con los discursos de los intendentes del conurbano y del propio Axel Kicillof.
Más allá de las idas y venidas de los distintos sectores del gobierno peronista, la respuesta oficial fue contundente. Berni condujo la represión y el desalojo violento de los ocupantes de las tierras, respaldado explícitamente por Kicillof y avalado por Alberto Fernández. Este accionar se suma a la muerte de Rodolfo Orellana, militante de la CTEP que fue asesinado por la policía en 2018 cuando reclamaba unos terrenos en Villa Celina, La Matanza, comandada por la entonces intendenta peronista Verónica Magario.
El peronismo no sólo reprime a quienes desesperadamente buscan una solución a su problema habitacional, sino que lejos está de resolver la cuestión de fondo de la vivienda. Hace décadas que gobierna la provincia de Buenos Aires y la mayoría de los municipios del conurbano bonaerense, y este problema se agrava de la mano del crecimiento de la pobreza y la inacción de los distintos gobiernos. La cantidad de villas en el conurbano bonaerense trepó de 345 en 2001, a 1.134 en 2016 (Clarín, 6/9/2020). Los planes de vivienda impulsados en esos años fueron absolutamente insuficientes y la urbanización de las villas prácticamente no existió, es por eso que las ocupaciones de terrenos se multiplicaron también en los años en los que gobernó el peronismo kirchnerista. Lo mismo había sucedido con el peronismo menemista y en los ’80. Las tomas no son un fenómeno nuevo, llevan décadas. Muchos barrios del conurbano bonaerense y distintos pueblos a lo largo y ancho del país, algunos hoy urbanizados, fueron construidos a partir de las tomas. Frente a la histórica falta de respuesta de los distintos gobiernos patronales al problema de la vivienda los vecinos tomaron la solución en sus manos, ocuparon tierras, en su mayoría fiscales, y luego pelearon por la iluminación, las cloacas y, en algunos casos, por el asfaltado de calles.
Por un plan habitacional de emergencia y el acceso a una vivienda digna para todas y todos
Resulta vergonzoso que en un país como la Argentina, el séptimo en extensión de tierra de todo el mundo, con una densidad poblacional –habitantes por kilómetro cuadrado– bajísima, haya millones de personas que no tengan acceso a un terreno. Mientras 12,5 millones de hectáreas están en manos de millonarios extranjeros y una minoría terrateniente, equivalente al 1% de la población, posee el 33% de las tierras del país, y los gobiernos de todos los signos políticos favorecen los negociados inmobiliarios, el derecho a la vivienda, consagrado por la Constitución Nacional en su famoso artículo 14 bis, le es negado a millones.
Desde Izquierda Socialista, repudiamos la represión de Berni y el gobierno nacional, y exigimos una solución inmediata al problema habitacional con la implementación de un plan de emergencia basado en primer lugar en la utilización de espacios que oficien como albergues comunitarios para garantizar el techo y el abrigo de las miles de personas que hoy duermen a la intemperie en una casilla y luego en la confiscación de tierras y viviendas ociosas de millonarios y la cesión de tierras fiscales junto a la entrega de subsidios para la compra de materiales de construcción.
De fondo peleamos por la implementación de un plan de viviendas que solucione el drama habitacional de tres millones y medio de familias. Este plan debe llevarse a cabo sobre la base del no pago de la deuda externa y el cobro de un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como el que propone el Frente de Izquierda Unidad.
Escribe Claudio Funes
El presidente Alberto Fernández, junto con Kicillof, la ministra Frederic, el cómplice de la bonaerense Sergio Berni y veinticuatro intendentes del conurbano bonaerense lanzaron el denominado Programa de Fortalecimiento de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires. El programa contempla un giro inicial de 10.000 millones de pesos, de un total de 37.000 millones, para la compra de 2.300 patrulleros, equipamiento, armas, cámaras de seguridad, centros de monitoreo y botones antipánico.
A su vez, la Nación sumará 4.000 gendarmes a los 6.000 que ya están en la provincia de Buenos Aires, y Kicillof dispondrá de unos 2.500 millones de pesos para el equipamiento adicional de la bonaerense y la incorporación de 10.000 policías más a sus filas, la que totalizará 104.000 efectivos. Un verdadero ejército. ¿Así se combate la inseguridad? Sabemos que muchos trabajadores y los sectores populares pueden creer que con más policías o gendarmes se puede frenar, aunque sea en parte, a la delincuencia, pero está demostrado que no.
Lo dicen hasta los mismos expertos. Claudio Stampalija, doctor en Ciencias Penales y Criminología que nada tiene que ver con la izquierda, dice al respecto, preguntado sobre las medidas del gobierno: “Siempre en materia de seguridad se siguen aplicando las mismas recetas que nunca funcionaron y que descansan en la utilización protagónica del sistema penal, más policías, patrulleros, jueces, cárceles. Ya la criminología ha señalado que el delito es un problema social y comunitario y si alguien cree que eso se puede resolver solo con la policía, la Justicia y la cárcel hay algo que no funciona. […] los factores de riesgo que generan, alimentan y retroalimentan (el delito) son la exclusión social, el desempleo, la deserción escolar, la cultura de la violencia general, intrafamiliar y de género; el consumo de alcohol y de drogas, y, por último, la falta de visión de futuro, de sentido de la vida en los más jóvenes” (Clarín, 7/9). A esto habría que agregar que entre las causas de la inseguridad y la violencia está la complicidad de la policía y la Gendarmería en las actividades ilícitas de las que lucran y fomentan.
El gobierno acrecienta el aparato represivo como último recurso ante el crecimiento del hambre, la pobreza y la marginalidad social, que es el caldo de cultivo de la violencia y la inseguridad. Si no hay trabajo, salud, educación y millones se quedan sin futuro, la inseguridad se va a agravar. El propio Berni reconoce que la mayoría de los nuevos delitos en el conurbano son llevados a cabo por personas que nunca habían delinquido. Quiere decir que el hambre y la miseria empujan a millones a la violencia callejera. Pero en vez de combatir esos males, Berni, Kicillof y Fernández apelan a poner más policías y patrulleros para una bonaerense que a lo único que se ha dedicado en plena pandemia es al gatillo fácil, a desaparecer a Facundo Castro y a seguir usufructuando y comandando las zonas liberadas con las mafias del delito y el narcotráfico.
Una política sumamente peligrosa, justo cuando se agravan problemas estructurales como el de la vivienda. Las ocupaciones de porciones de tierra para poder tener un techo por parte de los desalojados y los que quedaron sin trabajo es una expresión de la tremenda crisis de la que se aprovechan los punteros, los abogados truchos y los matones.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dijo que “la desigualdad genera condiciones para la delincuencia, pero no se puede generalizar. Hay delitos que cometen los dueños de la Argentina y esos delitos llevan a la marginalidad y a la exclusión. Por eso hacen falta más patrulleros”. O sea, la intendenta intenta posar de progre hablando de los delitos de los dueños de la Argentina, como los de Techint, que dejaron a 1.450 trabajadores en la calle en complicidad con su propio gobierno, para luego decir… ¡que la salida pasa por poner más patrulleros! Y habla como si el peronismo nunca hubiera gobernado la provincia de Buenos Aires. De los 37 años desde la recuperación de la “democracia”, 27 años fueron gobernados por el peronismo. Esto demuestra una vez más que estamos ante un gobierno de doble discurso, que mientras habla de los más vulnerables avanza con el ajuste y más mano dura.
Más policía bonaerense en las calles, junto con gendarmes que fueron adiestrados por Patricia Bullrich, significará más inseguridad, no menos. No hay negocios ligados al “gran delito”, como el narcotráfico, la trata de personas o los desarmaderos, donde no estén involucrados la Gendarmería o los comisarios.
Rechazamos la política de mano dura de Alberto Fernández, Kicillof, Berni y los intendentes. Y decimos que para terminar con la inseguridad hay que combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad social, terminar con el mayor aparato represivo de las mal llamadas “fuerzas de seguridad”, elegir al comisario con el voto popular y fomentar la autoorganización y la movilización vecinal para disuadir el delito.