Escribe Rodolfo Sánchez 
Delegado de ATE en CNEA Bariloche

Investigaciones Aplicadas (Invap), con su sede matriz en Bariloche, fue creada en 1976 a partir de un convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el gobierno de Río Negro. Trabajan 1.400 empleados, la mayoría profesionales experimentados en el desarrollo de sistemas tecnológicos ó en proyectos de alta complejidad. Invap es reconocida en el mundo como exportadora y fabricante de instalaciones nucleares, sistemas de control, equipos para radioterapia y más recientemente aerogeneradores, satélites y radares. Todas producciones de alta tecnología y con alto valor agregado, destacándose la mayor venta tecnológica en la historia del país con el reactor nuclear para investigación y producción de radioisótopos (tratamiento del cáncer) a Australia. 

Durante el gobierno de los Kirchner se encargó a la empresa desarrollar los radares primarios (3D de uso militar), secundarios para uso de tráfico aéreo civil y la puesta en órbita del satélite Arsat I para que la Argentina no perdiera la órbita geoestacionaria asignada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Invap, en el último trimestre de 2017 facturó 1.017 millones de pesos, vive de sus contratos de venta, trabaja con cien pymes y exporta tecnología a Holanda, Brasil y Bolivia. Construyó 22 radares de control aéreo, 6 meteorológicos, 12 primarios y en agosto lanzará su próximo satélite de envergadura. A pesar de su éxito, en abril de 2018 pagó en cuotas el sueldo del personal sin mediar explicación. Luego el gobernador Weretilneck expresó que fue por “el retaceo” de fondos del gobierno nacional a la CNEA (centros de radioterapia, reactores Carem y RA10) y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (satélites Saocom y Sabiamar 1), según el diario Río Negro.
Este 21 de julio Macri visitó Bariloche y declaró “soy el primer fanático de Invap”, pero inmediatamente acotó “son de la época de la magia y la plata no está”. Estas declaraciones causaron mucho malestar en toda la sociedad, por eso Marcos Peña reconoció que el gobierno pagará los contratos adeudados.La perspectiva es negra, porque para adecuarse a las exigencias del FMI, Invap para 2020 debe tener un 60% de la facturación en exportaciones, objetivo muy difícil ya que varios proyectos se caerán, como la construcción de la central nuclear Atucha III, con la tecnología conocida como “Candu”, entre NA-SA, China y participación de CNEA e Invap que tenía el 70% del costo total (7.000 millones de dólares) en componentes argentinos. El proyecto contaba con una participación de 129 empresas, generando 7.000 puestos de trabajo. Al día siguiente, el 27 de julio, del “salvataje a Invap” se enviaron en Nucleo Eléctrica Argentina S.A. (NA-SA )250 telegramas de despido. Se suman a la inestabilidad laboral de la Planta Industrial de Agua Pesada para abastecer cuatro centrales tipo Candu.
Este ajuste de Macri y el FMI sobre el sector nuclear argentino es muy grave porque el Estado desaparece como impulsor del desarrollo e independencia tecnológica y pone en riesgo no solo a Invap sino a otras empresas estatales como NA-SA, CNEA y Empresa Neuquina de Servicios de Energía (ENSI). Debemos defender nuestros recursos humanos y la independencia tecnológica adquirida con el esfuerzo de todos los trabajadores argentinos durante décadas.

Escribe José Castillo

El presidente Macri hace un par de semanas que ha decidido denominar a lo que sucede una “tormenta”. La metáfora meteorológica no es inocente: sería algo de origen “exógeno”, “impredecible” y sobre lo que, en última instancia, el gobierno no tendría responsabilidades. El secretario de Política Económica Guido Sandleris ha acuñado otro término: “minicrisis”, buscando reducir la importancia a los acontecimientos y entreviendo que “se saldría rápido”.

Se trata de una mentira total. Empecemos por los números fríos: la actividad económica sufrió una caída interanual de 5,8% en mayo, la mayor desde 2009, en plena crisis mundial. Más grave aún es ver que lo peor de las consecuencias de la devaluación todavía no pegaba a pleno en los indicadores de mayo. ¿Qué va a pasar cuando se vean estadísticamente a pleno los golpes sobre la industria (ya hay estimaciones privadas que estiman -5% en junio para el sector), las ventas (y por lo tanto el comercio) y ni qué hablar, el parate tanto en la obra pública como en la construcción privada en los próximos meses? La respuesta es clara: la proyección optimista del gobierno, que especula con que el número positivo del primer trimestre más algún “rebote” de crecimiento en el cuarto permitiría terminar 2018 con un 0,6% a favor, o incluso el 0,4%, que plantea el FMI es absolutamente incumplible. Lo más probable es que finalicemos 2018 con una recesión abierta y números cercanos a -1% o aún un poco peor.

El carácter “clasista” de esta crisis es el segundo factor que debe analizarse. En medio del vendaval el sector de intermediación financiera creció 10,8%. No es extraño, si lo cruzamos con el dato ya conocido de que la devaluación no le generó perjuicio alguno, sino que, por el contrario, sumó ganancias récord por 13.000 millones de pesos. La contracara es el aumento de las canastas de pobreza e indigencia. Ambas subieron claramente por encima del índice de inflación de junio (indigencia 4,9% y pobreza 4,1%, frente a un IPC “récord” de 3,7). Nada extraño cuando se observa que los incrementos de precios producto de la devaluación pegaron más en alimentos centrales de dicha canasta como pan, harinas y aceites. A esto tenemos que sumarle que sólo en mayo se perdieron 27.200 puestos de trabajo en blanco, según los propios datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Por eso no es casual que crezcan la pobreza e incluso la miseria extrema: la asignación universal por hijo (AUH) en septiembre de 2017 era de 1.412 pesos; desde entonces aumentó apenas 11% (a 1.578 pesos), mientras que los precios de la canasta básica subieron 27%.

Las conclusiones son claras: vamos a un incremento de la desocupación, a más pobreza e indigencia y a salarios que van a seguir perdiendo -y mucho- frente a la inflación. Del otro lado, tendremos más ganancias para los bancos, para los monopolios agroexportadores beneficiados con la devaluación pero también con la continuidad en la baja de retenciones y, por supuesto, para los acreedores externos que siguen cobrando millonadas en cada vencimiento de deuda externa.

Todo esto junto con una inflación superior a 30% y ninguna garantía de que, en cualquier momento, no tengamos una nueva corrida del dólar. Es que nada puede “estabilizarse” con una deuda externa que ya supera los 400.000 millones de dólares y con vencimientos por 50.000 millones de acá a fines de 2019. Con este nivel y velocidad de crecimiento del endeudamiento, la Argentina es absolutamente inviable. Con el plan del FMI, peor aún. La única salida es suspender inmediatamente los pagos de deuda externa y desarrollar un plan económico alternativo que priorice la reactivación y las urgentes necesidades populares. De otra manera terminaremos sumidos en el fondo de la crisis, con nuevas corridas cambiarias y bancarias y una sociedad sometida a la marginación y el hambre.

Escribe José Castillo

Mientras los salarios y jubilaciones se siguen achicando producto de la inflación, el gobierno ya empieza con las medidas para cumplir las exigencias del Fondo Monetario. Suben los pasajes de colectivos y trenes en Capital y Gran Buenos Aires. La luz aumentará 30%. Al interior del país le toca el ajuste por el lado de la reducción de las asignaciones familiares.

Por supuesto que el ajuste no empieza ahora: desde el mismísimo comienzo del gobierno de Macri tenemos salarios y jubilaciones que van perdiendo poder adquisitivo frente al aumento de los precios, despidos y tarifazos. A esto tenemos que sumarle el “ajustazo” producto de la devaluación del dólar que se disparó a fines de abril pasado y generó que los precios (y en particular los alimentos como el pan, la harina y el aceite) volvieran a dispararse.

Pero esto recién empieza. Ahora tenemos nuevos anuncios. Se viene otro tarifazo en el transporte: el colectivo en Capital y Gran Buenos Aires aumentará un peso a partir del 15 de agosto, otro peso en septiembre y otro en octubre. Si sumamos todos los incrementos desde principios de año, tenemos que terminará subiendo 116% en 2108. También aumentarán los trenes. En concreto se trata de 13.000 millones de pesos anuales que se le sacan del bolsillo al trabajador sólo con este tarifazo. Cabe aclarar que estos aumentos se realizan manteniendo los subsidios que reciben las empresas de transporte, por lo que el dinero irá directamente a las arcas de estas patronales. También subirá la luz 30%.

A esto tenemos que sumarle la baja anunciada en las asignaciones familiares. Sube el piso para cobrarla (de 200 a 2.816 pesos) y baja el techo para dejar de percibirla (de 94.786 a 83.917 pesos), por lo que menos trabajadores la recibirán. Y además se eliminan los montos mayores por “zona desfavorable”. En concreto, la asignación por hijo, prenatal y ayuda escolar se reducirá en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Jujuy y en muchas localidades de Neuquén, Río Negro, Catamarca y hasta la provincia de Buenos Aires (en Carmen de Patagones). En concreto, hoy se cobra por hijo 1.578 pesos, pero si se vive en zona desfavorable (donde obviamente los precios de todos los productos son mayores) hasta hoy se percibían montos que van entre 3.155 y 3.578 (según la zona). Todo esto ahora se corta, y todos los trabajadores del país cobrarán solamente 1.578 por hijo. Es un recorte terrible. Para poner un ejemplo: un trabajador de estas zonas con cinco hijos y que gana en bruto 24.000 pesos, tendrá una reducción en su sueldo de bolsillo de hasta 25%. Se calcula que alrededor de 400.000 asalariados en todo el país se verán afectados por esta medida. ¡Mientras los precios se van por las nubes, habrá trabajadores que pasarán a cobrar menos todavía!

También se anunció otro recorte, que afectará a los dos millones de trabajadores que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. A partir de ahora la “deducción por hijo” sólo la podrá hacer un cónyuge (y ya no los dos), o 50% cada uno. La consecuencia es obvia: el injusto “impuesto al salario” rebanará los sueldos más todavía a partir de ahora. Son entre 2.800 y 11.000 pesos anuales que se le sacarán del bolsillo por este concepto a cada trabajador alcanzado por este impuesto.

A todo esto, agreguémosle que el gobierno acaba de autorizar un nuevo aumento, ahora de 7,5%, para las prepagas, y la semana que viene otro de 8% en la nafta. La conclusión es obvia: todo se dio en un solo “paquete de anuncios”, hecho durante el mismo fin de semana en que la vicepresidenta Gabriela Michetti les aseguraba a los monopolios agroexportadores que se les seguirán bajando las retenciones a la soja. El ajuste de Macri y el FMI, del que esto que acaba de suceder es apenas un “primer anticipo”, tiene el claro objetivo de sacarle dinero a los trabajadores para dárselo a los especuladores financieros, a los monopolios agroexportadores y a las grandes patronales. Tenemos que pararles la mano ya mismo. Hay que reclamar un paro general de 36 horas y un plan de lucha para enfrentarlo. Y, al mismo tiempo, tenemos que oponer a todo esto otro programa económico, opuesto por el vértice, que comience por dejar de pagar la deuda externa y colocar todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Juan Carlos Giordano

La izquierda y distintas organizaciones políticas, de derechos humanos, sociales y estudiantiles nos movilizamos contra el decretazo de Macri el pasado jueves 26. También lo hizo el kirchnerismo. Izquierda Socialista llama a la más amplia unidad en las calles para anularlo, pero esto no implica ocultar lo que hizo el gobierno anterior sobre el tema.

Se dice que en estos años hubo leyes que impidieron a las fuerzas armadas intervenir en la vida interna del país, y se reivindica por ello a los gobiernos de Alfonsín y a los Kirchner. Pero estas leyes no salieron por “los gobiernos”, sino fruto de la lucha popular de muchos años. El mismo Alfonsín que se quiere elogiar, es el de la Obediencia Debida y el Punto Final que beneficiaron a los genocidas, leyes que logramos anular años después por la movilización. Y en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner -que siempre usaron la bandera de los derechos humanos-, se dejó intacto el aparato represivo. El mismo que hizo desaparecer a Julio López, hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires gobernada entonces por Felipe Solá, el que ante los asesinatos de Kosteki y Santillán dijo: “Son los piqueteros que se están peleando entre ellos”.

Después de la desaparición de Julio López se supo que 70 integrantes de la Policía Bonaerense, en ese momento en funciones, se desempeñaron en campos de concentración. Nos preguntamos hoy ¿cuántos más siguen en sus cargos en el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, policías provinciales y la ex SIDE?

El kirchnerismo también mandó militares a las fronteras y gendarmes a los barrios. La ex ministra Garré pertrechó a la Gendarmería con el Proyecto X para espiar a los luchadores e infiltrarse en asambleas obreras. Y Cristina puso a Milani en el Ejército, un especialista en inteligencia, hoy preso por represor en la última dictadura.

Todos recordamos al “gendarme carancho” (el comandante de la Gendarmería Nacional Juan Alberto López Torales, conducida por Sergio Berni) cuando se dio la lucha de los obreros de Lear, quien simuló ser atropellado por un manifestante para justificar detenerlo y golpearlo brutalmente. 
Patricia Bullrich se valió de la Gendarmería K para llevar a la muerte a Santiago Maldonado, y de la Prefectura del gobierno anterior para asesinar por la espalda al joven Rafael Nahuel. Por eso la ministra siempre se negó a “tirar a algún gendarme por la ventana”, porque consideró que lo que ya había hecho el kirchnerismo es algo intocable, una “cuestión de Estado”.

El 1° de agosto se cumple un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en el marco de la represión desatada por la Gendarmería Nacional contra la movilización de la comunidad Pu Lof en Cushamen, provincia de Chubut.

El 31 de julio en la sede de Télam –ocupada y en lucha por el despido de 357 compañeros– se realizó una conferencia de prensa con organizaciones de derechos humanos y con la participación de Juan Carlos Giordano en representación de Izquierda Socialista. Allí el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, denunció al gobierno de Macri: “Solo dijeron que la causa de muerte era ahogamiento con ayuda de hipotermia. No se sabe cómo, dónde, cuándo. El equipo forense nunca pudo responder a preguntas como la de cuánto tiempo estuvo en el agua Santiago, ni confirmar si había muerto el 1° de agosto. La muerte de Santiago se produjo en el marco de una irrupción ilegal y a balazos de 130 efectivos de Gendarmería en el predio de Lof Cushamen. Este gobierno ajusta, reprime y está del lado de los poderosos”, concluyó Sergio. La conferencia tuvo como objetivo convocar al acto del miércoles en Plaza de Mayo a un año de la desaparición de Santiago.

Desde Izquierda Socialista no tenemos dudas: los responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado son el gobierno de Macri, y en particular la ministra Bullrich y la Gendarmería Nacional. Por eso seguimos exigiendo verdad y justicia y castigo a los culpables. 
Guido Poletti