Nov 20, 2026 Last Updated 2:18 PM, Nov 19, 2026

Escribe Martín Fú

El gobierno postergó nuevamente el alcance de la cuarentena, esta vez hasta el 28 de junio. Un nuevo tramo que se ha definido como “cuarentena oxigenada”. Esto ocurre en medio de la multiplicación de los contagios, en donde todavía el pico de casos no ha llegado y la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense van acumulando la mayoría de los positivos, teniendo como epicentro los barrios más humildes y postergados. La extensión de los testeos e hisopados van confirmando el aumento de los contagios de Covid-19.

Las villas de Retiro, en Capital; Villa Azul e Itatí, o donde se produjo el último brote en Ensenada, en la villa José Luis Cabezas, en el sur de la provincia de Buenos Aires, son solo algunos casos que demuestran que son miles los que siguen sumidos en la miseria, sin agua ni infraestructura básica, más allá de que los gobiernen el peronismo o Cambiemos. El gobernador Kicillof y el jefe de gobierno porteño Larreta hace tiempo vienen mostrando su doble discurso, al igual que el gobierno nacional. Dicen, “por arriba”, priorizar la salud, pero por abajo van habilitando cada día más actividades mientras en las barriadas pobres y marginales los contagios van acompañados de la falta de las necesidades más básicas, como el agua corriente y un plato de comida diario.

La flexibilización de actividades que el gobierno ha anunciado en cada ampliación de la cuarentena ha consolidado los lugares de trabajo como sitios de propagación del virus, lo mismo que el transporte público, dos campos en donde cientos de miles de trabajadores están expuestos a los contagios. Los supermercados, las fábricas, los talleres y establecimientos comerciales han sido noticia por los casos de Covid-19. Coto y Carrefour tienen innumerables casos. Fábricas como Fate, Coca-Cola o Granja Tres Arroyos han registrado contagios. Mondelez Pacheco paró su producción luego de que una asamblea de trabajadores lo decidiera por los contagios y la desidia patronal, que no cumple con los protocolos de higiene y seguridad. Los lugares de trabajo son focos de contagio y lo seguirán siendo a medida que se flexibilice la cuarentena y más trabajadores retomen sus tareas sin que las patronales establezcan y cumplan con rígidos protocolos sanitarios.

Los trabajadores de la salud siguen exponiéndose más y más, la semana pasada una enfermera murió en el hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora. En el Centro Médico Talar, de Pacheco, veinte trabajadores se contagiaron, y sus compañeros denunciaron la precarización de las condiciones de trabajo al Ministerio de Trabajo.

Es lógico que muchos trabajadores, estudiantes, jubilados y mujeres estén preocupados. Porque al riesgo de la enfermedad hay que sumarle la crisis económica que se vive y que en más de ochenta días de cuarentena se viene profundizando. Las ayudas sociales son escasas, los que las han recibido reclaman por la carestía general del costo de vida. Tienen razón, 10.000 pesos son insuficientes, si tienen la suerte para cobrarlos. Los trabajadores de la salud siguen reclamando el famoso bono de 5.000 pesos que el gobierno prometió darles, pero que según palabras del presidente Alberto Fernández “no llegó a todos los profesionales de la salud por cuestiones burocráticas”. Mientras tanto, sí les llegó la plata a Coca-Cola, Techint o Clarín, por nombrar solamente algunas empresas, en donde el gobierno paga parte de los salarios en concepto de ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) a patronales que nunca han parado de ganar fortunas y que no precisan la ayuda económica del gobierno. Es vergonzoso, como lo han expresado algunos trabajadores con indignación, que mientras por abajo sueltan la plata a cuentagotas, por arriba los empresarios y las multinacionales aprovechan la pandemia para maximizar sus ganancias.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguimos reclamando al gobierno la implementación de un fondo de emergencia sobre la base de un impuesto a los ricos, una ayuda social de 30.000 pesos, la suspensión de los pagos de deuda externa y que toda la plata vaya para salud, infraestructura hospitalaria y resolver la pobreza estructural que gobierno tras gobierno han cimentado en los barrios más vulnerables, que ahora están en el ojo de la tormenta. No se puede garantizar ninguna cuarentena con hambre y miseria. ¡Plata hay! seguimos peleando por una cuarentena sin despidos, suspensiones, rebajas salariales ni pobreza.

 












Después de reunirse en Olivos con un grupo de directivos de las más grandes empresas del país, el presidente hizo una declaración sorprendente: “Estuvimos todos de acuerdo en que un capitalismo que no sea más justo no es un buen capitalismo”. Y agregó: “Estamos trabajando en la construcción de un nuevo contrato social…” (Télam 4/6). En esa reunión estaban, entre otros, Luis Pagani (Arcor), Perez Companc (Molinos), Javier Madanes (Grupo Fate Aluar), Marcos Bulgheroni (PanAmerican Energy), Miguel Acevedo (UIA) y Daniel Herrero (Toyota).

Escribe Adolfo Santos

¿Es posible que el presidente haya conseguido convencer a estos empresarios, acostumbrados a despedir, a aumentar los ritmos de producción o a flexibilizar los derechos laborales, a que acepten ser más justos? Para nosotros no pasa del doble discurso con que el gobierno trata de “equilibrar” para mantener una imagen favorable mientras continúa aplicando el ajuste. Nadie puede creer que los que acaban de perpetrar uno de los mayores robos contra los trabajadores rebajando el salario 25%, en acuerdo con la burocracia sindical y el aval del gobierno, se conviertan en “justos” de la mañana a la noche. Tampoco que vayan a firmar un nuevo contrato social para gestionar “ un capitalismo donde todos ganen, no donde unos ganan y otros pierden”, como dijo Fernández.

La prédica del presidente no se sustenta. El capitalismo tiene una sola cara, la que le conocemos en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Su único y principal objetivo es extraer sus ganancias del trabajo ajeno, lo que conocemos como explotación. Cuanto mayor explotación, es decir cuanto más produce y menos recibe el trabajador, mayor es la ganancia del capitalista. Por eso en nuestro país y en el mundo los empresarios aumentan los ritmos de producción y tratan de impedir la suba del salario. Es la batalla permanente entre patrones y trabajadores y que en este momento de brutal crisis se hace cada vez más violenta. No hay ninguna concesión ofrecida por los capitalistas de forma espontánea. La experiencia histórica demuestra que sólo por medio de durísimas luchas fue posible obtener pequeñas conquistas.

El “contrato social” vigente en nuestro país, que Alberto Fernández propone cambiar, es el que está armado alrededor de los intereses de los grandes grupos económicos, que son subalternos de las multinacionales del imperialismo. Son ellos los que determinan las leyes, los salarios y los derechos, o las violaciones a ellos. Para eso se apoyan en los partidos políticos patronales, en las fuerzas represivas, en ideologías como la religión y en la burocracia sindical traidora, que es capaz de aceptar la pérdida de derechos o la rebaja salarial sin la menor consulta a los trabajadores. ¿Existe alguna posibilidad de un nuevo “contrato social” para construir un capitalismo más justo con el hambreador Paolo Rocca de un lado y el burócrata Héctor Daer, de la CGT, del otro, como propone el presidente? Para nosotros ninguna. Son ellos, junto con el gobierno, los que sustentan este modelo que genera privilegios, por un lado, y la insoportable pobreza y desigualdad existente, por otro.

Pero el presidente insiste en su cruzada justiciera: “No nos podríamos permitir la generación que gobierna que las… injusticias sigan igual, como en Villa Azul, nadie puede vivir en paz con la desigualdad” (Télam 4/6). Sin embargo, durante 29 de los últimos 33 años, la responsabilidad de la Villa Azul de Buenos Aires fue del peronismo de Alberto Fernández, que gobernó esa provincia sin avanzar contra la desigualdad. Ese es el doble discurso del gobierno: progresista en las palabras, pero desigual con las políticas sociales. No es creíble su discurso de acabar con la injusticia cuando sus diputados se niegan a tratar el proyecto presentado por el FIT Unidad para gravar a las grandes fortunas, algo que podría ayudar a resolver algunas de las injusticias de Villa Azul y de las deficiencias sanitarias demostradas durante la pandemia. Mucho menos va a ser capaz de contrariar los intereses de los ricos impulsando un nuevo contrato social “más justo”.

No existe “capitalismo donde todos ganen”

El capitalismo es irreformable. Tiene una única cara, la de la explotación, la miseria creciente, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la destrucción del medio ambiente, de la falta cada vez mayor de servicios públicos de calidad para la población trabajadora. En la Argentina y el mundo el sistema capitalista demuestra cada día que es incapaz de resolver los problemas de la humanidad, como viene aconteciendo en esta pandemia. Al contrario, genera más sufrimientos y arroja cada vez más sectores a la marginalidad. Por eso decimos que no va más, que hay que acabar con este sistema antes de que él acabe con la humanidad.

No hay salida para los trabajadores, las mujeres o la juventud de la mano de los Rocca, los Bulgheroni, los Pagani, las multinacionales, los burócratas sindicales y los gobiernos patronales. La única salida a esta brutal crisis generada por el capitalismo parasitario racista, destructor del ambiente y patriarcal, es un gobierno de los trabajadores y los sectores populares, de los que nunca gobernaron, que avance hacia el socialismo con democracia.

Nuestra propuesta socialista comienza por que los medios de producción, las máquinas y herramientas, tanto de la industria como del agro, dejen de estar en manos de unos pocos capitalistas y pasen a manos de los trabajadores. Junto con eso, estatizar la banca y el comercio exterior para evitar la sangría que produce la fuga de capitales. Con esos medios y esos recursos podremos producir, no lo que genera mucha ganancia para unos pocos, sino lo que es necesario para satisfacer las necesidades de la población trabajadora.

Para fortalecer este proyecto será necesario recurrir a la unidad con el pueblo trabajador de los demás países, comenzando por nuestros vecinos, para hacernos fuertes frente a los usureros internacionales, para intercambiar ciencia y tecnología y desarrollar la producción y para abastecernos con las mercaderías que cada país mejor produzca. Hay riquezas y bienes suficientes para que las masas trabajadoras vivan holgadamente, sin la explotación y opresión actuales y con posibilidades de diversión y esparcimiento. Necesitamos librarnos de una vez de este capitalismo parasitario dependiente del imperialismo. Necesitamos una segunda y definitiva independencia que nos permita decidir el destino de nuestro país. Necesitamos socialismo.

 

Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con una coordinación llamativa, saltaron a la luz denuncias contra el accionar de actividades de espionaje llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri que involucran directamente a Gustavo Arribas, quien estaba a cargo de la AFI, y a agentes ligados a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esta información surgió del testimonio de un narcotraficante "arrepentido” que habría sido contratado por la AFI para poner una bomba y realizar tareas de espionaje y a partir de que la nueva gerencia de la AFI habría encontrado carpetas y computadoras con pruebas y listados. 

En ese marco se divulgó un hecho gravísimo, que es que el gobierno de Macri no sólo espiaba a opositores peronistas, sino también a más de cuatrocientos periodistas y organizaciones de izquierda. Los informes que se conocieron son en torno de la cumbre del G20 que se hizo a fines de 2018, cuando vinieron Trump y presidentes de todo el mundo. Para ese evento se gastaron 1.500 millones de pesos en el dispositivo de seguridad. Ahora se supo que, como parte de ese operativo, se hicieron seguimientos ilegales a periodistas y la izquierda. Infiltraron una reunión convocada por los compañeros del PTS para recabar información. Incluso, en la ficha aparece el PTS como en “observación progresiva”, o sea, no empezó ni terminó ahí la investigación. Asimismo, se revelaron operaciones en comedores barriales, donde también hicieron tareas de espionaje sobre el MST. 

Todo esto formó parte del intento de fortalecimiento del aparato represivo que impulsó el gobierno macrista, que incluyó el encubrimiento de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la “doctrina Chocobar” y, también, un accionar ilimitado de los servicios de inteligencia.

Una continuidad del espionaje kirchnerista

El kirchnerismo ahora se rasga las vestiduras frente a estas revelaciones, pero la realidad es que desde el gobierno de Néstor Kirchner se hizo uso y abuso del Proyecto X, espionaje ilegal a cargo de la Gendarmería, que fue en particular usado contra los luchadores obreros y populares y la izquierda. Fue Horacio Verbitsky quien precisó que Aníbal Fernández fue el que lo puso en funcionamiento. El mismo Aníbal Fernández que metió preso a nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero con denuncias falsas por un incendio de trenes. También se dio el caso de Américo Balbuena, un infiltrado de la Policía Federal en los medios de comunicación independientes. Y no olvidemos que pusieron al jefe del espionaje del Ejército, y genocida, César Milani, a cargo de esa fuerza, y le dieron un presupuesto enorme para tareas de “espionaje estratégico”. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández se mantienen esas prácticas. Apenas asumió se detectó un infiltrado en una asamblea de trabajadores del INTI, y más recientemente Gendarmería espío a los mineros de Andacollo. A eso sumemos el “ciberpatrullaje” de las redes sociales que impulsa la ministra Frederic. Son tareas de vigilancia y espionaje que se combinan con los hechos represivos gravísimos que estamos viviendo. Como la desaparición y muerte de Luis Espinoza en Tucumán y el violento ataque a la comunidad qom en Chaco, donde aún ningún policía fue detenido.

Desmantelar el aparato represivo

Ante esta situación, decimos que rápidamente tienen que avanzar la investigación, el esclarecimiento y el castigo a los responsables del espionaje ilegal. En lo inmediato, también exigimos que se termine la represión a las luchas que están creciendo en todo el país. Basta de abusos policiales en los barrios populares. Cárcel a los asesinos de Luis Espinoza y a los policías que agredieron salvajemente a la familia Qom en Chaco.   

Y, sobre todo, levantamos nuestra exigencia de fondo, que se desmantele el aparato represivo y de espionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de sus políticas de ajuste. Hoy en todo el mundo, a partir de la rebelión en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, está creciendo un movimiento muy progresivo que denuncia la violencia racial, pero también los atropellos policiales a escala planetaria.  

Tenemos que tomar ese impulso para frenar el espionaje y la represión a los trabajadores y los sectores populares.

Editorial

En nuestro país y el mundo entero vemos impactados por televisión el gigantesco levantamiento popular que sacude a los Estados Unidos. El asesinato del trabajador afroamericano George Floyd el 25 de mayo pasado en Minneapolis desencadenó una ola de repudios y movilizaciones multitudinarias a lo largo y ancho del país del Norte. El grito de desesperación de Floyd “no puedo respirar” fue retomado por centenares de miles de manifestantes en más de ciento veinte ciudades durante varios días y noches. Se trata de las movilizaciones más grandes desde la guerra de Vietnam o del asesinato de Martin Luther King en la década del ’60. El presidente Trump amenazó con movilizar al ejército y no solo dio luz verde a una represión brutal sino que también envió señales de “mano libre” para actuar a grupos paramilitares neonazis y supremacistas blancos. Con el acuerdo de los gobernadores y alcaldes, muchos de ellos de la oposición demócrata, declaró el estado de sitio y desplegó la guardia nacional en las principales ciudades del país. Pero las movilizaciones no cesan. Los trabajadores, las mujeres y la juventud del mundo expresan su solidaridad con la rebelión popular yanqui contra su gobierno y su régimen político racista.

Sin embargo, en nuestro país hay un silencio atronador. ¿Por qué mientras en el mundo crece el repudio contra Trump, el gobierno peronista, que se autodenomina “de los derechos humanos” o “defensor de los más vulnerables” no ha planteado siquiera una declaración de repudio? El presidente Alberto Fernández, a más de una semana de producido el hecho, no ha dicho nada hasta ahora sobre el tema. No condenó el asesinato, ni la represión generalizada, ni los dichos racistas de Trump. Crece una sospecha, que todo esto tiene como explicación principal que se está en la fase final de la renegociación de la deuda externa con los pulpos acreedores. Que son los mismos buitres del establishment del propio Trump y el FMI. Demostrando que la deuda externa, además de condenar al ajuste permanente a nuestro pueblo, también es un instrumento de la pérdida de independencia de nuestro país, hasta el extremo de que se llegue a la vergüenza del silencio del gobierno argentino ante las barbaridades llevadas adelante por el racista presidente yanqui.

Trump tiene poder de veto con sus votos en el directorio del FMI. El mismo FMI fue el que dijo esta semana que la Argentina podría “mejorar” la oferta a los acreedores y se prepara para exigir en los próximos meses el cobro de su propia parte de la deuda externa. El mismo FMI que esta semana se reunió con la cúpula de la CGT. Entre sonrisas y felicitaciones mutuas, el Fondo volvió con sus planteos de ajuste estructural de siempre: exigió la reforma laboral y la reforma previsional, poniendo como ejemplo de “lo que hay que hacer” el convenio ultraflexibilizado de los petroleros de Vaca Muerta. Los burócratas de la CGT ni siquiera se opusieron de palabra a estos planteos fondomonetaristas.

Todo esto muestra la íntima relación entre el convenio con los bonistas, la continuidad del acuerdo con el FMI, el ajuste en curso y el pacto entre el gobierno, la CGT y la UIA que lo sostiene. El que garantiza la continuidad de los despidos y suspensiones, el aumento astronómico de la pobreza, los trabajadores masivamente endeudados y las reducciones salariales. El que garantiza, por ejemplo, que el gobierno haya planteado que no habrá ningún tipo de negociación paritaria con los estatales mientras la inflación se sigue comiendo los bolsillos de los trabajadores.

Mientras tanto, sigue creciendo la pandemia del coronavirus y, por lo menos en el área de Capital y Gran Buenos Aires, estamos lejos de haber llegado al pico. Vemos cómo siguen creciendo los contagios, en particular en los barrios populares. Y se continúan conociendo nuevas cadenas de contagios entre los trabajadores de la salud por los mismos motivos que ellos denunciaron movilizándose el fin de semana pasado: falta de implementos y también por la flexibilización laboral y el pluriempleo ante los salarios de miseria, que aumentan la posibilidad de contagiarse. Al mismo tiempo, las grandes patronales, con el guiño del gobierno, siguen “autorizando” reaperturas de industrias y comercios, obligando a sus trabajadores a exponerse al riesgo del virus.

Todo esto donde, en el marco de la miseria que asola a los sectores más postergados, nuestro país tampoco es  ajeno a los abusos policiales. Así se ha conocido un violento ataque policial en Chaco contra una familia de la comunidad qom, que se suma al asesinato la semana pasada del trabajador Luis Espinoza, también por parte de la policía de Tucumán. Ambas provincias gobernadas por mandatarios peronistas, firmes aliados del gobierno nacional.

El contraste de todo esto son las peleas y denuncias que seguimos llevando adelante desde Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo. Apoyando todas las luchas, movilizándonos, aun con el debido resguardo, como lo hicimos el martes 2 para repudiar el asesinato racista de Floyd y la represión de Trump, al igual que lo que está aconteciendo en otras ciudades del mundo. Y peleando por un auténtico programa de emergencia frente a la crisis que nos permita garantizar una cuarentena sin hambre ni miseria. Por eso seguimos reclamando un impuesto a las grandes fortunas y ganancias de las empresas y exigiendo la suspensión inmediata del pago de la deuda externa, para así poner todo ese dinero en el financiamiento de un fondo de emergencia para atender las más urgentes necesidades sanitarias y sociales del pueblo trabajador.

 

 

El gobierno está negociando reformas al largamente postergado proyecto de impuesto a la riqueza para no chocar con los grandes empresarios. Ahora más que nunca es necesario implementar un verdadero impuesto que grave a las grandes fortunas y empresas que beneficie realmente a los trabajadores y los sectores populares.

Escribe Diego Martínez

La semana pasada Alberto Fernández estuvo de gira por Formosa y Misiones. En Formosa se abrazó con  Gildo Insfrán, de quien dijo que es un “gran gobernador y persona”. Insfrán gobierna hace veinticinco años una de las provincias más pobres del país como un feudo, estuvo vinculado a distintos hechos de corrupción, entre ellos el caso Ciccone, junto con Boudou, y reprimió a la comunidad Qom en 2010, donde perdió la vida Roberto López. Como se ve, Insfrán dista mucho de ser una persona de la que se pueda destacar su “humanidad”.

Haciendo gala de su doble discurso, en Misiones Fernández declaró que “es una buena oportunidad, después de que esta pandemia pase, para replantearnos seriamente el país. Todas esas cosas deben hacernos pensar cuánto tiempo más resiste una Argentina con tanta desigualdad”. Al mismo tiempo afirmó que “un sistema más justo no es perseguir a nadie, ni esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas y castigar a los ricos” (Télam, 28/5/2020).

 Es un hecho de la realidad que la Argentina es un país con mucha desigualdad. Según datos del Indec, el 10% más rico de la población tiene ingresos equivalentes al 32,8% de toda la riqueza del país, mientras que los ingresos del 10% más pobre representan el 1,5% del total. Ahora. ¿es posible revertir esa desigualdad social sin atacar la ganancia de las grandes empresas?

Una vez más, ¿qué pasa con el impuesto a la riqueza?

El gobierno anunció hace casi dos meses un proyecto para gravar las grandes fortunas. En todo este tiempo las excusas y los rumores se van renovando pero la presentación del proyecto se dilata cada vez más. 

Esta semana Carlos Heller, en nombre del Frente de Todos, declaró: “Estamos esperando que se estabilice el sistema de reuniones virtuales y firmas digitales”. A Juntos por el Cambio y a las grandes patronales que se oponen al proyecto la excusa de Heller les vino como anillo al dedo: “Para los debates más importantes pendientes esperamos que los colegas puedan volver a sentarse en el recinto, porque el debate parlamentario rico es cara a cara”, sentenció Mario Negri (Clarín, 31/5/2020).

Cuando se le preguntó a Heller concretamente cuándo se presentaría el proyecto, respondió “durante el mes de junio”, sin especificar la fecha. Como desde el gobierno no quieren dar “malas señales” a los buitres financieros, a Fernández le habrían aconsejado no avanzar con la discusión del impuesto hasta que se termine la negociación con los bonistas. Tomando esto en cuenta, podría ser que el proyecto entre en comisiones recién a fin de mes, para pasar luego a la Cámara de Diputados y después al Senado, con lo cual, trámites burocráticos mediante, la ley se votaría, con suerte, recién en agosto. Mientras tanto, ya va a haber pasado casi todo el invierno, junto con el pico de la pandemia, sin contar con fondos para aumentar el presupuesto de salud y para resolver los problemas de los trabajadores y los sectores populares. Los trabajadores de la salud atravesarán todo ese período sin los insumos adecuados, en los barrios populares la comida seguirá sin alcanzar y los pequeños comerciantes no tendrán ninguna ayuda real de parte del Estado para subsistir.

Pero lo peor de todo es la discusión acerca de quiénes serían los destinatarios de lo que se recaude con el impuesto. Mientras para nosotros lo que se perciba con un verdadero impuesto a la riqueza, como el que presentó el Frente de Izquierda Unidad, con capacidad para recaudar 20.000 millones de dólares –cuyo tratamiento fue denegado con el voto del conjunto de los partidos patronales–, debería estar destinado al sistema de salud y sus trabajadores, paliar la crisis social en los barrios y dar subsidios para los pequeños comerciantes, para el gobierno, que está negociando con Lavagna y otros sectores de la oposición, se asignaría a “inversiones productivas”, léase a las grandes empresas. Lejos de “castigar a los ricos”, Fernández busca seguir otorgándoles beneficios. De prosperar esta iniciativa, la famosa “redistribución” se haría solo para los de arriba. Se le sacaría un poco a algunas empresas para subsidiar a otras.  

Para colmo de males, mientras los trabajadores pagamos el IVA de 21% todos los días e incluso una parte importante del impuesto a las ganancias proviene de retenciones sobre salarios, el presidente se encargó de aclarar esta semana, para tranquilidad de los más ricos, que el “aporte solidario” de las grandes fortunas se cobraría por única vez.

El impuesto a la riqueza no puede esperar

La cantidad de infectados por el coronavirus está creciendo día a día. De igual forma se extiende la otra pandemia, la del hambre y la pobreza. Para que los trabajadores y los sectores populares podamos cuidar nuestra salud haciendo la cuarentena sin pasar hambre, para fortalecer el sistema de salud y pagarles salarios dignos a sus trabajadores y para evitar que los pequeños comerciantes se vayan a la ruina es necesario más que nunca que se imponga un verdadero proyecto de impuesto a las grandes fortunas en el país y, junto con el no pago de la deuda externa, se constituya un fondo de emergencia para que la crisis la paguen las grandes patronales y no los trabajadores.



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