Este martes 10 comienza el debate en el Congreso. La Campaña Nacional por el derecho al aborto legal concentra frente al Anexo para exigir que se apruebe su proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Mercedes Trimarchi, diputada electa por Izquierda Socialista en el FIT e integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, señaló: “Cientos de miles de mujeres ya nos pronunciamos por el aborto legal el pasado 8M en el segundo paro internacional y se multiplican los pañuelazos a favor de ese derecho fundamental. Todos los martes vamos a estar frente al Congreso exigiendo que se apruebe el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital."

Trimarchi agregó: “En nuestro país se practican 500.000 abortos al año según estadísticas del propio Ministerio de Salud. El número es altísimo y demuestra que las mujeres tienen muchas razones para interrumpir sus embarazos no deseados. Se tiene que garantizar ese derecho fundamental para evitar que se sigan muriendo cientos de mujeres al año por abortos clandestinos".

Trimarchi finalizó: "Macri, el peronismo, el kirchnerismo y el Frente Renovador están en contra de ese derecho junto a la reaccionaria Iglesia Católica, salvo algunos diputados individuales que firmaron el proyecto. Tenemos que ser miles para imponer el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Educación sexual para decir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”

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Mercedes Trimarchi

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Twitter: @MercedesTrimar ‏

La Argentina de Macri es el mundo del revés. Mientras millones sufren los tarifazos, la inflación y el robo salarial, los diputados y senadores se quieren aumentar sus ya abultadas dietas. Quieren incorporar a sus haberes el monto millonario que vienen percibiendo por los pasajes. ¡Una barbaridad e impunidad total por parte de los partidos políticos que conforman el gobierno de Cambiemos como de la oposición patronal del peronismo! Un hecho más que se suma a tantos otros, corroborando que Macri gobierna para los ricos y en contra del pueblo trabajador.

A todo esto, ¿qué dijo la CGT? ¿Hace algo por el salario? Nada. Es que son burócratas propatronales que también viven del privilegio.

La inflación proyectada para 2018 va a rondar entre 20% y 25%. Pese a ello, la burocracia traidora de la CGT y de los principales sindicatos está pactando un 15% de aumento promedio, en cuotas y sin cláusula gatillo. La CGT sigue con su pacto antiobrero dejando pasar los despidos y el robo salarial. Por eso decimos que Macri “no está solo”. Cuenta con la complicidad de estos burócratas que siguen en la rosca para ver quién se queda con el sillón de la CGT transformándola en una central oficialista, mientras dejan pasar los despidos, la ola de retiros voluntarios en el Estado y los ataques al salario.

El 15% y en cuotas fue firmado por Comercio, la UTA, petroleros, Luz y Fuerza, Aguas, panaderos y la Uocra, entre otros. Hubo gremios que acordaron solo un 8% de aumento, quedando en “reunirse” con la patronal en agosto de este año, como hicieron APL, ATE y UPCN con los empleados del Congreso. O el jefe de los porteros, el kirchnerista Víctor Santa María, que cerró por 12% en dos tramos.
El burócrata-empresario de la UTA, Roberto Fernández pactó 5% para abril, 5% en septiembre y 4%... ¡para enero del año que viene!
Otro caso emblemático es el acuerdo con las patronales y el gobierno por parte del burócrata de la Uocra y ex miembro del Batallón 601 de Inteligencia, Gerardo Martínez, por el mismo 15% y en cuotas, en un gremio donde reinan el trabajo en negro y las muertes de obreros por falta de seguridad, al mismo tiempo que las patronales de la construcción hacen fortunas con la obra pública.

A pesar del pacto de la burocracia sindical, los trabajadores luchan. Es el caso de los docentes en varias provincias ante el gobierno de Macri, Vidal (que cierra bachilleratos) y el resto de los gobernadores que atacan el salario docente y los derechos laborales de los maestros como parte de seguir destruyendo la educación pública. En la provincia de Buenos Aires también pelean los judiciales, los profesionales de la salud y los estatales. Los bancarios van a nuevos paros porque ni siquiera les quieren reconocer la cláusula gatillo del año pasado y les quieren dar un aumento miserable para 2018. Los mineros de Río Turbio tomaron de rehenes a funcionarios de la mina porque el gobierno se niega a reincorporar a los despedidos. La Federación de Aceiteros paró contra los despidos en Cargill y por un aumento digno en las paritarias y le declararon la conciliación obligatoria. Siguen las luchas en el INTI y la de los estatales del Ministerio de Hacienda. Y el 11 de abril está convocado un paro con cortes y marcha a Plaza de Mayo de la CTA Autónoma de Cachorro Godoy, entre otras medidas de protesta.

Esto demuestra que hay una pelea nacional en curso por el salario, contra el techo del 15% y el ajuste. Bronca sobra contra el gobierno. Hay ganas de pelear. Pero por culpa de la burocracia las luchas no se pueden expresar de manera centralizada y nacionalmente.

Repudiamos la traición de la cúpula de la CGT y llamamos a Camioneros, a la Corriente Federal y a las CTA a que convoquen a un paro y plan de lucha nacional ya que, lamentablemente no han convocado a ninguna otra acción de protesta después de la marcha del 21F. Hace falta un paro general para imponer un aumento de emergencia para todos los trabajadores contra el techo salarial del 15% en las paritarias.

Junto al sindicalismo combativo llamamos a apoyar los paros docentes y a todos los reclamos en curso. A participar del paro y jornada de protesta del 11 de abril y a hacer asambleas y reuniones de delegados para votar medidas de lucha y aprobar pronunciamientos en los lugares de trabajo exigiendo una medida nacional contra el ajuste y el robo salarial de Macri y los gobernadores.

Escribe Atilio Salusso

La “republicana” Elisa Carrió canjeó sus pasajes por plata. Dice que sus ingresos “no le alcanzan” para vivir. Esta oligarca argumentó que tendría que ganar 300.000 pesos por mes, cuando la mínima de un jubilado está en 7.000 pesos. En la misma sintonía se expresaron el diputado de PRO Pablo Tonelli y Pichetto, jefe de uno de los restos del PJ en el Senado. Diputados y senadores se quejan porque ganan menos que un ministro o un juez de la Corte.

Alegan que tienen que ganar muy bien porque “trabajan todo el año”. ¡Pero trabajan para votar leyes contra el pueblo! Miremos el robo de 100.000 millones que votaron en perjuicio de los jubilados en diciembre pasado.

El canje de pasajes es un sobresueldo que los legisladores patronales cobran con el visto bueno de los gobiernos de turno. ¡En vez de terminar con esos privilegios ahora quieren blanquear los miles de pesos en pasajes para que se incorporen a sus sueldazos! ¡Una barbaridad!
A fines de 2016 el Frente de Izquierda denunció el dietazo que se querían fijar los diputados. Se generó un escándalo que lo hizo retroceder. Pero a mediados de 2017 volvieron a la carga con un aumento de 100% en los pasajes y “gastos de representación”. Un pedido que habían formulado todos los bloques, incluido Héctor Recalde, del Frente para la Victorial. ¡Todos los políticos patronales están con el privilegio! Solo el Frente de Izquierda se opuso.

Nuestro diputado Giordano, junto al resto de las bancas del FIT, procedieron a devolver el aumentazo e insistieron en que se vote el proyecto de ley para que todo diputado, funcionario y juez gane lo mismo que un trabajador. Nuestros diputados ganan eso y ponen el resto de su dieta al servicio de las luchas y de la construcción de una alternativa política de izquierda.
Llamamos a repudiar el nuevo aumentazo que preparan Cambiemos y los políticos del peronismo.

Escribe Javier Leonforte

En el 42° aniversario del golpe genocida nuevamente en nuestro país se produjeron movilizaciones de masas contra la impunidad de ayer y la represión del gobierno actual. La Plaza se colmó en dos oportunidades el mismo día, ya que como sucede desde
2006 hubo dos convocatorias distintas.

En el año 2006, cuando se cumplían 30 años del golpe genocida, el gobierno kirchnerista dividió los masivos actos del 24 de marzo. Por un lado quedaron Estela Carlotto, Hebe de Bonafini y los organismos de derechos humanos cooptados por el gobierno. Por otro quedó el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) con las decenas de organizaciones que venimos realizando las convocatorias a las marchas del 24 de marzo desde 1996, cuando fue el 20° aniversario. Ahora, bajo el gobierno de Macri, hubo intensos debates sobre la posibilidad de volver a realizar una sola convocatoria, anhelada por muchos luchadores. Incluso decenas de miles de personas marcharon de manera independiente, siendo parte de un amplio repudio social a los genocidas, pero sin conocer cada convocatoria en particular.

El EMVyJ realizó reuniones con organismos de derechos humanos ligados al kirchnerismo. Pero, mientras públicamente hacían un demagógico llamado a la unidad, los kirchneristas querían silenciar al EMVyJ. En las reuniones el diputado Horacio Pietragalla fue el encargado de dejar en claro que ellos estaban en contra de que hubiese dos documentos en un posible acto común del 24 de marzo, porque no aceptaban ninguna crítica a los doce años de gobierno kirchnerista ni, sobre todo, nuestras críticas a los gobernadores peronistas que hoy en día sostienen al gobierno de Macri. Pese a esta división, los medios kirchneristas como Página 12 y C5N mintieron, sosteniendo que había una sola marcha unificada, intentando ocultar la existencia de dos convocatorias.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda reivindicamos la marcha del EMVyJ, ya que por su carácter independiente fue contra el ajuste y la represión de Macri y todos los gobernadores. Esto es fundamental porque si Macri ajusta y reprime al pueblo es porque cuenta con el apoyo de los gobernadores peronistas, que también lo hacen en sus provincias (Alicia Kirchner en Santa Cruz, Manzur en Tucumán, Insfrán en Formosa, Bertone en Tierra del Fuego, Uñac en San Juan, Rodríguez Saá en San Luis, entre otros).

El documento del EMVyJ hizo un balance histórico sobre los 42 años de impunidad, incluyendo duras críticas a los doce años de gobierno kirchnerista por su Ley Antiterrorista, el Proyecto X de Berni, el encubrimiento de la desaparición de Julio López y por nombrar al genocida Milani, hoy preso, al frente de las fuerzas armadas, promoviendo la reconciliación con los militares. “Pese a su discurso, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner decidieron convivir con un poder judicial repleto de jueces designados bajo la dictadura y que actuaron como garantes de la impunidad en los juicios a los genocidas. El Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores: los juicios sólo se sustancian con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares”, denunció el documento del EMVyJ.

Tenemos que ser claros, la “unidad” a la que nos llama el peronismo es por una alternativa patronal en las elecciones de 2019, como quedó demostrado en el encuentro del PJ realizado en San Luis. Durante 2018, como sucede desde que asumió Macri, el peronismo en todas sus variantes y con distintos discursos es cómplice del ajuste y la represión de Macri. Por eso los dirigentes sindicales de la CGT y la CTA le han brindado una nueva tregua. Y por eso todos los gobernadores y los bloques parlamentarios mayoritarios son garantes de la gobernabilidad. Es necesario clarificar esto entre los luchadores que enfrentan a Macri.

Los sectores oportunistas como el PCR (CCC), la Correpi (Venceremos) y el MST, que dentro del EMVyJ impulsaron a toda costa la unidad con los kirchneristas, fracasaron en su intento rupturista. Los tres partidos del Frente de Izquierda, sin renegar de la necesaria unidad de acción en las calles contra el gobierno de Macri, ganamos una importante batalla para mantener la independencia política del EMVyJ y criticar duramente a los cómplices de Macri.

Escribe Laura Marrone Legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

Al crecimiento invisible de la producción y la no menos invisible reducción de la pobreza de casi dos millones de personas, ahora se sumaría “la mejora en lengua y ciencias” de nuestros alumnos. Así lo manifestó el presidente Macri cuando presentó el resultado del Operativo Aprender 2017 en marzo pasado. “Tenemos que mejorar en matemáticas”, concluyó.

 El Operativo Aprender consiste en una evaluación “externa” (no la realizan los docentes de la escuela), censal (a todos los alumnos del país) de sexto grado de la primaria y de quinto año del secundario, que impuso Cambiemos en 2016 y repitió en 2017. Según el informe oficial, el último abarcó a 900.000 alumnos y 29.000 escuelas. El resultado dio que, en lengua, en las escuelas medias estatales se duplicó el número de alumnos que logró el nivel más alto pasando de 15,2% a 29,6% y el más bajo se redujo a la mitad, 19,7% a 9,9%. En matemáticas, en cambio, estaríamos peor: bajamos de 16,1% en 2013 a 14,2% en 2016 y a 11,4% en 2017.

Quienes trabajamos frente a alumnos sabemos que no existieron cambios profundos que puedan dar credibilidad a ninguno de los dos resultados. No hubo prácticas, recursos, capacitaciones o medidas que expliquen uno u otro. Y menos para las dos materias en el mismo tiempo. Aun estadísticamente, estos resultados no son confiables. Por eso nosotros y decenas de sindicatos docentes combativos los rechazamos.
 
Las evaluaciones externas no sirven

En educación tenemos problemas, pero son centralmente políticos y no pedagógicos. Estas evaluaciones son una pérdida de tiempo y de recursos cuyo único propósito es culpar a la docencia de los problemas de nuestra educación. El fundamento del gobierno de que son necesarias para un diagnóstico de la situación se cae, pues para ello alcanzaría una simple muestra en lugar de hacerla censal, o sea a todos. En aquellos países donde se realizan desde la década del ´90, como Estados Unidos, condujeron a que la docencia se centre en el “entrenamiento” de sus alumnos para responder a esas pruebas estándares, por miedo a ver reducido su salario o perder la estabilidad en el cargo, en lugar de desarrollar el pensamiento, la creatividad y el trabajo en equipo.  En México o Brasil las usan para la selección de alumnos que podrían seguir estudios superiores y cuáles no.

Lo determinante para el deterioro de nuestro sistema educativo son las causales externas. La diferencia entre las públicas y las privadas se debe a que las primeras concentran en porcentajes aun mayores al promedio nacional de 47% de niños y adolescentes pobres. Y encima las subvenciones estatales a la educación privada favorecen a una mayor desigualdad. El propio informe revela este condicionante por fuera de la escuela.
 
Cómo mejorar la educación

Hay que destinar el 10% del PBI y nacionalizar el financiamiento para que se haga cargo el Estado nacional, en lugar de pagar intereses de la deuda externa al doble de lo que se destina a educación. Hay que suprimir los subsidios a la educación privada. Hay que reformular la jornada laboral como en Finlandia, para que, con un salario digno, la docencia dedique un tercio de la semana laboral a tareas  extraclase de preparación, capacitación y reflexión entre pares, entre otras medidas. En vez de cerrar los profesorados hay que implementar un plan de actualización de la formación docente todos los años de la carrera, dentro de la jornada laboral, entre otras medidas.

La docencia combativa resistió y reclama su derogación

Las familias y estudiantes acompañaron el llamado a no asistir a las evaluaciones en aquellas jurisdicciones donde el sindicalismo combativo tiene influencia. La participación de alumnos en las escuelas estatales medias fue de 28,8% en Neuquén (ATEN), 22,7% en Santa Cruz (Adosac), 46,5% en Buenos Aires (Sutebas Multicolores), 49,3% en Santa Fe (Amsafe Rosario), y 53,1% en Capital (Ademys). La media nacional fue de 59%. Vale señalar que con menos del 50% los datos no se deben considerar a los fines estadísticos. La resistencia fue posible gracias a un esfuerzo asambleario con las familias y los estudiantes por parte del sindicalismo combativo. Cuestión que no hizo Ctera, ni los sindicatos nacionales como UDA, AMET o Sadop.

Ese cuerpo a cuerpo tuvo sus frutos. El llamado será de nuevo este año, hasta que derrotemos la farsa de estas evaluaciones.