Se conocieron los datos oficiales de la inflación de junio: según el Indec, el índice de Precios al Consumidor de todo el país creció 3,7%. Es el número más alto de toda la era Macri. La zona geográfica donde se dio la suba de precios más elevada fue el Gran Buenos Aires, con el 3,9%. Lo que más aumentó fue el rubro “transporte” (5,9%), seguido por “alimentos y bebidas” (5,2%). Dos cosas de la que el trabajador no puede prescindir: la comida y el pasaje de tren, colectivo o subte para ir a su fábrica u oficina. Con estos números la inflación anual ya acumula un 16%. En apenas seis meses ya los precios subieron tanto como el techo salarial para todo el año con el que se firmaron la mayoría de las paritarias. El 15% y en cuotas terminó siendo la mejor vía para la pulverización de los salarios. A esto nos llevó el gobierno que decía que su “prioridad” era bajar la inflación y que para eso tenía al “mejor equipo de los últimos 50 años”.

Mientras los trabajadores, los jubilados y los que perciben planes sociales ven cómo lo que cobran no les alcanza para nada, con el consecuente aumento de la pobreza, del otro lado están los que “siguen de fiesta”: la devaluación de mayo le generó a los banqueros una ganancia muy superior a todos los meses anteriores: 13.000 millones de pesos en un solo mes. Los otros grandes ganadores fueron los acreedores de nuestra deuda externa: en los primeros cinco meses del año se llevaron por intereses de deuda 145.371 millones de pesos, mientras que por todos los sueldos del Estado sólo se pagó 115.211 millones. Para esto sí que sirvió el equipo de CEOs de Macri ¡Y después dicen que no hay plata para maestros o trabajadores de la salud!

Los salarios a la baja, los despidos actuales y el aumento de la pobreza no son más que el inicio del nuevo plan de ajuste. Todavía falta el grueso de las consecuencias del acuerdo de Macri con el FMI, con más cesantías, mayor pérdida salarial, más recesión y miseria. Para “certificar” que todo esto se llevará adelante es que este fin de semana viene a la Argentina la mismísima Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

Mientras se lleva adelante todo este plan de hambre, la burocracia de la CGT sigue con las idas y venidas de su interna, sin mover un dedo para salir a enfrentar el ajuste. Mientras en la clase trabajadora crece la bronca, con miles preguntándose cómo la seguimos después del enorme paro del 25 de junio. En muchos lugares se dan luchas parciales. Así, por ejemplo, en varios distritos los docentes han votado no iniciar las clases tras las vacaciones de invierno. ¡Este es el camino para derrotar al ajuste de Macri y el FMI! Exigiendo que se reabran todas las paritarias que se cerraron con el 15% en cuotas. Peleando por un aumento de emergencia que lleve a que ningún trabajador gane menos de 30.000 pesos, para que las paritarias que todavía no se cerraron se hagan con un incremento que cubra todo lo que se perdió con la inflación y con cláusulas de ajuste salarial mensual de acuerdo a la suba del costo de vida. Luchando también contra los despidos y por el reajuste de los montos miserables en que quedaron todos los planes sociales y la AUH. Para lograrlo tenemos que unir todas las luchas de la clase trabajadora y los demás sectores populares. Esto es lo que tenemos que discutir en todas las fábricas, oficinas, barrios, escuelas y facultades. Haciendo asambleas y sacando pronunciamientos de los cuerpos de delegados, exigiéndole a la CGT y a las CTA un paro de 36 horas y su continuidad con un plan de lucha para parar este plan de hambre, miseria y entrega.

Por eso, y como parte de toda esta pelea, este sábado tenemos que ser miles repudiando la presencia en nuestro país de Christine Lagarde. Exigiendo que la plata deje de ir al FMI, a los acreedores, a las ganancias de los banqueros o de los monopolios exportadores de soja. Para que se deje de pagar la deuda externa y ese dinero se destine a resolver las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, educación, salud y vivienda.

Escriben Armando Aligia y Rodolfo Sánchez Delegados de ATE en el Centro Atómico Bariloche

Los delegados de ATE y las asociaciones de técnicos y de profesionales del Centro Atómico Bariloche expresamos recientemente nuestra indignación por las nuevas mentiras vertidas en la columna del corresponsal Claudio Andrade de Clarín sobre un estudio técnico solicitado por el Juzgado Federal de Bariloche a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Página12, 18 de julio). En una seguidilla de notas, los días 8 de febrero, 22 y 30 de marzo, 8 de junio y 9 de julio, Clarín constantemente miente para intentar sostener la hipótesis del gobierno según la cual la muerte de Rafael Nahuel tuvo lugar durante un violento enfrentamiento armado en Villa Mascardi y que ésta sería avalada por restos de pólvora en mapuches.

El 8 de febrero, Clarín publica la falsedad: “Los científicos del Instituto Balseiro habrían confirmado a la Justicia Federal que fueron encontrados restos de pólvora en las manos del Rafael Nahuel” y, a pesar de haber sido desmentido recientemente en la nota “Conflicto en la Patagonia”, Clarín (9 de julio) vuelve a faltar a la verdad: “… las pericias en las extremidades de los integrantes de Prefectura Naval y mapuches para detectar restos de pólvora difirieron sustancialmente en sus conclusiones. Mientras el Departamento de Caracterización de Materiales del CAB-CNEA dictaminó que no había residuos de pólvora en Nahuel, en el Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta indicaron lo contrario.” Los gremios y los trabajadores del CAB desmentimos categóricamente a Clarín. En Bariloche se realizó un estudio técnico de cuantas partículas de antimonio, bario y plomo había en muestras codificadas y anónimas.Ese estudio debe ser interpretado por peritos idóneos y desde Bariloche se sugirió enviarlo al servicio de Salta, quienes deberían determinar si corresponden a restos de pólvora y si están asociados a disparos. Solo la Justicia es la que puede asociar los códigos de las muestras con la identidad de los implicados.
Al ser desmentido, Clarín intenta calumniar a la investigadora del Departamento designada para el estudio escribiendo: “En el Gobierno consideran que no fue pertinente enviar a hacer los análisis de las cintas de carbono a un departamento que dirige la científica Adriana Serquis conocida por su militancia kirchnerista. Serquis ha calificado al gobierno de Mauricio Macri como una dictadura. A los compañeros no nos consta ninguna declaración o calificación del gobierno pública de ningún trabajador involucrado en el estudio. Estas calumnias son una ofensa a los investigadores y técnicos, cuyos resultados de los trabajos son independiente de toda posición política e ideológica. Las tres máximas autoridades de CNEA, tras las difamaciones de Clarín, sacaron un comunicado (lamentablemente sólo de difusión interna y sin llegada a los medios) respaldando el estudio, al equipo de investigación y el anonimato de las muestras analizadas.
Clarín, y otros medios oficialistas, tratan de apuntalar la hipótesis de enfrentamiento armado y darle “veracidad” sosteniendo falsedades y desprestigiando la labor de los trabajadores científicos que fueron designados institucionalmente para colaborar con la Justicia. Una vez más, repudiamos la calumnia a compañeros de trabajo y a este tipo operaciones, que no tienen nada que ver con dar información, o periodismo y menos con tratar de que se haga justicia.

Escribe Guido Poletti

Santiago Maldonado, un joven solidario con la causa de los pueblos originarios, desapareció en medio de una feroz represión lanzada por la Gendarmería Nacional contra la comunidad mapuche. El gobierno de Macri negó cualquier responsabilidad en el hecho y luego hizo todo lo posible para entorpecer la búsqueda. Finalmente, Santiago fue hallado muerto en el río Chubut. A un año de estos hechos seguimos reclamando justicia y castigo a los responsables.

El 1° de agosto del año pasado la Gendarmería Nacional reprimió salvajemente una movilización de la comunidad Pu Lof en Cushamen, Chubut. Basándose en la orden de un juez que exigía desalojar la ruta 40, por orden del gobierno nacional y en particular por directivas del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, los gendarmes avanzaron sobre los manifestantes, ingresando en los terrenos de su comunidad, dando palazos y lanzando balas de plomo, gases, e incluso prendiendo fuego el acampe mapuche. En el lugar estuvo personalmente el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien dirigió la represión. Tan brutal fue el ataque que quienes ocupaban el terreno corrieron a la desbandada y debieron lanzarse a las gélidas aguas del río Chubut para cruzarlo y salvarse. A Santiago se lo vio por última vez aferrado a un árbol, sin ser capaz, tal vez, de animarse cruzar el río dada la fuerte correntada.
Denunciada la desaparición, el gobierno hizo todo lo posible por deslindar cualquier responsabilidad e incluso echó a correr todo tipo de versiones, “que se lo había visto en Entre Ríos”, “que había sido herido al participar de un ataque del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)a un puesto de una estancia” o que “había huido a Chile”. Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzaba todo tipo de declaraciones xenófobas contra el pueblo mapuche, acusándolos de estar financiados por “grupos terroristas internacionales”. Mientras se sucedían las marchas multitudinarias y la Plaza de Mayo se llenaba una y otra vez, el gobierno hasta intentó prohibir que se hablara del tema en las escuelas. 
La presión popular fue tal que el juez a cargo de la causa, que era el mismo que había ordenado la represión y que, a posteriori había hecho todo lo posible por destruir cualquier prueba que involucrara a la Gendarmería, tuvo que renunciar. Finalmente, el cuerpo de Maldonado fue hallado el 17 de octubre flotando en el río Chubut. Tras la autopsia, donde se comprobó que murió ahogado, el gobierno volvió con su campaña de que “la Gendarmería no tenía nada que ver”. Pero es un hecho que Santiago se lanzó al río Chubut como consecuencia del violentísimo operativo represivo que se estaba dando. Y fue, por lo tanto, una víctima de ese accionar, responsabilidad directa de la ministra Bullrich. 
La desaparición y muerte de Santiago Maldonado también puso al desnudo el histórico reclamo de la comunidad mapuche y otros pueblos originarios. En particular, los mapuches pelean por su territorio, perdido tras el genocidio conocido como “la Campaña del Desierto”. En el caso de la comunidad Pu Lof de Cushamen, donde terminó muriendo Maldonado, se trata de una pelea por recuperar sus tierras que fueron apropiadas por el Grupo Benetton. El operativo fue parte de la represión que llevan adelante los gobiernos nacionales y provinciales para garantizar la entrega de tierras y recursos a los terratenientes y multinacionales que operan en la Patagonia. Así como exigimos verdad y justicia y que se castigue a los responsables del gobierno en la represión del 1° de agosto del año pasado, también somos incondicionalmente solidarios con los reclamos del pueblo mapuche por sus tierras.

1° de agosto  a las 18 Acto en Plaza de Mayo

Convocan: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo- Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales- Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre. 
Por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia: Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Asociación por el esclarecimiento de la masacre impune de la Amia (Apemia), Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Colectivo Memoria Militante, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (Eatip), Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo (Liberpueblo), H.I.J.O.S Zona Oeste, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

En los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se pagaron 200.000 millones de dólares en concepto de deuda externa. Cristina se autoelogiaba diciendo que era una “pagadora serial”. Esto deja en falsa escuadra la campaña que enarboló el gobierno anterior diciendo que nos estábamos desendeudando.
El Argentinazo de 2001 impuso el no pago. La rebelión popular obligó a que el efímero ex presidente Rodríguez Saá, en sus escasos ocho días de gobierno, anunciara la decisión. Sin embargo, al asumir Eduardo Duhalde (PJ) en 2002, se reanudó el acuerdo con el FMI que venía de antes, el cual se mantuvo al asumir Néstor Kirchner en 2003.

El kirchnerismo podría haber aprovechado el no pago del Argentinazo para desconocer esa deuda fraudulenta que venía de la dictadura. Contaba también a favor con el fallo del juez Ballesteros, que en un juicio histórico declaró a la deuda “ilegítima y fraudulenta”. A pesar de esos antecedentes, el kirchnerismo reanudó los pagos. 
En 2005 convocó a todos los bonistas en default. Les propuso una “quita”, que fue aceptada: entre no cobrar nada y cobrar con quita, bienvenido sea, dijeron. Además, les “regaló” el Cupón PBI, un “extra” automático que se cobra cada vez que la Argentina crece más de 3,2% anual.
“Nuestra deuda en cesación de pagos ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje. Se trata de la remoción de uno de los más importantes obstáculos estructurales que enfrentaba nuestra recuperación”, dijo el ex presidente Néstor Kirchner al anunciar ante gobernadores y empresarios los resultados del canje. 
Posteriormente, en enero de 2006, Kirchner le pagó de contado y a decretazo limpio toda la deuda al FMI: 9.810 millones de dólares. Días antes había hecho lo mismo Lula en Brasil. ¿Qué más quería el FMI, que lo consideren “acreedor” y le paguen de contado? Sueño cumplido. 
En mayo de 2014 Argentina la acordó pagar la deuda por 9.700 millones de dólares al Club de París (principales países imperialistas). Fue una exigencia del entonces enviado de Bush, Thomas Shannon, de visita por nuestro país. Se trata de “una de las deudas más genuinas”, dijo Cristina. Christine Lagarde, por entonces ya titular del FMI, apoyó el acuerdo. Ayuda a “normalizar” la situación del país, dijo. 
Finalmente, si bien el kirchnerismo dijo que “no iba a negociar con los fondos buitre” (el 7% restante de los bonistas que no entró en los canjes), inició conversaciones para pagarles. La negociación se trabó y dio motivo al juicio del juez Griesa. Pero cuando asumió Macri, el Congreso aprobó una ley para pagarles 10.000 millones de dólares de contado a los buitres (con el voto del Frente para la Victoria en el Senado). En Diputados, Kicillof y el Frente para la Victoria se opusieron… ¡pero presentaron una ley para pagarles, aunque un poco menos de aquella cifra! Quiere decir que la campaña del kirchnerismo “patria o buitres” fue falsa.

Escribe Mariana Morena

Las nuevas revelaciones sobre el financiamiento irregular de las campañas electorales de Cambiemos no hacen más que confirmar lo que venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda: Cambiemos no tiene nada que ver con la transparencia ni “la nueva política”. Se trata de un gobierno ajustador y corrupto que suma otro repudiable hecho a su lista.

El escándalo estalló hace un mes, cuando una investigación periodística reveló que unos 200 bonaerenses beneficiarios de planes sociales figuraban como aportantes de la campaña electoral de 2017 sin poner un peso. Algunos hasta aparecían como afiliados a PRO sin su consentimiento. La lista ahora alcanza a más de 7.000 personas como supuestos donantes de 67 millones de pesos para Macri en 2015, y 42 millones de pesos para los candidatos legislativos Graciela Ocaña a diputada y Esteban Bullrich a senador en 2017. Entre los donantes hay incluso dirigentes y funcionarios de PRO, como el intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo y el ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido, que niegan haber aportado fondos.
La gobernadora Vidal terminó echando a la flamante contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, nombrada hace solo una semana, porque fue responsable financiera de la campaña de 2017. Fue una medida para tapar que, contrario a la promesa electoral de “transparencia” frente a millones que los votaron por estar hartos de la corrupción del kirchnerismo, los políticos de Cambiemos formaron una verdadera asociación ilícita que falsificó miles de fichas de afiliaciones y firmas con un objetivo preciso: dosificar, por medio de sumas menores, parte de las fortunas que aportaron grandes empresarios a la campañas de Cambiemos, lo cual está prohibido por ley.
Somos terminantes: la corrupción no fue sólo de la contadora de la campaña. Con la complicidad de Macri y Carrió en semejante entramado de corrupción estuvieron involucrados la gobernadora Vidal como presidenta de PRO, de donde salieron las fichas de afiliación que trucharon; los candidatos “abanderados de la anticorrupción” Ocaña y Bullrich, y el jefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai (esposo de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación), por el uso de bases de datos del Estado para detectar el nivel socioeconómico de los donantes, lo que definía el monto de los aportes. 
La corrupción no se trata de hechos aislados ni de un par de funcionarios deshonestos, sino de una mecánica por la que los grandes empresarios, las multinacionales y los bancos financian a todos los partidos patronales y sus campañas electorales para que, una vez en el gobierno, les garanticen el ajuste y los grandes negocios. Basta el ejemplo de las obras faraónicas como el soterramiento del Sarmiento o las hidroeléctricas santacruceñas, que fueron otorgadas en su momento por el kirchnerismo y continúan bajo el gobierno de Cambiemos; o que una droguería vinculada a la efedrina aportó 200 millones de pesos en cheques a la campaña del FpV en 2007.
Macri ahora, con el verso de “bancarizar” los aportes a las campañas, está encubriendo que pretende legalizar los aportes de las empresas y multinacionales a los candidatos patronales, algo a lo que siempre nos oponemos desde la izquierda.
Afirmamos que este gravísimo hecho no puede quedar en la impunidad. Hay que exigir que los responsables vayan presos por corruptos (no solo con la posibilidad de ser “inhabilitados” para elegir o ser elegidos como dice la ley electoral). Y seguimos insistiendo a los compañeros y compañeras trabajadores que la salida para terminar con la corrupción es seguir construyendo y fortaleciendo el Frente de Izquierda como alternativa política para luchar por las necesidades urgentes del pueblo hasta alcanzar un gobierno de los trabajadores que enfrente los intereses de los grandes capitalistas.

Odebrecht aportó a la campaña de Cambiemos

El año pasado, durante una sesión informativa en el Congreso, el jefe de Gabinete Marcos Peña fue confrontado por Juan Carlos “Gringo” Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista/FIT. Giordano fue el único legislador que le preguntó si era verdad que la multinacional Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Macri en 2015. Peña explicó que no le puso plata a la campaña, pero que sí aportó fondos para el partido PRO, “de manera transparente, institucional, sin nada para ocultar”, tratando de este modo de justificar el tributo.
Odebrecht es una megaconstructora brasileña que reconoció haber pagado coimas por 788 millones de dólares en más de un centenar de proyectos de doce países de Latinoamérica y África; en particular, en la Argentina, entre 2007 y 2014 desembolsó 35 millones de dólares destinados a funcionarios del gobierno por contratos de obra pública, que después compensaría mediante suculentos sobreprecios. A Peña no le hizo ruido que su partido fuera financiado por una multinacional imperialista, saqueadora y corrupta porque, en definitiva, Cambiemos gobierna efectivamente para asegurarle sus negocios y megaganancias.
M.M.