Las dos escenas sucedieron el sábado 28. La vicepresidenta Gabriela Michetti fue recibida cálidamente en la inauguración de la Sociedad Rural. Su discurso elogió a los monopolios agroexportadores y les aseguró que seguirían sus privilegios. A la misma hora, dirigentes de PRO que salieron a “timbrear” eran violentamente repudiados en los barrios obreros y populares. Esa es la foto de la Argentina actual: la de un gobierno aplaudido por los ricos y el FMI, y al mismo tiempo cada día más repudiado por los trabajadores, los jubilados y demás sectores populares, que siguen acumulando bronca anuncio tras anuncio de sus medidas de ajuste. Ese mismo sábado se anunciaron los aumentos en los boletos de los colectivos en Capital y Gran Buenos Aires y los recortes en las asignaciones familiares. A esto se sumó, un par de días después, la “novedad” de un nuevo tarifazo en la luz y la autorización a las petroleras para dejarlas subir otra vez el precio de la nafta. Mientras tanto, los precios siguen subiendo, en particular los de la canasta alimentaria. Por eso aumentan la pobreza y la miseria. Hasta la propia gobernadora Vidal tuvo que reconocer que cada día son más las personas que llegan a los comedores populares.

En ese marco, las declaraciones de Macri de que todo se trata de una “tormenta” y que hay que “tener confianza en que la recuperación llegará en 2019” no convencen a nadie. Ven que, así como las políticas de ajuste previas nos llevaron a esta crisis, el pacto Macri-FMI nos conducirá a un pozo aún más profundo, de donde solo saldrán ganando, como siempre, las grandes patronales y los pulpos especuladores. Por eso Macri cae en todas las encuestas. Esta vez junto con Vidal y Rodríguez Larreta.

El peronismo en todas sus variantes, por su parte, lleva adelante una oposición sólo en el discurso. No solamente se niega a enfrentar de verdad el ajuste, sino que lo aplica en sus provincias. Los gobernadores están enfrascados en negociar cómo zafa cada uno, negociando con el gobierno nacional para que le toque recortar menos que a su vecino. Para eso no tienen problema en mostrarse y hasta elogiar al gobierno nacional, como lo vimos esta semana en Córdoba, en la visita y las recorridas conjuntas de Macri con el gobernador Schiaretti. Del lado del kirchnerismo, ahora tenemos a Cristina Kirchner que pasa del “silencio” a aparecer como oradora en un próximo acto en el Smata con Pignanelli, uno de los burócratas más odiados, el que hace pocos meses era el sindicalista “preferido” de Macri y quien está dejando pasar la flexibilización laboral en su gremio. Con todas estas idas y venidas, no resulta extraño que la burocracia sindical de la CGT, vinculada por mil lazos al peronismo, siga garantizando la tregua con el gobierno, archivando cualquier atisbo de medida de lucha luego del paro general del 25 de junio, que cada vez queda más lejos en el tiempo.

Mientras el gobierno sigue adelante con el ajuste, en muchos lugares se sale a pelear. Así lo hacen los docentes de Capital, provincia de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes. O los trabajadores del Astillero Río Santiago, que se movilizaron por miles a la calle enfrentando las mentiras tanto de Macri como de Lanata. O los despedidos de Télam, que siguen firmes en su lucha. Por eso sigue teniendo plena vigencia el reclamo a la CGT y las CTA de que se le dé continuidad al parazo de fines de junio con una nueva medida de fuerza nacional, ahora de 36 horas, como parte de un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI. Ganas de luchar y movilizarse sobran, como lo van a demostrar una vez más las mujeres marchando el próximo 8A para que se apruebe el aborto legal en el Senado.

En este proceso de lucha contra el ajuste de Macri y el FMI, la alternativa no es el peronismo. Todos sus sectores apuestan a dejar pasar el ajuste y se postulan para el 2019. Así lo hacen los eventuales candidatos como Urtubey, Pichetto, Solá o Massa. También el kirchnerista Agustín Rossi, que se sinceró la semana pasada al explicar que, si llegan al gobierno, “iban a reconocer el acuerdo con el FMI”. Por eso la salida viene por izquierda. Desde el FIT decimos que a la crisis hay que oponerle un plan económico de emergencia obrero y popular, no para “el 2019”, sino para resolver hoy la crisis. Rompiendo con el FMI y suspendiendo inmediatamente los pagos de deuda externa para poner todo ese dinero que hoy se destina a los pulpos usureros al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Lo que necesitamos es construir una nueva dirección sindical y política para la clase trabajadora. Para eso tenemos que fortalecer al Frente de Izquierda y al sindicalismo combativo. Para apoyar todas las luchas, para coordinarlas para que ganen, para estar más fuertes para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI y para postular al FIT frente a las falsas opciones de los partidos patronales. Te invitamos a sumarte a esta tarea.

Escribe Gabriel Massa

Aldo Benito Roggio renunció el 15 de agosto a la presidencia de la empresa que lleva su nombre. Lo hizo después de convertirse en “imputado colaborador” (una de las tantas maneras en que Bonadio da impunidad a los empresarios ladrones), confesando que pagó, siempre en coimas, el 5% de los subsidios que le daba el gobierno kirchnerista, además de lo que ganaba por la concesión del ferrocarril Urquiza y el subte de Buenos Aires.

El gobierno de Macri quiere que estos ladrones confesos sigan manejando el subterráneo y el ferrocarril. De hecho Roggio es una de las empresas “habilitadas” por Rodríguez Larreta para la nueva concesión del subte porteño a partir de 2019.

Escribe Gabriel Massa

Sergio Taselli tiene un oscuro prontuario. Durante el menemismo recibió las concesiones ferroviarias de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur, que terminaron rescindidas cuando ya era insostenible el desastre de su funcionamiento.

Taselli también recibió la concesión de la mina de Río Turbio de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Todo terminó en una nueva tragedia evitable: en junio de 2004 una explosión se cobró la vida de 14 mineros. Esto le costó al empresario una causa por administración fraudulenta, tras lo cual se le rescindió el contrato. Fue exactamente en este punto, con la responsabilidad de las muertes sobre su cabeza, que Roberto Baratta, el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, lo llamó por teléfono para reclamarle una coima en nombre de Julio De Vido para permitirle continuar con la concesión.

Los “negocios” de Taselli no terminan allí: también fue el vaciador de Aceros Zapla, la privatizada que sucedió a Altos Hornos Zapla en época del menemismo. Y es dueño de varias empresas alimentarias, en permanente conflicto con sus trabajadores, y de la fábrica de vagones ferroviarios Materfer, en otro negociado surgido de la privatización de los ferrocarriles. Como quien diría, todo un empresario “modelo” argentino.

Escribe Gabriel Massa

Sucedió ante los jefes de las más grandes compañías reunidos en la convención de la Asociación Empresaria Argentina y con la presencia nada menos que de Mauricio Macri. El presidente y mayor accionista de Techint, Paolo Rocca, confesó que en 2008 su empresa, la más grande del país, pagó coimas a través del gobierno de los Kirchner. El objetivo era lograr que Hugo Chávez abonara una inmensa indemnización por la expropiación de la planta siderúrgica de la compañía Sidor en Venezuela. Fue un tremendo negociado con coimas repartidas entre funcionarios de ambos países, mientras Techint se embolsaba la “indemnización” y la depositaba en Luxemburgo.

En cambio Rocca aseguró que su empresa estuvo al margen del “club de la corrupción” en el que las principales constructoras argentinas se repartían las obras públicas a cambio de coimas al gobierno kirchnerista. En su discurso en el encuentro de AEA el presidente Macri incluyó a Techint entre las empresas que hay que “defender” y que fueron “víctimas” de las “presiones” y la “corrupción” de los funcionarios kirchneristas.

Veamos los antecedentes de Techint. La empresa, además del caso de Sidor, ha reconocido el pago de coimas por más de 9 millones de dólares en Brasil para obtener contratos de provisión de caños y tubos de acero para la petrolera estatal Petrobras. Los sobornos llegaron a José Dirceu, ex jefe de gabinete del gobierno de Lula, condenado a varios años de prisión y actualmente en la cárcel. Techint llegó a vender caños y tubos a Petrobras por más de 1.600 millones de dólares. Junto con ello Techint –según una denuncia de la OCDE– pagó coimas millonarias también en Brasil para participar de las obras de la central nuclear Angra 3.

Por si estos tres casos no bastaran para confirmar que la coima es la práctica habitual de la empresa de los Rocca, la filial de Techint en Italia es investigada por lavado de dinero a través de empresas offshore en Suiza y Uruguay. Y, haciendo un poco de historia, recordemos que el menemismo prácticamente le “regaló” la planta de Somisa en San Nicolás, la actual Siderar.

Lejos de ser víctimas, como sostiene Macri, Techint y los Rocca son verdaderos pilares de la corrupción mundial.

Escribe José Castillo

La historia que empezó con los “cuadernos” que relataban el cobro de coimas durante el kirchnerismo se fue ampliando. Decenas de empresarios involucrados declaran como “arrepentidos” y sacan a la luz la existencia de una verdadera mafia en el corazón del capitalismo argentino. Funcionarios corruptos del más alto nivel se entremezclan con las patronales más importantes del país.

Las revelaciones del día a día son impresionantes. Ya se habla de un entramado de coimas que puede llegar a involucrar más de 200 millones de dólares. Un enchastre que involucra a coimeros y coimeadores que están en el más alto nivel de la política y la economía. Compromete, por supuesto, a la cabeza de los gobiernos de Néstor y Cristina, sumándose testimonios que muestran evidencias de la responsabilidad directa de ambos ex presidentes en la “conducción” de esta trama mafiosa. Pero también a un conjunto cada vez más grande de empresarios del más alto nivel, que incluyen a lo que fue en su momento la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y hasta al grupo económico más importante del país (Techint). Por supuesto, como no podía ser de otra manera, en ese listado quedan adentro varios empresarios directamente ligados al actual poder macrista, como Calcaterra, o grupos económicos privilegiados por el actual gobierno, como Roggio.

No se salva nadie, y el ventilador sigue encendido. Tanto es así que ya se prendieron las alarmas: la UIA como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) llamaron a “tener cuidado” de no seguir involucrando empresarios. Jorge Fontevecchia, dueño del diario Perfil, firmó un editorial pidiendo prudencia, no vaya a ser cosa que esto pusiera en riesgo “el capitalismo argentino”. Y el propio gobierno se reunió con los actuales adjudicatarios de las obras públicas para garantizarles que, aunque estuvieran denunciados, ello involucraba a “personas” y no a las empresas y que, por lo tanto, el Estado seguiría pagando los contratos y subsidios correspondientes.

El peronismo kirchnerista va cambiando de estrategia de defensa. Empezó diciendo que todo era “mentira” y que “los cuadernos eran falsos”. Luego, ante la ola de denuncias de los arrepentidos pasó a aceptar que las coimas existían pero que eran de funcionarios menores y después, a medida que la escalada de confesiones aumenta, se limita a señalar que “Cristina no sabía nada”.

Seamos claros: es obvio que la denuncia original de La Nación y el lanzamiento de la causa por el juez Bonadio tienen una intencionalidad política. Así como la forma vergonzosa de salvar a los empresarios, canjeando su libertad por la figura de “arrepentido que colabora”. No tenemos la más mínima confianza en Bonadio. Pero esto no nos puede hacer perder de vista el centro de la cuestión: las coimas multimillonarias y el entramado que hizo que absolutamente toda la obra pública durante el kirchnerismo se transformara en un gigantesco garito donde se repartían adjudicaciones, ganancias, subsidios y sobreprecios. Así un grupo importantísimo de grandes empresas hicieron sus ganancias, con la complicidad de funcionarios políticos del más alto nivel. Esa corrupción no sólo robó carradas de dinero a todos los trabajadores y sectores populares que veían, a la vez, cómo se deterioraban la salud o la educación pública. Incluso llevó a la muerte a centenares de trabajadores, como pasó con la mina de Río Turbio, o con la masacre evitable de Once. Exactamente de esto estamos hablando.

La conclusión es simple. Existe una auténtica trama de corrupción que lleva décadas, cruzando todos los gobiernos. Así funciona el capitalismo argentino. Con la complicidad de políticos, jueces y burócratas sindicales. Lo que hay que hacer es simple: todos los corruptos, sin excepción, tienen que ir presos y devolver lo que robaron. A todos los denunciados se les tiene que invertir la carga de la prueba: que sean ellos los que demuestren su inocencia. Y a todas las empresas denunciadas que siguen teniendo concesiones de servicios privatizados u obras públicas hay que rescindirles inmediatamente esos contratos, estatizando todas esas actividades y poniéndolas a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios.