El país se sigue hundiendo cada vez más en la miseria, el saqueo de nuestros recursos, la decadencia generalizada y el drama de la inseguridad. La semana pasada, la gota que rebalsó el vaso fue el asesinato del chofer de la línea 620, en La Matanza. También tuvimos el fallecimiento, en la calle, de una beba de tres meses, a escasos metros de la mismísima Casa Rosada. Dos postales de la realidad. Una en el conurbano bonaerense, gobernado por Kicillof y el peronismo del Frente de Todos. Otra en la “rica” Ciudad de Buenos Aires, con su jefe de gobierno del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Pero no es sólo un problema de política municipal o provincial. Todo esto es consecuencia del ajuste que, para cumplir con el FMI, hoy lleva adelante nacionalmente el gobierno peronista del Frente de Todos. Tal como, hace cuatro años, lo hacía Macri en su gobierno. Es que cada vez es más patente que ya nos gobernaron todos, llevándonos a este desastre. Por eso, en la rebelión de los choferes, al mismo tiempo que se echaba al mentiroso de Berni, se volvió a escuchar el grito de “que se vayan todos”. Por eso crecen las luchas contra el ajuste y sus consecuencias, como las que siguen llevando adelante los docentes, choferes, los trabajadores de la Salud del Paroissien, o los ferroviarios del Sarmiento, a pesar de que se los quiso amedrentar con la policía de Berni y Kicillof.

Es que millones de trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados, ven pulverizarse sus salarios con el aumento de la inflación. Las y los jóvenes observan que no tienen futuro ni perspectivas, con trabajos precarizados, flexibilizados al máximo, que no permiten estudiar ni independizarse. La contrapartida es que las grandes patronales siguen engordando sus superganancias. Los banqueros y otros especuladores financieros siguen llevándose millonadas con las leliq y la fuga de capitales. Y los acreedores externos y el FMI siempre están primeros para cobrar.

¿Qué hace mientras tanto el Frente de Todos? Después de que el presidente se fue, con medio gabinete, a rendirle pleitesía a Biden, a la vuelta siguió con sus promesas electoralistas, que ya no le cree nadie. Cristina sigue agitando su supuesta proscripción, mientras hace esfuerzos desesperados por no quedar pegada a la bronca ante el ajuste. Massa lleva la batuta en sus reuniones con el FMI. Ante el escenario electoral que se les abre, donde prima la desilusión con este gobierno, el peronismo apela a que lo apoyen “para que no vuelva la derecha”, mientras en la realidad sólo puede mostrar pobreza creciente y una inflación camino a más del 100% anual.

La oposición patronal de Juntos por el Cambio, por su parte, llevó la pelea por los cargos al límite, en medio de una gravísima crisis. Rodríguez Larreta dividió las elecciones porteñas de las nacionales, en dos urnas de votación el mismo día (con formatos distintos, uno electrónico y otro en papel). Recibió el apoyo de los radicales y de Carrió, y una fuerte condena de Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, las otras figuras representativas del PRO. Claro que no debemos confundirnos: no busquemos diferencias programáticas en el PRO. O  en el radicalismo. Todos los candidatos de Juntos por el Cambio, “duros” o “dialoguistas”, tienen un mismo programa de llegar al gobierno: un nuevo y mayor ajuste, y realizado de inmediato y muy rápidamente.

El liberfacho de Milei sigue haciéndose notar con su discurso de “indignado” de ultraderecha. Una de sus actividades favoritas es insultar a la izquierda en los medios de comunicación, creando caldo de cultivo para el surgimiento o envalentonamiento de grupos de ultraderecha como el que atentó contra nuestro partido Izquierda Socialista en La Plata. José Luis Espert, por su parte, ahora como un ”sector” dentro de Juntos por el Cambio, sigue reclamando “cárcel o bala”.

Hay un punto que los une a todos: peronistas del Frente de Todos, radicales o dirigentes del PRO de Juntos por el Cambio y liberfachos como Milei reivindicadores de la dictadura o de gobiernos como el de Menem. Todos defienden este sistema capitalista. Por eso decimos: ¡esto no va más! Es hora que gobiernen los que nunca lo han hecho, los que no tienen complicidad con este desastre, la izquierda junto a las y los trabajadores, construyendo una Argentina socialista.  
Se trata de aplicar un cambio de fondo, con un plan económico alternativo, obrero y popular, que comience por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para así priorizar las más urgentes necesidades del pueblo trabajador: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda.  

Este programa sólo lo levanta el Frente de Izquierda Unidad. Sólo el FIT Unidad puede salir a confrontar con esta propuesta a los partidos patronales que únicamente pueden entregar más ajuste el año que viene, luego del desastre que se vislumbra para este 2023. Se trata de una gran oportunidad para seguir creciendo y canalizando la bronca y el hartazgo de decenas de miles con el gobierno y el ajuste del FMI.

Pero esto sólo es posible llevarlo adelante con políticas unitarias, tal como lo venimos planteando desde Izquierda Socialista. Por eso seguimos diciendo ¡no a la división del Frente de Izquierda Unidad en las PASO! Nos parece un grave error que tanto el PTS, como el PO y el MST se hayan lanzado a una competencia con fórmulas presidenciales por separado. Porque crea una seria amenaza de dividir al Frente de Izquierda, como lamentablemente ya sucedió en Salta, haciéndole el juego a los partidos del ajuste. Por eso insistimos con nuestra propuesta: una fórmula presidencial unitaria Bregman-Solano. Es lo que venimos planteando con todas y todos nuestros precandidatos, como Juan Carlos Giordano, Mónica Schlottahuer, Mercedes Trimarchi o Rubén “Pollo” Sobrero. Para así salir unidos a enfrentar al peronismo, al macrismo y al neofascismo de Milei. Un paso importante en este sentido será poder realizar el próximo 1° de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, un gran acto unitario y de lucha del Frente de Izquierda Unidad en la Plaza de Mayo, replicable en todas las plazas del país.

Escribe Diego Martínez

El asesinato de Daniel Barrientos generó una gran movilización de cientos de choferes, que protagonizaron un importante paro. La presencia de Berni generó un amplio repudio.

Alrededor de las cinco de la mañana del lunes 3 de abril dos personas subieron a robar a un colectivo de la línea 620 en Virrey del Pino, La Matanza, e iniciaron un tiroteo con un policía que se encontraba arriba de la unidad, tras lo cual resultó muerto el conductor.

La noticia de la muerte de Daniel corrió rápidamente entre los choferes y la reacción no se hizo esperar. Primero pararon los compañeros de la línea 620 y luego se fueron sumando choferes de otras líneas. Tal fue la reacción que la conducción de la UTA tuvo que avalar el paro en la zona oeste y se adhirieron a la medida varias líneas de otras zonas del AMBA. Si el paro no tuvo alcance nacional fue por el rol de la burocracia de la UTA. En declaraciones radiales, el secretario general del gremio Roberto Fernández dijo textualmente “No queremos un paro general”.

En repudio al asesinato de Barrientos y por la exigencia de medidas de seguridad los choferes cortaron la intersección de General Paz y Ruta 3. El corte comenzó temprano en la mañana y se extendió hasta entrada la noche. A medida que iba pasando el tiempo se acercaban más y más choferes, entre ellos los compañeros de la línea 60. También se hicieron presentes llevando la solidaridad con el reclamo, y fueron bien recibidos, el diputado nacional electo Juan Carlos Giordano y la diputada provincial Graciela Calderón, junto a una delegación de militantes de nuestro partido Izquierda Socialista.

El repudio a Berni y demás políticos patronales

La muerte de Daniel Barrientos se sumó a la de Leandro Alcaraz en 2018, y el asesinato de Pablo Flores  en 2020. En esa ocasión el ministro de Seguridad Berni prometió la instalación de cabinas, cosa que nunca sucedió. De ahí la bronca que se expresó contra el ministro cuando este personaje quiso venir a “copar la parada” y levantar el corte de los choferes el pasado lunes.

El descontento no alcanzó solo a Berni sino también a demás políticos patronales. Se cantó contra el intendente de La Matanza Espinoza, quien se desentendió del problema, y sonó fuerte el “Que se vayan todos”. Cuando sucedió la muerte de Alcaraz en 2018 gobernaba la provincia Vidal de Juntos por el Cambio, quien tampoco dio respuesta alguna al reclamo de seguridad de los choferes.
Si vamos más atrás en el tiempo, ya en 2008, cuando Cristina gobernaba el país y Scioli la provincia, prometieron la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos del gran Buenos Aires y nunca cumplieron esta promesa.

Que los gobiernos garanticen la seguridad de los choferes

Pasan los distintos gobiernos y el problema de la inseguridad de los trabajadores del transporte persiste. Ahora Kicillof y Berni intentan desviar el foco de atención haciendo cacheos con la policía, reforzando así el régimen represivo sobre los sectores populares.

En lugar de esta pantomima deben garantizar de una vez por todas que se instalen las cabinas de seguridad blindadas en cada unidad. Muchas fueron las quejas de las empresas de transporte acerca de los costos que demandaría la instalación de estas cabinas. Lo decimos bien claro: ¡La vida de un chofer vale mucho más que las ganancias de esas empresas chupasangres! Y reclamamos justicia para Barrientos. El gobierno peronista del Frente De Todos, que otorga fabulosas cifras en concepto de subsidios, debe garantizar por los medios que sean necesarios que de una vez por todas las empresas compren e instalen las cabinas.

Pero el problema de la inseguridad no es solo de los choferes, tenemos que pelear por erradicar la inseguridad de los barrios. De fondo, hay que desarticular la connivencia de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico y el delito, y luchar por cortar de cuajo las causas centrales de la inseguridad: la pobreza y la marginación a la que someten los distintos gobiernos al pueblo trabajador y sectores populares. Son las consecuencias de sus políticas. Con el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Milei siguen el ajuste, el saqueo y el FMI.

Escribe Adolfo Santos

En medio de la bronca de los choferes movilizados y del dolor de la familia de Daniel Barrientos, el gobernador peronista Axel Kicillof y su ministro de seguridad Sergio Berni trataron de instalar un escenario conspirativo para poner en duda que se trataba de un hecho de inseguridad.

Quieren eludir sus responsabilidades para frenar la desilusión de importantes sectores populares con el gobierno peronista del Frente de Todos, que no soluciona los graves problemas en la provincia.
Insinuaron que detrás del ataque había motivaciones políticas. “Parecía el robo de un blindado”, exageró Kicillof e insistió: “el colectivo fue cruzado por un auto de apoyo”. Sergio Berni fue más allá. “No sé si no nos tiraron un muerto”, dijo. “No es común que vayan a asaltar un colectivo a las cuatro de la mañana y que no se lleven nada”.

Pero la hipótesis de que los delincuentes eran sicarios que buscaban matar al conductor como parte de una operación política para desestabilizar al gobierno, cae por tierra cada vez que habla un testigo. “Es mentira que cruzaron un auto delante del colectivo […] Hay cámaras que no había ningún auto detrás o delante del colectivo”. “Uno de los ladrones se subió y pidió los celulares y bolsos a todos los pasajeros”. Otro testigo declaró: “no sé si estaba asustado, o drogado, pero pareciera que no sabía disparar el arma”. Testimonios claros que desmienten la hipótesis conspirativa. Como dijeron los vecinos de Virrey del Pino, partido de La Matanza, lugar donde ocurrió el crimen: “Para ellos esto es raro. Para nosotros no, es el asalto de todos los días de los que vivimos acá”.

Las teorías conspirativas de Berni-Kicillof no son más que una cortina de humo. El peronismo miente para ocultar su responsabilidad sobre la profunda crisis social que se vive en la provincia. Después de gobernar treinta y seis de los últimos cuarenta años, Buenos Aires es un desastre. Ostenta los peores índices de inseguridad, el conurbano posee los mayores niveles de pobreza e indigencia y sufre una crónica falta de viviendas e infraestructura en los barrios populares. Una situación que lleva a cuestionar la continuidad del peronismo en lo que consideran su principal feudo, justo en un año electoral.

No se trata de “tirarle un muerto” al gobierno, Berni y Kicillof mienten para evitar la pérdida de votos. Pero, esas mentiras no les sirven, tampoco las medidas parches, como el cacheo a los pasajeros. La indignación y el repudio contra el ministro de Seguridad, Berni, demostrada por los choferes, junto a la bronca expresada en el cántico “que se vayan todos”, son una muestra del hartazgo que hay en el país de los sectores más postergados y reflejan una fuerte presión social. No hay salida con el gobierno peronista del Frente de Todos, ni del macrismo que ya gobernó, ni con las “propuestas menemistas” de Milei. Ya se probaron y no solucionaron, sino que profundizaron los graves problemas de la provincia y del país.

Se necesitan medidas de fondo y solo el Frente de Izquierda Unidad tiene un programa en ese sentido, capaz de resolver los problemas de las y los bonaerenses. Medidas extraordinarias, como suspender la sangría provocada por la deuda externa y utilizar todos esos recursos para invertir en empleos de calidad, seguridad, viviendas, educación y salud públicas.

“Si en un plazo prudencial no hay respuestas volveremos a marchar por justicia”
Marcelino Castro (chofer de la línea 620)

“Todavía estamos muy tristes por la muerte de Daniel. Es algo horroroso lo que pasó. Estamos esperando que actúe la justicia y que encuentre a los asesinos. Todos los días esperamos eso. No queremos que este hecho quede impune. Si pasa el tiempo y no encuentran y castigan a los culpables volveremos a movilizarnos. Si en un plazo prudencial de ocho o diez días  no hay respuestas volveremos a marchar por justicia. Por el momento el ramal Vernazza en Virrey del Pino, donde trabajaba Daniel, estaba suspendido. Pero esa no es la solución. La empresa y el gremio tienen que garantizar la seguridad de los choferes, nosotros solos no podemos hacerlo.”


“Nos fuimos acercando, con bronca y dolor para pedir justicia y seguridad”
Ramiro Vargas Silva (referente de la Agrupación 460 Bordó nacional en la UTA) 

“Los compañeros del Transporte amanecimos el día lunes 3 de Abril con la triste noticia del asesinato de un compañero más, en manos de la delincuencia y de la desidia de los gobernantes.
Otra vez un compañero de la línea 620, Daniel Barrientos, chofer que estaba pronto a jubilarse. Como en el año 2018, con el asesinato de Leandro Alcaraz, nos volvemos a sentir vulnerables y olvidados. Quienes nos gobiernan se nos acercan más interesados en conseguir algún rédito político que ofreciendo  soluciones reales, y nos piden que nos comportemos como personas frías y razonables, cuando el asesinado es un amigo nuestro, un padre, un hijo, y también una parte de nosotros.

Con el transcurrir del día nos fuimos comunicando entre los compañeros de las distintas líneas y nos fuimos acercando, con bronca y dolor para pedir justicia y seguridad. Esperando que desde el gremio de la UTA, Roberto Fernández decrete el paro general, pero una vez más nos demostró que es funcional al gobierno de turno, olvidándose que es él quien debería representarnos y acompañarnos en el reclamo. Algo similar podríamos decir de Bustinduy, socio de la empresa DOTA.
Otra vez más solos, como siempre solos”.

Escribe José Castillo

El Ministro de Economía Sergio Massa se reunió días atrás con la número dos del FMI, Gita Gopinath. Ello no impidió que el Fondo sacara un duro documento exigiendo aún más ajuste al gobierno. Casi simultáneamente se conocieron dos fallos contra nuestro país, cuyas consecuencias son un mayor acrecentamiento de nuestra ilegal, inmoral e impagable deuda externa.

De poco le sirvió al gobierno del Frente de Todos su peregrinaje a Washington de hace diez días. Alberto Fernández obtuvo su reunión y foto con Biden, el ministro de Economía Sergio Massa tuvo la suya con la número dos del FMI, Gita Gopinath, consiguieron la “bendición” de la aprobación del ajuste del año pasado. Y, el “pasamanos” de los 5.200 millones de dólares que entraron a las reservas para salir inmediatamente en concepto de pagos de vencimientos al propio Fondo. Pero, a la hora de la verdad, el gobierno argentino se comprometió a darle todas las garantías a los yanquis para que puedan participar en el saqueo de nuestras riquezas, se llamen petróleo y gas de Vaca Muerta, litio, megaminería o privilegios para operar en la Hidrovía del Paraná. En estos días, está llegando para monitorear que se cumple todo esto la número dos del Departamento de Estado, Wendy Sherman.

El FMI, por su parte, acaba de sacar una declaración donde deja blanco sobre negro todas sus exigencias para los próximos meses: aumentar más rápidamente las tarifas de los servicios públicos privatizados, acelerar la devaluación, mantener alta la tasa de interés (con el consiguiente encarecimiento del crédito) y, por sobre todo, limitar lo más posible el acceso a la nueva moratoria previsional. En síntesis, más ajuste aún que el año pasado, para alcanzar la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal.

Los juicios perdidos

La “justicia” yanqui también dio su señal. En estos días, el estado argentino perdió dos juicios. La consecuencia será la de siempre: un aumento de la deuda externa en varios millones de dólares.
El primero de ellos fue contra YPF. La empresa argentina y la multinacional española Repsol se comprometieron a pagar 287,5 millones de dólares cada una por el daño ambiental causado por la firma yanqui Maxus sobre el río Passaic, del Estado de New Jersey. ¡Sí, leíste bien! ¡Una empresa yanqui contaminó un río en los Estados Unidos, y lo tenemos que pagar nosotros! Todo porque en 2005, cuando YPF era propiedad de Repsol, esta última adquirió a Maxus. Maxus quebró en 2016, cuando a esa altura no tenía nada que ver con YPF, ya estatizada. Pero la justicia del estado de Nueva York estableció que quien debía pagar era YPF, y como ahora se trata de una empresa estatal, la deuda pasa al estado argentino. ¡Increíble!

El otro juicio perdido fue llevado adelante por cuatro fondos buitres que ganaron una demanda de 1.500 millones de dólares, reclamando porque el estado argentino modificó el año base para calcular el PBI en  2013 y, de esa forma, al resultar el crecimiento de ese año menor al esperado no correspondía pagar el llamado “Cupón PBI”. Recordemos que este “cupón” es un regalo que le hicieron en 2005 Néstor Kirchner y su ministro Roberto Lavagna a los pulpos acreedores en el canje de deuda de ese año. Sencillamente, cada vez que la economía argentina creciera más del 3,25%, había que pagar miles de millones de dólares. Los acreedores tenían la expectativa de cobrar ese cupón en 2013, pero la estadística, con la modificación del año base, dio menos y no se pagó. Los propietarios de ese cupón PBI iniciaron una demanda en Nueva York, luego cuatro fondos buitres compraron esa demanda. Y ahora, con el resultado cantado, la jueza del distrito sur de Nueva York les dio la razón. Así iba a terminar todo, era obvio ya desde el día en que Kirchner y Lavagna crearon ese instrumento, a medida de los acreedores y bajo la justicia yanqui.

Saqueo y sometimiento por todas partes

En síntesis, de un plumazo nos endosaron casi 1.800 millones de dólares de nueva deuda externa. El FMI nos exige cada vez más ajuste. El gobierno yanqui dice abiertamente que quiere una tajada mayor del saqueo de nuestras riquezas. No cabe duda, somos una semicolonia yanqui. Y el gobierno del Frente de Todos oficia de virrey. Hay que cortar ya estas cadenas, y avanzar hacia una segunda independencia rompiendo con el FMI, dejando de pagar una deuda externa cada día más inmoral, ilegal y usuraria, y poniendo recursos y soberanía para un programa alternativo, obrero y popular, que resuelva las más urgentes necesidades populares.