Escribe Mariano Barba

La división de los distintos partidos patronales estuvo a la orden del día en las elecciones neuquinas, generando un primer resultado que hizo mucho ruido a nivel nacional: perdió el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Todos los partidos patronales de la provincia se dividieron en dos o tres partes. La división más importante se dio para apoyar a Rolando Figueroa, el díscolo dirigente del MPN que se fue del partido y convocó a integrar una lista contra Marcos Koopman, candidato a gobernador por el oficialismo. Figueroa triunfó con una coalición integrada por una parte del emepenismo, junto a los principales referentes locales del PRO (Macri y Larreta llamaron a votarlo); del peronismo, que aportó al presidente del PJ de la capital y dirigente del Movimiento Evita; del Frente Grande y también de la Iglesia Evangélica, con una candidata de los pañuelos celestes. El radicalismo aportó su figura pública como candidato a intendente de la capital.

La coalición opositora patronal logró derrotar por primera vez en sesenta y dos años al aparato gobernante que fundó la familia Sapag en 1961 cuando el peronismo estaba proscripto. Esta derrota constituye un hecho histórico para la política de la provincia, porque el MPN gobernó seis décadas ganando todas las elecciones sin aliarse con ninguna otra fuerza. Incluso, bajo la dictadura, gobernó de trastienda en acuerdo con el general Domingo Trimarco. Podemos afirmar que cayó el clan Sapag, que entregó el gas, el petróleo y la minería al saqueo de las multinacionales.  

En síntesis, los partidos burgueses se dividieron en medio de la crisis política que los cruza en todo el país. Por eso Figueroa ganó con una coalición que abarca desde los movimientos sociales al macrismo. Su programa de gobierno no cambiará en lo sustancial respecto al actual en lo referido al ajuste en marcha y al saqueo en Vaca Muerta. El peronismo kirchnerista bajó al 12 %, la mitad que en 2019, y otro tanto le pasó al resto de Cambiemos. El candidato de Milei alcanzó tan solo el 8 % de los votos.

Estos resultados electorales expresan la crisis que cruza a los partidos patronales, generando todo tipo de alianzas para tratar de salvarse.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora CABA Izquierda Socialista/FIT Unidad

En medio de la disputa electoral, Larreta lanzó un conjunto de medidas que presenta como un “alivio para los alquileres”. Pero en realidad, se trata de más beneficios para los propietarios, mientras alquilar se volvió una verdadera pesadilla.

Para les trabajadores y la juventud, alquilar se ha vuelto cada vez más inaccesible. Es que los aumentos de los alquileres llegan casi 100% anual, mientras los salarios vienen perdiendo frente a una inflación que no da tregua, y que en marzo representó del 7,7%. Ni hablar de la situación de la Ciudad de Buenos Aires, dónde un monoambiente se paga en promedio 80.000 pesos,  más del salario mínimo vital y móvil de la Argentina.

Lo que se esconde detrás del slogan de Larreta de: “La transformación no para” es una Ciudad cada vez más expulsiva dónde crece el negocio inmobiliario, las torres de lujo y las viviendas vacías. Si caminamos por sus calles podemos ver cientos de edificios en construcción, que se venden a 2.500 dólares el m2 en promedio. Acceder a una vivienda propia se ha vuelto imposible, por eso lo que crece es el llamado proceso de “inquilinización”, lo que se refleja en que los habitantes de la CABA que alquilan pasaron de 22% en 2001 al 40% hoy. En los últimos diez años se construyeron más de 150.000 viviendas, en una ciudad dónde la población se mantiene en tres millones desde 1945. El resultado, son más de 200.000 viviendas ociosas, es decir lo que crece son las casas sin gente y la gente sin casa.

La ciudad del negocio inmobiliario

Larreta dijo que “entre el costo del alquiler más los gastos, las expensas y los servicios no hay laburo que alcance en este contexto de inflación descontrolada.” Ahora bien, ¿Alguna de las medidas que impulsa regula el precio de los alquileres? No, son todos beneficios para los rentistas, inmobiliarias y constructoras.

Vamos a resumir las medidas en tres puntos. En primer lugar, los inquilinos podrán acceder a un crédito para los gastos de entrada. Es decir, su propuesta es endeudarnos para que además de pagar el alquiler, tengamos más gastos fijos, sin atacar los gastos de ingreso. En segundo lugar, otorgan un crédito para los propietarios de viviendas ociosas para que arreglen sus casas, beneficio que será otorgado sin obligación a que las pongan en alquiler. En otras palabras, un propietario podría utilizar su crédito para valorizar su casa y alquilarla en dólares por Airbnb. Por último, plantea exenciones impositivas para los contratos de alquiler, y beneficios para las constructoras, que seguirán aumentando las viviendas ociosas en la Ciudad.

Otra salida es posible

Hoy en día con el ajuste del gobierno peronista del  Frente de Todos y el FMI, ya no solo quedó lejos el sueño de la casa propia sino también la posibilidad de alquilarla. El déficit habitacional no es exclusivo de la CABA, sino que en todo el país afecta a más de 3.500.000 de personas. Imaginemos los precios desorbitantes lo que nos llevaría a un mercado totalmente desregulado como el que propone el liberfacho de Milei.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad sostenemos que para resolver el déficit habitacional se debe imponer un verdadero impuesto progresivo a las viviendas ociosas junto a un plan de viviendas populares que se financie con el no pago de la deuda externa. 

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

Schiaretti y su modelo peronista cordobesista mostraron en las últimas semanas su decisión de llevar a fondo la política de ajuste, miseria y represión para el pueblo trabajador. Llevan casi un cuarto de siglo gobernando a favor de los grandes empresarios y el FMI, modelo que pretende llevar como candidato a presidente.

En un contexto de enorme crecimiento de la crisis social y económica, de un 40% de pobreza, con una inflación de más del 102% interanual que golpea los bolsillos de las y los trabajadores ocupados y desocupados, activos y jubilados, los gobiernos nacional y provincial son responsables.

En ese marco, la Justicia de Córdoba, dependiente del poder político, a través del fallo del juez Fernández López, efectuó imputaciones en contra de al menos seis dirigentes sociales y gremiales que se movilizaron en la jornada nacional de la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril. Una medida ilegal y arbitraria, antipopular y anti obrera. Este fallo es la concreción, en los hechos, de los proyectos de criminalización de la protesta que desde 2022 intentan imponer tanto el PJ cordobés como sus socios de Juntos por el Cambio.

Desde nuestra banca repudiamos estos hechos a través de un comunicado y de un proyecto legislativo, pero también acompañando a Tribunales al secretario general de ATE-CTA Autónoma, Federico Giuliani, y participando en la conferencia de prensa organizada por la Multisectorial contra la criminalización de la protesta social.

Vamos a seguir defendiendo el derecho a reclamar y a movilizar, reivindicando las luchas de la salud, de la docencia, de los trabajadores ocupados y desocupados por el derecho a la comida y a una vida digna.

Solo con la más amplia unidad, organizados y en las calles podremos combatir el ajuste, el hambre y la criminalización de la protesta social. ¡Luchar no es delito!
 
 
 

Escribe Daniela Vergara, dirigenta de Izquierda Socialista y Secretaria de Prensa Amsafe Rosario

El día martes 11 de abril la docencia nucleada en AMSAFE Rosario, sindicato antiburocrático y de lucha, impuso un cese de tareas entre las 10.30 y las 14.30 horas. Esta Importante medida fue la respuesta frente a la escalada de violencia que se dio el fin de semana, cuando bandas narco-delincuenciales atacaron otra escuela pública de Rosario, descargando 15 balas de armas automáticas que atravesaron el establecimiento escolar hasta llegar a la dirección. Un nuevo acto criminal que puso en riesgo la vida de una maestra y su familia.

El hartazgo de la docencia, asistentes escolares y toda la comunidad educativa no tardó en hacerse escuchar, impulsando una nueva jornada de lucha, con una concentración frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe. En el acto denunciamos que todos los gobiernos, en particular Perotti, pero también el nacional y el municipal, así como el arco judicial y policial son responsables de este criminal hecho y de los otros que se vienen sucediendo en Rosario.

La docencia respondió parando masivamente sus tareas, a pesar de las amenazas del propio gobierno de Perotti y su Ministro de Trabajo. Hubo un muy nutrido e importante acto que contó con la participación de diferentes sindicatos (Ciprus, Sadop y ATE Rosario) y organizaciones estudiantiles, sociales y políticas. Nos hicimos presentes desde Docentes en Marcha e izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.

Ya en anteriores notas (ver “Ganan los narcos” por la complicidad de los gobiernos, las fuerzas represivas y la justicia) señalamos el fracaso de las políticas de los gobiernos nacional, provincial y municipal, mientras crecen la violencia, la precariedad de la educación pública, la miseria y la marginación social en los barrios populares. Donde no ponen el presupuesto necesario para combatir a las bandas narco y dar respuestas a las más elementales necesidades del pueblo trabajador.

En este caso, la balacera ocurrió en el barrio más militarizado de Rosario, la escuela 84, hermosa escuela pública que se sostiene con un gran compromiso educativo de sus trabajadores. Fue en cercanías del barrio Los Pumitas, donde mataron a Maxi y ya amenazaron varias escuelas. Amsafe Rosario se expresó movilizada dejando en claro que esto es un límite. Y que ante tanta irresponsabilidad y falta de políticas que terminen con la criminalidad habrá respuestas cada vez más fuertes como la que dimos el martes. Al grito de “Basta de Matar a Nuestrxs Alumnxs”, “Basta de Balaceras”, “Basta de violencia en los barrios y en las escuelas”, “con les chiques y las escuelas no” se les exigió a los gobiernos nacional, provincial y municipal, políticas públicas en la defensa de las escuelas públicas y los barrios. Marcando que la respuesta no es a la militarización. Ya hay fuerzas federales, gendarmería y policía provincial en esos territorios que se ven atravesados por las balas.

Hoy hubo un nuevo tiroteo. Fue en el barrio Tablada, en la puerta de las escuelas cuando salían de su clase de Educación Física. Es terrible ¡no se pueden transitar las escuelas ni habitar los barrios! Desde Izquierda Socialista denunciamos lo que está pasando en Rosario. Exigimos a los gobiernos su responsabilidad. Porque hay que terminar con el flagelo de las drogas, con la violencia, la narco delincuencia y las balaceras. Hay que acabar con el negocio ilegal de las drogas y las armas. Decimos que rompan el acuerdo con el FMI, porque sólo ofrece más ajuste, hambre y marginación social, y se ponga toda esa plata, todos los recursos que hagan falta en infraestructura, planes de vivienda y urbanización, transporte gratuito y público, clubes, escuelas en condiciones de enseñar y aprender, centros de salud para atender las adicciones públicos en cada barrio dando estudio, trabajo y salarios a la juventud.

Escribe Mariano Barba

Con el asesinato del chofer de la línea 620 en Virrey del Pino, La Matanza, saltaron a la vista de todos las condiciones de inseguridad, desocupación y falta de servicios que se viven en el gran Buenos Aires. También se visualizó el estado de los colectivos, que carecen de las mínimas medidas de resguardo para los choferes.  Mientras tanto Fernando Espinoza, actual intendente kirchnerista de la Matanza, y Verónica Magario, ex intendenta y actual vicegobernadora de Kicillof, se jactan de tener un plazo fijo por superávit que supera los 35.000 millones de pesos. Pero no hay nada de inversión en seguridad y condiciones de trabajo; nada de cámaras ni cabinas de protección para los choferes.

A este panorama se suma la desidia de las empresas de colectivos que no ponen un peso en mejorar los coches y garantizar la seguridad de los choferes. La pregunta es ¿adónde van los subsidios que reciben los empresarios?

En los últimos años creció la concentración empresarial que maneja el servicio de colectivos en el AMBA, donde se concentra más de un tercio de los habitantes del país que utilizan mucho el colectivo por las distancias para ir a trabajar, estudiar, etcétera. Las empresas se nuclean en seis cámaras, donde se destaca el grupo DOTA, con 180 líneas de las 380 que circulan en esa región. También coparon la construcción de carrocerías y chasis. Los empresarios siempre se quejan de que su rentabilidad es baja. Pero la realidad es que embolsan enormes ganancias sin arriesgar prácticamente nada, ya que el estado nacional les garantiza un volumen de subsidios que supera el 70% del costo. Y otro 20% se lo garantizan los estados provinciales y municipales. En el 2022 recibieron la friolera de 320.000 millones de pesos por las 18.000 unidades que están rodando. Y ahora reclaman un adicional mensual por 22.000 millones, sin comprometerse a ninguna mejora de seguridad.

En el interior del país se repite la historia. Desde Izquierda Socialista denunciamos este robo por parte de los empresarios y exigimos la estatización de todo el sistema de transporte público controlado por choferes y usuarios. Es lo que reclamamos en Neuquén Capital, donde nuestra compañera Angélica Lagunas, candidata a Intendenta del FIT Unidad, está denunciando que la nueva empresa concesionaria  recibe el triple subsidio, nacional, provincial y municipal, y con el aval del gobierno aumentó el boleto mínimo a 130 pesos, que va directo a los bolsillos de los empresarios.