Escribe Mariano Barba

Se largó la carrera de los presidenciables en Juntos por el Cambio. Picó en punta Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno de CABA. También se anotaron Patricia Bullrich y Elisa Carrió. En los próximos días lo hará el radical Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Mientras tanto Macri sostiene su rol de “ayudar” a las candidaturas amarillas. La diferencia entre ellos es por la velocidad en que aplicarán un mayor ajustazo si triunfan. Algunos dicen que hay que hacerlo en los primeros cien días, Larreta declaró que lo hará en las primeras cien horas. Son expertos en ajustes y en represión. Por eso no descartan, como Patricia Bullrich, que en la provincia de Buenos Aires Milei sea un aliado a considerar.

Es tan malo el peronismo  del Frente de Todos, que el macrismo, derrotado en 2019, quiere reconquistar el gobierno. Aunque la crisis también los afecta a ellos. En las provincias donde gobiernan como Jujuy, Mendoza, Corrientes y en CABA, los planes de ajuste los aplican al compás del entreguista Sergio Massa y los trabajadores luchan contra esos gobiernos al igual que en las provincias gobernadas por el peronismo.

Para estas elecciones algunos sectores populares pueden considerar un “voto útil” a Juntos por el Cambio (aunque sea con la nariz tapada) para sacarse de encima al peronismo. Les decimos a esos trabajadores, mujeres y jóvenes que nada bueno vendrá de un triunfo del macrismo, porque ya gobernó con tremendos tarifazos y nos endeudó en 45.000 millones de dólares con el FMI de tal forma que durante décadas las riquezas generadas por los trabajadores serán destinadas a pagar esa deuda usurera. Es más, las bancas de radicales y macristas votaron a dos manos el pacto con el FMI y el presupuesto nacional del Frente de Todos. O sea, son buenos “correligionarios” del ajuste. Ya ajustaron cuando gobernaron cuatro años y tuvimos que resistirlos duramente en las calles, como lo hicimos con la gran movilización de diciembre 2017 para enfrentar la reforma en las jubilaciones.

Ni peronismo, ni Juntos, ni fachos como Milei. La salida hay que buscarla por la izquierda. El FIT Unidad se presenta como la única alternativa favorable para el pueblo trabajador con propuestas de fondo para terminar con el saqueo, la pobreza y el sometimiento al FMI.

Escribe Claudio Funes

Los festejos del carnaval en la ciudad de Buenos Aires desataron el enojo del diputado nacional Ricardo López Murphy, que en su carrera por ser el mayor representante antipopular, twitteó pidiendo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que deje de financiar los corsos porque “son utilizados para bajar línea kirchnerista”.

Hizo alusión a la participación de la murga “Los Fantoches de Villa Urquiza”, quienes, desde un escenario ploteado con el logo del gobierno porteño, cantaron y reivindicaron a Juan Domingo y Eva Perón, y a Néstor y Cristina Kirchner mientras bailaban en Boedo. Los jóvenes de la murga también recordaron a las víctimas del ARA San Juan y a los 30.000 desaparecidos.

Para este “gorila”, que fue ministro de economía en el gobierno de De La Rúa, con sus propuestas de despedir cuarenta mil trabajadores, recortar el presupuesto universitario, el sistema jubilatorio e imponer la flexibilización laboral, no se le mueve un pelo al exigir que se deje de financiar a los corsos. 

Así el principal referente de Republicanos Unidos se diferencia de Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, como candidato a jefe de gobierno porteño. Intenta obtener votos de los sectores de derecha que ven con simpatía a Milei.

Pero López Murphy no se quedó ahí, dejó una posdata. “No fueron 30.000”, escribió en relación con la cifra de personas desaparecidas durante la dictadura militar. Es un negacionista del genocidio. Desde la izquierda repudiamos sus dichos. 

Escribe José Castillo

El gobierno del Frente de Todos está quedándose casi sin reservas en el Banco Central, producto de los millones de dólares que salieron y seguirán saliendo para pagar la deuda externa. Ahora el FMI habla de flexibilizar el monto de reservas que debe alcanzar el país para fin de año, pero sigue exigiendo el mismo ajuste de siempre y la continuidad de los pagos millonarios.

Entre 4.000 y 4.400 millones de dólares, eso es lo que marcan las reservas del Banco Central de la República Argentina. Si fuera un tanque de combustible, estaría ya indicando que estamos al límite y tenemos que recargar.

El acuerdo firmado con el FMI en marzo de 2022 establece una serie de exigencias. La más importante es reducir el déficit fiscal en forma muy fuerte año a año. Terminado el 2022, el gobierno del Frente de Todos cumplió, a costa de jubilaciones de hambre, salarios por debajo de la inflación y reducción de partidas sociales y transferencias a las provincias (que redundó en menos presupuesto para salud y educación), logró alcanzar la meta de 2,5% del PBI de déficit fiscal (en realidad sobrecumplió la meta, ya que llegó a 2,4%). Había una segunda exigencia: juntar 5.000 millones de dólares de reservas (como garantía de que el país contaría con los recursos para seguir cumpliendo con los pagos de deuda). Con un poco de dibujo contable, el gobierno lo logró.

Para este 2023, el ajuste es más duro y exigente. Hay que reducir más aún el déficit fiscal, hasta un 1,9% del PBI, y a esto se suma que el dinero que vendrá del FMI será mucho menos que lo que hay que pagarle al propio organismo por vencimiento de intereses. Entre una cosa y la otra, el gobierno tendrá que abonar neto 3.500 millones de dólares al FMI. Si a esto le sumamos los pagos a los acreedores privados, tenemos un 2023 donde habrá que pagar en efectivo casi 12.000 millones de dólares que, a nadie se le escapa, deberán salir del hambre popular.

Pero el acuerdo con el Fondo también exigía para este año que las reservas efectivas del Banco Central debían llegar a 12.125 millones de dólares. Si ahora hay apenas 4.000, y hay semejante cantidad de pagos, ¿cómo se hace para juntar los más de 7.000 millones de dólares restantes?

¿Por qué no hay dólares?

Empecemos por el principio. No hay más reservas justamente porque se despilfarraron pagándole a los acreedores privados y al FMI. En todo 2022, los pagos de intereses de deuda sumaron 7.629 millones de dólares. Este enero se pagaron 2.948 millones. Si vamos un poco más atrás, durante todo el gobierno peronista del Frente de Todos se llevan pagados 23.238 millones de dólares de intereses de deuda. Y enfatizamos que esto es solo de intereses, por eso el capital de la deuda siguió creciendo. Así, la deuda del estado nacional pasó de 313.299 millones de dólares a 395.779 millones. A ello tenemos que sumarle la de las provincias y la del Banco Central, lo que lleva el total del endeudamiento arriba de los 450.000 millones de dólares.

¿“Flexibilización” del acuerdo?

La semana pasada se dieron dos reuniones del gobierno con el FMI. La primera en Washington, donde se aprobaron las metas cumplidas en 2022 y la segunda en la India, en el marco de la reunión del G20.

De ambas surgió que el Fondo Monetario Internacional aceptaría “flexibilizar” una de las metas exigidas, en concreto el monto de reservas a alcanzar este año. Ojo, las metas de ajuste se mantienen, en particular que hay que seguir reduciendo el déficit fiscal a 1,9% del PBI, o sea llevar más a fondo el recorte. En concreto, el Fondo “perdonará” si no se alcanza la meta de acumulación de reservas, en tanto y en cuanto se cumpla lo principal, que es ajustar y cumplir estrictamente con los pagos tanto al propio FMI como a los acreedores privados.

No hay salida con el FMI

De todo lo anterior se desprende una conclusión simple y clara: si seguimos pagando la deuda y atrapados en las negociaciones y planes del Fondo, para las y los trabajadores solo queda por delante más ajuste, marginación, salarios y jubilaciones de hambre, saqueo y entrega.

Por eso es necesario dar vuelta radicalmente todo esto. Hay que romper inmediatamente todos las ataduras políticas y económicas que nos someten al FMI. Tenemos que suspender ya mismo los pagos de deuda externa. Solo a partir de estas dos medidas básicas se abrirá el camino para un programa económico distinto, que utilice todos nuestros recursos, que hoy se van a los bolsillos de los pulpos acreedores, para resolver las más urgentes necesidades de salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, vivienda para todos y salud y educación públicas de calidad.

Escribe José Castillo

La estadística dice que en 2022 la economía argentina creció. Poco, sin duda, y frenándose en los últimos meses. Un crecimiento que tiene bastante de “espejismo”, ya que los primeros meses se comparaba contra igual período de 2021, donde todavía pegaba la pandemia.

Pero lo que queremos destacar es que, en el marco de ese crecimiento, cayó el salario real y creció muchísimo el empleo precario. 2022, el año en que se firmó el acuerdo con el FMI, tiene esos resultados para la clase trabajadora.

Así  se desprende de un estudio realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas dirigido por los economistas Claudio Lozano y Ana Rameri, siguiendo los datos de la distribución funcional del ingreso que difunde trimestralmente el Indec.

En concreto, tomando el total de “la torta” del PBI, las y los trabajadores asalariados resignaron 2,2%, mientras que las ganancias empresarias ganaron un 3,5%.  Si tomamos exclusivamente el sector privado, los salarios cayeron 4,5%, mientras que las ganancias empresarias subieron 4,2%.

Pasado a números, las y los trabajadores perdieron 2,7 billones de pesos que pasaron a manos de las patronales, los acreedores externos y el FMI. Esto, a valor de dólar oficial, implica una transferencia de recursos equivalente  20.250 millones de dólares.

Todo esto sucede mientras crece el empleo precario. Centenares de miles de trabajadoras y trabajadores que perdieron empleos formales durante la pandemia, o que ingresaron ahora a su “primer empleo”, lo hacen en condiciones de superexplotación extrema, con salarios de miseria y engordando las arcas de las patronales.

Escribe Guido Poletti

Otra vez se dió un gigantesco apagón por culpa de Edesur. La empresa ya ni siquiera disimula su responsabilidad, lanzados sus dueños, la italiana ENEL, a vender sus activos y retirarse del país. Es que consideran que ya ganaron lo suficiente. Solo como ejemplo; durante 2022 la empresa se llevó 18.5 millones de pesos por día. Se trata de una compañía que reparte utilidades entre sus accionistas al mismo tiempo que le adeuda a la empresa mayorista proveedora de energía, la estatal Cammesa, 220.000 millones de pesos. Deuda sobre la que el gobierno del Frente de Todos directamente le perdonó 66 millones y les refinanció el resto en 96 cuotas.

Ante la bronca popular, que se repite y acrecienta apagón tras apagón, el gobierno amenazó con tomar medidas contra la empresa. Primero, la secretaria de Energía Flavia Royón habló de una “auditoría integral”. Luego, el ministro de Economía Sergio Massa anunció una multa de 1.000 millones de pesos contra Edesur. Y finalmente, una suerte de “intervención” sobre la gestión de la empresa, colocando a técnicos de la UBA y al Enre (Ente Nacional de Regulación Eléctrica) para controlar el funcionamiento diario de la empresa. Desde varios sectores del gobierno, se dejó correr incluso la posibilidad de la estatización de la compañía. Era una absoluta y pura mentira, solo títulos periodísticos hasta que pasara lo más agudo de la bronca popular.

Efectivamente, al día siguiente, los propios directivos de Edesur aclararon que en reuniones con el gobierno se les dijo explícitamente que estaba descartada cualquier privatización o intervención seria sobre la empresa. Es más, la empresa hasta podría “apelar” la multa ante la justicia (como ya sucedió otras veces, donde al final las privatizadas nunca tuvieron que abonar nada). Más aún, el gobierno ayudaría a ENEL en su búsqueda de compradores para la empresa. ¡El gobierno nacional termina siendo el garante de que la multinacional italiana consiga la mejor y más alta cotización para una empresa que viene estafando sistemáticamente a los argentinos!

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad no tenemos doble discurso. Hace años que venimos reclamando la única salida posible: rescindir los contratos de concesión con Edesur (y también con Edenor -hoy propiedad de los “amigos del gobierno” José Luis Manzano y Daniel Vila- y el resto de las distribuidoras eléctricas privadas del país) y proceder a reestatizar el servicio, poniéndolo bajo gestión de sus propios trabajadores y usuarios. Eso es el comienzo para empezar a tener servicios de calidad, con tarifas sociales para quiénes la necesiten.