Terminó el primer mes del año. Un enero donde se reactivó la inflación y volvió a subir el dólar. La carne también dio un nuevo salto. Los famosos “precios justos” brillan por su ausencia, al igual que los ya más antiguos “precios cuidados”. Los grandes empresarios explícitamente se jactan de no cumplirlos, mientras el gobierno peronista del Frente de Todos anuncia nuevos acuerdos y amaga con inspecciones de movimientos sociales y sindicatos como camioneros. La realidad es que la inflación de enero volverá a ser superior a la de diciembre. Y febrero se viene con nuevos aumentos, liderado por el salto en las tarifas de los servicios públicos. Al mismo tiempo, se confirma en las estadísticas oficiales lo que se sentía en el bolsillo, que salarios y jubilaciones perdieron por goleada en 2022 frente a la inflación. En este marco de deterioro salarial, el gobierno del Frente de Todos plantea que las paritarias de 2023 tengan un techo de 60%, cuando es obvio que la inflación será muy superior.

Lo que hay detrás de todo esto es la exigencia de cumplir el ajuste pautado con el FMI. También sobre eso, se conocieron en estos días los números definitivos del 2022, donde el gobierno peronista de Alberto, Cristina y Massa puede jactarse de haber “sobrecumplido” la meta con el Fondo: achicó el déficit fiscal al 2,4% del PBI, cuando se requería 2,5. Más ajuste que el requerido, pagado con el hambre, la marginación y la pobreza del pueblo trabajador. Los números de la pobreza, cercanos a 50%, no salen de la nada.

Máximo Kirchner volvió en estos días, a criticar el acuerdo con el Fondo, y a exigir una revisión de las metas. Por supuesto sabe que nada de eso sucederá. El propio FMI, aceptando las metas cumplidas de 2022, recordó el mayor ajuste que se debe llevar a cabo en 2023. Para empezar el año, el gobierno ya le pagó 1.000 millones de dólares a los acreedores privados y esta semana abonará 1.400 al FMI. ¡Entre los dos pagos se fueron la mitad de las reservas netas que le quedaban al país!

Inflación, pobreza creciente, más saqueo a nuestros recursos (esta semana la “justicia” avaló comenzar con la contaminante exploración offshore en el Atlántico frente a Mar del Plata). Estos son los problemas concretos que afectan al pueblo trabajador.

Mientras, tanto el gobierno como la oposición patronal ponen toda su energía en posicionarse para las elecciones de este año. En el gobernante Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández buscó desesperadamente ganar puntos ante su desprestigio galopante con la cumbre de la Celac. Ni siquiera repudió la represión del gobierno de Boluarte en Perú. El kirchnerismo, por su parte, hizo toda una puesta en escena de despecho por la no invitación al ministro del Interior Wado de Pedro a una reunión entre Lula, Alberto y los organismos de derechos humanos. Como se ve, todo muy lejos del más mínimo interés del pueblo trabajador.

Por el otro lado, Juntos por el Cambio sigue jugando su interna, con todos los candidateables del PRO yendo en peregrinación a Villa La Angostura, buscando la bendición de Macri. Por si fuera poco, dentro del radicalismo también aparecieron ahora figuras, como Martín Tetaz y Gustavo Posse, que piden una alianza con el liberfacho, que por ahora los sigue despreciando. Toda una carrera para ver quien se pone más a la derecha.

Ambas fuerzas patronales, mientras tanto, encontraron un circo que les sirve para alimentar electoralmente la “grieta”, el juicio político a la Corte Suprema. Un debate en comisión que se sabe que terminará en nada, pero les dará seis meses de discursos a unos y otros. Por supuesto, lo que menos les importa a ambos es la existencia de jueces (supremos y de los otros) corruptos y que siempre fallan a favor de los poderosos.

El peronismo del Frente de Todos, la oposición patronal de Juntos por el Cambio, liberfachos de la Libertad Avanza, todos tratan de acomodarse para las elecciones que se vienen. El Frente de Todos trata de ganar espacio diciendo que son la única opción “ante la derecha”. Pero en estos casi cuatro años fueron los ejecutores del ajuste. Quedaron en meras palabras sus promesas de “distribución de la riqueza”, “terminar con el ajuste macrista” o “llenar la heladera de los trabajadores”. Es que, más allá de fuegos de artificio y discursos encendidos, todos esconden un gran acuerdo, seguir cumpliendo con el FMI y los pagos de deuda en 2023 y, peor aún, con los gigantescos pagos que se vienen para 2024 y 2025.

Ninguno de ellos es salida para el pueblo trabajador. Solo el Frente de Izquierda Unidad plantea algo diferente. Y no solo de palabra. Sus diputados y militantes son los únicos que están día a día apoyando todas y cada una de las peleas contra el ajuste en curso. Ahora, ante el año electoral, insistimos en la necesidad de un programa alternativo al de los partidos patronales. Somos quienes decimos que hay que dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI, reestatizar las privatizadas, nacionalizar la banca y el comercio exterior, para poner todos esos recursos al servicio de resolver las necesidades más urgentes del pueblo trabajador, salario y jubilaciones dignas, trabajo genuino, educación, salud y vivienda. Desde el FIT Unidad planteamos que es hora de que gobiernen los únicos que nunca lo han hecho, las y los trabajadores y la izquierda.

Para potenciar todo esto, es urgente que el Frente de Izquierda Unidad salga ya mismo con una fórmula presidencial única, que en nuestra opinión debe ser encabezada por Myriam Bregman, del PTS, llevando como vicepresidente a Gabriel Solano del PO, o a quien dicho partido nomine para el cargo. Sobre esta base, desde Izquierda Socialista ponemos a disposición a nuestros candidatos, como Juan Carlos Giordano y Mónica Schlottahuer, para una distribución equitativa de cargos electivos rotativos, tal como es tradición en el FIT Unidad. Todo con un único objetivo, salir a fortalecer ya mismo la alternativa política que necesita el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

El ministro de Economía Sergio Massa anunció una compra de bonos a acreedores privados por 1.000 millones de dólares para reducir la deuda externa. Una operación trucha, que no resuelve nada, y solo genera más ganancias financieras para los pulpos especuladores.

En la mañana del 18 de enero, el ministro de Economía Sergio Massa anunció un plan de adquisición de bonos de deuda externa hasta ahora en manos privadas. La justificación del gobierno es que compraría esos papeles (hasta un monto de 1.000 millones de dólares) ya que estaban “baratos” (cotizando muy por debajo de su valor nominal), y de esa forma se estaría reduciendo el monto de la deuda externa argentina. En los días siguientes se comenzó la operación, habiéndose adquirido hasta fin de enero bonos por aproximadamente 350 millones de dólares.

Varias cuestiones se pueden reflexionar a partir de esto. Primero y principal, se utilizan 1.000 millones de dólares de las escasísimas reservas (se calcula que líquidas, o sea reales, quedan hoy apenas 5.000 millones de dólares) para pagarle a pulpos especuladores. Es más que claro que ese dinero podría haber tenido otro destino, como ser atender las urgentes necesidades populares.

Segundo, nadie puede creer que “comprando” bonos de deuda por 1.000 millones de dólares se resuelve un endeudamiento impagable superior a los 400.000 millones. ¿Para qué se hizo entonces? El verdadero motivo del plan anunciado por Massa fue intervenir en las operaciones de compra de dólares “contado con liqui” (CCL) y MEP. Expliquemos: los grandes especuladores, cuando quieren comprar dólares en grandes cantidades, obviamente no van al “blue” (que son los arbolitos en la calle o las cuevas) sino que hacen una operación que para el Banco Central es absolutamente “legal”: compran un bono nominado en dólares pagándolo en pesos, e inmediatamente lo “venden” y reciben los dólares. Reciben esos dólares depositados en su cuenta bancaria en Argentina (eso es dólar MEP) o directamente lo fugan recibiéndolo en su cuenta en el exterior (“contado con liqui” -CCL-).

Con su plan de “rescate” de deuda, Massa compra esos bonos en grandes cantidades, entregando dólares y, de esa manera, busca frenar la suba de la divisa que se está dando en estos días (donde las cotizaciones se están acercando peligrosamente al rango de los 400 pesos por dólar). O sea, en síntesis, el gobierno del Frente de Todos hace toda esta operación, rifando reservas para tratar de que no se le escape el dólar.

Y encima, maniobras corruptas

Massa había justificado la operación diciendo que los bonos de deuda estaban “baratos”. Pero sucede que se descubrió que, en los dos días previos, su cotización había subido astronómicamente. Manos “anónimas” habían adquirido enormes cantidades de esos bonos, haciéndolos subir de precio, obviamente sabiendo que el gobierno iría a comprarlos. Toda una maniobra delictiva, de quienes tuvieron información privilegiada por parte de funcionarios que les pasaron los datos. Encima, todo resultó inútil si se pensaba que con eso se lograría bajar el dólar, que siguió subiendo de la mano de los especuladores y la absoluta falta de controles del gobierno.

¿Esto sirve para algo? ¿Cuál es la salida?

Estamos asistiendo a una nueva maniobra, patética e inútil, no solo para resolver nada relacionado con el astronómico endeudamiento externo y la bola de nieve de vencimientos sino incluso para intentar intervenir sobre el valor de la cotización del dólar. Es que los especuladores saben que el dólar va a seguir subiendo, gozando de la impunidad de un gobierno que no los controla ni mucho menos sanciona. Pero por sobre todo, porque se ve que las reservas del Banco Central siguen haciendo agua, rascando el fondo de la olla, mientras se vienen millones de dólares de vencimientos de deuda externa.

Todo esto nos debe hacer reflexionar sobre lo que siempre decimos. Hay una sola salida: dejar inmediatamente de pagar la inmoral deuda externa, romper los vínculos políticos y económicos que nos atan al FMI y, a partir de ahí, con un programa económico obrero y popular alternativo que realmente controle nuestros recursos, nacionalizando la banca y el comercio exterior, utilizar los fondos no para los especuladores y usureros, sino para atender las necesidades de trabajo, salario,vivienda, educación y salud. Cualquier otra medida solo es mero doble discurso electoral, o, peor aún, negocios para seguir engrosando los bolsillos de los pulpos financieros.

Escribe José Castillo

El gobierno peronista del Frente de Todos cumplió la meta de ajuste exigida por el FMI para todo 2022. Es más, la sobrecumplió, ya que se le exigía bajar el déficit fiscal hasta el 2,5% del PBI y “siguió de largo” y la bajó hasta el 2,4%.

Por supuesto, los costos los pagó el pueblo trabajador. Es que estamos hablando de dos billones de pesos, que tenían que haber sido dedicados a salario, trabajo, jubilaciones, ayuda social, educación, salud y vivienda, y en cambio se “ahorraron” para cumplir con los pagos de la usuraria deuda con el FMI. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, el monto de las prestaciones jubilatorias se achicó en un 5,6% con respecto al año anterior. También sufrieron reducciones las partidas de asignaciones familiares, AUH y gastos de asistencia social en general. La reducción en “subsidios económicos” (transferencia a las empresas privatizadas) también la terminó pagando el pueblo trabajador a través de los tarifazos en curso.

La historia, lamentablemente, no termina aquí, ya que el plan de ajuste acordado por el gobierno con el Fondo exige profundizar el ajuste en este 2023, hasta llevar el déficit a 1,9% del PBI. Según lo establecido, seguirán los recortes a costa de jubilaciones, salarios públicos y transferencias a las provincias (que gestionan educación y salud, con el consiguiente achicamiento de los fondos para esos rubros). Es el ajuste sin fin, a que nos lleva el endeudamiento maldito.

Escribe José Castillo

Esta semana el gobierno de Alberto Fernández le hará dos nuevos pagos al FMI: uno por 692 millones de dólares y otro por 710 millones. En conjunto, más de 1.400 millones de dólares. Dinero que, como hemos explicado montones de veces, podría ser aplicado para resolver las más urgentes necesidades populares. Al tipo de cambio que se le reconoce a los especuladores (Contado con Liqui o Mep, o sea 380 pesos por dólar) son 532.000 millones de pesos. Según el portal Reporte Económico, el costo de construcción de una vivienda social es de 10 millones de pesos, por lo que estamos diciendo que lo pagado solo en esta semana al FMI equivale a 53.200 viviendas. A cuatro trabajadores por vivienda, se pudieran haber generado más de 200.000 puestos de trabajo genuino.

Desde que asumió el gobierno del Frente de Todos, con este pago se llevarán abonados al Fondo más de 6.000 millones de dólares solo en concepto de intereses. Esto quiere decir que todavía no se ha cancelado ni un peso de los 45.000 millones que se adeudan de capital.

El acuerdo firmado en marzo pasado por el entonces todavía ministro Martín Guzmán exige el cumplimiento de un durísimo y creciente ajuste (achicar el déficit a 2,5% del PBI en 2022, a 1,9% en 2023 y a 0,9% en 2024). En contrapartida, durante el recién finalizado 2022, el FMI envió una masa de dinero equivalente a los vencimientos de ese año. Esto ya no sucederá en 2023. Ahora, además de cumplir con las pautas de ajuste arriba mencionadas, habrá que abonar intereses por 3.500 millones de dólares de más que todos los desembolsos del Fondo en el año. Y todo esto sin hablar de la montaña impagable que se viene para 2024 y 2025. Se trata de la mejor demostración de que no hay salida si seguimos con los pagos de deuda y el acuerdo con el FMI.

Escribe Claudio Funes

A pesar del dramático contexto en el que viven el pueblo trabajador y los sectores populares, de profundización de la pobreza, desocupación, precarización laboral, bajos salarios e inflación galopante, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner buscan colocar como prioridad el juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En pleno año electoral, Alberto Fernández quiere mostrar alguna iniciativa ante su base de votantes y aglutinar la tropa a su alrededor. Es un circo al que con gusto se suma la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Ambos son “los socios de la grieta”. Y obviamente, un show mediático alrededor de si “juicio político sí o juicio político no” a la Corte Suprema le cae como anillo al dedo.

Por ello, el pasado miércoles 11 de enero el gobierno llamó a sesiones extraordinarias en Diputados para que comience a funcionar la Comisión de Juicio Político a partir del 23 del mismo mes. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade estima que el proceso durará unos seis meses, con lo cual durante buena parte del año electoral habrá circo garantizado. Mientras se tapa por supuesto, la entrega al FMI, el mayor ajuste, la pulverización de salarios y jubilaciones y el incremento de la pobreza y la marginación social.

¿Democratizar la justicia?

Algunos compañeros podrán preguntarse si, al menos e independientemente de la utilización electoral, este juicio político servirá para democratizar la justicia oligárquica y corrupta que siempre falla a favor de los poderosos. Lamentablemente, nada de esto sucederá.

Está claro que esta justicia es repugnante. Se mostró una vez más con la filtración de los chats donde jueces compartieron un viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis con políticos patronales, ex servicios de inteligencia y empresarios del grupo Clarín. Los cuatro actuales miembros de la Corte son corruptos, han fallado siempre sistemáticamente a favor de los ricos y contra el pueblo trabajador y hasta tienen el antecedente de haber intentado liberar a genocidas, como en el famoso fallo “dos por uno”, ante el que tuvieron que retroceder frente a la indignación popular y una marcha multitudinaria en contra. Pero aunque los echen o renuncien, ¿qué pasará?

Veamos. Hasta la reforma constitucional de 1994 el Presidente ponía a dedo a los jueces de la Corte, luego validados por el oligárquico Senado (donde siempre tuvo mayoría el peronismo desde 1983). No había concurso, ni examen. Después del ‘94 a los jueces de la Corte los sigue eligiendo el Presidente con el voto de dos tercios del Senado. O sea, continúa el dedazo.

Para elegir a los jueces federales (la instancia inferior) apareció el engendro del Consejo de la Magistratura. Este organismo de veinte personas encargado de elegir, controlar y remover a los magistrados está integrado por el presidente de la Corte (Horacio Rosatti), un miembro del Poder Ejecutivo (el actual es Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Wado de Pedro), cuatro senadoras y senadores y cuatro diputadas y diputados, o sea diez “de la política tradicional”. Alguien podrá decir que los otros diez integrantes son “independientes”. Claro que no. De los cuatro representantes de Jueces, cuatro de abogados y dos de la Academia, todos están ligados al PJ, a la UCR o al PRO. El abogado Héctor Recalde, por ejemplo, fue presidente del Bloque del Frente para la Victoria en Diputados, la actual consejera y abogada Jimena de la Torre es del PRO, y el juez y actual consejero Alberto Lugones lo es por la Lista Celeste, ligada al peronismo kirchnerista.

Como vemos, todo el aparato de la cúpula del Poder Judicial, incluyendo su sistema de selección, está podrido y es absolutamente funcional a los poderosos, los ricos, las patronales y los políticos corruptos.

Estamos de acuerdo con que hay que terminar con esta justicia patronal, elitista, patriarcal y acomodaticia de jueces y fiscales ante los gobiernos que los designan (muestra de ello fue la pelea escandalosa en la sesión de Diputados entre el peronismo y Juntos por el manejo de los jueces).  Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, a la vez que denunciamos el circo mediático electoral que se intenta montar en estos días, planteamos que si queremos transformar de verdad a la Justicia, además de echar a todos los jueces corruptos (de la Corte y de los niveles inferiores), hay que ir a cambios de fondo: que los jueces sean electos por el voto popular, con cargos revocables (no vitalicios); deben ganar lo mismo que un director o directora de escuela, y se tiene que implementar masivamente el sistema de juicios por jurados. Solo así la tan remanida “democratización de la justicia” dejaría de ser un slogan para pasar al terreno de la realidad.