Escribe Claudio Funes

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarcó la semana pasada en el país. Tiene como tarea la revisión de las metas del cuarto trimestre del 2022 correspondientes al Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por el gobierno del Frente de Todos en marzo pasado. Será la cuarta vez que el Fondo monitorea la gestión económica del gobierno peronista. Posteriormente autoridades argentinas visitarán Washington para finalizar las discusiones. Como vemos, toda nuestra política económica está sometida a la aprobación (o no) del imperialismo.

Uno de los puntos que se analizarán será el de la meta de déficit fiscal, la cual se alcanzó a sobrecumplir, ya que se registró un rojo del 2,4% del PBI, levemente por debajo del 2,5% acordado con el organismo multilateral para todo 2022. Sergio Massa resultó muy buen empleado recortando salarios, jubilaciones, gasto social y presupuesto para la salud y educación.

Las exigencias del FMI no cesan ni cesarán, el 76% de la deuda en moneda extranjera es con este organismo. El Gobierno ya desembolsó 1.282 millones de dólares el 9 de enero; 641 millones de dólares el 17 de enero y 674 millones de dólares el 30 de enero. Se pagaron 2.597 millones de dólares solo en el primer mes del año que salieron de los bolsillos del pueblo trabajador y sectores populares, mientras se favorecía a los grandes productores con el “dólar soja”.

Si el ajuste de Alberto Fernández y Cristina Kirchner recibe la aprobación de los mandamás del Fondo, este desembolsará 5.000 millones de dólares para la Argentina. ¿Será dinero que se utilizará para mejorar las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos? En absoluto: se utilizarán para afrontar nuevos vencimientos, que para el corriente año suman 19.850 millones de dólares.

Los únicos que ganan en este acuerdo son el propio Fondo, los grandes capitalistas, los bancos y las multinacionales. Esto se llama saqueo y perdemos los trabajadores y los sectores populares. Es urgente romper con el Fondo y dejar de pagar la usurera deuda externa.
                                                        
                                        

Escribe Claudio Funes

En diciembre pasado los haberes jubilatorios recibieron un ajuste de 15,62%, y a las y los jubilados que cobran la mínima se les agregó un bono de 10.000 pesos como “refuerzo de ingresos”. La mínima de 50.124 pesos, más los 10.000 del bono, totalizan 60.124 pesos. Este bono por “única vez” o “extraordinario” se cobra también en enero y febrero.

Con el aumento de jubilaciones y pensiones para el período marzo-mayo, cuyo valor será de 17%, habrá un nuevo bono durante esos meses, para quiénes cobran la mínima, de 15.000 pesos. Así, la mínima pasa a 73.665 pesos. Estamos hablando de sumas irrisorias, “homeopáticas”, ya que el bono no lo reciben todos (de hecho solo se les pagará el proporcional a quienes cobran hasta dos mínimas); para el resto solo el 17%, con lo que se sigue perdiendo frente a la inflación, “achatando la pirámide”. Hay dos millones de jubilados y pensionados en esta situación. Todos los jubilados son rehenes del ajuste que el gobierno peronista del Frente de Todos lleva adelante y niega.

Luego de la pérdida del 19,5% de los haberes jubilatorios entre septiembre de 2017 y noviembre de 2019, el bono previsional para los que tienen ingresos más bajos debutó con Alberto Fernández en diciembre de 2019 “por única vez”. La inflación, a pesar de las “ayudas” que se extendieron en el tiempo, pulverizó las jubilaciones. Hay que tener en cuenta que los bonos (a discreción del gobierno) no se toman en cuenta para futuros incrementos de los haberes. Así la pérdida para los jubilados es de por vida.

Todo esto sucede porque el gobierno privilegia cumplir con las metas acordadas con el FMI y no con los jubilados. Por esto es que la fórmula de movilidad de Alberto Fernández (que combina nivel de salarios con la recaudación tributaria que va a la Seguridad Social) no toma en cuenta los índices inflacionarios.

Los bonos son un maquillaje del ajuste. Las jubilaciones deben ser el 82% móvil del salario que recibe el trabajador en actividad,  no menores al valor de la Canasta Básica de los Jubilados que en octubre de 2022, según la Defensoría de la Tercera Edad, alcanzó los 151.478 pesos.
       
 

Escribe Claudio Funes

El pasado 7 de febrero la Unidad Piquetera retomó las calles para repudiar la decisión de la ministra de Desarrollo Social de dar de baja a 160.000 personas del programa Potenciar Trabajo. Con cortes y piquetes a lo largo y ancho del país y principalmente frente al edificio de la cartera que administra Tolosa Paz, las y los desocupados se manifestaron contra el conjunto de medidas de ajuste en curso, pactadas con el FMI, que van contra los intereses de los trabajadores, jubilados y sectores populares.

El FMI exige bajar el déficit fiscal. Para ello indica específicamente que se deben recortar  los programas sociales. Es decir, ajustar el gasto en Asignación Universal por Hijo, Procrear, Potenciar Trabajo, el resto de los programas, y por supuesto también en las jubilaciones.
El Gobierno “nacional y popular”, de la mano del FMI, continúa castigando a los sectores populares y los hunde en la mayor pobreza.

Se reunió la Mesa del Frente de Todos, pero sus conclusiones ratificaron lo que denunciamos en nuestra nota de El Socialista de este miércoles. A continuación, la publicación.

Escribe Mariano Barba

El jueves 16 se reunirá la Mesa Política del Frente de Todos. Una reunión demandada por el kirchnerismo y convocada por Alberto Fernández en medio de la gigantesca crisis que corroe al peronismo y a su gobierno. Buscarán mostrar una unidad que no existe y lograr acuerdos electorales, en una puja interna donde todos tratan de despegarse de las consecuencias del ajuste.

Hierve la interna en el Frente de Todos. El peronismo en el gobierno es cómplice de una inflación que socava las condiciones de vida de la clase trabajadora y sectores populares, de paritarias y jubilaciones a la baja, y de un feroz ajuste al servicio de pagarle al FMI. La Mesa Política reunirá a los cuatro principales espacios que integran la coalición: el del presidente Alberto Fernández, el de la vicepresidenta Cristina Fernández, el del ministro de Economía Sergio Massa, y el resto de los movimientos sociales y sindicales del peronismo cercanos al gobierno. A esto hay que sumarle la presencia de los gobernadores (la mayoría de ellos con juego propio) y la burocracia sindical.

Esta reunión “grande” del peronismo busca resolver la falta de candidaturas de peso para encabezar la fórmula presidencial, luego de la renuncia pública de Cristina Fernández a postularse para el máximo cargo nacional. Cada uno de los sectores asistirá a defender sus intereses particulares. Será un forcejeo más, donde todos tratarán de diferenciarse sin sacar los pies del plato. Están muy lejos de las reales y urgentes necesidades populares, como Alberto Fernández, que anunció su precandidatura presidencial con una imagen popular por el piso.
Será tan distante de las necesidades de trabajadoras, trabajadores, jóvenes y jubilados que la disputa por los temas a tratar está entre determinar las reglas internas y estrategias electorales del Frente de Todos, cosa que pretende el presidente, y lograr un posicionamiento de todo el peronismo en contra de la sentencia por corrupción a Cristina, lo que pugna el kirchnerismo.

Los cuestionamientos sobre el rumbo del gobierno y supuestos cambios “de fondo” son parte del mismo doble discurso al que nos tienen acostumbrados.

El “massismo” exige que se habilite la competencia interna en las PASO, para poder decidir si Massa o alguien de su sector se postula a la presidencia. A su vez, los burócratas sindicales de todo pelaje hacen fila en las reuniones para meter candidatos propios en las listas. Son los principales sostenedores del fuerte ajuste del gobierno a cambio de prebendas y quieren asegurarse esa función en el próximo periodo.

Los movimientos sociales pro-gobierno van divididos en dos grupos. Los más cercanos al “albertismo”, como Somos Barrios de Pie (la agrupación que conduce Daniel Menéndez, subsecretario en el ministerio de Desarrollo Social) se incorporará a Patria de los Comunes, el partido del Movimiento Evita (que postula a Patricia Cubría, esposa de Pérsico, a la intendencia de La Matanza). Y, la CCC/PCR de Juan Carlos Alderete, junto al MTE de Juan Grabois, van a exigir la candidatura de un kirchnerista, pero por las dudas ya lanzaron al propio Grabois.

Todos vienen siendo parte del gobierno y su ajuste

Estas diferentes corrientes, sectores o alas del peronismo buscan diferenciarse públicamente, pero gobiernan y defienden el mismo plan de ajuste. Pero Cristina también es responsable de que se haya pactado con el FMI, del presupuesto 2023 (con sus recortes en Educación, Salud y otras áreas) y de que Sergio Massa llegue al Ministerio de Economía.

El kirchnerismo le otorgó al “superministro” de economía el respaldo necesario para que aplique el acuerdo con el Fondo y para que pague, mes a mes, miles de millones de dólares a costa de los trabajadores, los desocupados y la juventud sometida a una pobreza que llega al 50%. Mientras, Máximo Kirchner declaró que “tiene un conocimiento superior a Guzmán sobre el Estado Argentino” y el “Cuervo” Larroque sostuvo que “vino a sacarnos de la terapia intensiva”.

Los gobernadores peronistas hacen su juego alejándose de la relación pública con el presidente para no cargar con el desprestigio de Alberto, separando las elecciones provinciales de las nacionales. Pero al mismo tiempo son ejecutores en su territorio del ajuste nacional y de las políticas de saqueo de recursos naturales y contaminación a manos de las multinacionales.

Aquellas “tres banderas” de los orígenes del peronismo (justicia social, soberanía política e independencia económica) hace mucho que están siendo pisoteadas por sus propios (y sucesivos) gobiernos en las últimas décadas, que gobernaron y gobiernan para las patronales y el FMI. Como lo hace hoy el Frente de Todos, por supuesto con el kirchnerismo incluido.

Ante este presente, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad decimos que es necesaria otra alternativa política para el pueblo trabajador. Por eso luchamos por imponer un plan económico obrero y popular, a partir de un gobierno de las y los trabajadores y la izquierda, que tome medidas de fondo, tales como dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI, expropiar a las multinacionales y grandes capitalistas, nacionalizar la banca y el comercio exterior, terminar con la oligarquía terrateniente y organizar una economía planificada que termine con el hambre y la pobreza.

Escribe José Castillo

Juntos por el Cambio dio a conocer un documento elaborado por sus economistas y firmado por sus principales dirigentes donde acusan al gobierno del Frente de Todos de ser “el mayor endeudador de la historia” y dejar “una bomba” hacia adelante. Todo como excusa para el ajuste mayor que van a aplicar si gobiernan.

El texto fue elaborado por los economistas más vinculados con el PRO: Luciano Laspina, Hernán Lacunza y Guido Sandleris. Pero no se trataba en absoluto de un documento “técnico”, ya que fue firmado por sus principales dirigentes (Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich) y también sostenido, aunque haciendo menos ruido, por los dirigentes de la UCR y la Coalición Cívica.

El documento nos obliga a varias reflexiones. Primero y principal, quienes lo escriben son los mismos que llevaron adelante el ajuste hambreador durante el gobierno de Macri, que endeudaron astronómicamente al país durante ese período, que luego recurrieron al FMI (lo que volvió a agrandar la deuda), que dejaron correr o incluso fomentaron que sus amigos especuladores usen los dólares del acuerdo con el Fondo para fugar capitales y que, a partir de todo esto, dejaron efectivamente una “bomba” de vencimientos de deuda externa para después de diciembre de 2019. Primera conclusión: no tienen ninguna autoridad para hablar de super-endeudamiento ni para proponer solución alguna.

Vamos a la segunda reflexión. ¿El gobierno peronista del Frente de Todos ha incrementado en niveles récord el endeudamiento, tanto en dólares como en pesos? Esto es efectivamente cierto. ¿Más que ningún gobierno anterior? En realidad, como la deuda externa es impagable y crece como bola de nieve, no tiene sentido la comparación.  Cada gobierno aumenta la deuda más que el anterior y así seguirá mientras continuemos pagando intereses, y “renegociando” sin fin. ¿Deja una “bomba de tiempo” hacia adelante? Nuevamente, es así, los vencimientos desde 2024 en adelante crecen en forma exponencial y ya se sabe que nadie podrá pagarlos. Por eso, gane quien gane de los partidos patronales otra vez irán a la “renegociación”, con los acreedores y con el FMI, por lo que se vendrá un nuevo y más duro plan de ajuste.

Varios economistas y dirigentes del Frente de Todos salieron a criticar el documento de Juntos por el Cambio diciendo que su intencionalidad era “hacer explotar todo ahora”, “provocar una devaluación”, “generar una corrida cambiaria y bancaria”. El viceministro de Economía, el liberal y “amigo” de los especuladores financieros Gabriel Rubinstein, salió a tranquilizar, diciendo que no es así, que están garantizados los pagos a los acreedores en los próximos meses. Lo mismo sostuvo Carlos Melconian, el economista jefe de la Fundación Mediterráneo, otro de los “faros” a los que prestan atención las grandes patronales y los bancos. Se basan en algo cierto, por ahora el FMI mantiene su acuerdo con el gobierno argentino, ya que este viene cumpliendo con el ajuste exigido. Sin bien las reservas del Banco Central están al límite, todos esperan un dólar “soja III” (a mayor cotización), que le garantice su negocio a los monopolios agroexportadores y, por esa vía, garantice la entrada de dólares en los próximos meses, para llegar de esa forma a las elecciones. Todo “atado con alambre”, como vemos. En concreto, nadie puede garantizar que no haya una devaluación en los meses venideros. Pero también hay muchos capitalistas que, contentos con lo que “cobran” por la bicicleta financiera, apuestan a que esto no suceda hasta las elecciones.

¿Cuál es el sentido del documento de Juntos por el Cambio, entonces? ¿Mero discurso electoral, para mostrar lo “mal que está el gobierno”? La realidad es que el texto apunta a lo que hicieron todos los gobiernos patronales anteriores: “culpabilizar” al que se va del endeudamiento, la mayor miseria y la “herencia”,  para así tener la excusa perfecta para avanzar con el nuevo ajuste. En este caso, lo que está planteado para 2024 y años subsiguientes está cantado. Vendrá un nuevo acuerdo con el Fondo, que exigirá ajuste más profundo (hasta llevar a cero el déficit fiscal), y más las reformas “estructurales” (laboral, jubilatoria y fiscal).

Es la historia de siempre. Es que no hay otra salida si seguimos pagando la deuda externa. Por eso, la salida no es el mega-ajuste planteado por Juntos por el Cambio, o el que igualmente, solo con un cambio de discurso, también profundizará un nuevo gobierno peronista. Lo único diferente es un programa alternativo como el que plantea el Frente de Izquierda Unidad, a partir de dejar de pagar la deuda y romper con el FMI, para así priorizar las reales necesidades populares.