Escribe Claudio Funes

La oposición patronal en Diputados impuso al oficialismo el debate por la Boleta Única de Papel. ¿Sería un gran cambio? La UCR, el PRO y la Coalición Cívica de Juntos por el Cambio son sus impulsores, mostrándose como paladines de la democracia y la transparencia cuando solo proponen una modificación formal, que tiene sus pro y contra. Esta boleta sería para los cargos nacionales, mientras en sus provincias, como la UCR de Gerardo Morales en Jujuy y donde gobierna la UCR, mantienen los acoples, colectoras, el sistema punteril y todos los vicios de los que se aprovechan, igual que hace el peronismo de Alberto Fernández y Cristina.

Ni la actual boleta que defiende Alberto Fernández ni la boleta única que propone la oposición son garantía de democracia, porque no cambia el sistema electoral actual que es antidemocrático, minado de trampas y proscripciones al servicio de los viejos partidos que nos vienen gobernando desde hace décadas. Y si la izquierda no presenta fiscales, fuimos.

Gobierno peronista y oposición patronal se unen contra la izquierda manteniendo el piso del 3% del padrón electoral -inflado, no depurado- para lograr cargos nacionales, lo cual impide que tengamos más diputados. O mantener el 1,5% de los votantes en las PASO para participar en las elecciones generales. Cada Censo nacional obliga a actualizar la cantidad de bancas. ¿Se va a hacer ahora? Claro que no, en beneficio de ellos.

La Boleta Única de Papel tampoco impedirá que los candidatos peronistas y radicales continúen mintiendo con falsas promesas electorales, como el hambre cero de Macri o la heladera llena de Alberto y Cristina.

Los partidos que recibieron financiamiento de grandes empresarios, como Cristina de los laboratorios Global Pharmacy, Multifarma y Seacamp en 2007 y Macri de la corrupta Odebrecht en 2015, o ambos de Techint como denunció Carrió (Clarín, 7/6/2022), ahora se pelean por el tipo de boleta. Tienen acuerdo en sostener el actual sistema electoral para continuar gobernando para el gran capital. Esos son los grandes debates en el Congreso mientras crece el hambre y la pobreza.
Hay que terminar con los pisos proscriptivos e imponer un distrito electoral único, entre otras reformas. Nada de esto proponen el gobierno ni la oposición patronal.

Escribe Mariano Barba

Estamos entrando en el invierno y el frío se hace presente. Falta el gasoil en varias provincias. Suben los precios de los alimentos y los combustibles, la vida se hace más cara para el pueblo trabajador y sectores populares. Las multinacionales petroleras acumulan enormes ganancias por los valores internacionales. Para terminar con el saqueo y la dependencia hace falta una YPF 100% estatal que administre todos los recursos gasíferos y petroleros.

El gas es insuficiente para el mercado interno ante la proximidad del invierno. El gasoil escasea mucho en 19 provincias. Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes y Entre Ríos entre las más afectadas. Sin embargo, las grandes compañías multinacionales que explotan el gas y el petróleo están aprovechando las disputas internacionales entre Rusia y la Unión Europea, para conseguir ganancias extraordinarias con los hidrocarburos de Vaca Muerta, el segundo del mundo en gas y el cuarto en petróleo extraídos con el método del fracking.

El precio del barril está en los 115 dólares y el millón de BTU los 25 dólares, tres veces más que hace un año. Las regalías que pagan al país son de apenas el 12%, una miseria para los beneficios que embolsan. Encabezada por YPF, e impulsada por el gobierno peronista del Frente de Todos y los gobiernos provinciales, crece la voracidad de las multinacionales, con el fracking usando más de 800 camiones diarios de arena, millones de litros de agua y más de 600 químicos para extraer el petróleo y el gas bombardeando la roca y las arcillas a miles de metros de profundidad.

YPF cuenta con la mayor cantidad de perforaciones hasta el momento y, para el diario inglés Financial Times, “Chevron (de Estados Unidos), Petronas (de Malasia) y Shell (Británica y Holandesa) estarán entre las empresas internacionales que se beneficiarán si finalmente despega el desarrollo petrolero de Vaca Muerta en Argentina”. A este listado hay que agregarle la Exxon (de Estados Unidos), Tecpetrol (Techint) y Vista Oil de Miguel Galuccio, ex presidente de YPF bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Este megaproyecto de extracción de gas y petróleo de Vaca Muerta es un verdadero saqueo de las riquezas del país, iniciado en el 2013 bajo el gobierno de Cristina (avalado por el gobierno provincial del Movimiento Provincial Neuquino, MPN) a través del acuerdo Chevron con cláusulas secretas (permite que se lleven las ganancias y si bajan muchos los precios el gobierno les debe garantizar la rentabilidad). Aplicar este extractivismo por parte de las empresas genera una contaminación sin precedentes en la Patagonia por los derrames, también afecta a las napas y los ríos, e incluso produce una sucesión de movimientos sísmicos como en la pequeña localidad de Sauzal Bonito (Neuquén) donde hubo treinta y cinco temblores en un día, coincidente con fracking en sus proximidades.

Escasean el gasoil y el gas natural

Con la ola polar saltó a la vista el drama de conseguir gas para calefaccionar a millones de hogares de trabajadores. Habrá que traer del exterior cerca del 30% del gas que se consumirá, comprándolo a Bolivia, además de importar unos cincuenta buques de Gas Natural Licuado (GNL) pagando 30 dólares el millón de BTU. Significará un gasto de 4.000 millones de dólares extras.

Lo mismo pasa con la falta de gasoil en el centro y norte del país que afecta a todos los sectores de la economía. La patronal del campo reclama porque la cosecha de maíz, soja y girasol está demorada, ya que en nuestro país casi el 90% de la economía se mueve en camión desde el desmantelamiento de los ferrocarriles que provocó Menem. En el mercado negro se paga el litro de gasoil alrededor de los 250 pesos.

Como consecuencia del plan de ajuste del gobierno peronista y los gobernadores, los trabajadores y sectores populares pagarán de su bolsillo el incremento tarifario de los combustibles, que generan un aumento en el costo de vida. La garrafa cuesta alrededor de 1.000 pesos o más, dependiendo la provincia, y la subsidiada por el Anses unos 500 pesos, cuando se la consigue. Y se consume en una semana con uso familiar.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad proponemos terminar con el saqueo de las riquezas del subsuelo y llamamos a luchar por una YPF 100% estatal, gestionada por sus trabajadores y técnicos. Por rescindir todos los contratos existentes con los innumerables pulpos del sector, tanto extranjeros (como Chevron, Total, Exxon) como las que tienen participación local (como Panamerican Energy con Bulgheroni o Tecpetrol de Techint). Para construir una gran empresa estatal que integre todo el negocio petrolero desde la exploración, pasando por la extracción, el refinamiento y la comercialización. Lo mismo se debe hacer con la explotación del gas, reconstruyendo una gran empresa única, estatal, gestionada por sus trabajadores, como supo ser en su momento Gas del Estado.

Escribe Mariano Barba

El gobierno está apurado por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner porque la creciente producción de gas no tiene cómo salir de Vaca Muerta. Las multinacionales que explotan el gas exigen su rápida construcción, para poder vender el gas que extraen y obtener súper ganancias dados los precios internacionales.

Energía Argentina (Enarsa), es la empresa estatal que está a cargo de la construcción del ducto que permitirá ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural a cargo de Transportadora Gas del Sur (TGS). Tendrá una extensión de 563 kilómetros desde la localidad neuquina de Tratayén hasta Salliqueló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, atravesando Río Negro y La Pampa.

Ni bien se lanzó la licitación empezó la guerra de rapiña entre las empresas y los funcionarios, para beneficiar a sus amigos en que se encarguen de la provisión de cañerías, los estudios de impacto ambiental y los procesos para adquisición de bienes y obras para ensamblar el tendido. La pelea comenzó con la compra de los caños, principal insumo para hacer un ducto. “Ellos (Cristina) armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor”. Por esta frase, y a pedido de Cristina, fue echado del gobierno Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo. Lo reemplazará Daniel Scioli, ex vicepresidente, ex gobernador y actual embajador en Brasil.

Más allá de este nuevo escándalo, lo que les interesa es cómo se reparten los negocios los grandes empresarios. El costo podría superar los 2.200 millones de dólares. Y ahí lleva las de ganar Paolo Rocca, principal empresario argentino y de los más importantes y acaudalados. En su historial, Rocca siempre tuvo relación de “amistad” con todos los gobiernos. El 4/8/2007, él y el director de Relaciones Institucionales de Techint, Luis Betnaza, fueron a la Casa Rosada a reunirse con Néstor Kirchner y Hugo Chávez luego de sellar acuerdos para Argentina y Venezuela.

Una vez más, la construcción de los caños fue otorgada a Tenaris, empresa metalúrgica multinacional de Paolo Rocca, líder mundial en la producción de tubos de acero sin costura para la industria del petróleo. La ya “famosa” chapa de 33 milímetros de espesor para armar los tubos las traerá el mismo Paolo Rocca desde su planta de Brasil. Y lo hará ya mismo. Alberto devolvió luego las gentilezas e invitó a Rocca y a Luis Betnaza a cenar a Olivos (igual que Néstor). Después de esa comida se destrabó el pago de 216 millones de dólares.

La riqueza de Paolo Rocca se estima en 8.000 millones de dólares. Las empresas más conocidas son Techint, Tenaris, Dalmine Siderca, Tecpetrol y decenas de empresas multirubro en el mundo que suman más de 40.000 empleados globales. El holding, que controla a través de la sociedad San Faustín, con sede en el paraíso fiscal Luxemburgo, opera en 45 países.

Cristina solo se quejó (para la tribuna) pidiendo que Paolo Rocca en vez de traer la chapa de Brasil, traiga la laminadora, que cuesta 1.200 millones de dólares. Pero seguro la vicepresidenta se quedará tranquila porque la licitación para el ensamble de los tubos se realizará en cinco tramos de unos 100 kilómetros cada uno, y ahí varios empresarios amigos también conseguirán grandes utilidades.
                                                                        
 

Escribe José Castillo

No es novedad para nadie que casi no hay dólares en las reservas del Banco Central. Faltan para todo, desde pagar las importaciones esenciales hasta conseguir el gas necesario en este invierno. Sin embargo, los grandes monopolios transnacionales energéticos son la excepción: para Chevrón,Total, Petronas, o Tecpetrol sí habrá dólares y al precio oficial.

Con la excusa de promover una mayor explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta (con las consecuencias de daño ambiental que genera, denunciadas hasta el cansancio), el gobierno de Alberto Fernández ha prometido otorgar divisas al tipo de cambio oficial a estos pulpos transnacionales. Así, dichas empresas, por el simple trámite de incrementar un 20% su producción de petróleo con respecto a 2021, y 30% en el gas, tendrán acceso privilegiado a estos dólares. El programa, denominado “régimen de acceso a divisas para la producción incremental de gas y petróleo”, permitirá a estas empresas acceder a dólares mucho más baratos (120 pesos versus los 210 de los dólares “blue”, CCL o MEP), los que podrán ser utilizados para lo que se quiera, léase comprar insumos, repartir utilidades o directamente llevarlos al exterior.

Es todo un guiño para estas transnacionales y otras que quieren incursionar en el negocio gasífero-petrolero: el gobierno no sólo las dejará que saqueen sin plantearles ningún límite y garantizando un régimen de superexplotación de los trabajadores (el famoso convenio ultra flexibilizado para Vaca Muerta, firmado en su momento por la burocracia sindical del sector), sino que también les asegura acceso privilegiado a dólares baratos y, lo más importante, que puedan fugarlos cuando quieran. Para esto no hay grietas: es el clásico modelo de saqueo en el que acuerdan Cristina, Alberto y también la oposición de Juntos por el Cambio. Toda una postal del saqueo de nuestros recursos.

Escribe Mariano Barba

Por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, en 1922 fue creada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) bajo la administración del gobierno. Fue el presidente Marcelo T. de Alvear quién le encargó a Tomás Le Breton, ministro de Agricultura, que buscará un responsable de YPF. Así llegó Enrique Mosconi.
 
Mosconi demostró, hace casi cien años, que era posible el desarrollo de una industria petrolera en manos del estado. Afirmaba Mosconi: “No queda otro camino que el monopolio del Estado pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el comercio. Sin el monopolio del petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado”.

Bajo la dirección de Mosconi, YPF creció en la exploración, producción y refinación de petróleo, y creó condiciones que no existían en esas geografías patagónicas. Construyó viviendas, caminos, escuelas, proveedurías, hospitales, clubes, puertos; para la radicación de las familias ypefianas. YPF hizo crecer a ciudades como Comodoro Rivadavia, Las Heras, Caleta Olivia y Plaza Huincul (vecina a Cutral Có) en lo que hoy son las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén. En ese período se creó, en 1925, la destilería de Ensenada, llegando a ser considerada la cuarta más importante del mundo. También avanzó en los buques de transportes de petróleo y en oleoductos.

Pero esta gran empresa estatal empezó a ser desguazada a partir de las reformas introducidas entre 1989 y 1992, con la llegada del peronista Carlos Menem a la presidencia. La liquidación definitiva se concretó cuando todo el peronismo votó en el Congreso la privatización de YPF. Lo que más adelante sería el peronismo kirchnerista, en 1992 militó muy fuerte para lograr la privatización. Cristina, entonces diputada provincial, propuso que el parlamento santacruceño exigiera que sus legisladores dieran el quórum necesario para privatizar, declarando: “En lo económico posibilita la mejora de nuestras cuentas (las de Santa Cruz) y en lo institucional, nos torna creíbles y respetables en cuanto damos cumplimiento a la palabra empeñada”. El actual senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, fue el miembro informante de la ley de privatización. Los senadores neuquinos del MPN Elías Sapag y Guillermo Solana dieron el quórum que faltaba para votar la ley. Néstor Kirchner, por entonces gobernador de Santa Cruz, en 1999 vendió a Repsol el 5% de YPF, que pertenecía a la provincia, por más de 600 millones de dólares. La burocracia sindical del Sindicato Único Petrolero del Estado (SUPE), encabezada por Diego Ibáñez, apoyó la entrega de YPF a la multinacional Repsol. Las consecuencias fueron nefastas, la desocupación hizo estragos entre los obreros petroleros, que terminaron en la calle, inaugurando los históricos cortes de ruta en las puebladas de Cutral Co de 1997/98. Aún hoy miles de ellos no cobraron el resarcimiento legal que les correspondía.
 
YPF 100 % estatal bajo control obrero

En 2012 comienza la historia reciente, cuando la presidenta Cristina Fernández hizo votar una nueva ley reestatizando el 51% de YPF como una sociedad anónima, pagando a Repsol unos 5.000 millones de dólares, cuando valía menos por el vaciamiento que le generó Repsol. Pero el 25 % de la parte privada quedó en manos del grupo Eskenazi (amigos de Néstor y Cristina) sin poner un peso, ya que iba a pagar con dividendos futuros. Encima, los fondos Burford Capital y Eton demandaron a la Argentina por 3.500 millones de dólares. Un desastre tras otro.

Para el CEO actual de YPF, Sergio Affronti, “YPF tiene un futuro brillante” ya que además del petróleo y el gas está ingresando en distintas ramas de la energía como YPF Litio, que avanza con las provincias del noroeste; YPF Luz, productor de energía renovable; e YPF Tecnología, de investigación y desarrollo.

Para Izquierda Socialista, ninguna de estas variantes servirán para beneficiar al pueblo trabajador y sectores populares ni mejorar el patrimonio nacional, ya que la YPF actual se maneja igual que las multinacionales saqueadoras.  Para que se cuide el medio ambiente, para que las riquezas del subsuelo queden en el país, y las tarifas de los combustibles y servicios públicos sean acordes con los ingresos populares, toda la industria hidrocarburífera y de energías renovables tiene que pasar a ser 100 % estatal y bajo control de trabajadores y técnicos que definan su producción en función de las necesidades del pueblo.