El gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ya entra en la recta final del acuerdo con el FMI. El memorándum de entendimiento se firmará en los próximos días. De allí irá al Congreso, donde se va a aprobar con los votos conjuntos del peronismo y de Juntos por el Cambio, con el apoyo de los gobernadores, los grandes empresarios y la burocracia sindical. Porque todos están a favor del saqueo y de seguir pagándole a los buitres, hasta Milei y Espert, que si bien afirmaron que podrían votar en contra, lo hacen por derecha, porque les parece poco el ajuste y su planteo es de más ataques antiobreros y antipopulares.

La votación del acuerdo será la expresión más desnuda del doble discurso del Frente de Todos. De un gobierno que asumió y aún hoy se presenta como quien “combate la herencia de Macri”, mientras al mismo tiempo paga y reconoce como legítima la deuda de 45.000 millones de dólares que contrajo el macrismo con el FMI para la bicicleta financiera de sus amigos. El gobierno habla de deuda fraudulenta, de estafa, pero sin embargo se apresta a pagar y a ajustarnos a todos para cumplir con el Fondo.  

Este acuerdo es la prioridad del gobierno del Frente de Todos, como lo ha sido a lo largo de sus dos años de mandato. Ya lleva pagados casi 15.000 millones de dólares en vencimientos de deuda, más de lo que se puso para atender las consecuencias sanitarias y sociales del Covid-19. Ahora, en estos mismos días, vemos que, producto de la desidia y los escasos recursos aportados por el gobierno, se está incendiando una parte sustancial de la provincia de Corrientes, que incluye casi un tercio de los Esteros del Iberá, el mayor humedal de nuestro país, causando un desastre ambiental de proporciones gigantescas.

El acuerdo con el FMI nos llevará a más ajuste, entrega y sometimiento, que terminará pagando el pueblo trabajador. Ya lo vienen sufriendo los jubilados, a quienes les robaron con el cambio de movilidad jubilatoria planteado por Alberto Fernández apenas asumió. Lo mismo los docentes, estatales y trabajadores de la salud con salarios a la baja desde hace cuatro años. A todo esto hay que sumar la desaparición del IFE en 2021. Y este año tendremos la reducción de los fondos destinados a atender la pandemia, además de los tarifazos en la luz, gas y transporte. También hay que contar los techos salariales, la eliminación total de la doble indemnización y las amenazas recurrentes de avanzar nuevamente contra las jubilaciones futuras.

Todo esto ni siquiera nos permitirá desendeudarnos o crecer. Al contrario, mientras más pagamos, más debemos. Las proyecciones de crecimiento económico de este año son muchísimo menores a las de 2021 y la inflación está calculada en un 55%, acrecentando la pobreza y la indigencia.

Es que no hubo, no hay ni habrá ningún acuerdo “bueno” con el FMI, como se nos quiso vender en los últimos dos años. Los acuerdos del Fondo Monetario Internacional con absolutamente todos los países del mundo, incluyendo los 22 anteriores firmados por la Argentina, han comprometido siempre a feroces ajustes. Esta vez no será distinto, con un acuerdo donde además cederemos toda nuestra soberanía, con funcionarios del Fondo revisando cada tres meses que se esté cumpliendo el ajuste.

Decíamos más arriba que con este acuerdo se puso blanco sobre negro el doble discurso del gobierno. Por eso algunos sectores, como el encabezado por Máximo Kirchner, buscan lavarse la cara, haciendo críticas, diciendo que “habrían negociado distinto”. Pero, a la vez, afirman que no pondrán palos en la rueda y dejarán que se apruebe, incluso si, aprovechando que ya tienen los números gracias al voto favorable de Juntos por el Cambio, un sector del kirchnerismo termina absteniéndose. Pero la verdad es que nunca se opusieron realmente, nunca dijeron que hay que dejar de pagar la deuda. Más allá de sus poses, siguen siendo parte de este gobierno que ajusta.

Del otro lado, el pueblo trabajador, que ya viene sintiendo las consecuencias del mayor ajuste, empieza a salir a pelear. Tendencia que seguramente se acrecentará en los próximos meses. Los ferroviarios del Sarmiento pararon contra la desprotección empresarial ante el Covid, las sanciones y descuentos salariales. En los últimos días también vimos masivas movilizaciones de las organizaciones de desocupados combativas. Ya se convocaron paros docentes, como Ademys en Caba y el de Aten Neuquén que marca el camino de como enfrentar la paritaria a la baja. Y de los trabajadores de la salud por reclamos salariales. También las movilizaciones del movimiento ambiental contra el saqueo siguen firmes. En los próximos días tendremos un nuevo 8M, y el movimiento de mujeres y disidencias volverá a ganar las calles, reclamando, entre otras cosas, que se ponga plata para combatir la violencia de género, frente a los presupuestos irrisorios destinados por el gobierno. Llamamos a apoyar todas estas luchas, a la vez que denunciamos que, con las consecuencias del ajuste que se firmará con el FMI, todo se va a agravar.

El gobierno del Frente de Todos, la oposición patronal de Juntos por el cambio, las patronales, el imperialismo, la burocracia sindical, los periodistas de los medios hegemónicos, sean oficialistas u opositores, todos repiten a coro: no había otro camino posible.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, junto al sindicalismo combativo y a las más de cien organizaciones con las que nos venimos movilizando desde diciembre pasado, decimos rotundamente que sí, que hay otra salida: dejar de pagar esta estafa y romper con el FMI, para invertir todos esos fondos para combatir el hambre, la pobreza, aumentar las jubilaciones y construir 500.000 viviendas populares para dar trabajo genuino. Cuando nos dicen que esto sería “el abismo”, les contestamos que allí nos han llevado los distintos gobiernos patronales, priorizando pagarles a los usureros internacionales y así hundiendo al país en los últimos cuarenta años.  

Por eso no nos quedamos de brazos cruzados. Llamamos a marchar nuevamente el día que se trate la ley. A la vez que garantizamos que, a posteriori, saldremos a enfrentar todas y cada una de las medidas de ajuste.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad salimos a realizar una gran campaña. Buscamos construir un gran movimiento contra el acuerdo con el Fondo, que fortalezca y amplíe lo ya logrado cuando llenamos la Plaza de Mayo en diciembre y volvimos a hacerlo el 8 de febrero pasado. Al servicio de esto, el FIT Unidad va a seguir poniendo la fuerza que le dio el millón trescientos mil votos logrado en las elecciones y su lugar como tercera fuerza nacional. Te invitamos a sumarte, a repartir los volantes donde explicamos la estafa de la deuda y el ajuste que se viene entre tus compañeros de trabajo y estudio, vecinos y familiares. A ayudarnos a pegar miles de afiches. A asistir a nuestras charlas y reuniones. En síntesis, a redoblar la movilización contra el acuerdo con el FMI.

Escribe José Castillo

Todavía no se conocen los detalles del memorándum de entendimiento que el gobierno del Frente de Todos se apresta a acordar con el FMI. Pero todo lo que trasciende va en la dirección de más ajuste, techos salariales, congelamiento de planes sociales y reformas en el sistema jubilatorio.

Hace un mes, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán anunciaron que ya estaba avanzado el acuerdo con el FMI. Afirmaban que “no habría ningún ajuste” y menos aún, ningún tipo de exigencia de “reformas estructurales” (laboral o jubilatoria). Se señalaba, finalmente que el acuerdo sería plenamente debatido “democráticamente” en el Congreso Nacional.

Empecemos por esto último. Ahora el gobierno reconoce que el memorándum de entendimiento se enviará al Congreso, pero únicamente para que se vote a libro cerrado, por sí o por no. No se pondrá en consideración la letra chica del acuerdo. El Congreso será una mera escribanía para refrendar lo ya acordado, demostrando lo estéril del planteo de aquellos que cuestionaban la legitimidad de la deuda exclusivamente porque esta “no pasaba por el Congreso”.

¿No hay ajuste?

Se nos vendió hace un mes que no habría ajuste. Es categóricamente falso. Día a día van saliendo a la luz “detalles” de lo que se viene. Casi en el mismo momento en que el ministro Guzmán afirmaba que no habría aumento de tarifas, los voceros del Fondo lo desmintieron señalando que ese era uno de los principales puntos del acuerdo. En los días siguientes tuvimos el incremento de los combustibles y los anuncios de las subas en primera instancia de la electricidad (20%) y del gas (13%) a lo que se van a agregar otras en el futuro próximo. El periodista Alejandro Bercovich, desde el borrador de documento entre el gobierno y el Fondo al que tuvo acceso el diario BAE Negocios, desnudó la mentira de que el resto del incremento sería solo para zonas ricas: “se ampliará a otras nueve áreas urbanas para fines de mayo de 2022”.

La semana pasada se conoció la decisión de congelar el número de planes sociales, justamente cuando se dio a conocer que hay casi dos millones de desocupados que no están recibiendo ninguna asistencia. Y la fijación de techos salariales por debajo de la inflación proyectada.

También al conocerse el borrador citado en el párrafo anterior, salió a la luz que el gobierno mentía al decir que no se estaban negociando reformas estructurales. En el borrador de memorándum está a discusión el sistema jubilatorio, sus regímenes especiales y la posibilidad de aumentar la edad mínima para jubilarse.

Una hipoteca que no termina nunca

La deuda sigue siendo una bola de nieve infernal que se chupa nuestros recursos. Los 12.000 millones de dólares que lleva pagados por vencimientos de deuda el gobierno de Alberto Fernández equivalen a la construcción de 500.000 viviendas populares, que darían trabajo a dos millones de desocupados.  

Sólo los últimos pagos de este año 2022, por 1.100 millones de dólares, son 6 veces más que lo que se paga en concepto del 1,2 millones de planes sociales y 300 veces más que lo que se está destinando a combatir los incendios masivos en las provincias.

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller escribió recientemente, en una columna periodística, que “la deuda se puede pagar con crecimiento económico, garantizando una redistribución de la riqueza y justicia social”. Esto es falso en dos sentidos. Primero, no es cierto que el mero crecimiento económico garantice que este derrame hacia el pueblo trabajador. Así, por ejemplo, en 2020 hubo un incremento del PBI del 10%, y sin embargo la distribución del ingreso empeoró. Y segundo, no es verdadera la afirmación de que es posible pagar la deuda creciendo: en los próximos años los vencimientos van a ser de 15.000 millones de dólares por año, sumando más de 110.000 millones en los próximos diez años. Estas sumas absolutamente impagables empujan a  nuevas renegociaciones con el Fondo, y por ende mayores pactos con este organismo y exigencias de ajuste.

Heller afirma también que existen dos modelos, el “nacional y popular”, por un lado, y el de los liberales y libertarios por el otro. No es cierto. En la realidad hay un solo modelo, el del actual gobierno, que lo aplica, ajustando y blanqueando la deuda de Macri. El de pagar y seguir pagando, ajustar y seguir ajustando.

Nosotros, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, decimos que efectivamente hay otro modelo, el de no pagar y romper con el Fondo, y usar esa plata para salario, trabajo, salud, educación y vivienda. Eso es lo que se va a manifestar en la futura votación en el Congreso, donde el acuerdo con el Fondo será aprobado con los votos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Milei se opondrá, exigiendo un ajuste aún mayor. Los únicos que nos opondremos por izquierda seremos el FIT Unidad. Los que, a la vez, llamamos a movilizarnos contra el acuerdo y pelearemos contra todas y cada una de las consecuencias del ajuste.

Escribe José Castillo

Finalmente, después de varias puestas en escena, la oposición patronal de Juntos por el Cambio informó que votará a favor el acuerdo con el FMI. Para nosotros no es ninguna sorpresa; es más, venimos denunciando desde la pasada campaña electoral que esto iba a terminar así.

Varios diputados de Juntos por el Cambio sostienen que “quieren ver la letra chica”. Pero ante el anuncio de que solo se votará por sí o por no, es un hecho que todo ese sector se pronunciará a favor. Todos los economistas de Juntos por el Cambio, entre ellos los mismos que fueron ministros de Macri y negociaron el acuerdo con el Fondo son los que más insisten en la “responsabilidad de votar a favor”.

El voto positivo de Juntos por el Cambio incluso le permitirá al gobierno que el sector kirchnerista de Máximo y sus aliados (Itaí Hagman de Patria Grande o los dos diputados del PCR) se lave la cara, absteniéndose o jugando a alguna maniobra parlamentaria similar, por supuesto, como han afirmado, “sin poner palos en la rueda”.

En síntesis, veremos en escena votando unido al “partido único de la deuda”. Del otro lado, oponiéndose, una vez más quedará el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe José Castillo

El diputado libertario y ultraderechista Javier Milei anunció que votará en contra el acuerdo con el FMI. No lo hace con ningún argumento progresista. Al contrario. Se queja de que el pacto con el Fondo no ajusta lo suficiente.

Trata de confundir diciendo que lo que él exige es que se ajuste “la casta política”, pero una recorrida por todas sus propuestas demuestran que lo que busca es que se achiquen hasta su virtual desaparición todos los fondos destinados al pueblo trabajador. Está en contra de la educación estatal, de la salud pública, de las jubilaciones, por citar sólo algunos ejemplos. Sabiendo que el acuerdo terminará aprobándose, Milei aprovechará para hacer su show. Pero no hay que confundirse: su voto en contra estará en las antípodas del Frente de Izquierda Unidad, el único sector que plantea que la plata de la deuda vaya a resolver las más urgentes necesidades populares.  

El Indec difundió que la inflación de enero fue del 3,9% y la suba de los alimentos fue aún mayor, cerca del 5%. Esto traerá más desigualdad social e indigencia. Encima la proyectada para 2022 es entre el 50 y 55%, mientras el ministro de Trabajo Claudio Moroni ya fijó un techo salarial del 40%. Los salarios, jubilaciones y planes sociales siguen perdiendo con el gobierno peronista de Alberto Fernández.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El casi 4% de inflación en enero fue brutal. Subió todo: alimentos (80% los huevos), ropa, alquileres, peajes, telefonía, entre un largo etcétera. Y la inflación de febrero podría superar ese porcentaje por la suba de los combustibles del 9%, prepagas, el 25% del pan y los aumentos en los útiles escolares de un ochenta por ciento promedio, entre otros rubros. Como si fuera poco, ahora vienen los tarifazos acordados con el FMI. Y ya el gobierno anunció el congelamiento de los planes sociales.

Este aumento en los precios de enero traerá más pobreza e indigencia. Es evidente que los empresarios siguen aumentando con total descaro y también el gobierno del Frente de Todos, con las subas en las naftas de YPF, la autorización de la suba en las prepagas y los precios cuidados. Por eso, cuando los economistas pro patronales hablan de que la inflación es por “factores climáticos o estacionales, monetarios o por falta de confianza en los mercados”, es para esconder que los monopolios formadores de precios son los responsables de las subas y el gobierno su cómplice.

Se acaba de anunciar la medición de la canasta de pobreza para una familia tipo, alcanzando los 78.624 pesos, y la de indigencia a 34.334 pesos (esta última es lo mínimo para no morir, para sobrevivir, subsistir). Pero el tema es que millones no alcanzan esos montos, aunque sean exiguos. Por ejemplo, el 1,2 millón de planes sociales están en 16.000 pesos, la mitad de una canasta de indigencia. Con el aumento del 12% en marzo, la jubilación mínima se irá a 32.630,40 pesos, menos que la canasta de indigencia. Lo mismo pasa con el salario mínimo vital y móvil, que quedó por debajo de este valor. Por eso creció la indigencia, en el país de “la carne y el trigo”.

La verdadera referencia es la canasta familiar para una familia tipo que publican todos los meses las y los trabajadores de ATE Indec. La última medición da que la misma alcanza los 128.832 pesos. ¿Qué familia trabajadora, de jubiladas y jubilados o de un barrio popular percibe eso? La ultra minoría.

El gobierno miente con las cifras. Dijo que en 2021 la inflación iba a ser del 29% y llegó al 51%. Ahora dice que será del 33% y los cálculos proyectados darían una cifra similar a la del año pasado. El ministro de Trabajo Moroni habló de un techo salarial en las paritarias del 40%, cuando sabe que la inflación será mayor. Esa diferencia entre la inflación real y las menores subas de salarios y jubilaciones ¿adónde va? A los bolsillos de los grandes empresarios y del gobierno. Al firmar las patronales con la burocracia sindical de turno aumentos a la baja, se quedan con la diferencia aumentando sus suculentas ganancias. Y el gobierno, al dar aumentos a la baja en estatales, salud, docentes y jubilaciones, aplica un ajuste para cumplir con el FMI.

Por todo esto es un verso decir que los salarios le ganaron a la inflación el año pasado. Mentira total. Se dieron aumentos en cuotas (cuando los precios aumentan todos los días) y sin recuperar lo perdido año atrás. Los salarios perdieron el 20% promedio con Macri y en los dos años de Alberto y Cristina otro 10%. Si no se recuperan esos porcentajes y se fija un salario de acuerdo a la inflación real indexado automáticamente y periódicamente, no hay recomposición posible.
Se necesita un aumento inmediato de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar. Lo mismo para los planes sociales, teniendo que llegar por lo menos a superar la canasta de pobreza. Llamamos a los trabajadores a exigir un plan de lucha a sus conducciones gremiales y a repudiar el pacto con el FMI que traerá más hambre y pobreza.