Aumento salarial de emergencia. Que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por los trabajadores de ATE Indec en 136.104 pesos. Reapertura de todas las paritarias, sin techo y con paritarios elegidos en asambleas. Aumento de emergencia de todas las jubilaciones, para que la mínima alcance la canasta de la Tercera Edad (75.000 pesos). Aplicación inmediata del 82% móvil.

Indexación de salarios y jubilaciones, de acuerdo al incremento del costo de vida.

Eliminación del IVA a todos los productos de la canasta familiar. Abolición del impuesto al salario (descuentos por impuesto a las “ganancias” a las y los trabajadores).

Fijación de precios máximos a todos los productos de la canasta familiar. Control estricto de dichos precios, con aplicación inmediata y ejecutiva de la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar e incluso expropiar a quien viole dichos precios, realice acaparamiento, mercado negro o cualquier otra actividad especulativa. Aplicación de las sanciones tanto a las empresas monopólicas productoras de esos bienes como a las grandes cadenas de hiper y supermercados que avalen aumentos de precios no autorizados.

Suspensión inmediata de todos los tarifazos de servicios públicos privatizados comprometidos con el FMI. La salida no pasa ni por los tarifazos ni por seguir subsidiando a esas empresas, sino por la reestatización de las mismas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios, para brindar servicios de calidad, con tarifas sociales para quién la necesite.

Ante los aumentos internacionales y la volatilidad de las cotizaciones del petróleo y el gas, tenemos que recuperar nuestra soberanía en esos recursos estratégicos y acabar con el saqueo. Hay que reestatizar todo el complejo petrolero, conformando una YPF 100% estatal que monopolice todo el negocio del sector, desde la exploración, pasando por la extracción, el refinado y la comercialización en estaciones de servicio, donde se venda el combustible a precios relacionados con los costos locales y no con los valores de la especulación internacional.
Hay que reestatizar todo el negocio gasífero, volviendo a una Gas del Estado que tome todas las etapas (exploración, extracción, transporte -construcción de gasoductos- y distribución domiciliaria) gestionada por sus propios trabajadores y usuarios.

Terminar con los aumentos de las materias primas de los alimentos con la excusa de la suba de precios internacionales (harina, maíz, aceites). Para realmente “desacoplar” los precios de los alimentos vendidos en el país de sus cotizaciones internacionales hay que terminar con los negocios de los grandes monopolios exportadores, nacionalizando el comercio exterior y recreando las juntas de granos y carnes que fijen precios sostén para el pequeño productor y máximos para los grupos exportadores.

Basta de especulación con el dólar y la bicicleta financiera, que finalmente se termina trasladando a los precios. Hay que nacionalizar la banca, para que el ahorro de los trabajadores retorne en créditos para la vivienda y el consumo popular.

El 4,7% de inflación revelado por el Indec para el mes de febrero es otro mazazo contra el pueblo trabajador. La nueva suba es una de las más altas de los últimos años, siendo Argentina el país con mayor inflación después de Venezuela y Sudán. Las alzas fuertes se dieron en verduras, frutas, leche, huevos, pan y carne, todos artículos de consumo popular que cada vez son más prohibitivos para millones. El impacto en el rubro Alimentos y Bebidas, como siempre, fue peor, llegando al 7,5%. Este índice marca la verdadera inflación, ya que es allí donde más destinan sus ingresos la gran mayoría de los sectores populares. Con este número de febrero, la inflación interanual (la de los últimos doce meses) ascendió al 52,3% y las proyecciones privadas para 2022 calculan que rondará entre el 55 y el 60% anual, cuando en la ley que acaba de votar el Congreso al servicio del FMI marca una previsión entre el 37 y 48%. Se trata de una mentira total para encubrir los males sociales, diciendo que con el acuerdo con el FMI vamos a estar mejor. Como dijo un trabajador frente a la placa televisiva mostrando el porcentaje inflacionario: “¿Cómo? ¿No nos decían que con el FMI se iban a acabar los problemas?”.
 
Esto no es nada. Marzo podría repetir y hasta superar el índice de febrero, por el aumento de los combustibles con su incidencia directa e indirecta sobre el costo de la mayoría de los bienes, el incremento del pan y de la carne, de las cuotas de los colegios privados y una larga gama de servicios. La suba de las naftas decretadas por el directorio de YPF (empresa con un 51% de acciones estatales) pone de relieve que es el gobierno el que fogonea la inflación. Este aumento  luego fue seguido por Shell y el resto de las multinacionales del sector. Y todavía falta: se viene el tarifazo en los servicios públicos privatizados (gas y luz) pactado con el FMI en un promedio del 60%, donde todo volverá a subir. Un círculo vicioso que el propio gobierno alimenta.
 
A todo esto, Alberto Fernández, después de haber visitado a Putin días previos a que desatara la invasión criminal a Ucrania, ahora dice que “la guerra” fogonea la suba de los precios y que este viernes “arranca otra guerra, la guerra contra la inflación”. Ya el presidente comienza con una mentira. Dice que el tema “deuda” ya estaría arreglado con el FMI, cuando la realidad es que recién se acaba de reconocer la estafa de Macri y lo que se vendrá son vencimientos siderales en los próximos años. La frase “ahora se dará pelea contra la inflación” intenta desligar al Fondo Monetario de todo esto, cuando ya se sabe que el pacto traerá más ajuste y saqueo y una nueva devaluación.

¿Qué es “la guerra contra la inflación” a la que se refiere Alberto Fernández ¿Acaso el gobierno va a anunciar la anulación del IVA de la canasta familiar? ¿Va a decretar precios máximos bajo apercibimiento de severos castigos a las alimenticias y monopolios que remarcan y remarcan mientras hay una crítica situación social? ¿Va a obligar a poner esos productos a precios accesibles bajo pena de incautar sus bienes e intervenir la producción para obligar a que no desabastezcan? Todas estas medidas están previstas en la Ley de Abastecimiento, que el gobierno nunca aplicó. ¿No sería el momento en esta situación excepcional de que se nacionalice el comercio exterior para evitar que se sigan yendo los alimentos básicos? ¿No es hora de que se obligue a los agroexportadores a dejar de hacer negocios en dólares con nuestra comida, mientras la carne, la leche y el pan se alejan cada vez más de las mesas populares? ¿Va a anunciar el presidente este viernes un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y planes sociales para que nadie gane menos que la canasta familiar y así cubrir de inmediato esta nueva suba inflacionaria que sigue hundiendo a millones en la pobreza? Nada de esto ocurrirá.

Con el incremento del 12,8% de los alimentos en el primer bimestre la canasta de indigencia del Indec para una familia tipo llegó a 36.000 pesos y la canasta de pobreza a más de 80.000, sin tomar en cuenta el alquiler. Es por eso que la pobreza crece, ya no solo entre los más humildes sino también entre los trabajadores, incluso los registrados. Ni que hablar de las y los trabajadores no registrados con ingresos muy bajos (que suman más de cinco millones), de las jubiladas y jubilados que perciben el haber mínimo o menos (entre 26.000 y 32.630 pesos) -otros cinco millones- y los más de uno punto dos millones de planes de empleo que perciben la mitad del salario mínimo.

Este miércoles se reúne el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El Gobierno había programado un aumento del 40% sobre un salario mínimo que en seis años ya acumula una pérdida superior al 30%. Es el mismo porcentaje del 40% que ya fijó el ministro de Trabajo como techo para las paritarias de este año, encima otorgado en comodísimas cuotas.

Con este aumento inflacionario de febrero la canasta familiar para una familia tipo supera ampliamente los 128.000 pesos, según la cifra calculada por las y los trabajadores de ATE Indec. Está claro entonces: con Alberto Fernández y el peronismo del Frente de Todos siguen ganando los grandes empresarios y el FMI a costa del pueblo trabajador.

¿Alguien escuchó a los dirigentes burocráticos de la CGT o de la CTA levantar la voz? Claro que no. Son los que vienen sacando comunicados de apoyo al acuerdo con el FMI y tienen los dedos manchados de tinta firmando paritarias a la baja. Esto así no puede seguir. Hace falta un aumento inmediato de salarios y jubilaciones indexado periódica y automáticamente de acuerdo a la inflación real. Llamamos a los trabajadores a exigir a sus conducciones gremiales que convoquen asambleas y plenarios de delegados para delinear un plan de acción con el objetivo de imponer un aumento de emergencia. La CGT y las CTA tienen que romper el pacto con el gobierno y llamar a medidas de lucha. Los paros en el inicio de clases de los docentes en varias provincias, entre otros reclamos, demuestran que hay un malestar social que va a seguir creciendo.

¡Basta de inflación! Aumento inmediato de salarios y jubilaciones. No al techo salarial. No al tarifazo del gobierno y el FMI. Esa es la necesidad inmediata hoy, mientras seguimos llamando a las y los trabajadores, a la juventud, al movimiento de mujeres, de las disidencias, a los luchadores en defensa del ambiente y demás sectores populares a seguir enfrentando las consecuencias del pacto sellado con el FMI por parte del gobierno y de Juntos por el Cambio, que traerá más ajuste, endeudamiento, saqueo y dependencia. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad nos comprometemos, junto al sindicalismo combativo, a seguir denunciando este atropello, en el Congreso, en los lugares de trabajo, estudio y en las calles, junto a decenas de organizaciones, como lo haremos de nuevo este jueves frente al Senado y en la próxima marcha ante un nuevo aniversario del 24 de marzo.

Escribe José Castillo

La ley de artículo único que aprobó el acuerdo con el FMI se terminó votando en la Cámara de Diputados por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. Las cuatro bancas del Frente de Izquierda Unidad no solo votaron en contra sino que fueron las únicas que propusieron desconocer el pacto Macri-FMI de 2018, se pronunciaron por el no pago de la deuda usurera y por destinar esos fondos a combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad social.

Tal como lo veníamos denunciando, finalmente tanto el gobierno del Frente de Todos como la oposición patronal de Juntos por el Cambio cumplieron con las exigencias del imperialismo y el establishment y votaron el acuerdo con el FMI. El frente único, que incluía al 100% de las patronales que operan en el país, a los medios hegemónicos de comunicación (sean oficialistas u “opositores”) y a la burocracia sindical, hizo sonar la semana pasada con más fuerza que nunca su voz monocorde: “es arreglar con el Fondo o el caos”.

¿Qué significa el acuerdo con el Fondo?

No por haberlo repetido cientos de veces deja de ser importante volver a decirlo: se trata de un programa que exigirá un ajuste mayor al actual. Se expresará en un fuerte tarifazo, muy superior al previamente anunciado del 20%. No es cierto que no contiene reformas estructurales. Tras el eufemismo de “hacer un estudio para analizar su sustentabilidad” y “promover mecanismos voluntarios para extender la edad de retiro”, se generan los mecanismos para una próxima reforma jubilatoria que ataque en particular a los regímenes especiales, como el docente que es el más numeroso. Y, por sobre todo, el pacto con el Fondo incluye las terribles revisiones trimestrales, que significan en los hechos instalar un auténtico protectorado imperialista, casi permanente, que va a definir qué se acepta y qué no ante cada decisión política.

Un pacto complicado, en el que se comprometieron todos

El gobierno peronista de Alberto Fernández cometió un error político. Confundió el hecho de que todos estaban comprometidos a no romper con el Fondo, con la posibilidad de involucrarlos políticamente en los costos del plan económico (y por lo tanto del mayor ajuste que se viene). Chocó, por un lado, con la propia crisis del peronismo y la coalición gobernante. Que, como explicamos en otra nota (ver Carta de La Cámpora ¿Qué hay detrás del voto en contra de Máximo Kirchner?), no significa que el kirchnerismo realmente “se oponga al FMI” o esté en contra de pagar la deuda. Todo lo contrario. Tal como lo dijo el propio Máximo Kirchner, cuando presentó su renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, ellos se comprometieron a “no poner palos en la rueda”.

Y por otro lado, Juntos por el Cambio, que obviamente siempre estuvo de acuerdo con los planes de ajuste del FMI, tampoco estaba dispuesto a quedar pegado a las consecuencias de la implementación concreta del programa del Fondo. Todo eso se resolvió con una negociación donde se terminó votando un proyecto con un artículo único (como explicamos en Las idas y vueltas del proyecto de ley / Un sólo artículo para someternos al FMI ). Macri terminó diciendo que “se sintió feliz” por el acuerdo: no era para menos, ya que el gobierno peronista le estaba reconociendo legalidad a la estafa que se había firmado en 2018.

El rol del FIT Unidad y lo que se viene

Sintetizando, para avalar el pacto con el FMI hubo otro gran pacto: el del Frente de Todos con el macrismo.  Macri nos endeudó y el peronismo ‘nacional y popular’ paga con más ajuste.

Máximo Kirchner y La Cámpora, por su parte, votaron en contra. Pero en su comunicado señalan que su postura “no implica el desconocimiento de la deuda”, sino que había que acordar “en otras condiciones”. La realidad es que los veintiún acuerdos anteriores de la Argentina con el Fondo, y la totalidad de los pactos firmados del FMI con absolutamente todos los países del mundo, implicaron más ajuste, saqueo, dependencia y sometimiento.

Hay otro camino, el de desconocer el acuerdo con el FMI y dejar ya mismo de pagar esta deuda usurera, ilegítima y fraudulenta, destinando esos fondos a trabajo, salud, educación y vivienda. Nos han venido chantajeando, diciendo que esto sería el abismo. Pero al abismo nos han llevado el FMI y los planes de ajuste de todos los gobiernos. El hambre y la pobreza actual son por pagar, no por suspender los pagos. No es ninguna utopía lo que decimos. La rebelión del Argentinazo impuso el no pago y no nos invadieron ni embargaron. Por eso, seguiremos luchando por estas propuestas desde el Frente de Izquierda Unidad, junto al sindicalismo combativo y a las cientos de organizaciones con las que nos movilizamos el 11D y el 8F a Plaza de Mayo y el pasado jueves frente al  Congreso.

Escribe José Castillo

Originalmente el gobierno de Alberto Fernández había presentado un proyecto de ley que contenía dos artículos. Por un lado, un primer artículo que autorizaba al gobierno a cerrar el acuerdo con el Fondo. Y por otro, un segundo artículo donde se explicaba el programa del Fondo, incluyendo las planillas con los detalles del plan de ajuste. El texto estaba acompañado por una exposición de motivos (los “considerandos”), donde el gobierno se explayaba en sus denuncias sobre la responsabilidad del macrismo en el endeudamiento con el FMI, y en el uso del dinero enviado por el Fondo, en particular la fuga de capitales.

El artículo 2 y las planillas adjuntas permitían ya desmentir al gobierno cuando decía que era un acuerdo “sin ajuste”, o que no habría tarifazos, o incluso que no estaba incluida ninguna reforma estructural (en particular la jubilatoria).

El hecho de que La Cámpora haya desaparecido del debate ya en las propias reuniones de comisiones puso a Alberto Fernández frente a que, más que nunca, necesitaba el apoyo de la oposición patronal de Juntos por el Cambio.

El FMI dejó deslizar que su único interés era que se aprobara la autorización del Congreso al gobierno argentino para firmar el acuerdo. Dio a saber que no le interesaba cómo se votaba, por cuanto salía aprobado el proyecto ni si además el proyecto incluía las características del propio plan de ajuste.

Juntos por el Cambio tomó este planteo del Fondo. Le caía como anillo al dedo, ya que por un lado estaba 100% de acuerdo con el pacto con el FMI, pero por el otro no le interesaba compartir los costos del ajuste que se viene con el gobierno del Frente de Todos. A la vez, aprovechó para presionar al gobierno exigiendo que se retiraran de los considerandos las críticas al gobierno de Macri.

El gobierno, en una negociación llevada adelante principalmente por Sergio Massa, y monitoreada personalmente por Alberto Fernández, terminó acordando con Juntos por el Cambio un nuevo proyecto de ley, constituido por un artículo único en el que el Congreso simplemente autorizaba la firma del acuerdo. O sea, toda la cháchara sobre el Congreso como espacio de debate, o lugar donde se definen las políticas relativas al endeudamiento, desapareció de un plumazo. Quedó al desnudo lo que significa el Parlamento para los partidos patronales, sea quien sea el que coyunturalmente ejerza el gobierno: una mera escribanía que cumple los mandatos del amo imperialista, en este caso de su principal agente, el Fondo Monetario Internacional.

Escribe Guido Poletti

Itaí Hagman, referente de Patria Grande, y Juan Carlos Alderete, del PCR, estuvieron dentro de los pocos diputados oficialistas que hablaron en contra del acuerdo. También lo hizo Natalia Zaracho, compañera de agrupación de Hagman.

En los casos de Hagman y Alderete, la trama de sus discursos fue prácticamente calcada. Hicieron una descripción en general correcta de los males que nos traerá el acuerdo con el Fondo y del carácter imperialista de este organismo.

Pero, luego, sostuvieron que ello no era motivo para romper con el Frente de Todos. Itaí Hagman llegó a decir que lo que había era apenas “un matiz menor”. Ambos agradecieron a la presidencia del bloque oficialista su “democracia” al dejarlos expresar su disidencia. Y reafirmaron la continuidad de su pertenencia al oficialismo, “para que no vuelva la derecha”. El caso de Hagman es más patético aún, ya que era, hasta el lunes de la semana pasada, miembro de la comisión de presupuesto por el Frente de Todos, y fue desplazado de ese cargo para que hubiera más diputados oficialistas votando a favor el dictámen. Hagman aceptó esta maniobra en absoluto silencio.

La otrora izquierda independiente de Hagman y Patria Grande, o los maoístas del PCR, que supieron tener entre los puntos centrales de su programa el rechazo a la deuda externa y al FMI, terminan así patéticamente el giro que iniciaron ya hace tiempo hacia el kirchnerismo. No organizaron absolutamente ninguna resistencia al pacto con el Fondo, se mantuvieron en silencio, por orden de Cristina, todos los días previos, y finalmente se pronunciaron en contra para lavarse la cara a futuro, mientras insistían que el gran desafío no es enfrentar el ajuste que se viene sino evitar que se rompa el Frente de Todos. Un patético intento de disimular y contener “por izquierda” la sumisión al FMI.