Escribe José Castillo

El gobierno del Frente de Todos ha dicho sin ponerse colorado, en la voz del secretario de Comercio Roberto Feletti, que están “perdiendo la pelea contra la inflación”. Una buena pregunta es porqué. La respuesta es simple: porque nunca la iniciaron.

Seamos claros. Los precios suben porque en casi todos los rubros de consumo popular (tanto alimentos como artículos de limpieza y tocador), hay una, dos o a lo sumo tres empresas monopólicas u oligopólicas que fijan precios y buscan garantizar con subas abusivas sus super-ganancias. A esto tenemos que sumarle que muchos de los productos estratégicos que se consumen en nuestro país (como los alimentos) son los mismos que se exportan. Y las patronales del sector tratan de hacer que su ganancia en dólares por exportación se repita en los precios del mercado interno. Los suben cada vez que se incrementa el dólar o crece la cotización internacional de dichos productos.

Ni los precios congelados del último trimestre del año pasado, ni los precios cuidados relanzados este año han servido para nada. No porque no sirvan los controles, como dicen los economistas del establishment. Al contrario, lo que sucede es que esos “controles” fracasan porque nadie controla nada, ni, mucho menos, sanciona a quiénes violan las disposiciones o los acuerdos.

Lo mismo sucede con las cadenas monopólicas que comparten exportaciones y ventas al mercado interno. Y que hacen y deshacen a voluntad.

Hay sectores del gobierno que siguen, mientras tanto, lanzando fuegos artificiales. Rafael Krejzer, director nacional de Políticas Integradoras del ministerio de Desarrollo Social y dirigente de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), planteó la creación de una “empresa alimentaria nacional”. En vez de ir contra las grandes empresas monopólicas y las cadenas de hipermercados, lanzan cortinas de humo que no resuelven ningún problema. A esa empresa no hace falta “crearla”: bastaría con expropiar a los grandes pulpos alimenticios, cosa que no figura ni en los sueños más lejanos del gobierno de Fernández. La “empresa alimentaria nacional” corre el mismo destino que lo que decía en 2020, cuando se hablaba de expropiar a Vicentín para garantizar la “mesa de los argentinos”. Ahí está el resultado: Vicentín sigue vivito y coleando, sin pagar su deuda con el estado y negociando su venta a otros pulpos transnacionales. Y la mesa de los argentinos cada vez es más difícil de llenar.

No hay misterios: para terminar con los abusos de las empresas monopólicas de los productos de la canasta familiar basta con fijar precios máximos de verdad para cada artículo de ese rubro. Y controlarlo sancionando a los infractores, aplicando la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a los infractores, ya se trate de empresas productoras o grandes cadenas de hipermercados (el otro canal por donde se abusa subiendo astronómicamente los precios). Y con respecto a los monopolios agroexportadores, terminar con sus maniobras (acaparamiento, subfacturación, negarse a liquidar los dólares y fugarlos al extranjero) requiere de la nacionalización del comercio exterior, creando un ente estatal especializado, como era el IAPI en las décadas del ‘40 y ‘50.

Claro que la lucha contra la inflación no debe esconder otra cosa: la urgente y necesaria recomposición de los salarios, las jubilaciones y los montos de los planes sociales, pulverizados en estos últimos cuatro años. Por eso es necesario un aumento de emergencia, para que nadie gane menos que la canasta familiar. Y la inmediata reapertura de todas las paritarias, sin ningún tipo de techo.

La Junta Interna de ATE Indec calcula, mes a mes, el salario de bolsillo necesario para que un hogar, constituido por una pareja de 35 años con dos menores, logre satisfacer las necesidades básicas.

En enero de 2022, este valor es de $128.832. Incluye $43.452, para adquirir la Canasta Alimentaria Mínima y $85.380 para el resto de bienes y servicios básicos.

Se trata de una canasta mínima, para llegar a fin de mes. Considerando que “ningún trabajador debería ganar menos que este valor”.

Escribe Guido Poletti

El gobierno del Frente de Todos viene preparando el tarifazo en los servicios públicos privatizados (gas, electricidad, transporte), acompañando el que ya comenzó con la suba de los combustibles. Es un secreto a voces que eso es parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. En concreto, el organismo ha puesto la mira en los 11.000 millones de dólares que el gobierno destina a subsidios a este sector. Exige su reducción, pero como por supuesto el gobierno va a garantizar a las empresas privatizadas que sigan con sus ganancias, quienes terminarán pagando serán los usuarios, el pueblo trabajador, por medio de los tarifazos.

La electricidad y la mentira de la segmentación

El gobierno ya anunció un incremento general de 20%. A eso se sumarán otros aumentos, teóricamente “segmentados” según el poder adquisitivo. Por eso se había dado a publicidad un mapa que afirmaba que el tarifazo pleno sólo alcanzaría a quienes vivían en barrios ricos de CABA y la zona norte del Conurbano. Pero inmediatamente, desde el propio ministerio de Economía se comenzó a decir que con eso solo “no alcanzaría” para cumplir con el recorte exigido por el Fondo. Un reciente borrador del acuerdo con el FMI empezó a mostrar la verdad: ya se habla de otras nueve áreas que también serán alcanzadas por el tarifazo, afectando esta vez claramente a sectores populares.

El aumento del gas

Ya está pautada una suba generalizada de 13%. A esto se le sumarán otras que, al igual que en el caso de la electricidad, deberán alcanzar porcentajes enormes si se quiere cumplir con el recorte exigido por el Fondo.
Acá hay una particularidad. Es quién se queda con “la parte del león” de los subsidios. Se trata de los grandes monopolios de la extracción de gas (que son las mismas que las de petróleo). Empresas locales como Bulgheroni o Techint o, sobre todo, pulpos como la Total francesa, la yanqui Chevron, la china Sinopec o la angloholandesa Shell. Se llevan millonadas a partir de que el gobierno les garantiza un valor a boca de pozo totalmente desproporcionado y por encima de los costos locales.

Las tarifas de transporte y el falso federalismo

El tema de las tarifas del transporte de pasajeros de CABA y el Gran Buenos Aires dio lugar a otro debate. Es cierto que la tarifa es más barata que en el resto del país. Pero también lo es que diariamente millones tienen que recorrer largas distancias, de ida y vuelta, hacia sus lugares de trabajo, usando uno, dos y hasta tres medios de transporte.
El gobierno de Alberto Fernández plantea sacarle los subsidios a los colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires. Supuestamente para destinar ese dinero a un fondo federal de transporte. ¡Mentira! Lo que se busca es seguir ahorrando para cumplir con el FMI. Párrafo aparte para Larreta, que, por supuesto, no piensa en hacerse cargo él de los subsidios, sino directamente trasladarlos con tarifazos al usuario, como ya hizo hace algunos años con el subte.
 
¿Cuál es la salida?

La solución no pasa ni por achicar los subsidios ni por incrementar las tarifas. Mucho menos si la rebaja a los subsidios no es para redireccionar esos fondos para gastos sociales sino para pagarle al FMI.
Hay que romper la trampa entre seguir subsidiando las ganancias de estos pulpos, prestadores a la vez de pésimos servicios, versus subirle la tarifa a los usuarios.
La única salida es la reestatización inmediata de todos los servicios públicos privatizados, bajo gestión de los trabajadores y usuarios, única garantía de que todos esos recursos se vuelquen efectivamente a brindar un servicio de calidad, con tarifas accesibles para todos y populares para quiénes las necesiten.

Escribe Guido Poletti

Muy lejos quedaron las promesas del gobierno de que el acuerdo con el Fondo “no iba a tocar el gasto social”. El ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta lo dijo con todas las letras: se congelaron los ingresos al Plan Potenciar Trabajo. Cuando la realidad es que el programa (que agrupa a la mayoría de los beneficiarios de planes sociales), hoy incluye a 1,2 millones de beneficiarios, cuando todos los cálculos indican que hay por lo menos otros dos millones de personas que están desocupadas y sin ingreso alguno.

El Potenciar Trabajo, sobre el cual hoy el gobierno quiere ahorrar “gasto social” para cumplir los requerimientos del FMI, paga miserables 16.000 pesos por mes, un monto de absoluta indigencia, encima exigiendo una contraprestación de cuatro horas de trabajo. El Frente de Todos ahora habla de reconversión a puestos de trabajo en el sector privado. Una auténtica vergüenza: consiste en ofrecer trabajadores del Potenciar Trabajo a diversas patronales privadas, pagándoles una parte del sueldo (los mismos 16.000 pesos).

Es urgente aumentar el monto del Potenciar Trabajo, hasta que se alcance al menos el valor de la canasta familiar.

Pero la única y verdadera salida para el drama de la desocupación y la miseria es crear trabajo genuino. El que se podría generar con una auténtico plan de obras públicas, empezando con la construcción de viviendas populares. Todo perfectamente financiable con el dinero que hoy se destina al pago de la deuda externa.

Escribe Noelia Agüero, legisladora Córdoba Izquierda Socialista/FIT Unidad

El martes 8 de febrero, durante la masiva movilización contra el acuerdo con el FMI en Córdoba, hubo varios ataques de infiltrados en medio de una zona liberada de presencia policial, provocando heridos y dejando incluso a un joven en terapia. Un hecho muy grave que no puede quedar en la impunidad. El fiscal Garzón culpó a los manifestantes (dijo “enfrentamiento entre ellos”) para desligar de responsabilidad a la policía y al gobierno de Córdoba. En respuesta, el jueves 10 se citó a una conferencia de prensa en Buenos Aires, con posterior marcha a la Casa de Córdoba en CABA. Nuestro diputado electo Juan Carlos Giordano expresó un contundente repudio a estos ataques y la solidaridad con las organizaciones. En Córdoba, el lunes 14 realizamos una gran concentración frente a Tribunales para exigir la urgente investigación y castigo a los responsables materiales y políticos.

Como legisladora presenté un proyecto de declaración en repudio a estos hechos, el cual ha sido aprobado. Aunque intenten amedrentarnos, seguiremos organizados y movilizándonos para enfrentar el acuerdo con el Fondo. Responsabilizamos a los gobiernos provincial y nacional por la integridad de todos los compañeros.