Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía y legislador CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En solo siete meses la inflación superó el 29% que el gobierno había previsto como meta anual. La realidad muestra que, por más que se sumen parches a las paritarias que se firmaron en el primer semestre del año, los salarios corren siempre de atrás frente a la suba de los precios. La burocracia sindical, una vez más,  nada hace frente a esta situación. Tenemos que organizarnos desde cada sector para lograr poner en pie la lucha por una urgente recomposición salarial.

El último 12 de agosto se conoció un nuevo dato de la inflación en nuestro país. En julio el índice de precios al consumidor creció un 3% con respecto al mes anterior y acumuló una suba del 29,1% en los primeros meses del año demoliendo todas las previsiones que hace pocos meses hacía el gobierno peronista de Fernández. La inflación general de los últimos 12 meses acumula un 51,8% y en los rubros más sensibles para los bolsillos populares como son los de alimentos y bebidas registra subas aún mayores.

Todos estos números demuestran que más allá de grandes discursos sobre controles de precios, el gobierno nacional no ha tomado ninguna medida para defender los ingresos del pueblo trabajador. Más allá de las arengas del presidente y frases grandilocuentes de ministros como Martín Guzmán o la Secretaria de Comercio Paula Español, los grandes empresarios formadores de precios tienen las manos libres para remarcar una y otra vez. Y vaya si lo hacen.

Incapaz de controlar la inflación por sus compromisos con las patronales y corrido por el descontento popular en un año electoral, el gobierno intenta otra de sus respuestas de doble discurso. Nos quiere vender que este año los salarios aumentarán por encima de la inflación. Quiere mostrar como gran bandera que las paritarias que se habían firmado en torno al 30 o 32% se reabren para actualizarse en torno al 40 o 45%. Pero los aumentos que se otorgan un día al mes siguiente ya fueron devorados por los aumentos de precios.  Con el doble discurso del gobierno no volvió el asado, no se llenó la heladera y lo único que crece es la miseria salarial.

En este marco el Estado nacional no es una excepción. A fines de mayo se firmó un aumento, si es que se le puede decir así, del 35% en seis cuotas que se terminarían de pagar en marzo de 2022 y que venía a consagrar la miseria salarial para la inmensa mayoría de las y los estatales. Pese a que las conducciones burocráticas de ATE y UPCN firmaron ese bochornoso acuerdo un conjunto de juntas internas, cuerpos de delegados y agrupaciones de una docena de sectores de trabajo venimos levantando la voz para expresar nuestro rechazo y exigir la reapertura de las paritarias. Y la realidad nos dio la razón tan rápidamente que el gobierno tuvo que adelantar la revisión paritaria para el próximo jueves 19 de agosto.
Ese día, encabezados por las y los trabajadores del Hospital Garrahan que llevan más de dos meses en lucha por su salario, nos movilizaremos exigiendo en primer lugar el 50% en una sola cuota para comenzar a recuperar lo perdido en años de paritarias a la baja. Y también un mecanismo de indexación automática, más conocido como claúsula gatillo, para no seguir perdiendo frente a la desbocada inflación. Con los parches que ofrecerá el gobierno de adelantar algunas cuotas o de subir un 5% los salarios seguirán dejando a la gran mayoría de las y los trabajadores del estado muy lejos de los 106.000 pesos que necesita como mínimo una familia del AMBA para vivir.

Necesitamos una verdadera recomposición salarial y el de la lucha es el único camino que tenemos para que nuestros salarios dejen de perder por goleada frente a la inflación. Y, en el terreno electoral, votar al Frente de Izquierda Unidad Lista 1A.

Escribe Olga Ortigoza, candidata a concejala La Matanza, Buenos Aires, por Izquierda Socialista/FITU
 
Después de pasear por Europa durante más de cuarenta días, Macri regresó al país y se sumó a la campaña electoral de Juntos por el Cambio. Las caras de Rodríguez Larreta y los distintos candidatos no expresan felicidad.
Apenas arribó, escribió en su tuit: “En la Argentina la enseñanza pública es un gran simulacro”. Se hacía eco de la dificultad de la multinacional automotriz Toyota para conseguir empleados con estudios secundarios.

El presupuesto de la  educación pública hace décadas que viene sufriendo ajustes por parte de los distintos gobiernos patronales. Hoy con Alberto Fernández. Pero que Macri diga esto no tiene nombre. Achicó la inversión en educación, año tras año, cuando fue jefe de Gobierno en la Ciudad y lo hizo como presidente. ¡El presupuesto educativo nacional cayó 35% entre 2016 y 2019!

31% de los jóvenes de hasta 24 años no terminaron la secundaria. Todos los candidatos de Juntos por el Cambio apoyaron esta política de ajuste contra la juventud. Nadie la denunció. Ni siquiera Facundo Manes, que promete revolución educativa.

Tanto María Eugenia Vidal (ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires), Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein (ex secretario de Salud de Macri), candidatos en CABA, y Facundo Manes o Diego Santilli, candidatos en la provincia de Buenos Aires, son lo mismo. En Juntos por el Cambio sólo existe un  “simulacro” que busca diferenciar a unos de otros. Pero la realidad nos demuestra que todos compiten por ser los mejores ajustadores.

Escribe Claudio Funes

Manes está de campaña. En su recorrida por la zona comercial de San Justo dijo de todo y no brindó una sola propuesta seria. “Hablale a tu hijo, se le activa el cerebro cuando le hablás”. No vamos a discutir sobre neuronas con Manes, pero creemos que el cerebro se activa fundamentalmente con buena alimentación y escuela, muy escasos en la provincia de Buenos Aires.

“Sacalo a la calle a tu viejo, que camine”. Los jubilados, que en su gran mayoría cobran el haber mínimo, no tienen muchas ganas de caminar. El divulgador científico prosiguió: “La revolución del conocimiento, la inversión en ciencia, tecnología, educación y desarrollo urbano va a salir de la Tercera Sección. La patriada está acá. Para ustedes la vida fue cuesta arriba, como la mía”. Todas frases hechas y carentes de sentido. Algunas parecen sacadas de un libro de autoayuda. Un discurso que busca ganar votos para luego votar más ajuste con Juntos por el Cambio.

El domingo 15 agosto se realizaron elecciones legislativas en Salta. Apoyando dos listas diferentes que obtuvieron el primero y el tercer lugar, el gobernador Gustavo Sáenz (Partido Identidad Salteña) festejó el triunfo. Con una arquitectura electoral montada mediante el reparto de cargos, el gobernador se quedó con la mayoría de los legisladores electos. Juntos por el Cambio fue segundo y, mucho más lejos quedaron el Frente de Todos, que retrocedió en relación a elecciones anteriores y otra lista del kirchnerismo. Pero la gran novedad de la elección fue el alto índice de abstenciones, que llegó al 40%, con un voto en blanco del 13%, demostrando un gran desinterés de un amplio sector de la población.

La izquierda tuvo una importante participación en la elección. En Salta Capital por ejemplo, para Convencional Constituyente se obtuvo en conjunto 8,56% de los votos válidos. Lamentablemente, esa votación se dividió entre el FIT Unidad, que obtuvo 5,08% y el Frente Política Obrera/Movimiento al Socialismo con 3,48%. Una prueba del error que significa dividir a la izquierda. Por el FIT Unidad ingresó Daniela Planes como convencional constituyente por la Capital, y por Política Obrera-MAS fueron electos dos concejales del interior. En la capital salteña, el FIT Unidad sacó casi 4,5% en la categoría de concejales, por lo que se hubieran sacado dos bancas si en la provincia no rigiera la ley proscriptiva del 5 % que lo impide.

Es importante señalar que la elección estuvo cruzada por una fuerte huelga de los docentes provinciales autoconvocados que ya lleva más de dos semanas. El jueves previo a la elección, la policía del gobernador Sáenz realizó un operativo represivo para disolver uno de los piquetes que los maestros realizan como parte de esta lucha. La salvaje represión, dejó docentes heridos aumentando la bronca de los trabajadores de la educación que pelean por mejoras salariales. Acciones como esta, justifican la falta de interés manifestada en la elección y constituyen un repudio a los gobiernos que han pasado por la provincia sin  resolver los graves problemas sociales, en este caso, el de la educación.

Corresponsal

Escribe Tata Gayone, candidata a concejala en Bahía Blanca por el FIT Unidad Lista 1A

La Unión Ferroviaria pidió a la Justicia el desalojo de 400 familias. Lo rechazamos, a la vez que exigimos planes de vivienda en forma inmediata por parte del estado.
La privatización del Ferrocarril, el Puerto de Ingeniero White, la Junta Nacional de Granos y las empresas de energía generaron en la ciudad una oleada de despidos que nunca fue revertida. La desocupación, la precarización laboral y el empobrecimiento creciente derivaron en la existencia de 32 villas y asentamientos precarios, donde viven 8.444 familias.

El año pasado, en plena cuarentena, familias sin vivienda se instalaron en los terrenos ubicados en la calle Don Bosco al 4100 y comenzaron a construir. Son amenazadas hoy por el desalojo. Se trata de tierras fiscales, pertenecientes al ferrocarril, que fueron otorgadas con un permiso de uso precario a la Unión Ferroviaria (UF), por parte de la Administración de infraestructura ferroviaria en 2010. La Unión Ferroviaria se comprometió a construir un plan de vivienda.

Pasaron diez años. Las tierras siguen ociosas, la UF no cumplió el acuerdo firmado, por lo que consideramos que no existen razones para reclamar el desalojo. Nadie puede ignorar la situación de emergencia laboral y habitacional que se vive en la ciudad y en el país. Llamamos a los sindicatos y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a solidarizarse con los vecinos, a la vez de repudiar el pedido de desalojo, como ya lo hicieron el Pollo Sobrero, los ferroviarios del Sarmiento y la CTA local.